Más de 30.000 desaparecidos hay en México desde que comenzó la llamada «guerra contra el narco»; la situación se ha agravado durante el actual gobierno, con la participación del Ejército y la Policía.
Hace seis años que desapareció el hijo de Luz Mari Duran, que maneja un vivero en el estado de Nuevo León, en el norte de México. Su hijo Israel fue a entregar un pedido de plantas a domicilio. El hermano del joven fue testigo de cómo era seguido por una patrulla policial, detenido y subido a un vehículo particular. Su familia se dirigió a la policía, pero no había ningún registro bajo su nombre. La búsqueda ha sido inútil y su madre se pregunta entre sollozos: «¿Dónde está? Según las investigaciones, dicen que los narcos le quitaron la vida, que lo cocinaron, pero yo tengo la esperanza de que siga vivo», dice.
El testimonio es parte de un reportaje multimedia que dedicó la organización católica alemana Misereor al problema de los desaparecidos en México. En su página internet, dirigida a un público alemán, la organización muestra en una gráfica el número de desaparecidos que hay en el país, estado por estado, y aborda el problema con entrevistas con expertos.
El director de la organización, Pirmin Spiegel, afirma en un comunicado que «la política del actual Gobierno no hace nada para mejorar la situación, al contrario, el Ejército y la Policía son responsables de graves violaciones de los derechos humanos en México». La organización atribuye una tercera parte de las desapariciones en el país latinoamericano a las fuerzas de seguridad.
Le puede tocar a cualquiera
Desde que en 2006 el entonces presidente, Felipe Calderón (PAN), iniciara la llamada «guerra contra el narco» más de 30.000 personas son consideradas oficialmente como desaparecidas. Pero, según las estimaciones de la ONU, la cifra podría ser muy superior.
«La lucha contra el narcotráfico sirve de pretexto y le puede tocar a cualquiera. La mayoría de los desaparecidos son jóvenes varones, pero las víctimas también son mujeres que son abusadas y obligadas a prostituirse, son migrantes, periodistas y activistas. Son secuestrados, detenidos arbitrariamente, torturados y ejecutados. Incluso policías y funcionarios públicos pueden ser víctimas si están del lado equivocado», afirma por su parte Catharina Köhler, responsable para México de Misereor.
«Los familiares son estigmatizados y abandonados por el Estado, pues las autoridades no reconocen la detención de las víctimas. Incluso habiendo pruebas, los responsables de esos crímenes rara vez son procesados. Un 5% de los casos concluyen en una condena», afirma Köhler.
Sin cadáver no hay delito
La organización recuerda que cuando se desaparece un cádaver en ácido o se quema, se evita la Justicia, pues las autoridades argumentan que sin cadáver no hay delito. «Se estima que en México desaparecen entre 10 y 13 personas al día». La organización alemana acompaña y respalda el trabajo de organizaciones mexicanas como CADHAC, que, desde hace dos décadas, apoya a familiares de víctimas de desapariciones forzadas. También respalda organizaciones que apoyan a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
«Ahí también vemos que no hay avances, no se quieren abrir nuevas líneas de investigación, pese a la presión internacional», afirma Köhler. La analista se muestra convencida de que el principal obstáculo es la falta de voluntad política para investigar y esclarecer el paradero de los desaparecidos, con lo que se perpetúa la impunidad.
La organización alemana lanzó una campaña de donaciones para apoyar a las organizaciones en México, cuyos activistas hacen su trabajo arriesgando su vida.
Masacres de Tamaulipas y Allende, Coahuila
El politólogo del Colegio de México Sergio Aguayo, que ha dedicado 40 años al estudio sobre la violencia en México, publicó en 2015 los resultados de una investigación sobre dos masacres que conmovieron a la sociedad mexicana. En San Fernando, Tamaulipas, el cártel de los Zetas asesinó en 2010 a 72 migrantes, la mayoría centroamericanos. En 2011, la misma organización criminal masacró a una comunidad entera, unas 300 personas, en Allende, en el estado de Coahuila. Ambos casos siguen impunes. Las reacciones a la investigación titulada «El desamparo» han sido muy diversas.
«En México no tenemos un Estado homogéneo sino que está fracturado y por eso una parte de ese Estado considera que es necesario enfrentar la violencia y que para entenderla hay que dar información a los investigadores», afirma. Así explica el politólogo el hecho de que el gobierno del estado de Coahuila le haya permitido acceder a los archivos judiciales.
Corrupción política: caso Moreira
Pero también ha habido reacciones negativas. El que fuera gobernador de Coahuila entre 2006 y 2010, Humberto Moreira, político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), formación que ha gobernado esa entidad en el norte de México ininterrumpidamente desde 1929, interpuso una demanda contra Aguayo por 10 millones de dólares por daño moral. El político, que fue detenido en España acusado de lavado de dinero en enero de 2016, no ha sido investigado por la Justicia mexicana.
Aguayo afirma que no hay políticas de Estado para enfrentar el problema de la violencia. «Hay una estrategia de detener a grandes capos y fragmentar a cárteles, pero eso no significa que se esté conteniendo la violencia extrema. Para eso es necesario una política integral y regional que no tenemos».
Cárteles pequeños y extraordinariamente violentos
El politólogo sostiene que en 2009 había en México 9 grandes cárteles. «La consultora Lantia, que hace un monitoreo muy cercano, estima en 250 el número de cárteles fragmentados. Cada cartelito reacciona a la idiosincracia de cada uno de los jefes de plaza. Son muy verticales y muy personalistas los pequeños cárteles, a diferencia de los grandes, que tenían una metodología más elaborada». El politólogo advierte sobre el alto costo social causado por cárteles muy pequeños, pero extraordinariamente violentos.
Aguayo cree que las arterias que alimentan la violencia son múltiples y no se enfrentará eficazmente mientras no se imponga un Estado de Derecho, se combata la corrupción, se acabe con la impunidad y se obtenga la colaboración de Estados Unidos, que no hace nada para frenar el contrabando de armas o de lavado de dinero. «Trump nos acusa de ser los causantes de sus problemas, y por supuesto que México juega un papel, pero es ofensivo que se niegue a reconocer que Estados Unidos ha sido una de las arterias que más han alimentado la violencia en México».
Espectador
María L. Espinoza
