De todos los acuerdos comerciales que fustigó durante su campaña electoral, diciendo que son dañinos para los trabajadores estadounidenses, Donald Trump reservó su mayor desdén para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

El Tlcan con México y Canadá fue «el peor acuerdo comercial de la historia», declaró Trump cuando era el candidato presidencial. Acusó al pacto de elevar el déficit comercial de Estados Unidos con México, de haber hecho que muchas fábricas de mudaran a su vecino del sur y con ello haber eliminado empleos estadounidenses, señaló AP.

Trump prometió renegociar el tratado que entró en vigor hace 23 años o de plano abandonarlo. Ahora llegó el momento. El miércoles comenzarán cinco días de conversaciones para reformar el Tlcan. Las negociaciones empezarán primero en Washington y luego seguirán en México y Canadá.

Estados Unidos jamás ha intentado reformar un acuerdo comercial de gran envergadura, por lo que los analistas no saben con certeza qué esperar de las conversaciones.

Sin embargo, está claro que para los funcionarios comerciales de Estados Unidos será difícil cumplir las promesas de campaña de Trump. Una nueva versión del Tlcan necesitaría la aprobación del Congreso, que está dividido, y un Tlcan modificado no ofrece la certeza de lograr lo que esperan Trump y sus partidarios: el regreso de millones de empleos a las fábricas de Estados Unidos.

Los economistas y analistas comerciales dicen que sí es posible mejorar el Tlcan, que eliminó la mayoría de las barreras comerciales entre los tres países. Uno de los campos más prometedores para actualizarlo es para reflejar el crecimiento de la economía digital.

No obstante, una reformulación tecnocrática difícilmente satisfará a los partidarios de Trump y los detractores del Tlcan, que buscan una reformulación tal del acuerdo que reduzca el déficit comercial estadounidenses y lleve empleos a Estados Unidos.

«Perdemos muchas ventas», alega Jason Brochu, copresidente de la firma Pleasant River Lumber en Dover-Foxcroft, Maine.
Una estrategia más asertiva y dinámica -por ejemplo, exigir que los productos que califiquen para estatus libre de impuestos del Tlcan tengan más contenido hecho en Estados Unidos- conlleva el riesgo de privar a los estadounidenses de algunos beneficios que el acuerdo les ha ofrecido.

Los agricultores estadounidenses, temen perder el acceso casi irrestricto que tienen ahora al mercado mexicano. Muchas empresas de manufactura han creado líneas de suministro que atraviesan las fronteras y temen perder sus inversiones. Si Estados Unidos decide alzar sus barreras comerciales, Canadá y México seguramente tomarán represalias.

Además, el tiempo corre. El próximo año hay elecciones presidenciales en México y elecciones legislativas en Estados Unidos. Renegociar un acuerdo tan complicado será sumamente difícil en medio de una intensa retórica electoral.

El mes pasado, el gobierno de Trump enumeró sus objetivos para la renegociación y algunos ya se han topado con férrea resistencia de México y Canadá.

Por ejemplo, Washington irritó a Canadá al decir que desea eliminar un mecanismo de resolución de disputas establecido bajo el Tlcan. El mecanismo le permite a México y Canadá apelar decisiones desfavorables emitidas por tribunales y agencias comerciales estadounidenses. Actualmente pueden apelar a paneles establecidos por el Tlcan, formados por cinco integrantes: dos de cada país de la disputa y uno que se alternaría entre ellos. Las decisiones de tales comisiones son obligatorias.

Sin embargo, el problema es que esas comisiones tienen la reputación de volcar las decisiones comerciales estadounidenses, como pasó con la disputa sobre la madera canadiense. Estados Unidos se queja de que Canadá subsidia a su industria maderera, con lo que su producto se hace artificialmente barato en el mercado estadounidense.

«No es justo que la madera subsidiada llegue sin control», agrega. Los fallos de las comisiones, dice, carecen de «un proceso apropiado de resolución de disputas». Dice que le gustaría que sean eliminadas.

Esa idea levanta ámpulas en Ottawa. Antes de que pudieran confiar en las comisiones, los canadienses «sentían que no estaban recibiendo una salida justa» en los tribunales y los procedimientos administrativos estadounidenses, afirma Daniel Ujczo, un abogado comercial para Dickson Wright en Columbus, Ohio. «Ellos ven (las comisiones) como algo que se ganaron».

Estados Unidos también busca más margen de acción para imponerle aranceles a las importaciones que dañan a la industria estadounidense. Por ahora, el Tlcan limita la capacidad de Estados Unidos de usar ese poder en casos que involucren a Canadá y México. Si Estados Unidos impone aranceles a las exportaciones de sus vecinos, ¿Canadá y México tomarán represalias aplicándole sus propios aranceles a las importaciones estadounidenses?

En otro intento por asegurar que las renovaciones al pacto favorezcan a la manufactura estadounidense, el gobierno de Trump quiere reglas más estrictas para exigir que los bienes que califiquen para los beneficios del Tlcan se realicen principalmente dentro del bloque de libre comercio de los tres países y que no incluyan demasiados componentes de cualquier otro país.

Sin embargo, la industria manufacturera, que ha construido cadenas de suministro que cruzan las fronteras del Tlcan, teme que los cambios al Tlcan interrumpan sus operaciones.

Por ejemplo, Magna International -un proveedor de la industria automovilística con sede en Aurora, Ontario- tiene 55 fábricas en Estados Unidos, 50 en Canadá y 30 en México. Sus productos, como partes para los asientos de un automóvil, pueden cruzar las fronteras del Tlcan cinco o seis veces. Si tuvieran que pagar aranceles con cada cruce fronterizo o hacer papeleo para demostrar dónde se originaron las partes, los costos de Magna aumentarían.

Si una revisión del Tlcan eleva los costos, «al final ese costo va a llegar a usted, usted, el consumidor final», asegura Scott Paradise, un ejecutivo sénior en Magna.

Después de todo, los consumidores estadounidenses se han beneficiado de coches pequeños de bajo costo construidos al sur de la frontera.

La renegociación del Tlcan es parte de los planes del gobierno de Trump para restaurar algunos de los 7 millones de empleos en fábricas que Estados Unidos ha perdido desde que el mercado laboral manufacturero de Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 1979. El Tlcan atrajo a muchos fabricantes a México, donde aprovecharon la mano de obra más barata.

Pero Matthew Gold, un exfuncionario comercial estadounidense que da clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, cree que los robots y la competencia de China han jugado un papel más importante en la eliminación de empleos en las fábricas estadounidenses.

«Nada en la renegociación del Tlcan traerá de vuelta esas decenas de miles de empleos fabriles que Estados Unidos perdió ante la automatización y el comercio con China en los años transcurridos desde que entramos en el Tlcan», agregó. «Aunque esta renegociación mejorará el Tlcan, será una gran decepción para quienes creen que verán un beneficio en sus vidas».

El Universal

María L. Espinoza

Este miércoles expertos en Derechos Humanos de la ONU advirtieron que el racismo y la xenofobia va en aumento en Estados Unidos, además que catalogaron los episodios del fin de semana en Charlottesville como prueba de esta tendencia.

«Estamos alarmados por la proliferación y prominencia que han ganado los grupos que promueven el racismo y el odio. Actos y discursos de este tipo deben ser condenados sin medias tintas, y los crímenes de odio investigados y sus autores sancionados», citó el comunicado de los expertos en Ginebra.

Por otra parte, el relator de la ONU contra las formas contemporáneas de racismo, Mutuma Ruteere, alertó sobre la presencia en Estados Unidos de afrofobía, preocupación que también manifestaron los presidentes del grupo de trabajo sobre pueblos africanos, Sabelo Gumedze; y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Anastasia Crickley.

En el caso de Charlottesville los expertos hicieron énfasis en que los manifestantes de extrema derecha lanzaron consignas contra personas negras e inmigrantes y de corte antisemita.

Recordaron que han sucedido episodios similares recientemente en California, Oregón, Nueva Orleans y Kentucky, «lo que demuestra la extensión geográfica del problema».

«El Gobierno debe adoptar todas las medidas efectivas de forma urgente para controlar las manifestaciones que incitan a la violencia racial y entender cómo éstas afectan la cohesión social», señalaron.

Globovision

María L. Espinoza

Aunque es difícil precisar una cifra, se sabe que el número de inmigrantes que están saliendo del país ha aumentado en los últimos años.

Según datos del 2015 del Pew Research Center, con sede en Washington, basados en informes de Naciones Unidas, que incluye información sobre todo aquel que haya vivido por más de un año en otro país, Italia comparte con Colombia el tercer puesto de países con más inmigrantes venezolanos (50.000cada uno), detrás de España (con 150.000) y Estados Unidos (con 200.000).

La cifra es considerablemente mayor a la registrada en el año 2000, cuando eran 10.000 los venezolanos en Italia. Y es posible que aumente dada la reciente oleada migratoria.

-Sangre italiana en el Caribe

Tal como sucedió en varios países de Sudamérica, desde la llamada entreguerra europea miles de inmigrantes italianos eligieron Venezuela como destino.

Algunos porque encontraron allí un salvavidas contra la pobreza y otros como trabajadores temporales de la industria petrolera (sobre todo durante los «boom» petroleros de las décadas del 50 y 70).

Sus huellas en la sociedad venezolana son muchas y profundas. Tal vez la más curiosa es que Venezuela es el segundo país con mayor consumo de pasta per cápita del mundo, detrás de Italia, por supuesto.

Así lo indican los datos del 2011 de la Organización Internacional de la Pasta (IPO), los últimos que se conocen.

Pero además, aquellos inmigrantes dejaron su ADN.

«Estimamos que hay 2 millones de descendientes de italianos en Venezuela», le explica a BBC Mundo el primer secretario Lorenzo Solinas, encargado de prensa de la Embajada de Italia en Caracas.

Buena parte de estos descendientes -«no todos», se apresura a aclarar Solinas- tienen derecho a la ciudadanía, dado que Italia se rige por el criterio jurídico Ius sanguinis -derecho de sangre, en latín-, por el cual la ciudadanía se concede por filiación biológica o adoptiva, independientemente del lugar del nacimiento.

Sólo entre 2013 y julio de 2017, Italia concedió 17.572 ciudadanías por Ius sanguinis, según datos proporcionados por su representación diplomática.

2001

María L. Espinoza

“Nuestra convicción de paz es tan grande que estamos dispuestos a desafiar todos los peligros que puedan acecharnos a partir de ahora. Por eso, temor no sentimos al entregar nuestras armas. Confiamos en la seguridad que nos debe prestar el Estado, a pesar de saber que es bastante deficiente”. Las palabras son de Milton de Jesús Toncel Redondo, mejor conocido como Joaquín Gómez, integrante del Secretariado de las Farc. Fue comandante del Bloque Sur y habla desde su tierra natal, La Guajira, donde ayer, formalmente, esa guerrilla se declaró en civilidad ante la única certeza de que, en este momento, no queda una sola arma en su poder.

Desde la zona veredal del corregimiento de Pondores, en el municipio de Fonseca, la Misión de Observación de la ONU constató que el último contenedor con el armamento que estuvo en poder de la guerrilla en estos más de 50 años de conflicto partió con rumbo desconocido. En realidad, es hacia una bodega ubicada en algún lugar del centro del país, donde comenzará el proceso de fundición del armamento para convertirlo en tres monumentos que, como se sabe, estarán ubicados en la misma sede de la ONU en Nueva York; en La Habana (Cuba) y en Colombia. Pero el momento y el sitio no son casuales. Como en todo, los ciclos que se cierran parecieran terminar donde arrancaron y Pondores es, desde ahora, el lugar que simbolizará la primera y la última marcha de las Farc.

José Díaz, un mexicano que ronda los 50 años, fue el encargado, como miembro de la Misión de la ONU, de decirle al presidente Juan Manuel Santos que el único armamento que quedaba en la zona veredal, sitio que ahora pasa a ser Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, era el que estaban sirviendo como munición para brindar seguridad a los campamentos donde permanecen las Farc. “Hoy es el último suspiro de ese conflicto. Comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, donde todos tenemos que construir la paz. Hoy terminan el cese al fuego, la dejación de armas y la primera Misión de la ONU. Lo imposible se hizo posible”, dijo el jefe de Estado.

Pero lo que viene, inevitablemente, representará más retos que el propio proceso de negociación. Especialmente porque los miembros del Secretariado de las Farc aún se sienten amenazados por los grupos de bandas criminales, conocidos como reductos del paramilitarismo. No en vano, Iván Márquez, exjefe de la delegación de paz de la guerrilla en los diálogos de Cuba, aprovechando los micrófonos que le abrió el Canal Institucional, se encargó de recordarle al Gobierno los recientes asesinatos perpetrados contra los miembros de la organización y familiares, exigiendo mayores garantías en el proceso de reincorporación. Tarea que, desde septiembre, tendrá a cargo la segunda Misión de la ONU, que estará en Colombia por un año, como mínimo, verificando precisamente ese tránsito de los antes subversivos a la sociedad.

“Queremos que la implementación del Acuerdo no vaya a quedar inconclusa, como quedaron las zonas veredales. Creemos en la palabra del presidente”, señaló Márquez. Por eso, anunció que comenzarán, como grupo en tránsito hacia la vida política, a cimentar las bases del partido que crearán y cuyo nombre por fin se hizo oficial: Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, lo cual les permite mantener la sigla de Farc. “No queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria. Queremos ser la voz de los excluidos, de los sin voz, de los que viven en la miseria, la voz de la gente honesta y buena de Colombia”, fue el argumento de Márquez, que en un discurso con tinte político afirmó que buscarán fortalecer una convergencia política que les garantice hacerse al Poder Ejecutivo en 2018.

Pero, en ese tránsito, ¿cómo funcionará la seguridad? El presidente Santos explicó que existirán dos grupos de la Fuerza Pública que tendrán la tarea exclusiva de proteger a las comunidades en donde permanezcan las Farc. Por el lado de las Fuerzas Militares, 240 uniformados conformarán el grupo denominado Carpa Azul, que consiste en un puesto de mando ubicado en cada zona de reincorporación de los excombatientes y que trabajarán de manera mancomunada con integrantes de la Policía Nacional. Dicha institución, por su parte, creó la estrategia denominada Irene, con 170 efectivos de la Policía, que se convertirá en la punta de lanza del sistema integrado de seguridad rural, compuesto por las unidades básicas de carabineros. Y está el Plan Victoria, con cerca de 85 mil miembros de la Fuerza Pública desplegados en aquellos territorios que están siendo dejados por las Farc.

Al entregar el balance, el jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, reveló que hasta la fecha se han contabilizado 8.112 armas, casi un millón 300 mil cartuchos incinerados, 293.803 municiones de diferente calibre de armas ligeras, 22 toneladas de explosivos diversos, 25.216 metros de cordón detonante y mecha lenta, 3.957 granadas de mano y de 40 mm, 1.846 minas antipersonales, 27.282 iniciadores o estopines y 1.130 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes. Asimismo, a la fecha han sido extraídas exitosamente 510 caletas. “Quiero reportar que hoy se concluye la destrucción de todo el material inestable que se ha encontrado en los 26 campamentos, incluyendo minas antipersonales, granadas, explosivos, entre otros”, añadió.

El proceso de desarme de las Farc se realizó por medio de 16 operaciones aeroterrestres, 10 operaciones terrestres, más de 50 horas de vuelo de los tres helicópteros de las Naciones Unidas y la colaboración de las Farc y la Fuerza Pública. Las armas están siendo trasladadas a una bodega en el centro del país, en el departamento de Cundinamarca, donde se procederá a su incineración para convertirlas en materia primera de los tres monumentos a la paz que se construirán. “Nos queda el desafío de terminar con la extracción de las caletas que faltan. Quedan 15 días para terminar y acercarnos a las 800. Están en lugares de difícil acceso, con problemas de seguridad, pero estamos comprometidos a hacerlo”, concluyó el general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de los observadores de la ONU.

El Espectador

María L. Espinoza