La regulación del precio de la carne por parte del gobierno de Nicolás Maduro lejos de incentivar la producción, propicia el contrabando hacia Colombia. Si bien no existen cifras precisas sobre la cantidad de reses que cruzan la frontera, según el portal colombiano Contexto Ganadero, 80% de la carne que se consume en el departamento del Norte de Santander sale ilegalmente de Venezuela sin cumplir con los controles aduaneros y sanitarios.

Hace dos semanas el gremio ganadero de esa región colombiana exigió medidas al gobierno de Juan Manuel Santos para frenar el contrabando de carne y ganado venezolano y así reducir su impacto en la producción y el consumo, pues fueron decomisadas más de 28 toneladas de carne despostada, así como 82 toneladas de ganado en canal. Las vísceras y las pieles de bovino también son objeto de contrabando, y de acuerdo con el organismo policial, hasta la fecha han sido decomisadas 13,7 toneladas de piel y 67,1 toneladas de entrañas o asaduras.

Productores que pidieron no ser identificados denunciaron que al frente del contrabando están la guerrilla, los paramilitares y autoridades uniformadas. Aseguraron que también hay personas que cruzan la frontera con un kilo de carne en bolsas para venderla en La Parada y Cúcuta.

Las ganancias por el contrabando son considerables. El gobierno fijó el kilo de carne en canal entre 18.000 y 26.000 bolívares, mientras que en Colombia se vende entre 1,7 y 2 dólares, es decir, 3 veces más que en Venezuela. Igual sucede con la carne despostada que en el vecino país el kilo se comercializa en 3,5 dólares que equivalen a casi 2 veces el precio en Venezuela (sin regulación).

“El precio regulado de la carne propicia el aumento de los contrabandistas al detal. Vienen a San Antonio, Capacho, San Cristóbal, Peribeca o Guadualito, pagan el kilo de carne entre 40.000 y 60.000 bolívares y se lo llevan a Colombia porque el cambio de la moneda les favorece”, señaló Genaro Méndez, ex presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira y de Fedenaga.

Ezequiel Pérez, diputado tachirense a la Asamblea Nacional y ganadero, dijo que el precio establecido por el gobierno para el kilo de carne no cubre los costos de producción tanto de la res para la cría como para el beneficio.

“En vez de vender un animal que no da para los gastos, uno lo deja en el fundo. En regiones como Guacas y Abejales, en Venezuela, están matando reses y luego las personas se llevan la carne en una cava o una bolsa para Arauca, en Colombia, para obtener un beneficio”, dijo.

Pérez añadió que por la falta de empleo en la zona sur del Táchira, el contrabando de gasolina y de carne se ha convertido en el medio de sustento.

El parlamentario señaló que es difícil precisar en este momento cuánto cuesta producir una vaca o un toro, porque a diario aumentan los insumos, situación que se refleja en el precio que debe pagar el consumidor final. Explicó que tras los 9 meses de gestación, pasan de 7 a 8 meses para destetar el animal, luego pasan 3 años para lograr que alcance de 450 a 500 kilos de peso para sacarlo al beneficio.

“Cada paca de alimento para animales, que costaba 20 bolívares, cuesta 150.000 bolívares. El kilo de grapas para el mantenimiento de cercas y fijación de alambre para los horcones está 1.750 veces más costoso que hace 3 años. Lo mismo sucede con el rollo de alambre que tenía un precio de 500 bolívares y aumentó a 800.000. El alambre eléctrico que valía 1.300 bolívares, hoy lo venden en más de un millón de bolívares”, precisó Pérez.

EN

Para el presidente de la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias de la Asamblea Nacional (AN), Rafael Guzmán, el refinanciamiento de la deuda externa significa una gran estafa del presidente Nicolás Maduro.

Aunque advierte que la figura del reperfilamiento sería la ideal para este caso, aseguró que sin cambio en las políticas económicas ni generación de confianza entre los venezolanos, difícilmente puede registrarse una reestructuración. Guzmán argumentó que el Ejecutivo persigue un único objetivo, que los fondos internacionales recompraran la deuda “a precios de gallina flaca” para posteriormente establecer negociaciones bilaterales.

“No puede haber una reestructuración de la deuda porque no hay un cambio en la política económica, esa es la verdad. Estamos a la puerta de la bancarrota, una cesación de pagos, un default del pago de la deuda soberana y de Pdvsa. Deciden esta figura cuando el precio del petróleo está bajo, con las reservas en el peor momento histórico y con la comisión presidida por una persona sancionada internacionalmente, Tareck El Aissami”, dijo.

Alertó que el pago por concepto de servicio de la deuda para el próximo año se ubicará en ocho mil millones de dólares y los pagos más grandes están por el orden de los 600 millones de dólares y deberán ser cancelados en el segundo trimestre. “Nadie va a volver a financiar esta locura de economía que da la espalda a las necesidades y al futuro del venezolano”, apuntó el parlamentario.

De no cumplir con estos compromisos, Venezuela entraría en una cesación de pagos y los acreedores ejercerían acciones legales para obtener su dinero. “Lamentablemente, entraríamos en una batalla judicial, los acreedores buscarían cobrar sus recursos con los bienes y cuentas que pueda tener la República en el exterior. Esa es la realidad, cuando a uno no le pagan, usted va y demanda ante un tribunal el pago de la deuda, eso estamos enfrentando los venezolanos: más hambre y más miseria”, explicó.

Por último, destacó que la reunión prevista entre el Gobierno y los tenedores de bonos para el próximo 13 de noviembre, no será fructífera porque no hay transparencia y mucho menos, voluntad de cambiar el rumbo económico del país.

El Impulso

Desde hace dos años, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que residen en el extranjero no reciben su pago. De un día para otro y sin explicación alguna, el depósito que siempre se había hecho sin contratiempos dejó de ser percibido por los adultos mayores.

Al 19 de octubre de este año, el IVSS debe a los pensionados en el exterior el pago de 23 meses, tres aguinaldos y ocho retroactivos de la homologación del salario mínimo con las pensiones. Es decir, 1.095.421 bolívares a cada uno.

Son más de 11 mil afectados que se encuentran en España, Italia, Portugal, Chile, Ecuador y Uruguay. Gracias a un convenio bilateral de Venezuela con esos seis países, los venezolanos cobraban su pensión a través de la banca pública, en dólares -al cambio oficial- o en la moneda del país de residencia.

Para poder hacerlo, tenían que asignar a un apoderado para que cobrara la pensión en Venezuela hasta que se aprobara el pago en el exterior, que podía tardar entre tres y seis meses. El trámite lo realizaba el Consulado de Venezuela en el país y era gratuito.

El pago se cumplía mensualmente, además los aumentos oficiales, retroactivos y aguinaldos, también eran percibidos por los adultos mayores en el exterior.

Cuando el pago dejó de hacerse, los afectados se comunicaron con el IVSS y ellos se limitaron a responder que ya habían dado la orden de pago al Banco Central de Venezuela. El banco, todo este tiempo ha guardado silencio.

Los dramas personales son muchos. Según el testimonio de las comunidades virtuales de pensionados en el extranjero, algunos ancianos han fallecido al no tener el dinero para comprar sus medicinas y otros han tenido que lidiar con deudas en su lugar de residencia.

Un importante número de afectados se ha regresado a Venezuela, pues buscar trabajo no es una opción factible para personas que superan los 70 años de edad y con la condición de extranjeros.

Clara Luz Linares conoce de cerca la situación de los afectados, pues su madre, quien reside en Chile, es una de ellos. Al dejar de percibir la pensión, que le alcanzaba al menos para comer, se vio en la obligación de recurrir al Gobierno de Chile quien le hizo un estudio socioeconómico y le asignó una ayuda.

“Pero realmente es un aporte muy escaso, no es un sueldo, difícilmente alcanza para comer unos cuantos días” manifiesta Linares.

Dice que lo difícil de la situación es que ni el presidente Nicolás Maduro, ni ningún ente gubernamental ha admitido la suspensión de este pago. Los adultos mayores en el exterior, se han agotado en hacer reclamos escritos, verbales, declaraciones en instancias como la ONU, sin recibir respuestas. “El Gobierno no habla de eso, no dice por qué ni hasta cuándo, no busca acercarse a los pensionados y dialogar”.

Algunos pudieran imaginarse que la razón de la suspensión del pago de pensiones en el extranjero pudiera tratarse de falta de divisas, pero Linares dice que el pago de la pensión equivale a 12.000 dólares mensuales, “no es posible que el Gobierno no tenga 12.000 dólares mensuales para los pensionados pero sí los tenga para un sinfín de cosas”.

Linares explica que una de las opciones que “bajo cuerda” se les ha dado a los pensionados en el exterior, es hacer el trámite para volver a cobrar la pensión en Venezuela a través de un apoderado, sin embargo esta opción tiene varias desventajas.

La más importante es que al recibir la pensión en moneda nacional (actualmente 230.759 bolívares incluyendo el “bono de guerra económica”) y hacer la conversión en dólares para poder usarlos en el extranjero, pasa a ser un ingreso irrisorio.

La otra desventaja es que el pensionado inmediatamente perdería los dos años de deuda que tiene el IVSS con él.

“Se trata de una injusticia, un crimen, porque estamos hablando de pensiones trabajadas, de personas que tienen sus cotizaciones completas y planearon un vejez estable”.

En cuentas de Twitter como IVSS_Exterior, que conglomera a casi 2 mil seguidores, los afectados manejan los datos exactos de la deuda, además de mostrar apenas una parte de las afligidas historias personales de los pensionados. Sin embargo, en otros medios de comunicación, la situación ya no es noticia.

El Impulso

Este viernes 10 de noviembre vence el período de gracia de los intereses del bono de Pdvsa 2027 que debió cancelarse el 12 de octubre.

Según expertos en la materia, la petrolera estatal solo ha pagado el cupón del bono 2037, que venció también en octubre, además del capital de 2020 y la liquidación del 2017, estos dos últimos no contaban con el periodo de gracia de 30 días como los otros.

Por lo tanto, Pdvsa tiene en retraso en sus compromisos por $313,7 millones y está próximo el vencimiento de otros 539 millones de dólares.

Con los bonos soberanos sucede una situación similar. La República tiene pagos atrasados en los intereses de los bonos 2019,2024, 2025 y 2026 que totalizan $437,1 millones.

El periodo de gracia más cercano por vencerse son de los títulos 2019 y 2024 que será el lunes 13 de noviembre.

Todo este ocurre en medio de las ordenes del presidente Nicolás Maduro para refinanciar la deuda externa venezolana y designó a una comisión, que estará presidida por el vicepresidente Tareck El Aissami, para estudiar el tema.

Asimismo convocó a tos los tenedores de bonos a una reunión. “Convoque a todos los bancos, a todos los tenedores de bonos de la República, de bonos de Pdvsa, a todos los que están involucrados en la deuda externa”, dijo Maduro.

El mandatario nacional prometió “un reformateo completo de los pagos de este año para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país”, debido a las sanciones financieras desde Estados Unidos y la caída de los ingresos petroleros venezolanos.

EU

La extensión del acuerdo de recorte de cuotas de producción de petróleo más allá de marzo y hasta diciembre de 2018, parece ser más que un escenario posible, una realidad que debe oficializarse el 30 de este mes en Viena, ratifican especialistas del área energética.

Tal afirmación se desprende de la ratificación pública de los representantes de Arabia Saudí y Rusia, quienes motorizaron el fin de semana encuentros con sus homólogos de Uzbekistán y Kazajistán.

Los dos mayores productores de crudo del mundo, OPEP y no OPEP, coinciden, por boca de sus ministros de Energía, Khalid al-Falih y Alexandr Nóvak, respectivamente, en que el pacto suscrito en diciembre 2016 es una iniciativa exitosa que debe ser reforzada para que perduren sus efectos en el tiempo, lo que garantizaría precios al alza con inventarios manejables que no saturen el mercado y depriman el avance alcanzado.

En torno a las reuniones sostenidas, el Ministerio de Energía ruso comunicó que “los Estados participantes expresaron su voluntad de reducir las existencias comerciales de crudo y manifestaron su disposición a hacer esfuerzos conjuntos para lograr ese objetivo”, determinan.

Rusia y Arabia Saudita, en esta nueva etapa, han abanderado la estrategia para impulsar una segunda prórroga del acuerdo que actualmente transita por su primer lapso de extensión de ocho meses, y cuya ampliación se suscribió en julio de este año, porque estiman que “el trabajo aún no ha terminado”.

A esta visión del asunto se suman el propio secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammad Barkindo, y el ministro de Petróleo de Venezuela Eulogio Del Pino.

En torno a estas últimas reuniones, Barkindo consideró que el panorama del encuentro del próximo 30 de noviembre, en el que se pondrá sobre la mesa una nueva extensión del recorte, está mucho más claro, sostuvo ayer.

El acuerdo vigente contempla una reducción cercana a los 1,8 millones de barriles diarios, y hasta ahora ha apalancado una recuperación del precio de los principales indicadores que supera los $50 por barril, sin embargo hasta ahora se desconoce si junto a la extensión del recorte de producción, este se profundizaría.

Y ahora hacia $70

Por cierto que la evolución positiva del mercado ha generado que los cálculos de la OPEP eleven de 50 a 70 dólares el precio adecuado para comercializar el producto.

Según reportó la firma Bloomberg, la Organización mantiene una “evaluación progresiva de lo que se ha venido conociendo como precio justo para el petróleo” aun cuando hacia mayo de este año se consideraban los 50 dólares como la cotización ideal.

Refieren los analistas que un barril de petróleo a 70 dólares no es el ideal para Rusia, cuyos representantes han deslizado que, incluso, “60 dólares serían suficientes para justificar el abandono del acuerdo de producción”.

Pero es que el crudo ayer saltó esta barrera. El mercado registró un incremento imprevisto que ubicó el barril por encima de esta cotización.

Se ventiló que la situación interna en Arabia Saudí, habría sido el motorizador de un crudo Brent a $62,55; y un West Texas Intermediate a 56,28 dólares el barril.

Informó Bloomberg que el rey Salman ordenó la detención de varios ministros, príncipes y multimillonarios del país por las acusaciones formuladas desde el recién creado Comité Anticorrupción.

Entre los privados de libertad, figuran dos altos funcionarios de la empresa petrolera estatal de ese país, Aramco.

Especialistas entrevistados coincidieron en que las referidas medidas no generarán, sin embargo, movimientos distintos de este productor en el campo petrolero, por lo que se presume que el apoyo a la prórroga no se verá afectado.

EU

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, denunció este lunes que el gobierno nacional tiene seis semanas sin vender divisas.

Guerra, en su cuenta de Twitter, manifestó que en Venezuela no existe una política cambiaria. Tanto ciudadanos como empresas esperan para acceder a las divisas a fin de importar materia prima y otros insumos.

“Lunes 6 de noviembre. Séptima semana sin subasta de dólares, euros, rupias, yuanes o rublos. Ni pagan la quinta subasta Dicom. No hay política cambiaria”, escribió.

La llamada “canasta de monedas” fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro en la fraudulenta asamblea nacional constituyente, el 7 de septiembre.

La medida consiste en un nuevo método para el sistema de pagos en el ámbito internacional, en el cual se esperaba que el bolívar se apartara de su dependencia al dólar para las importaciones.

El gobierno otorgaría a los venezolanos una nueva posibilidad para cambiar el bolívar a otras monedas como el yuan (China), el rublo (Rusia) o la rupia (India).

Banca y negocios