A Amnistía Internacional le preocupa el aumento de la represión en Venezuela. Considera que la militarización ha llevado la situación a niveles nunca vistos, luego de 65 días de protestas en contra del presidente Nicolás Maduro.
Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para Las Américas, no duda en señalar que el país atraviesa por una “crisis severa de derechos humanos”. Es venezolana, graduada en la escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y reside en México: “Los venezolanos tienen derecho a expresar sus opiniones aunque estas sean distintas de las opiniones que tiene el oficialismo. Ese derecho tiene que ser expresado con libertad y no reprimirlo de la manera tan violenta como se está haciendo”.
Pide mantener la esperanza: “Entiendo que hay mucho cansancio por lo que sucede y hasta desesperanza porque no es una situación fácil, pero Venezuela está en la mira de muchos actores políticos a nivel internacional”.
– ¿Cómo ve la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana?
– Debe ser una policía especializada desde lo civil la que pueda gestionar estas manifestaciones. Cuando tú le das este rol a unidades militares aumentas la posibilidad de que se den estos procesos de represión tan sostenidos y continuos como los que hemos visto en Venezuela. Cuando el ejercicio de la libertad de expresión a través de la protesta pacífica implica actualizar todas las noches la lista de posibles fallecidos denota que estás ante una crisis severa de derechos humanos.
– ¿Observa una escalada de la violencia?
– Vemos unas fuerzas de seguridad en Venezuela mucho más agresivas. No solo irrespetan los estándares básicos de derechos humanos, sino también las garantías constitucionales. El uso excesivo de la fuerza de por sí es grave, pero mucho peor cuando se comete con tanta saña y de forma tan constante. Hay mucho activismo ciudadano documentando eso y muchas situaciones pueden, según su gravedad, terminar siendo casos de tortura.
– ¿Han recibido informes sobre el uso de metras para reprimir?
– En la ley de desarme venezolana hay artículos claros sobre la prohibición de alterar las municiones y varias ONG venezolanas han hecho denuncias sobre la alteración con el propósito de hacer daño mayor. De comprobarse estamos ante violaciones bastante graves.
– ¿Y el procesamiento de civiles por tribunales militares?
– Es algo que rechazamos de manera enérgica. De las muchas violaciones de derechos humanos que vemos en el continente es de las peores. No puede ser que haya más de 300 personas procesadas por tribunales militares siendo civiles. Es un arrinconamiento del ciudadano.
– ¿Mantener privados de libertad a personas inocentes se ha convertido en un patrón?
– Las personas que esperan excarcelación llevan meses. Se está volviendo un patrón de detención arbitraria, lo que es inaudito. Lo que sucede es que con la protesta esos patrones de detenciones arbitrarias y de privación ilegítima de libertad se agudizan y se masifican.
– ¿Qué piensa de la actuación de la fiscal Luisa Ortega Díaz?
– La Fiscalía de cualquier país –y en especial de un país con una profunda crisis de derechos humanos– tiene un rol muy importante qué jugar como garante de la procuración de justicia. Nosotros hemos celebrado que la Fiscalía lleve un control más detallado de las víctimas, que la fiscal se haya pronunciado públicamente sobre casos emblemáticos como el de Juan Pablo Pernalete. En realidad lo que está haciendo la Fiscalía es cumplir con su trabajo. En buena hora retomó su trabajo de querer cumplir con su rol de procurar justicia. Eso hay que celebrarlo porque ese es el rol de una Fiscalía General y tendría que ser así siempre, no solo en este contexto.
– ¿Y la defensoría?
– Lo único que hay que resaltar en este caso es que cualquier organismo público de derechos humanos debe contar con garantías de imparcialidad.
– ¿Convocar una asamblea constituyente podría ser una salida a la crisis?
– Toda convocatoria para cambiar una norma jurídica tiene que venir refrendada por la ciudadanía. Creo que antes de dar ese paso lo importante es que se cumpla la Constitución vigente. Si se estuviesen cumpliendo las garantías que están establecidas muy probablemente Venezuela no estaría donde está. Nuestro llamado es a que se cumpla. Esa es la forma de parar esta ola de violencia inaceptable.
– ¿Qué piensa de los ataques a periodistas?
– No se mata la verdad atacando periodistas. Es un error desde el poder creer que cuando atacas al periodista silencias la verdad. Una profesión tan importante debería ser garantizada. Cuando pasa lo contrario, que es lo que sucede en Venezuela, el gobierno demuestra que pareciera tenerle mucho miedo a la verdad. Es muy importante que se visibilicen los ataques y la censura porque es una manera más de demostrar que este es un gobierno que no quiere a su gente bien informada.
Conflicto violento
“Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Nicolás Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina”, aseguró Erika Guevara-Rosas, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.
La ONG rechazó el uso de la fuerza excesiva para evitar que las manifestaciones pacíficas se lleven a cabo. “Al desestimar a los manifestantes como terroristas y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones”, alertó.
Advirtió que la situación es particularmente grave en Carabobo, Lara, Barinas y Táchira.
El Nacional
Por Confirmado Massiel Bravo
