El canciller chileno, Heraldo Muñoz, confirmó hoy que otro magistrado venezolano ingresó a la residencia del embajador de Chile en Caracas, solicitando «protección», con lo que ya suman seis las personas «refugiadas» en el lugar.
El jefe de la diplomacia chilena escribió en su cuenta oficial de Twitter «Ingreso a residencia en Caracas abogado Luis Marcano solicitando protección de Chile. Con él ya son 6 personas refugiadas en EmbaChile».
En tanto, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisó que Marcano Salazar, designado como magistrado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN-Parlamento), de mayoría opositora, ingresó este jueves a la residencia del embajador de Chile en Caracas «en busca de protección, siéndole otorgada la calidad de huésped».
El texto indica que «Marcano Salazar ha solicitado la protección de Chile fundada en circunstancias políticas conocidas. El Gobierno de Chile actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior».
Subraya el comunicado de Cancillería que con este ingreso, la residencia del embajador en Caracas mantiene a seis ciudadanos venezolanos en calidad de huéspedes.
«El Gobierno de Chile reafirma la urgente necesidad de iniciar una negociación creíble y aceptable para todas las partes involucradas, que permita salir de la crisis que vive el hermano pueblo venezolano», concluye el comunicado.
Al interior de la residencia se encuentran Zuleima del Valle González, uno de los 33 magistrados designados por el Parlamento, el pasado 21 de julio, para integrar el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
También se encuentran en calidad de «huéspedes» los magistrados Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenis del Valle Rodríguez. Todos ellos ingresaron en los últimos días a la residencia diplomática.
Una sexta persona, el dirigente nacional del partido socialcristiano de Venezuela, Copei, Roberto Enríquez, se encuentra desde el pasado abril en esa misma situación.
El canciller chileno ha demandado en la red social la «solidaridad de otras embajadas amigas».
El 21 de julio pasado, la oposición venezolana aprobó las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo, por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Estos jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015.
Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el Supremo advirtió a los recién nombrados que estaban incurriendo en «delitos de traición a la patria» contemplados por la justicia militar y pidió asimismo «medidas de coerción» contra todos los que participaron en los supuestos delitos.
ET
Por Confirmado Massiel Bravo
