La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy que Venezuela prohíba la entrada al periodista argentino Jorge Lanata, quien viajó a ese país para cubrir la elección de este domingo de la Asamblea Constituyente.

 

 

El organismo consideró la medida contra el conductor del programa “Periodismo para Todos”, que se emite en Argentina por el canal 13, como “una grave obstrucción al trabajo periodístico y evidencia la cultura de censura oficial”.

 

 

De acuerdo con una nota de la SIP, el periodista viajó a Caracas, junto a la productora Martina Perdiguero y un camarógrafo, y fueron detenidos en el aeropuerto de la capital venezolana por un oficial de Migración, quien negó el ingreso a Lanata y a la productora.

 

 

El agente “les notificó que serían deportados del país por no contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) para ejercer el periodismo en Venezuela”, según la SIP.

 

 

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, condenó “esta intimidación contra la prensa” que vulnera diversos acuerdos sobre la libertad de expresión.

 

 

“Es contraria al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la jurisprudencia internacional, a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y a la Declaración de Chapultepec, todas referidas al libre flujo de la información y el libre ejercicio de la actividad periodística sin restricciones de fronteras ni exigencias de permisos especiales”, añadió.

 

 

Rock, también director del portal mexicano La Silla Rota, agregó en la nota que la prohibición “es una muestra adicional de la falta de tolerancia del Gobierno de Venezuela que aplica con saña la censura oficial”.

 

 

Tal como da cuenta el organismo, en octubre de 2012 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela incomunicaron a Lanata durante dos horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, poco antes de abordar un avión de regreso a su país.

 

 

El reconocido periodista argentino había viajado a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales y en la terminal aérea fue interrogado y acusado de “espionaje”.

 

 

La SIP denunció a su vez que en abril pasado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) suspendiera las señales de los canales TodoNoticias de Argentina y El Tiempo Televisión de Colombia, al igual que ha hecho con los canales RCTV, NTN24, CNN en Español y numerosas páginas de internet.EFE

 

 

El Ministerio Público confirmó el asesinato de 5 personas entre el miércoles y el jueves, incluidos dos menores de edad, durante la represión de los cuerpos de seguridad contra el paro cívico y trancazo convocado por la oposición. El número de muertes registradas por el Ministerio Público desde el 1° de abril se ubicaba en 107 hasta las 5:00 pm de ayer.

 

 

 

 

El miércoles el alcalde de Mérida, Carlos García (PJ), confirmó el asesinato de Rafael Antonio Vergara, de 30 años de edad. El hecho se registró a media tarde en el sector Los Molinos, en Ejido, cuando Vergara participaba en la protesta. De acuerdo con García, civiles armados progobierno actuaban impunemente en la zona, además de funcionarios de la GNB. El diputado José Manuel Olivares (PJ) precisó que Vergara recibió un disparo de perdigón a quemarropa en el abdomen. El Ministerio Público designó al fiscal 13° de Mérida para investigar el caso.

 

 

 

 

Pocas horas después García confirmó el asesinato de otro merideño, esta vez en Timotes. Se trataba Enderson Caldera, de 23 años de edad, cuando participaba en las manifestaciones antigubernamentales. También fue herido por arma de fuego. El mismo fiscal 13° de Mérida fue asignado para indagar este crimen.

 

 

 

 

Ya el miércoles en la noche el Ministerio Público confirmó la muerte Juan Carlos Aponte, de 16 años de edad, y designó al fiscal 104° de Caracas para este caso. El adolescente fue asesinado con un impacto de arma de fuego poco antes de las 9:00 de la noche cuando participaba en un tra

El Ministerio Público confirmó el asesinato de 5 personas entre el miércoles y el jueves, incluidos dos menores de edad, durante la represión de los cuerpos de seguridad contra el paro cívico y trancazo convocado por la oposición. El número de muertes registradas por el Ministerio Público desde el 1° de abril se ubicaba en 107 hasta las 5:00 pm de ayer.

 

 

 

 

El miércoles el alcalde de Mérida, Carlos García (PJ), confirmó el asesinato de Rafael Antonio Vergara, de 30 años de edad. El hecho se registró a media tarde en el sector Los Molinos, en Ejido, cuando Vergara participaba en la protesta. De acuerdo con García, civiles armados progobierno actuaban impunemente en la zona, además de funcionarios de la GNB. El diputado José Manuel Olivares (PJ) precisó que Vergara recibió un disparo de perdigón a quemarropa en el abdomen. El Ministerio Público designó al fiscal 13° de Mérida para investigar el caso.

 

 

 

 

Pocas horas después García confirmó el asesinato de otro merideño, esta vez en Timotes. Se trataba Enderson Caldera, de 23 años de edad, cuando participaba en las manifestaciones antigubernamentales. También fue herido por arma de fuego. El mismo fiscal 13° de Mérida fue asignado para indagar este crimen.

 

 

 

 

Ya el miércoles en la noche el Ministerio Público confirmó la muerte Juan Carlos Aponte, de 16 años de edad, y designó al fiscal 104° de Caracas para este caso. El adolescente fue asesinado con un impacto de arma de fuego poco antes de las 9:00 de la noche cuando participaba en un trancazo a la altura del distribuidor 5 de Julio, en Petare, junto al barrio homónimo. Funcionarios de la GNB actuaban en el sitio tratando de quitar barricadas y disparando perdigones y lacrimógenas. Los vecinos de La Urbina y habitantes de 5 de Julio informaron sobre disparos de armas de fuego.

 

 

 

 

Ayer en la tarde se reportó el asesinato de Leonardo González Barreto, de 49 años de edad, durante una manifestación en Naguanagua, estado Carabobo. La Fiscalía35ª de esa entidad fue asignada para investigar. La víctima era dirigente comunitario y cuñado de la ciclista olímpica Angie González. González fue herido de bala durante una incursión de la Policía de Carabobo; el alcalde de la localidad, Alejandro Feo, responsabilizó del hecho a ese cuerpo de seguridad.

 

 

 

 

Pasadas las 4:00 pm el Ministerio Público confirmó la muerte de Glimber Terán Taínoba Villalobos, también de 16 años de edad. El adolescente recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa en El Paraíso, Caracas, en horas de la noche. Fue recluido en el hospital Pérez Carreño, donde murió ayer. El fiscal 66° nacional investigará este hecho.

 

 

 

 

Detenidos. El Foro Penal informó que 192 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad el miércoles. “Solo en el Zulia fueron 110”, indicó en su Twitter Alfredo Romero, director dela ONG. En un reporte previo, Romero precisó que hubo capturas en Apure, Barinas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira, además de Zulia.

 

 

 

 

Al cierre de la edición, la ONG no había reportado los detenidos de la jornada de protesta de ayer.

 

 

 

 

Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro certificó que la lista de presos políticos de Venezuela alcanzó el número de 498 personas.

 

 

 

 

ncazo a la altura del distribuidor 5 de Julio, en Petare, junto al barrio homónimo. Funcionarios de la GNB actuaban en el sitio tratando de quitar barricadas y disparando perdigones y lacrimógenas. Los vecinos de La Urbina y habitantes de 5 de Julio informaron sobre disparos de armas de fuego.

 

 

 

 

Ayer en la tarde se reportó el asesinato de Leonardo González Barreto, de 49 años de edad, durante una manifestación en Naguanagua, estado Carabobo. La Fiscalía35ª de esa entidad fue asignada para investigar. La víctima era dirigente comunitario y cuñado de la ciclista olímpica Angie González. González fue herido de bala durante una incursión de la Policía de Carabobo; el alcalde de la localidad, Alejandro Feo, responsabilizó del hecho a ese cuerpo de seguridad.

 

 

 

 

Pasadas las 4:00 pm el Ministerio Público confirmó la muerte de Glimber Terán Taínoba Villalobos, también de 16 años de edad. El adolescente recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa en El Paraíso, Caracas, en horas de la noche. Fue recluido en el hospital Pérez Carreño, donde murió ayer. El fiscal 66° nacional investigará este hecho.

 

 

 

 

Detenidos. El Foro Penal informó que 192 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad el miércoles. “Solo en el Zulia fueron 110”, indicó en su Twitter Alfredo Romero, director dela ONG. En un reporte previo, Romero precisó que hubo capturas en Apure, Barinas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira, además de Zulia.

 

 

 

 

Al cierre de la edición, la ONG no había reportado los detenidos de la jornada de protesta de ayer.

 

 

 

 

Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro certificó que la lista de presos políticos de Venezuela alcanzó el número de 498 personas.

 

 

 

 

 

 

EN

Por Confirmado Massiel Bravo

Más de 300 pasajeros que tenían pautado volar ayer con la aerolínea colombiana Avianca se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, luego de que la empresa decidió suspender sus operaciones en el país antes de lo previsto.

 

 

 

 

La aerolínea informó el miércoles que dejaría de operar en Venezuela el 16 de agosto, pero cambiaron de opinión y decidieron dejar de volar ayer mismo. “Debido a limitaciones operativas y de seguridad registradas en las últimas horas, Avianca se ve en la obligación de suspender a partir de hoy sus operaciones a Venezuela. Esto incluye el cierre de la venta de pasajes en las rutas que conectan a Caracas con Bogotá y Lima”, afirmó la empresa.

 

 

 

 

Sin embargo, una fuente de la industria relató que la aerolínea decidió adelantar la salida por temor a perder sus activos. “Cuando la empresa hizo el anuncio, la actitud de las autoridades venezolanas no fue la más adecuada; por ese motivo, Avianca sintió temor de que se le incautara uno de sus aviones o tuviera problemas para retirar a su tripulación”.

 

 

 

 

La decisión tomó por sorpresa a los pasajeros que llegaron muy temprano al aeropuerto, pero se encontraron un mostrador vacío. Varias horas después apareció personal de la aerolínea y les notificó que serían reacomodados en vuelos de otras aerolíneas, según su disponibilidad.

 

 

 

 

Lo trabajadores también indicaron que los viajeros con reserva que no sean reacomodados, se les reembolsará todo el valor pagado por los boletos.

 

 

 

 

Menos conectados. Además de Avianca, Delta Air también anunció que dejaría de operar a Venezuela en septiembre. Con la salida de estas dos empresas asciende a 10 el número de aerolíneas agrupadas en la IATA que han dejado de volar a Venezuela desde 2013. Anteriormente lo hicieron Air Canada, Alitalia, GOL, Tiara Air, Lufthansa, Latam, Aeroméxico y United Airlines. Solo quedan nueve.

 

 

 

 

La IATA instó al gobierno a que respeten los estándares globales para asegurar la competitividad y sostenibilidad del transporte aéreo. “Como cualquier país, Venezuela necesita una conectividad robusta y los importantes beneficios económicos que esta genera. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no está cumpliendo con los requisitos necesarios para que esto ocurra, como la retención de 3,8 millardos de dólares que pertenecen a las aerolíneas”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional de las Américas para la IATA.

 

 

 

 

 

 

 

EN

Por Confirmado Massiel Bravo

Las fuerzas de seguridad utilizan martillos y tenazas como parte de los castigos a las personas que protestan contra el Gobierno de Maduro.

 

 

Un manifestante al momento de ser arrestado por la Guardia Nacional.

 

 

La piel prensada con tenazas, golpes de martillo: cuatro días de arresto dejaron en Luis una cicatriz imborrable. Su consuelo, estar en libertad, pero cientos de venezolanos detenidos en protestas contra el presidente Nicolás Maduro afrontan largas condenas.

 

 

Luis -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las 4.000 personas que según la Fiscalía han sido capturadas en cuatro meses de manifestaciones que exigen la salida del poder de Maduro.

 

 

 

«Decían que nos iban a matar, picar en trozos y tirar al río Guaire», relató a la AFP el delgado oficinista de 30 años, detenido el 4 de julio por militares en Caracas. Cuenta que entre puñetazos, jalones de pelo y pisotones, un uniformado le prensó con una tenaza la piel del abdomen y los brazos, mientras lo llamaba «terrorista». Con un martillo también le golpeó las rodillas y los codos. «Hacía las torturas escondido de algunos (de sus compañeros); otros eran cómplices», aseguró el hombre en su oficina del este de la capital.

 

 

 

La ONG Foro Penal, que cifra en 4.500 los arrestos, asegura que un millar de personas siguen presas, unas 300 por orden de tribunales militares. Entre ellos figuran jóvenes que apenas superan la mayoría de edad, algunos condenados y otros esperando sentencia.

 

 

La fiscal general, Luisa Ortega, denuncia abusos de las fuerzas de seguridad, a las que atribuye una veintena de las 104 muertes ocurridas durante las protestas. Hay «terrorismo de Estado», afirma esta chavista que rompió con Maduro.

 

 

El presidente y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, han advertido que no tolerarán abusos, pero denuncian «actos de barbarie» de la oposición para derrocar al gobierno. El defensor del pueblo, el oficialista Tarek William Saab, niega que los tratos crueles sean una práctica generalizada.

 

 

Un tribunal civil le concedió a Luis libertad plena. Otros no tienen esa suerte. A sus 18 años, Abraham Quiroz podría ser condenado por un juez militar a 18 años de prisión. «íPapá, sácame de aquí! Me siento mal. No puedo respirar», le rogó llorando Abraham a su padre, Nicolás, en una breve llamada telefónica desde un penal de alta seguridad.

 

 

 

Fue detenido el 2 de julio en Maracay (centro) junto con otros 26 jóvenes, y de allí trasladado a una cárcel a 20 horas de distancia por carretera. «Es una injusticia bárbara», declaró Nicolás con la voz temblorosa de rabia, al denunciar que su único hijo fue golpeado fuertemente en las costillas.

 

 

El día de la captura, militares y manifestantes se habían enfrentado cerca de una universidad pública, donde un grupo de muchachos decidió refugiarse y pasar la noche. Unos 40 hombres encapuchados y armados irrumpieron en la madrugada y se los llevaron, relataron estudiantes y familiares a la AFP.

 

 

«Se identificaron como colectivos, amenazaron a los muchachos y se los llevaron. Fue un secuestro», aseguró a la AFP Isva Vera, dirigente estudiantil, aludiendo a grupos civiles del chavismo que la oposición tilda de «paramilitares». Tras semanas de choques, en las paredes de la universidad se observan agujeros de bala, y en los alrededores cartuchos de perdigones y bombas lacrimógenas.

 

 

TRIBUNALES MILITARES

 

Andreína Santa Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, denuncia maniobras para dilatar los procesos. Sin comprobársele delitos, Luis debió esperar 96 horas para quedar libre en lugar de las 48 establecidas por ley.

 

 

Pero los juicios en tribunales militares son más complicados y «opacos», dice Santa Cruz. A los jóvenes de Maracay se les acusó de «instigación a la rebelión» y «violación de zona de seguridad». Los hombres (21) fueron enviados a prisiones de alta seguridad, mientras cinco mujeres y un joven con discapacidad están en arresto domiciliario. «Es muy doloroso pensar en lo que viven allí», se lamenta Naileth, madre de Joneiker Grajirena, de 19 años.

 

 

Abraham, Joneiker y otros nueve están en la cárcel de El Dorado (estado Bolívar, sur), junto con delincuentes de alta peligrosidad. Sus familiares hacen el largo viaje para llevarles alimentos y ropa, pero no han podido verlos. El gobierno justifica estos juicios, al señalar que los manifestantes cometen delitos de naturaleza militar como «ataques» a cuarteles. –

 

 

‘MULTIPLICADOR DEL MIEDO’

 

 

Las condiciones de reclusión empeoran las cosas. Luis relata que el pequeño calabozo donde estuvo llegó a albergar a 18 personas y no tenía baño. La ONG ‘Una Ventana a la Libertad’ afirma que solo en los centros de detención preventiva el hacinamiento supera 400%.

 

 

«Me he vuelto multiplicador del miedo», confiesa Luis, quien ahora pide a familiares y amigos evitar las protestas. El pánico lo confinó 15 días en casa antes de atreverse a volver al trabajo. «Las heridas han sanado bien», dice mientras muestra la lesión del abdomen. «Pero las cicatrices más difíciles son las psicológicas».

 

 

AFP

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades de Venezuela que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica.

 

 

 

 

«Estamos muy preocupados por la prohibición de los derechos básicos de expresión y manifestación, especialmente en el contexto del proceso electoral del domingo», afirmó en rueda de prensa la portavoz de la oficina, Liz Throssell.

 

 

 

 

El gobierno venezolano ha prohibido «reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral» desde hoy hasta el 1° de agosto para, según su versión, permitir la votación de una nueva asamblea constituyente.

 

 

 

 

Throssell recordó que Venezuela debe respetar la ley internacional de derechos humanos y por eso reiteró su «preocupación» por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas.

 

 

 

 

«Es por ello que hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica», afirmó.

 

 

 

 

Agregó que la oficina de la ONU está «profundamente preocupada por el riesgo de más violencia en Venezuela en el marco las elecciones del domingo» para la constituyente.

 

 

 

 

Especificó que deben respetarse «los deseos» de los venezolanos a participar o no en los comicios y que, si bien nadie debe ser obligado a votar, aquellos que quieran participar en el proceso deben poder hacerlo.

 

 

 

 

Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento a aquellos que se oponen a la cita electoral para que lo hagan de «forma pacífica».

 

 

 

 

«Estamos hablando ahora porque, dada la extremadamente tensa situación que vive Venezuela, queremos repetir nuestro llamamiento para que todos mantengan la calma y expresen sus opiniones de forma pacífica», declaró.

 

 

 

 

Con respecto al proceso de nueva constituyente, Throssell dijo que la oficina de las Naciones Unidas no se posicionaba y que se limitaba a denunciar el tumultuoso «contexto» en el que estas elecciones se llevan a cabo.

 

 

 

 

No obstante, la portavoz agregó que «una modificación constitucional solo puede llevarse a cabo con un amplio consenso y la participación de todos los sectores de la sociedad».

 

 

 

 

Además, recordó las conclusiones de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo europeo en temas constitucionales, que la semana pasada opinó que «el proceso y las normas electorales de la asamblea electoral constituyente contradicen la Constitución de Venezuela de 1999».

 

 

 

 

 

Agregó que, a juicio del Alto Comisionado, para poder llevar a cabo una modificación constitucional se deben respetar los derechos a la libertad de expresión, de asamblea y de manifestación pacífica.

 

 

 

 

 

 

EN

Por Confirmado Massiel Bravo

En Valencia, Maracaibo, Mérida y Barquisimeto la población acató el paro cívico convocado por la oposición.

 

 

 

 

En la capital de Carabobo los negocios amanecieron cerrados y la ciudad desolada. En muchas partes se mantuvieron las barricadas.

 

 

 

 

Alejandro Feo La Cruz, alcalde de Naguanagua, confirmó la muerte de Leonardo González, de 49 años de edad, en Los Guayabitos. Era jefe de mantenimiento de Kromi Market, de Prebo, y colaboraba con los manifestantes. Se presume que funcionarios de la policía le dispararon cuando intentó huir en su carro. Tiene al menos 12 impactos de bala en su cuerpo. La Fiscalía 35° de Carabobo fue comisionada para investigar su muerte.

 

 

 

 

En Mañongo se reportaron enfrentamientos entre quienes protestaban y los cuerpos de seguridad.

 

 

 

 

Maracaibo se plegó al paro cívico. Calles desiertas y comercios cerrados fueron la constante durante toda la jornada.

 

 

 

 

La represión también estuvo a la orden del día. En diversos puntos de la ciudad los manifestantes sufrieron la arremetida de la GNB, que tenía la orden de no permitir las trancas en las calles.

 

 

 

 

En horas del mediodía atacaron con lacrimógenas y perdigones a los jóvenes que estaban en las adyacencias de la iglesia Las Mercedes. En el enfrentamiento destrozaron los vidrios del Banco de Venezuela y tumbaron los semáforos. La represión se repitió en el barrio Los Andes, en Raúl Leoni, el Club Hípico, Santa Fe, Amparo, La Pícola y sectores de la avenida Bella Vista.

 

 

 

 

El Metro suspendió sus labores porque derribaron la cerca perimetral y arrojaron tubos, piedras y palos a la vía férrea.

 

 

 

 

Desiree Barboza, diputada a la Asamblea Nacional, denunció el ataque sufrido por ese cuerpo de seguridad, que arremetió contra el equipo de prensa y detuvo arbitrariamente al concejal Ángel Machado.

 

 

 

 

El parlamentario Juan Pablo Guanipa denunció que el concejal Héctor Villasmil, del municipio La Cañada, fue víctima de un allanamiento ilegal y fue secuestrado sin explicación alguna por funcionarios de seguridad del Estado.

 

 

 

 

Activos. En Mérida cerraron la carretera Trasandina a la altura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en el sector La Toma.

 

 

 

 

Vecinos de residencias El Molino, en Ejido, donde asesinaron el miércoles a Rafael Balza Vergara, de 30 años de edad, reportaron a las 9:15 am ataques de civiles armados.

 

 

 

 

En la protesta hubo tres heridos: Flavio Rangel, de 20 años de edad, estudiante de primer año de Medicina e integrante del equipo de primeros auxilios de la Universidad de los Andes, afectado en uno de sus ojos; y los policías Oneibis Jhoan Quiñones Ramírez y Cristian Cruz, quienes fueron trasladados a un centro asistencial con lesiones en la cabeza y en una pierna.

 

 

 

 

Carlos García, alcalde de Mérida, deploró los hechos: “Grupos armados del gobierno siguen causando terror, caos y violencia en Centenario y El Molino. Se ensañan contra Ejido y su lucha cívica”. Confirmó que el paro se cumplió en la ciudad en 95%.

 

 

 

 

 

En Timotes hubo protestas por el asesinato de Enderson Calderas Ramírez, de 24 años de edad. Quemaron una moto.

 

 

 

 

Alexis Ramírez, gobernador de la entidad, anunció la detención de 21 personas. Dijo que investigarían lo ocurrido a una tanqueta de la GNB que fue quemada en Chachopo cuando se dirigía a Timotes. “Estos hechos son producto de esos llamados para generar terror”, aseveró.

 

 

 

 

En el sector El Espejo hubo denuncias de ataques de encapuchados que habrían secuestrado a varios menores de edad.

 

 

 

 

Barquisimeto estuvo con calles cerradas. Poco tráfico pero con comercios abiertos, en contraste con lo sucedido el miércoles cuando el paro cívico fue acatado casi en su totalidad.

 

 

 

 

A las 4:00 pm, en el sector 7 de La Ruesga, las familias denunciaron ataque con lacrimógenas de los cuerpos de seguridad. También en Los Crepúsculos. En Fundalara Carora reportaron tres arrestos. Según Movimiento Vinotinto se registraron 35 detenciones durante las primeras 24 horas del paro cívico.

 

 

 

 

A través de su cuenta en Twitter, la ONG informó del fallecimiento de Anthony Torrealba, de 30 años de edad, hospitalizado desde el 22 de julio por fractura de cráneo severa.