Venezuela pagará a tiempo los más de 3.500 millones de dólares de deuda que le corresponde abonar entre octubre y noviembre de este año, pero lo hará a costa de las importaciones de productos básicos acentuando el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes que ya vive el país caribeño.

Así lo advirtió en una entrevista a EFE el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, el economista y académico José Guerra, que recuerda que parte de los vencimientos que vienen son en concepto de capital, para los que no hay período de gracia y que el Estado debe pagar a tiempo para no entrar en suspensión de pagos.

“El Gobierno va a seguir con la política que tuvo en 2016 de pagar la deuda sacrificando las importaciones y eso es la escasez, eso es la carestía, las carencias que vemos en los productos fundamentales, medicinas y alimentos”, dijo el diputado opositor desde su escaño en la Cámara, el único poder en manos de la oposición.

El Estado venezolano -que tiene desde 2002 el monopolio legal de la venta de divisas- lleva desde finales de agosto sin adjudicar dólares a las empresas privadas que importan productos, debido, según el legislador, a que “todo lo que entra lo están apartando” para pagar la deuda.

La interrupción de las subastas de divisas -a una tasa fijada por el Banco Central de 3.345 bolívares el dólar- se debe, según el Gobierno, a las sanciones financieras impuestas en agosto por los Estados Unidos al Gobierno de Caracas por su supuesta deriva totalitaria.

Dificultades administrativas provocadas por estas sanciones podrían ser la causa de que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se retrasara este mes en el pago de unos bonos, que al ser en concepto de intereses tienen un período de gracia de 30 días.

Las sanciones de la Administración Trump -que entre otras cosas prohíben “las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”- podrían entorpecer aún más el ya complicado acceso del país suramericano a nuevas líneas de financiación internacional.

El Gobierno venezolano no ha podido endeudarse directamente en lo que va de año al no contar con el aval del Parlamento, que a través de distintos órganos alineados con el oficialismo lo ha despojado de sus funciones legislativas y de control desde que tomara posesión la mayoría absoluta opositora surgida de los comicios de diciembre de 2015.

“El artículo 312 de la Constitución establece que para que haya endeudamiento tiene que ser aprobado por una ley del Parlamento”, afirma Guerra, que vaticina que “no va a haber financiamiento de dinero fresco del mercado financiero” si el Gobierno sigue sin presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante la Cámara.

El diputado, que tiene a sus espaldas una larga trayectoria en el Banco Central de Venezuela, explica que “los bancos internacionales y los fondos de inversión no están dispuestos a comprar una deuda” que no cumpla todas las exigencias legales.

En este sentido, el Parlamento ha llevado a cabo una intensa labor internacional para dejar clara esta circunstancia a los posibles compradores de deuda venezolana y evitar así un endeudamiento cuya finalidad y condiciones no aprueba la oposición.

Una solución para sortear este control parlamentario exigido por la ley podría haber sido la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el chavismo, que en una de sus primeras decisiones se arrogó las atribuciones legislativas del Parlamento.

No obstante, buena parte de la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de este suprapoder.

En esta situación, a Venezuela le quedan los préstamos de Rusia y China a PDVSA y otros mecanismos no sujetos a la aprobación del Parlamento, pero Guerra duda del músculo económico de Moscú para satisfacer las necesidades de Caracas, y no ve al gigante asiático dispuesto a continuar aportándole capital.

El economista alerta de que el año que viene el país debe afrontar pagos externos que corresponden a “casi la mitad del ingreso petrolero” de Venezuela, mucho mayores que los de este final de 2017, y el Estado deberá seguir sacrificando importaciones y “vender el oro” de unas reservas que ya llevan mucho tiempo cayendo.

EFE

Los venezolanos necesitan casi la mitad de su salario mínimo para cubrir las necesidades básicas diarias de una familia promedio del país, según el estudio periódico para el mes de septiembre del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) publicado esta semana.

“Un trabajador necesita un mínimo de 61.495 bolívares diarios (menos de 20 dólares al cambio oficial de referencia y unas diez veces menos si se aplica la cotización en el mercado paralelo) para alimentar a su familia (…), tomando en consideración el SM de Bs. 136.544,18 vigente a partir del 01 de septiembre 2017”, dice el informe.

Según el estudio, “una familia requería de 13.5 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación” para todo el mes.

Además del salario mínimo, los venezolanos reciben un cupón del Estado para adquirir alimentos llamados “cestatícket socialista” que tras el último incremento es equivalente a 189.000 bolívares (unos 56 dólares a la tasa oficial de referencia fijada por el Banco Central).

“Un hogar con 2 salarios mínimos y 2 ticket de alimentación (…) apenas le alcanza para comprar un mercado para 11 días al mes. Y si solo hay un ingreso en el hogar apenas le alcanza para comprar los alimentos para 6 días al mes”, se lee en el documento del CENDA, que registra además un aumento de los precios de los once alimentos de la canasta básica.

Los precios del azúcar y sus sustitutivos subieron un 98,5% respeto del mes anterior, las bebidas no alcohólicas un 87,4% y los pescados un 51,6%, mientras que la leche, los quesos y los huevos aumentaron un 47,9% y las grasas y los aceites un 40,5%.

Las frutas y las hortalizas fueron en septiembre un 34,8% más caras que el mes anterior, mientras que las raíces, los tubérculos y las verduras vieron crecer su coste en un 14%.

El presidente del país, Nicolás Maduro, anunció el mes pasado un control de precios un nuevo sistema de fijación de precios mínimos para 50 productos básicos, que hasta el momento no se ha aplicado en el mercado.

La llamada revolución bolivariana dio en 2002 al Estado el monopolio de la venta de divisas.

Empresarios del país caribeño dicen no recibir suficientes dólares para sus importaciones y deben adquirir las divisas en el mercado paralelo, donde el bolívar no para de caer respecto del dólar, lo que explica los precios prohibitivos y cada vez más altos de los productos.

EFE