La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, asegura que nada la separará de la cruzada institucional que emprendió en marzo, cuando denunció la ruptura del orden constitucional. Con la Constitución de 1999 en la mano, en entrevista con El Nacional, advierte de los riesgos que se ciernen sobre el país si el presidente Nicolás Maduro insiste en iniciar un proceso constituyente por encima de la voluntad popular.
¿Cree que el gobierno impondrá la asamblea nacional constituyente pese al rechazo del pueblo?
Estoy en desacuerdo con la constituyente porque la Constitución dice que el pueblo es el soberano, es el dueño del poder constituyente; en consecuencia, nadie puede convocarla sino el pueblo. Se mandan muy malos mensajes porque las autoridades dicen que es normal violar la Constitución. La oferta es engañosa porque la constituyente no va a resolver los grandes problemas de la alimentación, de los hospitales, de la inseguridad. El índice de homicidios el año pasado se ubicó en 70,1 por cada 100.000 habitantes. No se plantea cuáles son las acciones que se van a emprender para resolver estos graves problemas. La constituyente se ha promocionado bajo amenazas. Si se concreta, habrá más miseria, más inseguridad, más incertidumbre, más desesperanza, más tristeza, más opresión.
¿Cuál cree que es la intención de Maduro al insistir en la constituyente?
Perpetuarse en el poder, mantener sometido al pueblo, plagarlo de hambre y miseria, represión, angustia y desesperanza.
¿Qué está en sus manos para frenar la ANC? ¿Podría solicitar un antejuicio contra el presidente?
Todo lo que esté en mis manos lo voy a hacer, siempre y cuando esté ajustado a la Constitución y a la ley. El antejuicio no tiene nada que ver con la constituyente, pudiera ser. Pero estamos frente a un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo porque la mayoría de sus magistrados no llenan los requisitos. En los recursos que introduje ante el TSJ no entraron a ver ni siquiera el fondo. ¿Ante qué autoridad puedo hacer una solicitud de antejuicio de mérito contra cualquier alto funcionario? Frente a la violación de los derechos humanos que cité para imputar al director del Sebin y al ex comandante de la GNB, salió el tribunal a satisfacer al Ejecutivo. Cité a los familiares de un candidato a la constituyente para imputarlo por el caso de Odebrecht, y el TSJ dijo que tenían que imputarlo en sede tribunalicia. Este TSJ es el brazo ejecutor de las acciones del Poder Ejecutivo.
¿Considera que el pueblo puede desconocer la constituyente amparándose en el artículo 333?
Del 333 pueden valerse todos los ciudadanos. Están llamados a restablecer la vigencia de la Constitución y decir cómo son las cosas. Y una de las primeras que hay que decir es que esa constituyente es inconstitucional y debería quedar sin efecto. Ojalá que quienes la promueven tuvieran conciencia y pensaran en el pueblo.
Ha denunciado que en Venezuela existe un estado de terror. ¿El país vive una dictadura?
Todavía tenemos algunos visos que nos indican que no hemos llegado a ser una dictadura en su totalidad. Pero hay acciones del Ejecutivo que son dictatoriales, como los procesos en tribunales militares, comparables con la dictadura. Ni en la cuarta república hubo tantas violaciones de los derechos humanos como ahora. También están las órdenes de excarcelación que no se han cumplido. No puede ser que haya muestras de que vamos en camino hacia una dictadura que podría consolidarse con la constituyente. El Ejecutivo quiere ejercer la acción penal violando la Constitución. El mismo que viola los derechos humanos quiere juzgarlos. A los muchachos que son reprimidos por la Guardia Nacional quieren procesarlos por justicia militar. Esta lógica es típica de los pensamientos totalitarios y la constituyente va a ser un cheque en blanco para que un grupo del Ejecutivo decida todo.
¿El presidente Maduro traicionó el legado de Chávez?
El presidente Chávez era un humanista, un hombre con vocación democrática y muy respetuoso del derecho del otro y que nunca tuvo miedo de someterse a unas elecciones. Y Maduro sí lo ha tenido, evidentemente.
¿Cómo se siente ser perseguida por sus antiguos compañeros?
Me siento fortalecida, con más valor, con más ánimo y con compromiso con el pueblo. Si pretendían fracturarme, el efecto ha sido contrario.
Han pasado varios días y el TSJ no se ha pronunciado sobre el antejuico en su contra. ¿Cree que la decisión saldrá antes del 30 de julio?
Ellos son impredecibles. El antejuicio de mérito era por unas faltas graves y lo convirtieron en un delito que no se sabe cuál es. El TSJ se convirtió en el Ministerio Público, en órgano investigador. No pueden evacuar pruebas y ordenaron unas pruebas que son violatorias de los derechos humanos. La prueba del polígrafo no la decidió la Sala Plena, la decidió el presidente del TSJ. ¿Quién sostuvo la acción penal? Un diputado. En el antejuicio de mérito que yo solicité contra los magistrados de la Sala Constitucional dijeron que no podía hacerlo porque no había una investigación preliminar.
El TSJ ha rechazado todos los recursos que ha intentado. ¿Cuál cree es el límite de sus acciones como fiscal general?
Todo lo que me permita la Constitución lo voy a hacer. No voy a salirme ni un ápice de allí.
¿Los paros cívicos convocados por la oposición son una forma legítima de lucha?
Todo lo que permita la Constitución y la ley yo estoy de acuerdo. Es decir, las manifestaciones pacíficas. Siempre y cuando sean protestas ajustadas a la Constitución, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con la violencia. La Constitución habla, en el artículo 97, del derecho a la huelga. Por eso es legal y válido.
¿Cuántas investigaciones por corrupción adelanta la Fiscalía?
El Ministerio Público ha emprendido 36.124 investigaciones por corrupción. Hay casos gravísimos. Por ejemplo, por el deterioro de la industria petrolera y los contratos en detrimento del patrimonio público. También en el área de los alimentos, las medicinas, y en las empresas básicas. Libramos una citación para imputar a una persona y cuando lo estábamos buscando, lo nombraron ministro. Ha habido obstáculos, cuando el gobierno debería ser el primer interesado en que se investigue. Esa es una admisión de los hechos. En estas investigaciones están incluidos civiles y militares.
¿El TSJ ha impedido la investigación contra Odebrecht?
Todas las investigaciones han sido torpedeadas. Sobre todo aquellas que involucran a altos funcionarios. Hemos tenido obstáculos para accesar a la prueba en materia de corrupción. Como en los casos de Dicom, Cadivi y Cencoex.
El Nacional
