El paro cívico de este jueves, es el mayor acto de desafío ciudadano de las últimas décadas, al extremo que obligó al Gobierno a atenderlo, en el sentido que tuvo que reprimirlo y ojalá le hubiese prestado atención para rectificar, aseguró el politólogo y docente universitario, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas.

Precisó que más del 80 % de los comercios venezolanos, cerraron sus puertas, indicando que la organización gremial está haciendo una medición, pero es evidente que en sectores del oeste de la capital de la República, fue muy marcada la soledad de las calles, siendo este el principal indicador, las vías solas, el silencio era notable.

Por otra parte, señaló que el Producto Interno Bruto que ya se había señalado que tendría una caída significativa, de aproximadamente 8 puntos, debido a que la política económica del país es muy mala, y el Gobierno no quiere rectificar en nada, la caída del PIB se verá acentuada.

-Por decir algo, un día de trabajo que se pierda afecta la caída del PIB en unos 360 millones de dólares, que no se producen, tampoco pagan impuestos y por lo tanto significa asumir un inmenso costo económico que tiene justificaciones políticas, porque de lo que se trata es de que la ciudadanía está convencida que, o hace algo, o se va a perder la democracia y el sentido republicano del país, afirmó Maldonado.

Desde el punto de vista de su significado, estima que es un llamado de atención muy firme al gobierno nacional, en el sentido de que la ciudadanía no está dispuesta a acompañarlo en el fraude constituyente y tampoco a seguir tolerando los costos de una política económica que está mal planteada y cuyos resultados son la pobreza, el desempleo y el desánimo empresarial.

El Impulso

Juan Bautista Salas

El Ministerio Público le negó el acceso a sus instalaciones, tanto en la sede principal, como en las oficinas regionales en los 23 estados del país, a funcionarios de la Contraloría General de la República, que adelantarían una auditoría administrativa de carácter fiscal en sus instalaciones.

La información la dio a conocer el propio contralor general de la República, Manuel Galindo, quien indicó que esta actitud del Ministerio Público, podría acarrear sanciones administrativas que van desde una multa hasta una inhabilitación, luego de permitir a esta dependencia que se defienda, de acuerdo con el debido proceso.

-Este viernes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, sobre actuación de carácter fiscal y se entorpeció, por llamarlo de alguna manera, se entrabó la entrada de los funcionarios habilitados, no solamente al órgano principal en Caracas, sino en las 23 Fiscalías Superiores a nivel nacional, aseguró el contralor Galíndez.

Consultado sobre las posibles sanciones, señaló que primero hay que permitir que la Fiscal y los demás funcionarios hagan uso del derecho a la defensa y al debido proceso, acudiendo a la Contraloría, personalmente o representados por sus abogados, porque se está en presencia de una presunción de un entrabamiento.

-Si eso llegara a probarse, las sanciones podrían ir desde una multa, un reparo hasta una inhabilitación, como sanción accesoria, afirmó.

Sobre la investigación del avión utilizado por la fiscal general, cuya investigación solicitó el TSJ, Galindo señaló que en el momento en que se haga la solicitud formal, la Contraloría tiene la obligación de carácter constitucional, de abrir e iniciar esa investigación, dijo Galíndez.

El Impulso

Juan Bautista Salas

Según el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, el día de hoy la policía municipal de la entidad fue intervenida por el gobierno nacional.

El burgomaestre denunció a través de su cuenta en Twitter que la policía fue militarizada y que un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana(GNB) fue designado como director.

“El Régimen sigue atacando a Lechería Anzoátegui: Militarizada e Intervenida nuestra Policía Municipal”, colgó en Twitter.

El Impulso

#22Jul Nuestra Policia #Lechería no solo ha sido intervenida sino MILITARIZADA por el régimen. Un Coronel GN es el Director designado.

— Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) 22 de julio de 2017

#22Jul: REPUDIAMOS allanamientos irregulares y detenciones arbitrarias ejecutadas por el régimen en la madrugada en #Lechería #Anzoátegui.

— Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) 22 de julio de 2017

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene desde este viernes en sus manos una lista de 57 altos cargos del régimen presidido por Nicolás Maduro a los que el Instituto Casla acusa de «torturas sistemáticas» en Venezuela. Según esta organización de estudios sobre América Latina con sede en Praga, estas prácticas violentas se han disparado desde el inicio de las protestas callejeras el pasado 1 de abril, registrándose en este tiempo unos 300 casos. Así lo reseña abc.es

Las torturas más habituales van desde la intoxicación con el polvo de las bombas lacrimógenas a golpes con objetos contundentes, violaciones o la vejación de tener que comer excrementos y gusanos o vestirse con ropa empapada en heces.

Existe, según asegura a ABC la directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada caraqueña especializada en derechos humanos Tamara Sujú, una auténtica «política de Estado» con la que los actuales dirigentes buscan «mantenerse en el poder, usando los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en Venezuela».

Prácticas sistemáticas

Según Sujú, asilada en la República Checa tras abandonar Venezuela por persecución en 2014, la «sistematización» de las torturas se ha acentuado en los tres últimos meses y los denunciantes describen cómo los funcionarios que las ejecutan buscan infligir «el mayor daño corporal» y «dejar secuelas».

La letrada solicitó este viernes al CPI que incorpore el nuevo listado de responsables de torturas a la denuncia por este tipo de prácticas que presentó hace un año y a la que el 26 de septiembre añadió una primera relación de responsables. Se trata de «la cadena de mando» de los funcionarios implicados en las torturas.

Según el escrito del Instituto Casla, los 57 integrantes de esta lista actualizada «han sido parte de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política, cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales».

Únicamente por detrás de Nicolás Maduro, que encabeza la denuncia inicial presentada ante la CPI en La Haya, el Instituto Casla sitúa al frente de la cadena de mando al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.

Así mismo, incluye en la lista al resto de miembros del llamado «Comando Antigolpe» que el jefe del Estado bolivariano nombró el pasado enero. En este sentido, figuran el ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional, general en jefe Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol; la excanciller Delcy Rodríguez; el expresidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la «almiranta» Carmen Meléndez, exministra de la Defensa que fue nombrada vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política), general en jefe Gustavo González López, y el comandante general de la Milicia Nacional, mayor general César Vega González.

La propaganda exterior

La directora de la organización denunciante pone también el foco en quienes ocultan al resto de países las torturas masivas a los detenidos, así como los asesinatos y los encarcelamientos de manifestantes. Además de la citada Delcy Rodríguez, que fue ministra de Relaciones Exteriores hasta hace un mes y a la que acusa de «recorrer el mundo para mentir y engañar a la opinión pública internacional», Sujú denuncia al actual canciller, Samuel Moncada, y a los embajadores ante Naciones Unidas en Nueva York Rafael Ramírez, y en Ginebra, Jorge Valero.

Así mismo, señala al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y al presidente de la Sala Constitucional del máximo órgano judicial, Juan José Mendoza, así como a los magistrados Arcadio Delgado, Luis Damián Bustillos, Lourdes Suárez Anderson, Carmen Zuleta de Merchán y Fanny Márquez.

Otros cargos destacados del aparato represor del régimen que el Instituto Casla ha recogido en su escrito ante el CPI son el que fue director de la Policía Nacional Bolivariana hasta el pasado 9 de mayo, el mayor general Franklin García Duque, así como su sucesor en el cargo, el general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, y el director de la Contrainteligencia Militar, el general Iván Rafael Hernández Gala.

También aparecen en la lista relevantes figuras de la Fuerza Armada como el nuevo jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), mayor general José Adelino Ornela Ferreira, y el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Sergio Rivero Marcano, así como su antecesor, el general Antonio Benavides Torres. Igualmente se incluye al coronel Vladimir Lugo, de la Guardia Nacional, premiado recientemente con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial tras permitir un ataque a la sede del Parlamento por grupos violentos afines al chavismo.

El general Fabio Zavarse Pabón, comandante de la zona 43, correspondiente al Distrito Capital; el general de división Rafael Domínguez Forte, responsable de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Aragua; Jonny Paredes, jefe policial en el esado Barinas, y el general de brigada Juvenal Fernández, comandante de la GNB en Carabobo, son otros de los nombres destacados por Tamara Sujú. La lista se completa con otros responsables policiales en regiones y municipios donde se han cometido torturas.

El Instituto Casla pidió ayer a la fiscal del CPI añadir la lista de esta cadena de mando a la solicitud de apertura de una investigación que planteó hace un año, conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, que rige este tribunal de los crímenes más graves de trascendencia internacional.

Por MANUEL TRILLO

ABC.es

Foto: AFP

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges condenó la arbitraria detención del magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) electo por el parlamento, Ángel Zerpa ocurrida este sábado en Caracas.

“Condenamos detención arbitraria de los cuerpos de seguridad contra el Magistrado electo constitucionalmente por la @AsambleaVE: Angel Zerpa”, escribió en su cuenta en Twitter.

Manifestó que el mundo y Venezuela estarán alerta ante la persecución de la Dictadura de Maduro a Magistrados juramentados constitucionalmente por la Asamblea Nacional.

El magistrado Ángel Zerpa Aponte, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la tarde de este sábado.

Condenamos detención arbitraria de los cuerpos de seguridad contra el Magistrado electo constitucionalmente por la @AsambleaVE: Angel Zerpa.

— Julio Borges (@JulioBorges) 22 de julio de 2017

El subdirector de derechos fundamentales de la Fiscalía acudió a la sede del Sebin para verifiicar el estado del magistrado pero le fue negado el acceso

El Ministerio Público investigará la detención del magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa, ocurrida esta tarde en Los Cortijos.

El fiscal 85º nacional será el encargado de llevar a cabo las investigaciones.

El Ministerio Público también denunció en su cuenta en Twitter que el subdirector de derechos fundamentales acudió a la sede del Sebin para constatar el estado de reclusión del abogado pero le fue negado el ingreso.

Zerpa, magistrado de la Sala Político Administrativa  juramentado el pasado viernes por el Parlamento, fue detenido este sábado por funcionarios de la policía política cuando iba en el carro de su hermana acompañado de su esposa.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunció hoy que existe una orden de detención contra los magistrados que fueron juramentados el pasado viernes.

EN