Se impone la necesidad de hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso electoral en estas elecciones de gobernadores y, en especial, al Sistema de Totalización (envío de actas y bitácoras) y a los datos de electores (duplicidad de huellas).
En un comunicado emitido este jueves, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) advierte que el proceso de las elecciones de gobernadores dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia actuaron en forma parcializada en beneficio de los intereses políticos del Gobierno, lo cual hace legítimo que se generen dudas en sectores de la población sobre los resultados anunciados por el CNE.
El texto del documento del OEV, firmado por sus directivos Luis Lander, Ignacio Ávalos y Carlos Medina, señala:
“Los comicios de Gobernadores celebrados el domingo 15 de octubre dejaron serias dudas y desconfianza sobre sus resultados. Las objeciones son diversas, unas de carácter político, alusivas, sobre todo, a la importancia que jugó la abstención, mientras que otras muestran, por distintos motivos, una gran desconfianza en el desempeño del CNE con respecto a la manera como se llevó a cabo el proceso electoral desde el mismo momento en que fue convocado.
Un sector de la MUD no reconoció los resultados y exigió una auditoría completa del sistema electoral, con presencia de observación internacional calificada; mientras que otro grupo, representado por algunos candidatos perdedores, aceptaron su derrota manteniendo sus reservas en cuanto al desempeño del CNE.
El caso del estado Bolívar es sumamente grave y debe aclararse. Hasta el día martes, el candidato Velásquez anunciaba, sustentado en el 100% de las actas, que había vencido por más de 2.000 votos, pero en la madrugada del miércoles aparece otro resultado, dándolo por perdedor por menos de 1.500 votos.
Es alarmante la denuncia hecha ayer por Andrés Velásquez, en la cual asegura tener pruebas de que el CNE incurrió en la modificación de resultados de algunas actas donde el organismo sumó fraudulentamente al candidato oficialista Justo Noguera los votos suficientes como para cambiar el resultado. Además, en el estado Bolívar se hace evidente el impacto que tuvo en el resultado electoral la negativa del CNE de aceptar las sustituciones de candidatos. Por esta razón, Velásquez está dejando de sumar a su favor 3.787 votos.
La duda generada por estos hechos nos impone la necesidad de hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso electoral en estas elecciones de gobernadores y, en especial, al Sistema de Totalización (envío de actas y bitácoras) y a los datos de electores (duplicidad de huellas). La forma como se llevó a cabo el proceso electoral estuvo colmada de irregularidades que claramente perjudicaron el desarrollo del proceso. Resumiendo trabajos publicados por el OEV y que se abordarán con detalle en su informe final, a continuación se listan las principales:
1) La fecha de las elecciones se decidió de forma ilegal y arbitrariamente.
2) Se alteraron las etapas y tiempos regulares del proceso.
3) Se pospuso la elección de los Consejos legislativos (aún sin fecha definida).
4) Se inhabilitó la tarjeta de la MUD en siete estados del país.
5) Se ilegalizaron 42 partidos políticos que no alcanzaron validarse ante el CNE.
6) Luego de anunciar las elecciones,- se demoró un mes la difusión de la fecha definitiva y la publicación del cronograma electoral.
7) Se eliminaron 33 actividades del cronograma, en comparación con regionales anteriores.
8) Se ejecutaron 17 actividades del cronograma electoral, previas a la convocatoria de la elección. 9) Se redujo a dos días el lapso para inscribir candidatos, que además fueron antes de la convocatoria formal del proceso.
10) No se admitieron las sustituciones de candidatos renunciantes.
11) Se modificó el Registro Electoral fuera del lapso establecido, excluyendo a 17.325 habitantes de
Táchira.
12) Se cercenó la observación nacional y sólo fueron acreditadas dos organizaciones locales de observación. Al OEV le fue negada la acreditación solicitada.
13) El CNE solo acreditó al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) para integrar la misión de acompañamiento internacional.
14) No se informó oportunamente quié- nes acudieron como miembros de mesa.
15) Sin previo aviso, el CNE eliminó 76 centros y más de 7.000 mesas de votación.
16) A última hora, a menos de una semana de las elecciones, el CNE reubicó 274 centros electorales, afectando a más de 700.000 electores.
17) No se sancionaron los múltiples ilícitos de campaña por uso de los recursos públicos, incluso cuando el Presidente Maduro aprobó abiertamente el manejo de recursos del Estado a candidatos que no detentaban ningún cargo público.
A esta lista de irregularidades previas al proceso se suman las ocurridas durante la jornada electoral, tales como: apertura tardía de centros de votación, fallas de máquinas de votación, propaganda electoral dentro de los centros de votación, lentitud del proceso de votación en la herradura, violación del derecho del voto secreto, hechos de violencia alrededor de los centros de votación, electores movilizados con recursos públicos, prórroga del cierre de mesas sin electores en cola, denuncias de amedrentamiento a testigos y el impedimento de que ciudadanos pudiera presenciar el acto de escrutinio y la verificación ciudadana que, en muchos centros, no fue un acto público. Los hechos mencionados afectaron seriamente la integridad de las elecciones.
Se puso en evidencia la actuación parcializada del árbitro electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, en beneficio de los intereses políticos del Gobierno, lo cual hace legítimo que se generen dudas en sectores de la población sobre los resultados anunciados por el CNE.
Varios actores nacionales e instancias internacionales han insistido en la necesidad de realizar todas las revisiones y auditorías necesarias para despejar las dudas sembradas. Gracias a su auditabilidad y trazabilidad, nuestro Sistema Automatizado de Votación puede contribuir a superar las interrogantes. Hacer los mayores esfuerzos por despejarlas es fundamental para restablecer la confianza de los ciudadanos en la institución del voto, y en la posibilidad de ejercer un derecho político sustancial de la Democracia: el derecho al sufragio con libertad”. NP
