Los anuncios realizados por el presidente de la República ante la ANC, las Leyes Constituyentes propuestas, así como las propuestas que oficialistas han asomado en materia económica, vaticinan una profundización y aceleración de la crisis económica en Venezuela.
Cuando se escuchan las propuestas oficiales y sus motivaciones, y siendo que hasta la fecha, dando un pasito para adelante y otro hacia atrás, el Gobierno ha llevado al país a eso que han denominado Socialismo del Siglo XXI o Revolución Bolivariana; de llevarse a cabo parte de lo anunciado se producirá una profundización de la crisis.
Valga tres temas para mostrar con pavor absoluto el extravío y el delirio en materia económica por parte del oficialismo:
La crisis del efectivo y del sistema de pago, y la respuesta a aplicar: “Plan de Defensa del Cono Monetario”.
La sustitución del dólar en las reservas internacionales.
La insistencia en los controles de precios.
Siendo que respecto a los dos primeros temas existennumerososespecialistas realizando observaciones, solo nos pasearemos someramente por estos. Primero se presenta el problema de pérdida de poder de compra del cono monetario, la aceleración en su circulación e insuficiencia para atender transacciones a precios cada vez mayores,motivadopor una inflación acelerándose; problema que no será atendido -según lo anunciado por el presidente de la República- atacando sus causas inflacionarias sino forzando y actuando sobre los efectos -aunque suene rocambolesco, no descartemos que todo tiene un propósito ulterior en llevarnos al Socialismo del Siglo XXI, la Planificación Central, los Controles de Precios masivos y la conculcación de la soberanía del consumidor y del uso de su salario-.Así las cosas se propone un “Plan de Defensa del Cono Monetario” y no una política anti-inflacionaria y de estabilización macroeconómica, con lo que no sólo se producirá un colapso del sistema de pago, sino del poder de compra de sueldos y salarios independientemente que se imponga un sistema de pago electrónico centralizado-más adelante hablaremos de este punto vinculándolo al control de “Precios Acordados”-. “Criminalizar” el uso del efectivo, obviamente no puede constituir una solución seria.
Segundo, una vez que se dificultan las operaciones financieras en dólares, referidas fundamentalmente a instituciones financieras y/o de financiamiento, tras las sanciones financieras de USAcontra el el Gobierno venezolano; la “respuesta”, más política-efectista que económica, que anunció el Ejecutivo Nacional es ir cambiando la denominación de las reservas internacionales yéndonos a otras monedas referentes. En esta materia, los oficialistas han asomado desde irse al Bitcoin hasta utilizar divisas de poco peso en el comercio internacional y/o de “poca” liquidez relativa a nivel mundial y convertibilidad. Destaca como alternativa respecto a este tema que oficialistas se paseen por utilizar un “dinero” no fiduciario o un activo basado en la pura confianza de un mercado incipiente en un activo intangible, como “alternativa” al dólar. Justamente el Bitcoin ha sido utilizado por liberales para querer mostrar que existe la posibilidad de “emisión” o creación de “dinero”sin que ningún banco central norme esta actividad. Sin embargo, oficialistas asoman esta posibilidad, mientras el financiamiento inorgánico en Venezuela, muestra cómo el dinero fiduciario sin una gestión monetaria y fiscal responsable, casualmente destruye su credibilidad, confianza y valor. Por otra parte, cambiar el flujo de caja en la divisa acostumbrada por nuestros mercados naturales, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, y forzar introducir monedas de difícil o nula convertibilidad lo que hará es minar la ya débil confianza sobre el valor del bolívar -ya no sólo por la poca confianza ante el crecimiento del dinero doméstico respecto al nivel de las reservas internacionales y ante la debilidad de la economía nacional, sino ahora por la “menor calidad” de la denominación de las reservas internacionales-.
Entrando en materia del tercer tema, el control de Precios Acordados merece algunas observaciones:
Primero que nada vale resaltar queparte del oficialismo reconoce lo ineficiente de los controles generalizados, del pinzamiento de márgenes, de lo contraproducente de los controles de precios según las propias palabras del presidente de la República ante la ANC al presentar la Ley Constituyente de Abastecimiento y del Sistema de Precios Acordados; y aún así se insiste en los controles de precios. Constituyentes como Camacho en un programa matutino en VTV el martes 19-09-2017 reconoce que el control de precios genera desaparición de los productos, aún así se insiste en los controles (parte de este reconocimiento es más político-táctico que por convicción y conocimiento, ya prestaremos atención a este tema más adelante).
Segundo, se insiste en el control de precios basados en costos.Recordemos que según el oficialismo el fracaso de los controles se basa en que no han podio perfeccionar un control “omnipotente y omnipresente”.
Valga aclarar primero, que los controles de precios no son una política anti-inflacionaria, y que suelen justificarse sólo en los casos de existencia de un monopolio natural, posteriormente a un debido proceso jurídico o administrativo que lo valide, porque el control de precios constituye en sí mismo una sanción previa o una limitación de las libertades económicas y de los derechos de propiedad (este tema amerita un artículo por sí solo). A pesar de las numerosas falencias de los controles de precios basados en costos y los controles de rentabilidad, el Gobierno insiste en estos. A saber sus principales problemas son:
La imperfección natural del regulador ante las asimetrías de información.
Un problema de selección adversa ante la dificultad de contar con fuentes de información independientes, no interesadas.
Un problema de riesgo moral exacerbado por la doctrina oficial sobre la definición de la rentabilidad.
Crea desincentivos a la expansión de la producción, el abastecimiento, la inversión, la innovación, y la eficiencia al generar, falsos positivos y sancionados por eficiencia y economías de escala.
Constituye un mecanismo de bajo poder de incentivo que entorpece los esfuerzos por reducir los costos.
Distorsiona la contratación de los factores productivos.
Se presta a la corrupción en la administración de los mecanismos regulatorios.
Pinza los márgenes atentando contra el abastecimiento.
Tercero, los precios no tienen por qué formarse exclusivamente basadosen costos, ni los precios basados en valor constituir materia de interés público en términos negativos. Desconocer al sistema de precios, a los precios de mercado y a los márgenes basados en mérito, innovación, calidad, diferenciación vertical y horizontal de los productos; lesiona al sistema de información, reconocimiento e incentivos en favor de proveer bienes y servicios que satisfagan de mejor forma los gustos, preferencias y las necesidades de los consumidores finales. El fracaso de las economías comunistas en esta materia fue notable y se encuentra extensamente documentado -no importa que en su sistema de amenazas y castigos se encontrará la pena de muerte, tal planificación central fracaso y mercados negros se crearon-.
Cuarto, la semanasiguiente a la presentación de la Ley Constituyente ante la ANC, esta última anunció que ya se estaban determinando e informando algunos Precios Acordados.
Estudios económicos y científicos a nivel global, muestran que el proceso regulatorioresulta de tal complejidad técnica y práctica-desde la identificación de la existencia de un monopolio natural, pasando por el inicio del diseño del proceso regulatorio y de los mecanismos regulatorios, hasta la notificación del precio regulado a la empresa-, que puede exigiral menos dos años. Incluso suele estipularse un mecanismo de solución de controversia, alrededor de ocho meses previos a la implementación del precio regulado, para aquellos casos en los que las empresas entiendan que el precio regulado resulta inapropiado, inadecuado, confiscatorio y/o expoliador. Por cierto, lo contrario no parecería ser merecedor del tilde de “Acordado” -en la medida que no exista un debido proceso regulatorio, donde sin presión, se garantice los derechos económicos y de propiedad de los empresarios; difícilmente podrá denominarse el precio como acordado-.
Quinto, se confunde la regla de reparto del valor del bien con la inflación. La determinación del peso relativo de cada renglón en la cadena de valor de un bien sobre la estructura de costos, y su eventual fijación a lo largo del tiempo, por un lado impone reglas que pudieran interferir en la relacióneficiente entre estadios complementarios entre sí que no se demandan en proporciones fijas -evitando acomodos verticales que eviten ineficiencias que indefectiblemente pasarían a la estructura de costos y a los precios finales-. Por el otro lado, los problemas de poder de mercado a lo largo de la cadena de valor, como el caso de Doble-marginalización, suelen resolverse por medio de acuerdos y contratos verticales entre privados -donde no tiene por qué intervenir el Gobierno-.
Sexto, un precio acordado lo que podría es crear rentas extracompetitivas y evitar estructuras con escalas operativas eficientes con posibilidad de pass-through hacia los precios finales en favor de los consumidores finales.
Finalmente, si el Gobierno cree que colapsando yforzandoa que el sistema de pagos en el paíspase por un sistema electrónico, biométricoo una aplicación por medio de la cual puedan aprobar, únicamente,aquellas transacciones que cumplan con los precios acordados según el peso relativo de cada renglón de la cadena de valor sobre el precio regulado y congelado, y a la par continuar con la gestión fiscal, monetaria y de gasto desordenada; tal delirio distópico generará toda una economía subterránea y entorpecerá más la actividad económica formal y la oferta primaria de bienes y servicios.
El tema de precios es secundario en una economía que no tiene acceso a insumos y a materia prima para producir, mantener el nivel de actividad económica y generar la oferta de bienes y serviciosdeseada. Los precios simplemente reflejan la enfermedad de la economía y la escasez relativa de bienes, servicios y dólares respecto a los bolívares. Pretender controlar estos precios relativos no resuelve el problema de acceso a insumos y a la materia prima; y querer pasar de una economía que llegaba a importar 65.000 MMUS$ (2012) a una autárquica -o cambiar nuestros proveedores externos vía entrega de recursos, activos y yacimientos a descuentos críticos-, sólo se intentaría a costa de una hambruna y miseria enorme, y un costo de oportunidadsimplemente innecesario.
Autor: Enrique González. Economista UCV. Profesor de Economía de la Unimet. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.
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