Para dar a conocer la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, la joven administración de Donald Trump tenía los ojos puestos en un día lleno de simbolismo: el 20 de Mayo, el día del surgimiento de la República cubana.
Pero a medida que se acercaba la fecha, y los rumores se esparcían en Washington y Miami sobre un anuncio potencial, la abrumada Casa Blanca reconoció que no habría ninguno por el momento. Su examen de las políticas y regulaciones existentes no había terminado –y aún no ha concluido.
En cambio, cuando llegó el 20 de Mayo, Trump emitió lo que el gobierno cubano consideró como su declaración más dura como presidente, al señalar que “el cruel despotismo no puede apagar la llama de la libertad en los corazones de los cubanos”.
“El pueblo cubano merece un gobierno que defienda pacíficamente los valores democráticos, las libertades económicas, las libertades religiosas y los derechos humanos, y mi administración está comprometida a lograr esa visión”, añadió Trump.
El comunicado, publicado el sábado por un presidente envuelto en escándalos relacionados con Rusia, recibió poca atención nacional. Pero enfureció al gobierno de Raúl Castro y desató el pánico entre los activistas proacercamiento, desesperados por mantener la política hacia Cuba del ex presidente Barack Obama.
Ahora, quienes están a ambos lados del debate presionan a Trump para revertir o mantener lo que se considera el legado más importante de Obama en América Latina, y se espera que el presidente tome una decisión en las próximas semanas.
Lo que alimentó aún más la preocupación del grupo pro acercamiento fue la reacción de la Casa Blanca en una reunión en mayo, dirigida por el Consejo de Seguridad Nacional, a la que asistieron subsecretarios de las distintas agencias federales. Los funcionarios hicieron recomendaciones a favor de mantener la mayor parte de las políticas diseñadas por la Administración anterior, de acuerdo con fuentes con conocimiento de las discusiones.
Pero miembros del equipo del presidente, haciendo referencia a su agenda política, dejaron ver que la Casa Blanca quería hacer cambios, dijeron las fuentes, y que estaban en discusiones con los legisladores cubanoamericanos de Miami.
“Sólo el Presidente decidirá el mejor camino a tomar en lo que se refiere a las relaciones de Estados Unidos con Cuba”, dijo el jueves un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. “El Presidente es consciente de que la represión del gobierno contra la oposición cubana, disidentes y manifestantes civiles pacíficos, como las Damas de Blanco, ha aumentado dramáticamente desde la renovación de las relaciones diplomáticas con Cuba”.
Como candidato, Trump se comprometió en Miami en septiembre pasado a revertir las “concesiones” que le ofreció Obama al gobierno de La Habana. Su campaña acredita a la visita de Trump un mes más tarde al Museo de la Brigada 2506 en La Pequeña Habana, como una importante razón por la cual él ganó la Florida en la noche de las elecciones.
“Como ha dicho el Presidente, la actual política hacia Cuba es un mal acuerdo”, dijo el jueves otro funcionario de alto rango de la Casa Blanca. “No hace lo suficiente para apoyar los derechos humanos en Cuba”.
“Estamos en la etapa final de nuestra revisión de la política hacia Cuba”, dijo el funcionario, quien aseguró que no se había tomado una decisión final. “Una vez finalizada la revisión, se darán a conocer los resultados”.
Se espera un anuncio en las próximas semanas –quizás del propio Trump durante una visita a Miami tan pronto como este mes– pero no se ha fijado fecha.
Quienes están presionando una línea más dura son dos legisladores republicanos, el senador Marco Rubio de Florida y el representante Mario Díaz-Balart de Miami. Ambos han hablado a la Casa Blanca en varias ocasiones sobre la política hacia Cuba, aunque se dice que Rubio está más en contacto con Trump y su equipo, dado su comportamiento más desapasionado y su disposición a aceptar cierto grado de relación con Cuba, sobre todo cuando la isla está abocada a una transición –si el gobernante Raúl Castro finalmente se retira el próximo año.
“Estoy seguro de que el Presidente mantendrá su compromiso sobre la política hacia Cuba, mediante cambios enfocados y estratégicos, y que hagan avanzar las aspiraciones del pueblo cubano de libertad económica y política”, dijo Rubio en un comunicado.
Díaz-Balart trajo Cuba a colación cuando la Casa Blanca cortejó su voto para la Ley Americana para el Cuidado de Salud en marzo, aunque ha negado en repetidas ocasiones que negoció su apoyo por algún compromiso por parte de la Casa Blanca sobre la política hacia Cuba. El representante estaba viajando el jueves y no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Entre los cambios que ha estado considerando la Casa Blanca se encuentra, por ejemplo, la restricción de la popular categoría de viajes “pueblo a pueblo”, que tras los cambios introducidos por Obama permite a los estadounidenses visitar Cuba si firman una declaración asegurando que viajan con fines educacionales o culturales. Críticos consideran que esta medida promueve el turismo a la isla, que aún es ilegal para los estadounidenses.
“Los viajes a Cuba están en juego en la revisión”, comentó James Williams, presidente de Engage Cuba, un grupo que cabildea para eliminar las sanciones a Cuba. La semana pasada, más de 50 senadores mostraron su apoyo a un proyecto de ley para eliminar las restricciones a los viajes a la isla, con la esperanza de enviar un mensaje a la Casa Blanca. El jueves, Engage Cuba y otras organizaciones hicieron circular un estudio que predice potenciales pérdidas multimillonarias si Trump revierte las medidas tomadas por Obama.
Pero revertir la autorización a aerolíneas y cruceros es mucho más problemático y menos probable, dijeron varias fuentes, aunque una medida para limitar los negocios con empresas militares –uno de los objetivos de Rubio y Díaz-Balart– sí pudiera afectar a empresas estadounidenses que ya tienen negocios en la isla. La cadena Starwood está administrando un hotel de la cadena Gaviota, vinculada a las Fuerzas Armadas.
Cómo implementar esta restricción es objeto de controversia entre expertos y observadores. El Departamento del Tesoro podría compilar una lista de compañías con vínculos conocidos con los militares, imponer sanciones específicas a individuos o compañías, o condicionar las licencias otorgadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) a que la compañía cubana certifique que no tiene relaciones con los militares.
Eliminar la embajada en La Habana nunca fue el objetivo de congresistas republicanos que están presionando para el cambio de política. Tampoco echar atrás el reloj y retornar a las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesas, como ocurrió durante la administración de George W. Bush.
Un miembro de la comunidad de negocios con conocimiento de la situación –y que pidió no ser nombrado debido a la sensibilidad del tema– dijo que Cuba no es una de las prioridades de la Casa Blanca de Trump, que aún no ha logrado avanzar nada significativo en el Congreso.
Sin embargo, la fuente dijo que Rubio y Díaz-Balart han desplegado un intenso cabildeo para empujar a la administración a actuar.
“No creo que a Trump le importe” Cuba, dijo la fuente.
El Nuevo Herald
Por Confirmado: Patricia Villegas
