El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, instó este domingo a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo a pronunciarse por la detención del coordinador y colaborador de la MUD, Roberto Picón.

Borges calificó como «arbitraria» la detención de Picón por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el pasado jueves 22 de junio.

“Esta detención es algo que esta en contra de cualquier lógica. Quienes lo conocen saben que es una persona que ha trabajado de manera ciudadana sin ninguna posición partidista y lo ha hecho de manera desprendida”, aseguró en rueda de prensa.
Las razones de la detención, que según Borges se realizó sin evidencia, son traición a la patria y rebelión militar. A esto último, el presidente de la AN dijo que dichos cargos sólo se le pueden imponer a funcionarios militares, «hecho que no aplica para Picón que es civil».

El hecho

La detención ocurrió en la casa del ex viceministro de gobierno de la administración del ex presidente Carlos Andrés Perez, Arístides Moreno, donde horas antes del hecho se realizó una reunión con directivos de la MUD.

Picón era el encargado de la parte técnica de los eventos electorales.

A continuación el comunicado textual de la MUD:

«La Mesa de la Unidad Democrática denuncia y rechaza la manera inconstitucional, arbitraria y violatoria de los derechos humanos en que fuera detenido nuestro Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico, el ingeniero venezolano Roberto Picón Herrera.

El pasado jueves 22 de junio funcionarios de los servicios de inteligencia SEBIN violentaron la vivienda privada donde se encontraba Roberto Picón Herrera, sin tener ni presentar orden judicial y sin ninguna evidencia de que se estuviera cometiendo delito alguno.

Denunciamos que de nuevo el régimen penaliza y militariza la disidencia política al violar la Constitución Nacional y presentar a Roberto Picón ante un tribunal militar, acusándosele sin prueba alguna de los absurdos delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares.

Roberto Picón Herrera es un venezolano digno, profesional de la ingeniería con reconocidos aportes al desarrollo y la modernidad de nuestro país, ejemplar padre de familia y un activo y permanente colaborador de la Mesa de la Unidad Democrática. Nunca ha estado vinculado a actividades militares, y jamás se ha relacionado con causas contrarias a la vigencia del sistema democrático.

De igual manera rechazamos el proceder, propio de regímenes dictatoriales, al utilizar los recursos del Estado para atentar contra la dignidad y vida privada de los ciudadanos, como ha sido el caso del propio presidente de la Republica Nicolás Maduro y del diputado y primer Vice Presidente del PSUV, Diosdado Cabello, quienes han utilizado arbitrariamente el sistema de medios radioeléctricos del Estado venezolano para denigrar y propagar mentiras y falsedades sobre el desempeño profesional y la vida privada de Picón Herrera.

En la Mesa de la Unidad apoyaremos todas las diligencias que sean necesarias para lograr la plena e inmediata libertad de Picón Herrera. Así mismo, solicitamos a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo su inmediato pronunciamiento sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios del SEBIN y exigir la inmediata libertad de Picón Herrera.»

Nota de Prensa

La Fiscalía de Venezuela confirmó este sábado la muerte de cuatro personas durante manifestaciones en la ciudad de Barquisimeto, en el noroeste del país, con lo que aumentó a 89 la cifra de fallecidos en tres meses de protestas opositoras.

Un balance previo del organismo había dado cuenta de un muerto en esos hechos, en los que además resultó herida de gravedad otra persona.

El Ministerio Público no precisó las circunstancias en que se produjeron las muertes, pero el diputado opositor por Barquisimeto Alfonso Marquina denunció el viernes que fueron producto de ataques de pistoleros.

Los fallecidos tenían edades que oscilan entre lo 20 y 49 años, según la Fiscalía, que precisó que los decesos ocurrieron en distintos lugares de esa ciudad ubicada a 350 km al oeste de Caracas.

Las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro completaron tres meses este sábado y dejan, además, un millar de heridos y unos 3.500 detenidos, de acuerdo con el Ministerio Público y la ONG Foro Penal.

Ese sábado, cerca de mil opositores marcharon nuevamente para exigir elecciones generales que pongan fin al mandato de Maduro, elegido hasta enero de 2019, y respaldar a la fiscal general, Luisa Ortega, enfrentada al gobierno tras años de línea oficialista.

Ortega asegura que al menos 23 personas han muerto a manos de militares y policías durante las manifestaciones, y ha denunciado detenciones arbitrarias y torturas de agentes de seguridad en la “represión” de las protestas.

AFP

El jurista rechazó que la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- sea para lograr la paz en el país. “Es para descabezar al Ministerio Público –MP- y para quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados”, entre otros desmanes

El alcalde de Baruta y abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, advirtió que si comenzara un antejuicio de mérito,  la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, podría ser detenida durante la realización del proceso. “La fiscal no ha cometido ningún  delito, ni siquiera una falta grave para calificarla para una posible remoción, mucho menos un delito para que pueda en esa audiencia autorizarse su enjuiciamiento”.

Blyde aseveró que las consecuencias de un juicio a la FGR podrían ser gravísimas, como su destitución o suspensión del cargo “como ya produjeron una sentencia en la cual anularon el nombramiento del vicefiscal y la sala plena podría nombrar un fiscal general provisorio, como hizo con los rectores del Consejo Nacional Electoral -CNE-, podría incluso ordenar su detención para que sea juzgada privada de libertad, todas son tempestades que vienen de viejas aguas derramadas”.

En entrevista a Carlos Croes en Televen, el jurista detalló que el “madurismo” no asimiló el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias “no lo aceptaron e hicieron toda la maquinación entre las elecciones y la instalación de la nueva Asamblea Nacional –AN- para tomar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ-, produciendo el nombramiento de diputados express y en eso dio inicio a la desarticulación a través de sentencias, como la que no permitió entrar a los diputados de Amazonas y comenzó la cascada de sentencias para desmantelar el Estado de Derecho, incluyendo la fraudulenta convocatoria a una constituyente que viola lo más esencial de la democracia, usurpar al pueblo”.

Para concluir, Blyde repudió la amenaza del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que si fallaban los votos, la revolución continuaría bajo el amparo de las armas.  “Maduro tiene la hegemonía institucional pero no tiene al pueblo, ese es el gran problema (…) No son mayoría perdieron la mayoría del país, la mayoría quiere un cambio para mejorar, no quiere seguir en este barranco al que nos han  arrastrado a todos”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

El Comité de Postulaciones Judiciales promovió este fin de semana un Foro denominado  “Rescate Institucional y Estado de Derecho”, en el que participaron juristas de trayectoria impecable así como en el ejercicio del derecho constitucional y penal,  investigadores y académicos.

El presidente del Comité diputado Carlos Berrizbeitia destacó que el Foro se organizó por la grave crisis institucional, sin precedentes, que atraviesa el país, al tiempo que garantizó que la instancia legislativa que encabeza presentará antes del 14 de julio a los 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.

En el Foro “Rescate Institucional y Estado de Derecho”, participan las principales universidades públicas y privadas del país, así como Organizaciones No Gubernamentales, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y defensores de los Derechos Humanos.

El diputado Berrizbeitia dijo que al término de la actividad de alto nivel se redactará un manifiesto que suscribirán los participantes, tratando de decirle al país un plan de rescate de las instituciones, hoy por hoy destruidas,  y muy especialmente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que  está al servicio del Gobierno convirtiéndose en la raíz de todos los problemas.

Por su parte, el abogado constitucionalista Alberto Arteaga destacó la importancia de la realización de este Foro, “como ciudadano, abogado y profesor universitario, debo señalar la necesidad de rescatar la institucionalidad de la justicia y el estado de derecho. Una sociedad civilizada, organizada no lo será sin justicia”.

Sobre este mismo tema la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Lourdes Wills el evento que ha reunido abogados destacados y prestigiosos ha presentado propuestas  para el rescate de las instituciones que se han ido deteriorando, por sus actuaciones no apegadas a la constitución y las leyes.

En este sentido, hizo referencia a las sentencias emitidas por la Sala Constitucional del TSJ, contrarias a la ley y a la norma constitucional, ha invadido las competencias de la Asamblea Nacional, asumiendo el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo que pone en duda su veracidad en la interpretación de la norma o reciben órdenes externas que resultaron ser una distorsión del deber ser.

En el Foro participaron también Dr. Gabriel Ruan, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Humberto Njaim, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, Dr. Salvador Yannuzzi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Dr. Fernando Fernández, profesor y defensor de los DDHH,   Mercedes De Freitas, directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Dr, Alfredo Romero, Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Dr. Rafael Chavero, Grupo de profesores de Derecho Público, y Dr. Jesús María Casal, Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional.

Nota de Prensa