En conversación con la fiscal Luisa Ortega Díaz, la ex-funcionaria aseguró que habían intentado sobornarla para que abandonara su cargo sin hacer denuncias (Foto:PRamos)
La titular del Ministerio Público aseguró que fue objeto de todo tipo de presiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluso intentaron sobornarla al ofrecerle, en dos oportunidades, grandes cantidades de dinero para que se separa de su cargo y desistiera de denunciar las irregularidades cometidas por el oficialismo, publica la periodista Maibort Petit en su blog.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Cualquier jefe de Estado que se vea comprometido en un caso tan escandaloso como el que la prensa internacional ha bautizado con el nombre de los “narcosobrinos”, renuncia al cargo por lo bochornoso que es el hecho de que el presidente y la primera dama de un país tengan dos familiares vinculados al narcotráfico. En el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en lugar de renunciar a la primera magistratura, prefirieron decir que estaban siendo víctimas de ataques desde el imperio, lo cual es absolutamente inaceptable, aseguró la fiscal de Venezuela en exilio, Luisa Ortega Díaz.
Sí actuamos diligentemente en el caso de los sobrinos
Cuando le preguntamos por qué su despacho no había actuado en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, la fiscal aseguró que no hubo inacción alguna, pues su despacho siguió los canales regulares para obtener la información del gobierno de Estados Unidos, pero el expediente remitido desde esa nación no llegó a sus manos a tiempo.
Ortega Díaz precisó que tan pronto se conoció la noticia del arresto de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, ella en calidad de fiscal, solicitó a las autoridades de los Estados Unidos la información relacionada con el caso pero, lamentablemente, esta no llegó por los canales regulares o de manera oficial, “o de pronto no dio tiempo para que llegara”.
Asegura haber solicitado todos los datos sobre esta situación a las autoridades judiciales estadounidenses en 2016 y hasta junio de 2017, cuando empezaron los conflictos que la llevaron a su salida del cargo, no le habían remitido la información solicitada.
Sostiene que lo que conoce sobre ese caso le llegó por canales irregulares, “No tengo el expediente completo”.
Sin embargo, Luisa Ortega Díaz refiere que con la información que posee de este caso logró abrir una investigación que está adelantando desde Bogotá —lugar donde se encuentra asilada en estos momentos— y que incluye averiguaciones sobre los funcionarios del gobierno venezolano y personas que aparecen involucradas en la conspiración de narcotráfico por la cual los primos Flores resultaron convictos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
— Ojalá y la información oficial de los Estados Unidos llegara para poder procesar más rápidamente a los involucrados en este caso de narcotráfico —acotó la funcionaria.
Considera la representante del Ministerio Público venezolano que si bien ya se conoce que el veredicto del jurado fue condenatorio contra Campo Flores y Flores de Freitas, no se sabe aún la entidad de la pena. La funcionaria aseguró que espera que la sentencia contra los primos Flores sea “ejemplarizante”.
Agregó que se siente esperanzada de que la condena que se dicte contra Campo Flores y Flores de Freitas se convierta en una advertencia para la delincuencia organizada, y que dicho castigo permita combatir este flagelo más enérgicamente, pues, como subrayó, el narcotráfico no es solamente un problema de los Estados Unidos y de Venezuela, sino de muchos países del mundo.
Sostiene que es imperativo hacer los más grandes esfuerzos para combatir la delincuencia organizada que opera en la estructura del Estado venezolano.
-¿Usted basó la solicitud de las evidencias del caso de Campo y Flores en el acuerdo entre los EEUU y Venezuela? ¿Conocía usted ese acuerdo?
-Si lo conocía pero no se activó. Ese fue un convenio firmado durante la gestión de Isaías Rodríguez en el año 2004 pero nunca se puso en funcionamiento. Cuando nosotros requeríamos pedir información a los Estados Unidos, lo hacíamos basados en los fundamentos del Convenio de Palermo que establece la bilateralidad y la colaboración en materia penal entre los países.
Este acuerdo al que se refiere Ortega Díaz firmado en 2004, fue la ratificación de un tratado establecido entre los Estados Unidos y Venezuela en el año 1997 que proporciona cooperación bilateral en materia penal.
Dicho tratado permite que ambos países puedan intercambiar expedientes e informaciones relativas a delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción, crimen organizado, ilegalidades de inmigración, así como aquellos hechos que atenten contra los gobiernos de ambos países.
Para los dos países firmantes la autoridad central es el Fiscal General de la República aunque en el caso de los EEUU se agrega que puede ser una persona designada por el Ministerio Público.
El tratado de 1997 establece que es el Fiscal General del Estado requerido deberá procesar una solicitud directamente, a menos que sea apropiado para transmitir solicitud a otras autoridades competentes a los fines de su ejecución. La fiscal Ortega Díaz afirmó que hubo una reforma que establecía que las solicitudes de esta naturaleza se procesarán a través de la cancillería venezolana.
Otros acuerdos
Ortega Díaz precisó que existen otros convenios en materia de drogas suscritos por Venezuela, los cuales, de alguna manera, si bien no establecen los mismos aspectos contemplados en el citado acuerdo, de alguna manera permitían el intercambio de información en esta materia con los Estados Unidos.
La fiscal apuntó que los EE. UU. “también nos ha requerido información al gobierno de Venezuela” y en tal sentido, durante su gestión, todo lo solicitado por la administración estadounidense se le dio respuesta.
El arresto del exviceministro Nervis Villalobos
Al referirse al caso del exviceministro de energía, Nervis Villalobos, acusado por los Estados Unidos junto a otros ciudadanos venezolanos, de haber participado en una enorme red de corrupción y lavado de dinero a través de PDVSA y quien, en los actuales momentos, se encuentra bajo custodia de las autoridades españolas en espera de ser extraditado a Norteamérica, la fiscal Ortega recordó que su despacho puso a esa persona en alerta roja en la Interpol.
— Mi despacho adelantó muchos procesos relacionados con ese caso y desde el Ministerio Público se hicieron todas las gestiones pertinentes, pese a todos los obstáculos que hubo para concretar las acciones. Con la solicitud de interpol, los EE. UU. perfectamente habrían podido actuar.
El TSJ anuló la causa
Vale destacar que en el caso del ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó cerrar la causa definitivamente. La acusación contra Villalobos y al presidente de la Electricidad de Caracas Javier Alvarado en Venezuela fue impulsada por la Fiscalía de Caracas, a raíz de una supuesta información publicada en el diario El Mundo de España en 2015. La nota periodística del medio ibérico vinculaba al exviceministro de Chávez y a Alvarado con el supuesto blanqueo de capitales a través del Banco Madrid.
De acuerdo a información emanada del máximo tribunal venezolano con fecha 9 de diciembre de 2016, la alta instancia judicial falló a favor de Villalobos Cárdenas y de Alvarado.
Según documentos legales, el Ministerio Público consideró que había delito y procedió a dictar una medida de prisión preventiva en abril de 2015 contra Villalobos y Alvarado, por lo cual mal se le puede acusar de inacción en este sentido.
El Tribunal Supremo de Justicia decretó la “nulidad absoluta” de la orden de privación de libertad y del caso como tal. Ante esta medida, los fiscales recurrieron a la Corte de Apelaciones de Caracas. y más tarde, como último recurso, se interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo para lograr el arresto de los dos acusados, pero tres días después se desistió de la medida y el caso se archivó de manera definitiva.
La fiscal asegura que todas las investigaciones que se hicieron en el Ministerio Público se adelantaron cuando se tenía la presunción de un delito cometido por cualquier funcionario o exfuncionario. “Nosotros adelantamos las investigaciones e hicimos las diligencias necesarias para lograr las sanciones, incluyendo la recuperación del dinero”.
Narra que anteriormente el Ministerio Público era el encargado de hacer las solicitudes ante los gobiernos extranjeros, pero luego de una reforma que se hizo al procedimiento, a ella le resultaba imposible determinar el estado de las gestiones, pues se delegó en la Cancillería hacer tales diligencias.
—Ahora es que nos enteramos que mucha información de la que solicitamos llegó a la cancillería, pero nunca fue enviada al Ministerio Público para procesarla. Igualmente supimos que muchas solicitudes que hicimos a través de la cancillería llegaron a Venezuela pero la información nunca fue remitida a la Fiscalía.
Caso Odebrecht
Ortega Díaz reseñó que en una reciente solicitud que hizo su despacho ante las autoridades de España para obtener evidencias relacionadas con unas empresas que tienen los primos de Diosdado Cabello en Madrid y que habrían recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht las evidencias nunca llegaron a su despacho. “Nos enteramos más tarde, cuando tuve oportunidad de conversar con el fiscal general español y con otras autoridades del Ministerio Público de ese país que las evidencias habían sido enviadas, pero nosotros nunca las recibimos por lo que supongo que las hayan parado en la cancillería.
Ortega Díaz asegura que cuando se encontraba ejerciendo su cargo desde Venezuela se hicieron todas los procedimientos pertinentes de todos los escándalos internacionales, pero habían obstáculos que no permitieron concretar muchos de los casos. “Ahora lo que estoy haciendo desde el Ministerio Público legítimo, es recuperar toda esa información y procesarla para actuar con sentencias”.
¿Es decir, hay un saboteo en las mismas instituciones del Estado venezolano para que no se aplique justicia ?
-Estoy segura que Venezuela no existe un saboteo por parte de las instituciones, sino que esa es la forma como funciona la delincuencia organizada. Esa es la estructura de funcionamiento de ellos.
La fiscal puso como ejemplo el caso de Pedro León, expresidente de la Faja Petrolífera del Orinoco que encabezó una red de corrupción enorme. Informó que sobre este asunto el Ministerio Público ordenó su captura, junto a otros de sus socios, y el funcionario huyó a República Dominicana “ahora resulta que pasó de ser acusado a víctima. “Por eso digo que yo no creo que sea un saboteo, así funciona la delincuencia organizada”.
Más adelante se refirió a la actuación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, la cual catalogó como la caída definitiva del poder judicial en Venezuela. Considera inaudito que una instancia tan importante del Poder Público Nacional se encuentre en manos de quien es su titular en estos momentos.
“La elección como presidente de este personaje y del equipo que lo rodea es lamentable, porque los máximos tribunales de la República deberían estar investidos de majestad, de moralidad, de decoro, pero el nuestro carece de todo eso”.
Manifestó que en los tribunales venezolanos hay jueces que actúan por convicción, mientras que otros lo hacen por temor al castigo, porque necesitan el trabajo.
Narra que la cúpula del gobierno ejerce presión sobre los jueces a efecto de que tomen decisiones de acuerdo a los intereses de los poderosos o de quienes están incursos en las irregularidades. “Los someten y los obligan a tomar decisiones para favorecer y exculpar a los responsables de hechos de corrupción y narcotráfico, lavado de dinero”.
Comenta que esto ocurre por igual cuando se trata de delitos graves, como cuando se está en presencia de delitos pequeños. En este sentido, estima que es inconcebible lo que se ha hecho en el sistema judicial venezolano con los funcionarios violadores de los derechos humanos, pues todos los responsables de esos delitos son exonerados, “ni siquiera llegan a un proceso penal porque se limita la acción de la Fiscalía”.
Ortega señala que “Ahora el Ministerio Público tiene la libertad de exonerar de responsabilidad a cuanto militar y policía esté involucrado en delitos contra los derechos humanos. Es tal la sumisión de Tarek William Saab, (el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente) que llama los militares mi coronel, mi general, como si él fuese militar”.
— ¿Cómo cree usted que se pueda poner fin a un gobierno dirigido por organizaciones criminales?
— Eso es parte de la reconstrucción del país, porque este es un problema de valores y de ética. En Venezuela hay una organización criminal que funciona desde el alto poder, porque es un estado delincuencial que ha permeado y comprometido a la Fuerza Armada, sobre todo a los altos mandos, porque en los mandos bajos hay gente muy valiosa, muy honorable y buena, que es la gente que necesita el país. Así ocurre en todas las instituciones, donde son las altas esferas las que constituyen ese estado delincuencial. No es el pueblo de Venezuela, sino la cúpula y es con ella que hay que acabar a través de la aplicación de sanciones ejemplarizantes. Se debe encarcelar a los responsables de los delitos en una verdadera cárcel, un preso debe estar en una celda, respetándosele sus derechos claro está pero no como hacen ellos que irrespetan los derechos de las personas privadas de libertad que son honorables. Sin embargo, los delincuentes están en la calle, por ejemplo, Wilmito. Se de un delincuente que gozó de libertad, fue el sujeto que mató a la periodista Adriana Urquiola, Yhonny Bolívar, alias “Capitán Bolívar”.
Debe haber verdadera administración de justicia
Ortega Díaz se pronunció porque se establezca una verdadera justicia en Venezuela en la que se castigue a los delincuentes y estos -efectivamente- paguen sus condenas en la cárcel y no como ahora, donde muchos de los sentenciados se encuentran en la calle disfrutando de libertad y no en las celdas en las que deberían estar. “Deben darse sanciones ejemplarizantes y que se recupere lo que se han adquirido ilegalmente y se destine a los fondos del Estado. Eso constituiría un ejemplo para todos. Lamentablemente lo que pasa es que los delincuentes no pagan prisión y los bienes robados los continúan disfrutando los familiares -inclusive- usa el dinero mal habido para pagar su defensa, para sobornar y extorsionar. Hay que aplicar una justicia ejemplar en Venezuela, ya que las altas autoridades-definitivamente- no dan el ejemplo.
— ¿A usted la han intentado sobornar?
— Muchas veces me han tratado de comprar, muchísimas veces a mí me ofrecieron dinero para que yo renunciara y me fuera. Así ocurrió en una primera oportunidad, y en una segunda me doblaron la cifra. En algún momento voy a decir el nombre, pero ellos saben quiénes son. Ellos me dijeron que me fuera sin hablar, sin decir nada por la calle del medio, incluso, me ofrecieron que me podían guardar el dinero, es decir, la oferta venía con testaferro incluido.
— Se rumora aquí en Canadá que el gobierno estaría dispuesto a ofrecerle asilo. ¿Se muda a Toronto?
— Por ahora me quedo en Bogotá. Colombia me ha brindado mucha hospitalidad, tanto las autoridades colombianas, como los colombianos. Ellos se parecen tanto a nosotros que me siento en casa. Obviamente yo quisiera estar en Venezuela, pero si no puedo estar en mi país -entonces- me quedo en Colombia.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
