Myeshia Johnson, espera su tercer hijo para el mes de enero y continúa exigiendo que la dejen ver el cuerpo de su esposo.

La viudad del soldado estadounidense que murió durante una emboscada en Níger, dijo el lunes que la llamada telefónica del presidente Donald Trump para ofrecerle sus condolencias la hizo llorar más al oírlo “tartamudear tratando de recordar el nombre de mi esposo”, el sargento La David Johnson.

Myeshia Johnson hizo las declaraciones en el programa matutino Good Morning America y explicó que eso es lo que más le dolió porque su esposo se encontraba luchando por el país «y si uno arriesga la vida por su país ¿por qué no recordar su nombre?. Y eso me hizo enojar y llorar aún más porque mi esposo era un soldado increíble”, manifestó Johnson.

Mientras Myeshia Johnson ofrecía la entrevista, el presidente Donald Trump, rechazó las declaraciones de la viuda y escribió en su cuenta de Twitter: “Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson y pronuncié su nombre desde el principio, sin dudarlo”.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de octubre de 2017

Johnson, quien espera su tercer hijo para enero, citó lo que el presidente Trump dijo de su esposo, un miembro de la unidad de fuerzas especiales del ejército, “Sabía para qué se inscribió, pero duele de todos modos. Me hizo llorar. Yo estaba enojada con el tono de su voz”, declaró Myeshia.

El contenido de los comentarios de Trump con la viuda del sargento acerca de sus expectativas sobre los peligros de unirse al ejército ha generado días de discordia y enfrentamientos en Estados Unidos.

Repetidas veces, el presidente Trump ha atacado a la congresista de Florida, Frederica Wilson, una amiga de la familia Johnson, quien estuvo en el vehículo con la viuda cuando ingresó la llamada del presidente Trump y fue testigo de lo que el mandatario dijo.

Myeshia Johnson contó que le pidió al conductor del vehículo, donde viajaban, que conectará el altavoz para que todos los que estaban en el automóvil escucharan al presidente.

“Lo que haya dicho la señorita Wilson no fue fabricado. Lo que ella dijo fue 100 por ciento correcto”, avaló Myeshia Johnson.

Durante el fin de semana, el presidente Trump tuiteó “la chiflada de la congresista Wilson es el regalo para el Partido Republicano, un desastre para los demócratas. Mírenla en acción” y voten por los republicanos”.

Durante la entrevista, Myeshia Johnson también indicó que le gustaría saber por qué demoraron 48 horas en encontrar a su esposo y por qué no ha podido verlo. “Todo el tiempo que he pedido ver a mi esposo, no me lo han permitido”, declaró.

La viuda de Johnson señaló que los oficiales le dijeron que el cuerpo de su esposo estaba “en muy mal estado”. El sargento Johnson fue asesinado junto a otros tres soldados durante una emboscada realizada por miembros del grupo terrorista Estado islámico cerca a la frontera entre Níger y Mali.

El entierro se realizó del argento La David Johnson se realizó el sábado, pero la viudad continúa pidiendo que la dejen ver alguna parte del cuerpo de su esposo. «Yo necesito verlo y saber que es mi esposo. Ellos no me han mostrado un dedo, una mano. Yo conozco a mi esposo de pies a cabeza. Yo no sé qué hay en el ataud. Podría estar vacío. Yo necesito verlo”, remarcó Myeshia Johnson.

El departamento de Defensa ha iniciado una extensa investigación sobre lo que sucedió en la emboscada y cómo Johnson fue separado de los otros soldados asesinados.

Voz de América

El líder del PRO se convierte en el presidente más reforzado de América Latina

Macri logra una victoria aplastante en las Elecciones de Argentina

“No sé si Macri vino para quedarse, pero la pobreza sí”

Mauricio Macri se convirtió en la noche del domingo en el líder más fuerte de América Latina. En un momento en el que casi todos los presidentes de la región están muy debilitados, el argentino logró una victoria aplastante en las legislativas en todo el país, y sobre todo le ganó por más de cuatro puntos a Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Este éxito le da un poder enorme para reformar Argentina y le convierte en el centro de la política probablemente por muchos años. «No hay que tener miedo a las reformas», fue el primer mensaje de un Macri eufórico, con un triunfo que supera sus propias expectativas y destroza a la oposición peronista.

Mauricio Macri ha sido subestimado casi desde que era un adolescente. Primero, por su padre, uno de los empresarios más ricos y polémicos del país, que toda la vida lo minusvaloró e incluso públicamente dijo que su hijo nunca llegaría a presidente porque no estaba preparado. Y después, por todo el establishment argentino, lo que él llama el círculo rojo, que desde 2003, cuando el entonces presidente de Boca Juniors decidió dar el salto a la política, se burlaba de su aspecto, de su forma de hablar, de sus maneras de hijo de millonario, de su desconocimiento de los códigos de la política.

Pero Macri, ayudado por un equipo fiel dirigido por Marcos Peña y asesorado por el ecuatoriano Jaime Durán Barba, fue poco a poco consolidando su poder, primero en la alcaldía de Buenos Aires y ahora en la presidencia, hasta lograr una victoria en los cinco distritos clave del país que nadie conseguía desde 1985, cuando un Raúl Alfonsín en la ola de la recuperación de la democracia arrasó en las elecciones intermedias. Macri supera el 40% de voto en todo el país y desarbola a la oposición en plazas clave, por lo que cuenta con un importante aval de la sociedad para sacar adelante sus reformas, aunque no tiene la mayoría absoluta del Congreso.

Macri ha sabido aprovechar el rechazo que generaron en buena parte de las clases medias urbanas y rurales los últimos años del kirchnerismo, en los que el aislamiento internacional, el cierre de los mercados financieros y la explosión del mercado negro del dólar, sumado a los escándalos de corrupción, provocaron una huida de votos hacia cualquiera que ofreciera un cambio. Y apoyado en esas clases medias y rurales ha ido poco a poco conquistando espacios en las clases bajas, antes feudo inexpugnable del peronismo.

Solo así se explica que Cambiemos, la coalición que dirige, haya logrado ganar en provincias empobrecidas y muy peronistas como Jujuy, Salta, El Chaco, e incluso en La Rioja, donde ha destronado finalmente al cacique Carlos Menem, que volvía a presentarse y será senador aunque fue derrotado. Cambiemos destrozó a los Kirchner en la patagónica Santa Cruz, la cuna de su poder, que aún gobierna Alicia Kirchner, la hermana del expresidente.

Macri ganó en 2015 por la mínima, menos de tres puntos, frente al entonces candidato peronista Daniel Scioli, apoyado por el kirchnerismo. Desde entonces ha gobernado en minoría y con muchas dificultades. A los empresarios y economistas liberales que le reclamaban reformas más profundas, un recorte más rápido del gasto público, Macri siempre les contestaba: no hay margen político, hay que ir poco a poco porque si no perderé el poder.

Pero ahora lo tiene todo. Así que el presidente lanzó un mensaje claro: se abre un periodo para buscar grandes acuerdos, al estilo de los Pactos de La Moncloa españoles que muchos argentinos ven como un ejemplo, para pactar grandes reformas con los gobernadores, los empresarios y los sindicatos. Pero si no se logran, Macri seguirá adelante.

«Entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar, no tiene que tener miedo a las reformas. Tenemos que hacer muchísimas. Nos van a ayudar a vivir mejor», clamó un eufórico Macri que hacía esfuerzos por contenerse. «El poder no me va a cambiar», insistía tratando de conjurar el clásico mal de los gobernantes latinoamericanos, que con un sistema presidencialista sin muchos contrapoderes acaban teniendo un dominio absoluto que les lleva a excesos.

Otros presidentes argentinos han caído en ese intento por reformar en especial el mercado laboral, dominado por los sindicatos más poderosos de América, pero pocos habían tenido una ola tan favorable como la de Macri, al que nada parece hacerle mella: ni la crisis económica, que aún sufren buena parte de las clases medias y bajas del conurbano bonaerense, precisamente donde más apoyo ha tenido Kirchner, ni los errores de gestión que él mismo reconoce con una facilidad a la que los argentinos no están acostumbrados, ni el durísimo 2016, ni la inflación que sigue siendo la más alta de América después de Venezuela, ni algunos escándalos con las empresas de su familia o el blanqueo de capitales al que se ha acogido legalmente su hermano.

Hasta ahora, el presidente ha evitado un ajuste más fuerte gracias a la deuda. Los Kirchner tuvieron cerrados los mercados internacionales en los últimos años y bajaron mucho la deuda. Por eso Macri tenía margen y un mercado encantado de prestarle a una de las tasas más altas del mundo, además de entrada infinita de capital especulativo atraído por tipos de interés del 27% en pesos. Pero el presidente sabe que eso tiene un límite y esta victoria marca un cambio. «Mientras la Argentina tenga déficit fiscal va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos el compromiso de reducir la pobreza, que sufre mucho la inflación. Si uno no financia el déficit con inflación lo hace con deuda. Pero no podemos hacerlo eternamente, por eso hay que reducir el déficit fiscal», explicó.

Ahora viene la parte más difícil de su mandato, pero la afronta con un enorme capital político, muy superior a cualquier previsión. Con el peronismo en desbandada y dividido, la reelección en 2019 parece sencilla, aunque en Argentina es inútil hacer cualquier previsión. Cuando empezó 2015, por ejemplo, todos los analistas decían que era imposible que ganara Macri. Y lo hizo pocos meses después.

Macri ha logrado conectar con la sociedad con el mensaje de que ha venido para hacer de Argentina un país normal, abierto, donde «no ganen siempre los más vivos [listos, tramposos]» y con la idea de que ya se probaron durante muchos años todas las otras fórmulas y no funcionaron, así que ahora le toca a la suya. Las encuestas señalan que la gente no está contenta con la situación actual, en la que siguen sufriendo fuerte la crisis y la inflación, pero tienen mucha confianza en que mejorará en el futuro. Ahora el presidente tiene que cumplir con unas expectativas muy altas. Tiene margen político, pero necesitará resultados.

El País

Se exige al presidente catalán que devuelva a Cataluña a la legalidad y renuncie a llevar al Parlament la DUI

El Senado está en marcha para activar el artículo 155 de la Constitución y el Gobierno tiene previsto celebrar una reunión del Consejo de Ministros al final de la semana para destituir a los miembros del gobierno de la Generalitat. Solo se frenará si Carles Puigdemont devuelve a Cataluña a la legalidad y renuncia a llevar al Parlament la Declaración Unilateral de Independencia. De nada serviría que Puigdemont convocara elecciones en uso de las capacidades que aún tiene durante esta semana. El Senado solo modulará la aplicación del 155 ante la improbable decisión de la Generalitat de rectificar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside la reunión del comité de dirección del PP en la sede de la calle Génova. TAREK MOHAMED EFE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene aún cinco o seis días, depende de cuando comparezca finalmente en el Senado, para que se detenga el artículo 155 de la Constitución que pretende la vuelta a la legalidad constitucional y estatutaria. Si nada cambia, él y todo su gobierno serán cesados el próximo sábado tal como figurará en el Boletín Oficial del Estado. En fuentes gubernamentales se reconoce que puede pararlo si en su comparecencia se compromete a no declarar la independencia y a parar cualquier atisbo de reactivar o seguir adelante con la ley de transitoriedad que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno dice que aplica el artículo 155 para garantizar la “neutralidad institucional” en Cataluña

Hoy nada hace pensar en que haya cambios por lo que el Gobierno seguirá adelante aunque el proceso formal está ya en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. La unidad de criterio se mantiene entre el Ejecutivo y el partido que lidera Pedro Sánchez a pesar de que algunos dirigentes del PSC manifiestan su disconformidad con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

No hay datos que permitan calibrar qué hará el presidente de la Generalitat pero sí se adelanta que “el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan”, declaró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en Más de Uno de Onda Cero. La pregunta de qué puede hacer Puigdemont, en caso de que quisiera, para desactivar la maquinaria del Estado que llevará a su sustitución y a la de todo su gobierno, se reitera desde el pasado sábado.

 
LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO, PASO A PASO

Martes 24. Se constituye la comisión conjunta sobre el 155, en la que participan solo senadores que ya estuvieran integrados en la comisión constitucional o en la general de Comunidades Autónomas. Sus trabajos se ejecutarán bajo condiciones especiales. Por ejemplo, el horario del registro de la Cámara podrá ser modificado para facilitar la tramitación.

Jueves 26. A las 12.00, según el plan de trabajo inicial, se reúnen los integrantes de la ponencia de la comisión para formular su propuesta sobre el requerimiento del Gobierno. A las 17.00, los 27 senadores integrantes de la comisión se reunirá para debatir y votar esa propuesta. Carles Puigdemont tendrá la opción de presentar sus alegaciones esa tarde: en persona, a través de un portavoz o enviando un escrito.

Viernes 27. Hasta las 9.30 cabe presentar votos particulares a esa resolución. Pío García-Escudero, el presidnte del Senado, tendrá la competencia exclusiva de calificarlos. A las 10.00 comienza el pleno del Senado, donde Puigdemont también tiene la oportunidad de comparecer si no lo ha hecho el jueves.

Sábado 28. El Gobierno estudia reunir al Consejo de Ministros —si no lo ha hecho ya el mismo viernes— para aprobar la destitución de Carles Puigdemont y el resto de su Gobierno.

No hay respuesta clara en el Gobierno al tener el presidente Carles Puigdemont la llave para desactivar el 155. Sí se adelanta lo que no servirá para frenar el proceso en marcha. Solo con convocar elecciones no será suficiente, ni mucho menos. El presidente de la Generalitat tiene margen para convocar elecciones, hasta que su cese aparezca en el BOE, como le piden el PSOE, el PSC y los comunes. Ahora bien, si a la vez esta semana en el pleno previsto por el Parlament el presidente de la Generalitat declara la independencia de Cataluña y la somete a votación de los diputados —y aunque se limitara a una declaración simbólica, sin votación—, no se mirará hacia otro lado. De nada servirá esa convocatoria si a la vez sigue dando pasos inequívocos de que no vuelve a la legalidad constitucional y estatutaria, señalan en fuentes gubernamentales. Solo una rectificación en toda regla puede hacer que el Senado la estudie, “y se module la aplicación” del 155, señalan en fuentes gubernamentales.

Esa modulación o adaptación está en manos de la Generalitat, señalan los interlocutores gubernamentales consultados. La posición de Moncloa se ha endurecido respecto a los mensajes emitidos semanas atrás, cuando se aspiraba a que Puigdemont convocara elecciones y se pasaba por alto las declaraciones “retóricas” que pudiera hacer.

En una posición más dura está también el PSOE, que exige a Puigdemont el “retorno a la legalidad” si quiere frenar el proceso en marcha y que evite cualquier tipo de declaración unilateral de independencia, aunque sea puramente simbólica. “Una declaración unilateral de independencia es inaceptable. Ni light, ni soft, ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad», aclaró ayer el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente.

Los socialistas requieren a estas alturas que esa vuelta al orden constitucional de Puigdemont no tenga dobleces. La voluntad de retornar a la ley ha de ser “inequívoca”. Así, “si Puigdemont convoca elecciones y las llama constituyentes manifiesta una voluntad de continuar en la ilegalidad. Eso no sirve”, especificó después Puente en conversación con EL PAÍS. “No vamos a dar marcha atrás si no hay una voluntad inequívoca. No vamos a aceptar pulpo como animal de compañía”, apostilló. El PSOE ha tomado una decisión, la de apoyar el 155 para restituir el orden constitucional en Cataluña, y la va a llevar “hasta las últimas consecuencias”, aunque consensuará siempre con el Gobierno las actuaciones según los escenarios que se presenten.

 
EL TRÁMITE DEL SENADO NO SUPONE EL CESE DEL GOVERN

Que el pleno del Senado del viernes apruebe las medidas propuestas por el Gobierno para Cataluña no supondrá la destitución inmediata de Carles Puigdemont y del resto del Govern. Para que eso ocurra, el Boletín Oficial del Estado tiene que dar cuenta del resultado de la votación en la Cámara. Solo entonces podrá reunirse el Consejo de Ministros para aprobar los ceses.

Aunque el Ejecutivo estudia convocar esa reunión inmediatamente después de la votación del Senado, la cita no está programada. Como pronto, será el viernes por la tarde, después de recurrir a una edición electrónica especial del BOE, pero nada impide a Mariano Rajoy retrasar la convocatoria. En todo caso, el Gobierno no ve razones en estos momentos para retrasar una decisión que ya está tomada.

“El procedimiento es inédito y no está regulado con exactitud”, admitieron fuentes jurídicas del Gobierno, “pero entendemos que no debería bastar con que se publique lo aprobado por el Senado. Apostamos por una reunión del Consejo de Ministros”.

Tras la publicación de las medidas en el BOE cabrá recurso ante el Constitucional por invasión de competencias, según Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo. Y ante la decisión de cesar a Puigdemont y al resto de sus consejeros cabrá recurso por la vía contencioso-administrativa en el Supremo. Los distintos catedráticos de Derecho Constitucional consultados no tienen una posición unánime sobre si un grupo de al menos 50 diputados puede recurrir la propuesta del Gobierno ante el Constitucional, puesto que esa opción está prevista para leyes y no para acuerdos. /JUAN JOSÉ MATEO

El País