Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La comunidad internacional condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de levantar la inmunidad parlamentaria al diputado opositor venezolano y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.
En una misiva, el Grupo Lima, integrado por varios países de la región americana, consideró que la decisión del oficialista TSJ de Venezuela «atenta contra el Estado de Derecho y la división de poderes» en el país sudamericano «impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente constituida a través del voto popular».
Uno de los principales dirigentes opositores de Venezuela, el diputado Freddy Guevara, se refugió en la residencia del embajador de Chile después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara levantarle la inmunidad parlamentaria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dijo el sábado por la noche en un comunicado que Santiago, la capital de este país, ha otorgado a Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, “la calidad de huésped de nuestra embajada”.
“Ante lo que estima inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal, ha solicitado la protección de Chile”, afirmó la cancillería en referencia al legislador.
Entre tanto el ex presidente chileno Sebastián Piñera, apoyó la decisión del actual Gobierno de su país de acoger a Guevara.
Asimismo el Secretario General de la OEA Luis Almagro, rechazó la medida del TSJ, a través de su cuenta de Twitter.
Luis
El Gobierno Mexicano también condenó la decisión del Supremo de Justicia de Venezuela en la además se le impide al opositor salir del país.
“Este tipo de medidas limitan ilegalmente el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, electos por el voto popular, y desconocen la necesaria separación de poderes indispensable para una democracia plena y el respeto al Estado de Derecho”, precisa el boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
México “considera urgente el restablecimiento del orden democrático, a través de negociaciones creíbles y de buena fe entre los distintos actores venezolanos”, y hace «un llamado para evitar todo acto que contribuya a la polarización de la sociedad y a la profundización de la actual crisis política, económica y social por la que atraviesa este hermano país».
Ante la medida, el presidente del parlamento venezolano Julio Borges dijo en una conferencia de prensa este domingo que el Gobierno de Maduro, está dedicado «a la destrucción del país para mantenerse en el poder».
«Mi llamado es seguir insistiendo en las medidas que podrían aliviar la situación del país como la apertura de un canal humanitario de medicina y comida (…) Todos los países de la región de América latina, Europa y China, han ofrecido de manera gratuita alimentos y medicina», precisó Borges.
Guevara entró a la residencia del embajador en Caracas con su novia, terminando con más de 24 horas de suspenso en las que se escondió. Vehículos de la policía de inteligencia Sebin habían rodeado su residencia.
El viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela prohibió a Guevara abandonar el país y solicitó a la Asamblea Constituyente cancelarle la inmunidad con vistas a un posible arresto y juicio posterior. El tribunal acusó a Guevara de instigar la agitación y de otros delitos por las protestas antigubernamentales que encabezó durante meses este año.
Según la ley, compete a la Asamblea Nacional controlada por la oposición determinar si se cancela la inmunidad parlamentaria a un legislador. Sin embargo, el Tribunal remitió el caso a la Asamblea Constituyente, que está llena de simpatizantes del gobierno y tiene facultades prácticamente ilimitadas.
Guevara, vicepresidente del Congreso, estuvo a la vanguardia de las protestas de la oposición que movilizaron a cientos de miles de venezolanos frustrados con la espiral de crisis política y económica de su nación.
Su partido Voluntad Popular calificó las acusaciones de delitos inexistentes “inventados por la dictadura”. El sábado, 12 gobiernos del Hemisferio Occidental _entre ellos México, Brasil y Canadá_ emitieron una declaración conjunta en la que dijeron que el ataque a Guevara por parte de la Corte Suprema fue nuevo golpe al Estado de Derecho y a la separación de poderes en Venezuela.
No hubo reacción inmediata del gobierno, pero un drama diplomático similar que involucra a Chile se desató también este año, cuando cinco juristas designados por la Asamblea Nacional para reemplazar a los leales del gobierno en el Tribunal Superior de Justicia solicitaron asilo en la residencia del embajador Pedro Ramírez después de que se ordenara su arresto.
El gobierno consideró a los juristas usurpadores y nunca les concedió un salvoconducto seguro para exiliarse en Chile. Después de más de dos meses de estancamiento dejaron la residencia por voluntad propia el mes pasado y fueron transportados secretamente a través de la frontera con Colombia y desde allí volaron a Santiago.
Con información de AP
Voz de América
