Así ayudaron 24 países a México por los sismos

México recibirá 150 mdd por el sismo del 7 de septiembre

Tres opciones presupuestales para zonas afectadas por sismo

Carlos Slim anunciará plan de ayuda para la reconstrucción

El gobierno de la CDMX va contra los ‘falsos damnificados’

La inflación se desacelera en septiembre a 6.35% anual

Tu tele, ‘compu’ y muebles, blindados ante un sismo

ONG y fideicomisos deberán declarar donaciones por sismos

Cómo deducir impuestos de las donaciones tras el 19S

SLIM RECAUDA 2,373 MDP EN DONACIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS EL SISMO

La Fundación Slim tuvo 217,000 donadores, que aportaron dinero a través de sus recibos telefónicos Telmex. Los recursos serán auditados por Ernest & Young.

Plan de ayuda.  Slim detalló el programa de su fundación para la reconstrucción.  (Foto: Jesús Almazán)
Liliana Corona
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
Carlos Slim informó que las donaciones que recaudó a través de la fundación que lleva su nombre ascienden a 2,373 millones de pesos (mdp).

En conferencia de prensa, Slim indicó que 217,000 donadores aportaron a través de sus recibos telefónicos Telmex y los recursos serán auditados por Ernest & Young.

El empresario señaló que la Fundación Carlos Slim toma cinco acciones para ayudar a la reconstrucción tras los sismos de septiembre:

1. Los fondos recaudados se destinarán a ayuda humanitaria para los damnificados, incluyendo a quienes tuvieron pérdidas desde el sismo del 7 de septiembre.

2. También se dedicarán a la protección estructural al patrimonio cultural en riesgo y apuntalamiento de estructuras.

3. Además, contribuirán a con la reconstrucción de centros de salud y escuelas en coordinación con los gobiernos federal y estatales.

4. Apoyo en la construcción de vivienda de acuerdo con usos y costumbres de cada lugar.

5. Contribuir a la reconstrucción de mercados dañados.

Lee: Los estragos materiales de los sismos en Puebla, Morelos y Oaxaca

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Slim aclaró que las aportaciones de Telmex, Telcel y Carso se brindaron de forma gratuita, desde las llamadas y mensajes libres hasta la maquinaria de construcción.

Slim señaló que durante la emergencia que suscitaron los sismos hubo «ausencia de líderes políticos». El empresario añadió que fue «una decisión muy inteligente del gobierno pedir a la industria colaborar».

Todo comenzó la semana pasada, luego de que Rex Tillerson se vio obligado a negar un informe de la NBC News, según el cual él había llamado » estúpido» al mandatario republicano en una reunión en julio en el Pentágono.

Foto: Reuters.El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimo los reportes de la prensa que apuntaban que su  secretario de Estado, Rex Tillerson, lo llamó “estúpido”.

Sin embargo, este martes insinuó que él es más inteligente que el jefe de la diplomacia estadounidense, por lo que sugirió comparar pruebas de coeficiente intelectual para comprobarlo.

Todo esto comenzó la semana pasada, luego de que Tillerson se vio obligado a negar un informe de la NBC News, según el cual él había llamado ” estúpido” al mandatario republicano en una reunión en julio en el Pentágono. “Él es inteligente”, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa en alusión a Trump.

Pero al parecer este incidente incomodó al presidente. “Creo que es noticia falsa”, dijo el republicano a la revista Forbes. “Pero si lo hizo, creo que tendremos que comparar las pruebas de coeficiente intelectual y puedo decirte quién va a ganar”, indicó en la entrevista.

El informe de NBC News se conoció pocos días después de que Trump recriminara públicamente a Tillerson por “perder el tiempo” tratando de negociar con Corea del Norte para frenar su programa balístico y nuclear.

La reprimenda de Trump en Twitter reavivó rumores de que Tillerson no está contento con su puesto, aunque el ex director ejecutivo de ExxonMobil ha insistido en que no tiene intención de renunciar.

 F. Aste/AF 

Según estudio de Transparencia Internacional, el 80% de los chilenos cree que el nivel de corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.

El 80% de los chilenos cree que en los últimos 12 meses el nivel de corrupción ha aumentado en el país. Así lo asegura un informe de Transparencia Internacional publicado ayer, que sitúa a Chile como el segundo país en América Latina y el Caribe con la mayor percepción sobre el aumento de este fenómeno, sólo superado por Venezuela (87%).

Según el Barómetro Global de la Corrupción, el 62% de las personas que viven en América Latina y el Caribe cree que el nivel de corrupción aumentó. Solamente el 10% piensa que disminuyó, mientras que un 25% no percibe cambios.

En 17 de los 20 países consultados, la mayoría de los ciudadanos manifiesta que la corrupción aumentó. En Venezuela, Chile, Brasil y Perú, los ciudadanos muestran una opinión particularmente crítica: más de tres cuartos sostienen que la corrupción está creciendo (entre el 78% y el 87%).

En cambio, solamente cerca de dos de cada cinco ciudadanos en Argentina y Guatemala estiman que el nivel de corrupción aumentó en los 12 meses previos a la encuesta (el 41% y el 42%, respectivamente).

Asimismo, el informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” revela que casi la mitad de los ciudadanos de la región (47%) considera que los grupos de poder más corruptos son la policía y los representantes elegidos por voto popular, como diputados y senadores. Entre el 40% y el 45% de los encuestados cree que los funcionarios de gobiernos, empleados que dependen del presidente o del primer ministro y jueces o magistrados son en su mayoría o en su totalidad corruptos. En cuanto a los representantes políticos, el 62% de los chilenos son propensos a pensar que sus legisladores son sumamente corruptos, indica el reporte.

Cuando se consultó sobre cuán eficaz era su gobierno en la lucha contra la corrupción en el sector público, el 53% de los encuestados a nivel regional opinó que su gobierno está haciendo mal las cosas. Sólo el 35% piensa que las está haciendo bien.

En el caso de Venezuela, el 76% de los ciudadanos piensa que el gobierno de Nicolás Maduro no está tomando las acciones necesarias para combatir la corrupción. A continuación en la lista aparece Perú, donde un 73% opina lo mismo de la administración de Pedro Pablo Kuczynski. Chile se encuentra en la tercera posición. El 68% de los consultados piensa que el gobierno de Michelle Bachelet no está actuando bien en la lucha contra la corrupción.

En cuanto a los índices de soborno en América Latina y el Caribe, México lleva la delantera, según el informe. En ese país un 51% de los encuestados dijo que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o un juez, durante los últimos 12 meses. En el caso de Chile, sólo el 22% admitió haber pagado sobornos para acceder a servicios básicos.

La Tercera

Fernanda Rojas A.

Estación de generación de carbón en Morgantown,en Newburg, Maryland (AFP)

El Gobierno del presidente estadounidense formaliza la derogación del Plan de Energía Limpia del expresidente Barack Obama

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dio este martes otro paso más contra los esfuerzos del exmandatario BarackObama para enfrentar el cambio climático al formalizar la derogación del Plan de Energía Limpia, orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Como ya había adelantado este lunes que haría, el administrador de la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Scott Pruitt, firmó hoy un aviso en el que propone la derogación del Plan de Energía Limpia de Obama, conocido como CPP por sus siglas en inglés.

Esa derogación «facilitará el desarrollo de los recursos energéticos de Estados Unidos”SCOTT PRUITT

Administrador de la Agencia estadounidense de Protección Ambiental

Esa derogación «facilitará el desarrollo de los recursos energéticos de Estados Unidos y reducirá cargas reguladoras innecesarias», declaró en un comunicado Pruitt, un reconocido escéptico del cambio climático.

Según el jefe de la EPA, el Gobierno calcula que la eliminación del CPP puede suponer un ahorro de hasta 33.000 millones de dólares en costes evitables del cumplimiento de los objetivos de ese plan.

Si se elabora una nueva normativa similar para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, se hará «cuidadosa, correctamente y con humildad, escuchando a todos los afectados», adelantó Pruitt.

El Plan de Energía Limpia de Obama fue lanzado en 2015 con la meta de que Estados Unidos redujera para 2030 en un 32 % las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con respecto a los niveles de 2005.

Pieza fundamental de los esfuerzos de Obama contra el cambio climático, el expresidente pretendía con el CPP ir reemplazando las centrales eléctricas de carbón por plantas abastecidas con gas natural y energías limpias como la eólica o la solar.

Pero en febrero de 2016, con una votación de 5 a 4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió a una solicitud presentada por 27 estados y varias compañías y grupos empresariales para bloquear el plan de Obama.

Esa decisión implicó suspender las regulaciones del CPP mientras continúe el litigio sobre su legalidad.

En marzo pasado, Trump firmó una orden que pedía revisar el CPP como primer paso para buscar la independencia energética del país y crear empleos, particularmente en la deprimida industria del carbón.

Poco después, en junio, el mandatario honró una de sus promesas de campaña al anunciar la retirada de su país del Acuerdo climático de París, con el argumento de que ese pacto pone en «permanente desventaja» a la economía y los trabajadores estadounidenses.

Ese anuncio conlleva cesar «todas las implementaciones» de los compromisos climáticos de Estados Unidos en el marco de París, entre ellos el fijado por Obama para reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

No obstante, el Gobierno de Trump ha dejado la puerta abierta a que el país se reintegre en el pacto climático en un futuro o a negociar otro acuerdo «enteramente» nuevo, «mejor» y «más justo» para Estados Unidos, en palabras del magnate.

En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el republicano Paul Ryan, calificó hoy de «decisión correcta» la derogación del CPP, sobre el que dijo que fue «una amplia e ilegal expansión de la autoridad gubernamental en el sector de la energía» y «devastadora» para la industria del carbón.

Por contra, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, alertó de que, en un momento en el que los estadounidenses están experimentando un «clima extremo y peligroso con más frecuencia que nunca, lo último» que se debe hacer es «revertir acciones para combatir el cambio climático».

Mientras, Alejandra Núñez, abogada del Sierra Club, el principal grupo medioambiental de Estados Unidos, dijo que la revocación del CPP es «absurda» y «dejará vulnerables a millones de personas expuestas a enfermedades respiratorias y coronarias, y muerte prematura».

La revocación «dejará vulnerables a millones de personas expuestas a enfermedades respiratorias y coronarias”ALEJANDRA NÚÑEZ Abogada del principal grupo medioambiental de Estados Unidos

La Vanguardia

EFE/MIRIAM BURGUÉS,WASHINGTON

El Presidente ha convocado a los integrantes del Gobierno mañana a primera hora

El artículo 155 de la Constitución está muy estudiado en La Moncloa, a pesar de no haber sido aplicado nunca. «Es una medida muy polémica, pero si hace falta se activará», comentaron este martes fuentes próximas a Presidencia. El procedimiento empezaría con un Consejo de Ministros, ya convocado para hoy a las 9 de la mañana y en el que se aprobaría enviar un requerimiento a Carles Puigdemont para que rectificara en su rebeldía y volviera a la senda de la ley. Ese requerimiento tiene que ir acompañado de un plazo, que no está marcado en la ley, pero que en La Moncloa apuntan que sería «razonable»: mínimo seis horas, máximo 48.

A partir de ahí, si se recibe una respuesta negativa o se cumple el plazo dado sin contestación, el presidente Rajoy volverá a convocar un segundo Consejo de Ministros para enviar al Senado la solicitud de aplicación del artículo 155, con un informe que incluya las medidas concretas de intervención autonómica que se puedan tomar.

Ante una declaración de independencia, el Gobierno preveía incluso el relevo de Puigdemont y de todos sus consejeros, que serían sustituidos, posiblemente, por la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, el segundo órgano colegiado del Gobierno, que preside la vicepresidenta todas las semanas. Ayer se reunió a las 16.30 horas, justo antes de la hora prevista para la declaración de Puigdemont en el Parlamento autonómico catalán.

Tiempo limitado

 
Ese relevo en el poder autonómico tendría un tiempo limitado, «el necesario» para restablecer el orden constitucional, según precisaron fuentes de La Moncloa. Podría servir para convocar una nuevas elecciones autonómicas, como quiere el líder de Ciudadanos, aunque el Gobierno no se ha pronunciado aún sobre ese punto.

El Gobierno, pues, entregaría al presidente del Senado un informe con las medidas propuestas y el alcance de estas, con una justificación del correspondiente requerimiento al presidente de la Generalitat, sin haber obtenido respuesta positiva.

La Mesa del Senado enviaría ese informe a la Comisión General de Comunidades Autónomas, o una Comisión específica, que volverá a requerir al presidente autonómico para que presente alegaciones. La Comisión elaborará una propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, y se elevará al Pleno de la Cámara Alta. El Pleno debe convocarse con 24 horas de antelación, y será ahí donde de debata y se vote la propuesta del Gobierno, que debe obtener mayoría absoluta. El Grupo Popular dispone de esa mayoría en el Senado, por lo que no tendría ningún problema en aprobarlo, aunque espera contar con el apoyo del principal grupo de la oposición, el PSOE.

La carta del 155 la tiene el Gobierno desde el principio, pero hasta ahora no ha considerado oportuno usarla por «prudencia y proporcionalidad». En el momento en que se dé el primer paso, la celebración de un Consejo de Ministros para enviar un requerimiento a Puigdemont, se calcula que el proceso estaría completo en un plazo que va de tres a cinco días, aunque en La Moncloa hay quien sostiene que si se fuerzan los plazos al máximo, en 48 horas podría estar listo.

Desde el pasado 1 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo tenía totalmente preparado el artículo 155, junto a otras medidas que pudieran tomarse, para aplicarlas y anular los «efectos» de una declaración de independencia, en el caso de que se produjera en la comparecencia de Puigdemont.

Los documentos incluyen los detalles de un plan para asesinar a Kim Jong-un, según un legislador surcoreano

Una foto del líder norcoreano Kim Jong Un, junto a su hermana Kim Yo Jong, en una foto de 2015 AP

Los piratas informáticos de Corea del Norte, esos a los que se han achacado operaciones tan diversas como el ataque WannaCry que secuestró 300.000 ordenadores en 170 países en mayo o el hackeo a la multinacional Sony en 2014, han atacado de nuevo. Y lograron un valioso botín: centenares de documentos clasificados del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, incluidos un plan para asesinar al líder supremo del Norte, Kim Jong-un, y detalles de proyectos de operaciones conjuntas con Estados Unidos, el gran aliado militar de Seúl, en caso de guerra con Pyongyang.

Así lo ha comentado el legislador Rhee Cheol-hee, del Partido Demócrata en el Gobierno surcoreano, citado por el diario Chosun Ilbo. Según Rhee, un miembro de la comisión de Defensa del parlamento surcoreano, los ladrones informáticos consiguieron hacerse con 239 gigas de información durante su incursión en los ordenadores militares del Centro de Datos Integrados de Defensa, ocurrida en septiembre del año pasado.

Rhee asegura que ha recibido la información sobre el robo del Ministerio de Defensa tras solicitarla acogiéndose a la ley nacional de Libertad de Información. El Ministerio ha rechazado hacer declaraciones sobre el asunto. Según el legislador, los documentos hackeados incluyen algunos tan importantes como OPLAN 5015, el plan de guerra más reciente diseñado entre Washington y Seúl. También OPLAN 3100, la hoja de ruta en caso de detectarse una infiltración procedente del norte.

Los piratas también han obtenido datos sobre instalaciones estratégicas surcoreanas, incluidas instalaciones militares y algunas de las principales plantas eléctricas, así como informaciones sobre el personal militar y detalles sobre maniobras conjuntas de los dos aliados.

Pero las dimensiones de la incursión son tan grandes que, denuncia, no se ha podido identificar exactamente la naturaleza del 80% de los datos a los que los piratas lograron acceder.

En mayo de este año, Corea del Sur había reconocido haber sido víctima de un ataque cibernético y responsabilizó a su vecino del norte, aunque nunca confirmó la amplitud de la operación ni los datos afectados.

La denuncia llega en plena escalada de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, entre continuas amenazas, veladas o directas, del presidente Donald Trump de optar por la vía militar para poner fin al programa de armamento nuclear de Pyongyang. Este mismo fin de semana, en un tuit, el inquilino de la Casa Blanca opinó que “solo hay una cosa que funcionará” para lidiar con Corea del Norte, sin dar más detalles. Apenas unos días antes, en una reunión con mandos militares, había declarado que se trata de “la calma antes de la tormenta”, sin querer tampoco aclarar a qué se refería exactamente.

Según el Gobierno surcoreano, Pyongyang cuenta con una unidad especializada de 6.800 especialistas en ataques informáticos, algo que Corea del Norte rechaza tajantemente.

Corea del Sur, según su agencia de noticias Yonhap, ha sido víctima de diversos ciberataques norcoreanos en los últimos años. Muchos de ellos tenían como objeto el acceso a entidades y datos de páginas web oficiales.

El País