La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá acudir a declarar el próximo 26 de octubre por el presunto encubrimiento de sospechosos de terrorismo iraníes que denunció el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, días antes de aparecer muerto en circunstancias que aún se investigan.
Además de convocar a la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner, el juez Claudio Bonadio citó a otros 14 imputados, entre ellos el excanciller Héctor Timerman (2010-2015) y el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini (2003-2015), y les prohibió a todos la salida del país.
Bonadio hace así lugar a la petición del fiscal Gerardo Pollicita, que el 7 de septiembre pasado solicitó la citación de los imputados, a los que acusó de una «grave violación a los derechos humanos» por un «encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad».
Nisman, de quien todavía se desconoce si se suicidó o fue víctima de un homicidio -como sostiene su familia-, era el fiscal especial del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y sigue impune.
Cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires había denunciado a los ahora imputados al creer que un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán para investigar conjuntamente el ataque terrorista buscaba en verdad encubría a los sospechosos iraníes para favorecer el intercambio comercial, algo que la exmandataria y su entorno siempre han negado.
Entre los acusados por la Justicia argentina se encuentran varios ex altos funcionarios iraníes, como el exministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición a Argentina.
Ese acuerdo bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
«El accionar criminal denunciado (por Nisman) fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno, puntualmente por la expresidenta y el exministro, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos», remarcó Pollicita.
Es así que también fueron convocados por Bonadio el anterior jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli (2014-2015); el diputado y secretario general de La Cámpora (juventudes kirchneristas), Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona (2010-2015), el sindicalista Luis D’Elía y el dirigente político Fernando Esteche.
La Fiscalía cree que el acuerdo con Irán pretendía que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados iraníes fueran «removidas, suspendidas o morigeradas», lo que haría que las circulares rojas emitidas por Interpol para cinco de los ocho imputados «ya no tendrían razón de ser».
«Lo que revela esta acusación es que se ha terminado el Estado de derecho en la República Argentina y que los fiscales y jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada (sede del Gobierno nacional)», dijo a principios del pasado mes la exmandataria, que se considera víctima de una persecución política y judicial.
Fernández es en la actualidad candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 22 de octubre, y está acusada por la Fiscalía en varias causas y procesada en tres, dos de ellas por presuntos delitos de corrupción.
Si obtiene el apoyo en las urnas -como se estima que ocurrirá tras haber sido la más votada en su distrito en las primarias del pasado agosto-, la ex jefa de Estado obtendría fueros y evitaría ser detenida.
Desde 2015, la denuncia por encubrimiento ha pasado de ser desestimada por «inexistencia de delito» a ser reabierta a finales de 2016, cuando fue adjudicada, primero al juez Ariel Lijo y posteriormente a Bonadio, quien ya dirige otras acusaciones contra Fernández y es uno de los jueces más criticados por ella.
El magistrado la agrupó a otra, de similares características y que ya cursaba en su juzgado, en la que se investiga el delito de «traición a la patria».
Después de 23 años del ataque a la AMIA, nadie cumple condena por los hechos: solo un proceso juzga a 12 personas, entre ellas el expresidente Carlos Menem (1989-1999), por irregularidades en el primer juicio por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de la investigación y la absolución de los policías argentinos acusados.
Tradicionalmente, la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del ataque, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, que también sigue sin esclarecer.
Mientras, otra causa trata de dilucidar lo que le pasó a Nisman.
Hace dos semanas la presentación de un informe policial dio un vuelco a la investigación al asegurar que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron al fiscal. EFE
