No podrán salir de Bélgica y deberán comparecer cuando sean requeridos por la justicia
La justicia belga ha decidido dejar en libertad a los cinco exmiembros del Gobierno catalán acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia y prevaricación con la condición de no abandonar el país, comparecer cada vez que sean llamados y comunicar una residencia fija. El expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros se entregaron en una comisaría de la capital belga por la mañana y declararon durante la tarde-noche en el edificio de la Fiscalía de Bruselas. Al filo de la medianoche, el juez comunicó que no había motivos para mantenerlos en prisión provisional mientras se decide su entrega a España. Un tribunal de primera instancia deberá volver a citarlos en un plazo máximo de 15 días
Los tribunales belgas toman el testigo en el caso de los miembros del Govern huidos a Bélgica. Los paseos por la ciudad, las escapadas en taxi a toda velocidad, las comparecencias de prensa y las imágenes captadas furtivamente en cafés dieron este domingo paso a la cruda realidad: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional.
Con la llegada de la euroorden de detención a Bruselas,emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la persecución de los delitos que se atribuyen a Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret dejó de ser un asunto español para implicar también a los tribunales belgas. Conscientes de la posibilidad de ser arrestados de forma inminente, los cinco se entregaron a la Policía Federal a primera hora de este domingo. Lo hicieron a las 9.17 en una céntrica comisaría de Bruselas, tal y como habían pactado con las autoridades. “En casos mediatizados y en los que sabemos dónde está la persona, a veces no es necesario un despliegue de fuerza si está dispuesta a entregarse”, explicó la fiscalía.
Empezó entonces la cuenta atrás. Podían permanecer detenidos un máximo de 24 horas mientras un juez decidía entre tres opciones: rechazar la euroorden, mantener a Puigdemont y sus excompañeros en prisión provisional o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza. El mayor o menor riesgo de fuga se presentaba como un factor decisivo para que se impusiera una u otra medida, pero finalmente los cinco quedaron en libertad a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial sobre su entrega a España, que en teoría se puede alargar hasta 90 días.
Los responsables de la fiscalía no descartaban que se impusieran restricciones que dificultarían la campaña de Puigdemont desde Bélgica para las elecciones del 21-D: “El juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de comunicación», advertía su portavoz, Gilles Dejemeppe. Pero la amenaza no se cumplió. La fiscalía impuso a los acusados la obligación de permanecer en el país mientras dura el proceso, comparecer cuando sean llamados y comunicar una residencia fija.
Los acusados fueron trasladados en varios coches desde dependencias policiales hasta el edificio de la Fiscalía de Bruselas, donde terminaron de declarar a las nueve de la noche y salieron de sus instalaciones al filo de la medianoche sin dejarse ver ni dirigirse a los medios. Durante la tarde se les tomó declaración uno a uno a puerta cerrada en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros eligieron que la audiencia ante el juez se desarrollara en neerlandés en lugar de en francés, la otra alternativa. Aunque los motivos de la elección no trascendieron, dicho idioma es el utilizado por su abogado, Paul Bekaert, y es la lengua de Flandes, la región donde más simpatías cosecha el independentismo en Bélgica.
Duras críticas de Bélgica
La fiscalía negó este domingo cualquier presión política sobre un proceso que se observa con inquietud desde España ante los conflictos pasados con Bélgica a cuenta de la extradición de miembros de ETA: “Desde que recibimos la orden no hemos tenido ningún contacto con ministros de Bélgica o España”, aseguró su portavoz.
Aunque no haya habido llamadas, estos sí se han referido públicamente al asunto. El ministro de Interior belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, hizo oídos sordos a la súplica del primer ministro, Charles Michel, de evitar tratar el tema catalán en público, y lanzó un duro mensaje con destino Madrid: “El Gobierno español actuará en lugar de un Gobierno elegido democráticamente, cuyos miembros están encarcelados… ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato de sus electores”, espetó ignorando la existencia de la Constitución. El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, salió al paso recordando el historial xenófobo de Jambon —»Vamos a limpiar Molenbeek», llegó a decir en 2015 sobre el barrio de mayoría musulmana—. El parlamentario español tildó las declaraciones de “irresponsables y peligrosas para mantener la cooperación entre estados de la UE”.
Otro político belga, el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, también cuestionó la acción judicial española. “Debemos hacernos la pregunta de si el encarcelamiento no es desproporcionado. ¿No hay otra manera de asegurar que estos líderes separatistas reciben un juicio justo?”.
UN EX PRIMER MINISTRO BELGA COMPARA A RAJOY CON FRANCO
El debate sobre España se ha convertido en un tema más de la agenda política belga en los últimos tiempos, poniendo en peligro la estabilidad del Gobierno, formado por una frágil coalición en la que conviven formaciones tan dispares como los nacionalistas flamencos y los liberales francófonos. El ministro de Interior belga, Jan Jambon, no fue la única personalidad política de ese país en criticar ayer al Gobierno español. El ex primer ministro y líder socialista Elio di Rupo, comparó en un mensaje en Twitter al presidente Mariano Rajoy con el dictador Francisco Franco. “Puigdemont ha abusado de su posición, pero Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario. Encontremos el camino de una España más federal”, criticó. El eurodiputado popular, Esteban González Pons, le exigió´una disculpa y recordó a Di Rupo que las acciones de Rajoy «son legales y las apoyan sus compañeros del PSOE».
El País
