La exfiscal venezolana Luisa Ortega afirmó hoy que el jueves entregó al procurador general (fiscal) de México, Raúl Cervantes, «información importante» sobre delitos cometidos en Venezuela, durante una rueda de prensa con la senadora mexicana Mariana Gómez del Campo.

Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-América Latina y el Caribe del Senado, recibió hoy a Ortega, a quien expresó su solidaridad por la «persecución política» en su contra por parte del Gobierno de su país.

«Nosotros, desde México, repudiamos la persecución política de la que está siendo presa ella y su familia, condenamos argumentos turbios y amañados de los que se le acusa de un supuesto fraude en Venezuela. No podemos dejarlo de expresar desde aquí», dijo la senadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Gómez del Campo afirmó que Ortega «es una mujer valiente, que ha defendido a los venezolanos, que se atrevió a levantar la voz», situación que no es fácil en un país «donde los derechos humanos no son respetados, las libertades tampoco, donde la democracia desafortunadamente ha sido aplastada en los últimos años».

Expresó a la exfiscal venezolana que cuenta con el respaldo del Senado mexicano, de la Procuraduría General de la República (fiscalía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores como órganos que están permanentemente pugnando por la legalidad y por la democracia en América Latina.

La legisladora pidió a las naciones de la región sumarse «a estos esfuerzos para fortalecer la democracia y combatir de todas las formas las violaciones permanentes a los derechos humanos».

Por su parte, la exfiscal aseguró que la justicia en Venezuela está negada porque se perdieron el Estado de derecho, la democracia y las libertades.

«Mi país, mi pueblo, en este momento sufre una serie de problemas, una grave crisis de alimentos, de salud, de inseguridad. Yo estoy en el mundo también denunciando esos hechos», manifestó.

Señaló que sus actividades por México, donde ayer se reunió con el procurador Cervantes, tienen el propósito de abordar el tema de los derechos humanos, «un grave problema que tenemos en Venezuela».

«Fundamentalmente vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República, a quien le entregué alguna información importante relacionada con unas investigaciones que cursan tanto en Venezuela y que pueden ser del interés de este país, pero que de acuerdo a las conversaciones que sostuve con él no puedo revelar mayor información», expuso.

Sin embargo, confió en que, «de acuerdo a las conversaciones sostenidas y a los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención de Palermo, pudiéramos pronto tener respuesta en torno a los delitos que se cometen en Venezuela y que es imposible que se obtenga justicia».

El pasado 23 de agosto en Brasilia, la exfiscal afirmó que tiene «muchas» pruebas de corrupción contra los principales dirigentes oficialistas y el presidente venezolano Nicolás Maduro, que entregará a otros países para que las investiguen.

«Tengo pruebas en el caso Odebretch que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros», afirmó Ortega en la capital brasileña, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de «corrupción desmedida» en Venezuela.

Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer «actos inmorales» y señaló a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Tras la acusación de la ANC, Ortega abandonó Venezuela y viajó inicialmente hacia Colombia.

Este jueves, el nuevo fiscal de Venezuela, Tarek Saab, acusó a su antecesora de ser cómplice de un presunto desfalco a la nación de al menos 200 millones de dólares en contrataciones de la estatal petrolera PDVSA.

EFE

El militar de la Policía Aérea de la Fuerza Armada que disparó meses atrás a un manifestante durante una protesta frente a una base militar en Caracas fue detenido hoy, informó el fiscal general venezolano, Tarek Saab.

El «presunto homicida de David Vallenilla ya se encuentra preso en DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en presencia de fiscales del Ministerio Público a la orden de la justicia», informó Saab a través de Twitter.

El pasado 22 de junio el ministro del Interior había dicho que el sargento responsable de esta muerte ya había sido identificado, y que pertenecía a la Policía Aérea que custodia la base aérea.

Señaló, además, que el militar había sido «sometido a los procesos de ley para la aplicación de la Justicia».

Vallenilla fue una de las más de cien personas que murieron en las protestas antigubernamentales registradas durante cuatro meses.

El joven, de 22 años, recibió varios disparos a quemarropa en el pecho de un miembro de la Aviación venezolana durante un enfrentamiento entre manifestantes y militares.

Según comprobó Efe en el lugar de los hechos, un funcionario militar disparó al menos dos veces con un fusil empleado para lanzar perdigones a escasa distancia de la víctima.

En ese lugar se registraban enfrentamientos entre grupos de manifestantes y policías después de que una protesta antigubernamental en la que participaban cientos de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro fuese dispersada con gases lacrimógenos y perdigones de goma.

Una comisión de la verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente anunció recientemente que atendería de forma prioritaria los casos de aquellos funcionarios con «responsabilidad individual» en la muerte de manifestantes.

David Vallenilla, el padre del joven con el mismo nombre, aseguró hoy que fue jefe del actual presidente, Nicolás Maduro, cuando este era chófer de autobuses en el servicio de transporte Metro de Caracas y le pidió públicamente a través de los medios que la muerte de su hijo no quedase impune.

«Yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás, por favor. No era malandro (delincuente), era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, (soy) David Vallenilla, fui tu jefe», dijo a los medios desde la morgue en la que se encontraba el cuerpo de su hijo en Caracas.

La actuación excesiva de los cuerpos de seguridad en el control de esas manifestaciones fue una de las mayores denuncias de los opositores durante las protestas, señalamientos desconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro que en cambio felicitó la actuación de la Fuerza Armada en general.

EFE

Lilian Tintori de López, activista de derechos humanos aseguró que el gobierno nacional insiste en «desprestigiar y atacar» la lucha por la libertad, tras impedirle su salida del país este sábado.

«El régimen quiere montar una olla para detener el trabajo internacional que tenemos años haciendo, pero no lo van a lograr, no nos van a callar, no pueden apagar las voces de 30 millones de venezolanos», expresó Tintori.

De igual forma, destacó «que es indetenible que el mundo sepa lo que pasa en Venezuela, no pueden apagar nuestra voz, ni la cárcel, ni la casa por cárcel, ni la prohibición de la salida del país va a apagar la voz de Venezuela, ni va a apagar la mía».

Tras la denuncia de Tintori desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, el presidente español Mariano Rajoy, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, quienes recibirían a Tintori, se pronunciaron en contra de la medida de prohibición de salida en contra de la activista de derechos humanos venezolana.

Finalmente, la esposa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López informó que dicha agenda estaba planificada desde hace dos meses «para continuar la lucha internacional y seguir denunciando que en Venezuela hay dictadura, que se violan sistemáticamente los DDHH, que hay 590 presos políticos, y que hay crisis humanitaria».

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