Aquellos que llevan diarios o hacen constantes anotaciones de los hechos venezolanos, deben subrayar esta fecha en sus registros: viernes 21 de julio de 2017. Ese día, el Instituto Casla, cuya directora ejecutiva es la abogada venezolana Tamara Suju, consignó ante la Corte Penal Internacional denuncias que implican a 57 personas, señalados por su responsabilidad en delitos de tortura, desde el 1° de abril –otra fecha imprescindible del calendario 2017–, día en que comenzaron las protestas que han continuado, sin cese, hasta hoy, y que continuarán en los próximos tiempos.
La labor incansable y rigurosa de Tamara Suju –por cierto, aprovecharé este artículo para sumarme al amplio reconocimiento que el equipo del Foro Penal Venezolano merece por su constante seguimiento y apoyo a los presos políticos en Venezuela– ha demostrado que los mecanismos de represión y torturas no son accidentales. No son el producto de errores o falta de control por parte de los ejecutantes. Son el resultado de unos lineamientos que se repiten una y otra vez. Se dispara, se mata y se tortura siguiendo unos patrones. Una política de Estado. En un reportaje publicado por el diario ABC se leen palabras inequívocas: se trata de una política de Estado que tiene el objetivo “de mantenerse en el poder, usando los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en Venezuela”.
Esa política de Estado, ahora mismo en uso creciente, se basa en prácticas como hacer tragar polvos tóxicos provenientes de las bombas lacrimógenas, a través de distintas maneras: aplicándolo sobre los ojos, llenando el aire de tóxicos en espacios cerrados, metiendo la cabeza de los detenidos en bolsas plásticas que contienen esas sustancias. Violencia de tipo sexual, verbal y física, que incluye la violación de hombres y mujeres detenidas con tubos metálicos. Sesiones de golpizas con culatas y con otros objetos sólidos, en la cabeza, los genitales y distintas partes del torso. De hecho, el pasado jueves se anunció el fallecimiento de una persona que, mientras era torturada, recibió golpes en la cabeza.
La lista de las acciones de violencia desproporcionada, de ataques feroces y cargados de perversidad, es innumerable. Se han colgado a los presos por los brazos o los pies, como en las dictaduras del Cono Sur. Se han aplicado descargas eléctricas. Se ha obligado a detenidos a comer excrementos y gusanos. Se les ha obligado, a fuerza de golpes, a vestirse con ropas llenas de excrementos y otras inmundicias. El uso de los excrementos como arma y herramienta de tortura por parte del chavismo-madurismo guarda significados que, personas expertas, seguramente pueden explicar con propiedad.
Se dispara a los edificios. Se allanan viviendas sin orden ni justificación alguna. En esos procedimientos, del todo ilegales, roban: los funcionarios actúan como bandas de saqueo. Golpean a personas mayores, sin restricción alguna. Se usan tanquetas para destruir las instalaciones comunes de edificios y urbanizaciones. Se dispara a mansalva y se mata a diario. De hecho, en los últimos días ha aumentado la letalidad de los ataques a los ciudadanos, tanto a los que protestan como a los que no.
Esta sistematicidad remite a las cadenas de mando: ascienden hasta las altas autoridades de la GNB y la PNB, al ministro de la Defensa, a los miembros del autodenominado Comando Antigolpe, al vicepresidente y al presidente, además de otros funcionarios que son cómplices, de distintas maneras. Estos 57 denunciados tendrán que enfrentar delitos que tienen un carácter universal, que no prescriben y que pueden ser perseguidos en casi todo el planeta.
La del Instituto Casla no es la única iniciativa en curso. Luis Almagro, secretario general de la OEA, acaba de designar a Luis Moreno Ocampo, asesor especial en temas de crímenes de lesa humanidad, con foco en las violaciones cometidas en Venezuela. Las palabras de Almagro no admiten dudas sobre la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo: “Los ciudadanos de Venezuela viven aterrorizados. Y el terror se origina en el Estado a partir de una estrategia deliberada, metódica y sistemática. Si el régimen quiere encarcelar, encarcela. Si dispone torturar, tortura. Si decide asesinar, asesina. Si quieren proceder con fuerzas regulares o por medio de fuerzas paramilitares, da igual”.
No se trata de pronósticos sino de evidencias y procesos que arrojarán resultados: pagarán por esos delitos. El lector puede tenerlo por seguro.
Miguel Henrique Otero
Editorial de El Nacional
