En apenas unas semanas alertó de una ruptura del orden constitucional, rechazó la Asamblea Constituyente, admitió el descontento social por la escasez de productos básicos y confirmó que al menos un manifestante murió por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas de seguridad.

 
Quien hizo todo ello no fue un líder opositor contrario al gobierno de Venezuela, sino la fiscal general, Luisa Ortega, casi la única voz disidente frente al discurso del oficialismo desde dentro del Estado.

 
La fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace más de 50 días celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria.

En ese tiempo se han registrado ya 55 muertos, según dijo este miércoles la fiscal, que con las investigaciones que ha liderado y los datos suministrados ha contradicho el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.

 
A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro.

 
Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila.

«Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA», dijo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda.

 
El giro actual no responde a una viraje ideológico por parte de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista, leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999. Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente.

 
«Es una combinación de activista política y mujer de leyes», dijo Evans, que conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.

 
«Una válvula de escape»

 
Sus posturas han sido elogiadas por ser independientes.

 
«Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape», dijo a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

Millán se refiere a las declaraciones de Ortega desde que a final de marzo considerara como una «ruptura del orden Constitucional» las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición.

Poco después se rectificaron parcialmente las sentencias que fueron el detonante de la actual ola de protestas.

 
En ese momento pasaron desapercibidos otros números comunicados por Ortega. La fiscal aseguró que el Ministerio Público constató una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.

Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como «insuperable» y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: «No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley».

También mostró su «preocupación» por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.

«Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender», dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana.

 
La pasada semana, en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna.

«Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución», escribió.

 
Este miércoles admitió que hay un descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.

«Represión»

 
Y con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.

Usó la palabra «represión», criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena.

 
El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios.

También señaló que hay 29 policías y guardias imputados por homicidio y trato cruel en un momento en el que el gobierno defiende la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y atribuye la violencia a los sectores radicales de la ultraderecha opositora.

 
BBC Mundo ha solicitado en las últimas semanas una entrevista con la fiscal, pero de momento no hubo una respuesta positiva.

 
«Cayó en las redes de los antirrevolucionarios»

 
Los miembros más altos del gobierno eluden de momento una crítica formal, aunque este miércoles el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía.

 
«No ha garantizado la aplicación de la justicia», dijo y citó la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.

La destitución sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada ahora por una mayoría de la oposición. Su mandato expira en 2021.

 
El desacuerdo oficialista llega sobre todo a través de otras voces. Este mismo miércoles, su mentor y antecesor como fiscal general, Isaías Rodríguez, aseguró que la vio «nerviosa» durante la comparecencia ante los medios.

 
«Lo que profundiza la crisis política son posiciones como la de ella», dijo Rodríguez en una entrevista con la televisión estatal, en la que no se transmitió el discurso de la fiscal.

«Le tengo mucho afecto, pero cayó en las redes de los antirrevolucionarios», aseguró Rodríguez. «La fiscalía está ardiendo por dentro. La fiscalía no es una institución para jugar a la candelita», dijo el exfiscal y exvicepresidente.

 
El diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. «Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA», escribió en mayúsculas.

 
Esperanza para la oposición

 
Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.

 
«Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón», dijo este miércoles el líder opositor Henrique Capriles.

Pero Ortega no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición.

 
Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

 
Ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo.

 
«El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos», dijo Nícmer Evans sobre Ortega, convertida en una importante actriz política en la crisis de Venezuela.

BBC

Por Confirmado: Gabriella Garcés

Los representantes indígenas no están de acuerdo con la Constituyente. Así lo declaró Edwin Pérez Palmar, indígena wayuú del clan Pushaina de Maracaibo y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes en Mérida. Su afirmación es basada en que los pueblos y comunidades indígenas no pueden estar de acuerdo con el hambre, la violencia y la violación de sus derechos ancestrales; características centrales de la iniciativa de Nicolás Maduro para la Constituyente Comunal.

 
“Los indígenas no estamos de acuerdo primero con la escasez de alimentos, pues no queremos seguir pasando hambre. Segundo, la ausencia de medicamentos que eleva la tasa de mortalidad en toda Venezuela. Tercero, la exclusión y expulsión de tierras, como el caso del arco minero del Orinoco, las comunidades Yukpa que están extendidos en todo el territorio nacional en búsqueda de comida, el cierre fronterizo en la Guajira en la frontera colombo-venezolana. En cuarto lugar denunciamos que nos quitan la participación en las decisiones del país con la inhabilitación de los representantes políticos indígenas y todo esto compromete nuestra participación en el destino del país”.

 
Consideró que la constituyente comunal es una imposición que además irrespeta el derecho al voto universal, secreto y directo. “El hecho de impulsar una constituyente sin previa consulta, sin participación democrática, sin ninguna participación de las etnias, es una muestra propia de los espíritus autoritarios del comunismo. ¿Cuál es el temor de que se someta a referéndum consultivo? Si estamos acostumbrados a que se someta a ese procedimiento como parte de diálogo y entendimiento social. Hacemos un llamado a organizaciones internacionales, porque Venezuela está en un estado crítico que no sólo se limita a lo político, sino también en lo social, económico, ecológico y etnológico”.

 
Denunció que la constituyente en nada cambiará la crisis por la que atraviesan los pueblos indígenas. “En el discurso político tienen una bandera de inclusión, hay una parte de la Constitución dedicada a los indígenas pero lo cierto es que la práctica nunca existió, sólo los indígenas cómplices de la maldad y la barbarie del Gobierno gozan de inclusión y presencia en los entes públicos. ¿Si hoy teniendo tanta letra en la Constitución que habla de nuestros pueblos y no se cumple nada, qué puede mejorar si cambiamos la letra?”.

 
Señaló que la realidad es que: “grandes comunidades indígenas han tenido que movilizarse en busca de mejores condiciones de vida. Hay refugiados indígenas que han sido expulsados de sus tierras y hoy pasan hambre, yukpas que hoy están en situación de indigencia, 400 guaraos abandonan sus selvas y montañas huyendo al Brasil y declarando que Venezuela murió porque no hay alimentos y medicinas. Hoy nos hacen huir del país como en los tiempos de la conquista, la neo colonización chavista está expulsándonos, extinguiéndonos”.

 
Finalmente, exigió a la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, que dé respuesta ante las necesidades de los pueblos indígenas. “¿Dónde está la Ministra y los líderes indígenas? ¿Dónde están los que hablan de inclusión? Hoy estamos más excluidos y olvidados que nunca, en una desidia en la que se encuentra toda Venezuela”.

NP

Por Confirmado: Gabriella Garcés

El mayor general Tito Urbano Meleán, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), informó este jueves 25 de mayo que el joven contador Adrián Duque Bravo murió producto del impacto de «una metra disparada por un chopo arma de fabricación casera», cuando se encontraba en los alrededores de las tostadas El Matapalo, ubicada en la avenida Padilla donde se desarrollaba la protesta de las Torres del Saladillo este miércoles.

También precisó que tres personas que se encontraban en la manifestación se encuentran detenidas.

Dijo que en el momento que ocurrió la quema de las instalaciones del edificio Inavi y de la Defensoría del Pueblo y la muerte de Duque Bravo las autoridades se habían retirado.

El mayor general ofrece la rueda de prensa acompañado del gobernador Francisco Arias Cárdenas, Gerbasio Vera, jefe del Cicpc-Zulia, entre otras autoridades.

La noche de este miércoles se registró el fallecimiento de Adrián José Duque Bravo, de 24 años. El joven resultó herido durante las protestas de este 24 de mayo, en las Torres del Saladillo del casco central de Maracaibo.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 8ª del estado Zulia, Francis Villalobos, para investigar los daños ocasionados a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el casco central de Maracaibo, hecho ocurrido este miércoles 24 de mayo durante el desarrollo de una manifestación.

Panorama

Por Confirmado Massiel Bravo

Cuando se encontraba en la segunda planta de su casa, en el barrio San Andrés en El Valle, Jesús Leiva, de 66 años de edad, fue herido por una bala perdida y murió. Leiva había cerrado su charcutería, ubicada en la misma zona, mientras se desarrollaba un enfrentamiento entre manifestantes contra la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

El comerciante había llegado a su casa cuando ya habían cesado las protestas. Sin embargo, entrada la noche hubo un tiroteo. Leiva recibió el impacto de una bala perdida en el brazo izquierdo con salida en el brazo derecho.

Para irrumpir en la casa de Jesús Leiva, la PNB rompió la reja y lo trasladaron al ambulatorio de Coche. Llegó sin signos vitales.

Ya dadas las 4:00 am, desde el centro de salud llamaron a su hijo Nelson Jesús Leiva, quien vive en los Valles del Tuy, para comunicarle el fallecimiento de su padre.

Nelson Leiva, quien ayer esperaba la entrega del cadáver en la morgue de Bello Monte, indicó: “Lo que pido es justicia. Mi papá era una persona sana y se dedicaba solo a su negocio”.

Los familiares tenían planificado sepultarlo en el Cementerio del Este, pero debido a que le realizaron la autopsia en el Hospital de Coche, no tenía los permisos correspondientes ni el registro civil con su respectiva acta de defunción. Por ello enviaron a su hijo a la jefatura de El Valle en primer lugar, pero allí le negaron la solicitud. Fue remitido entonces a otra dependencia de la Alcaldía de Libertador, donde también le rechazaron la emisión de los documentos y finalmente lo enviaron a la morgue de Bello Monte a resolver la situación.

Yñigo Jesús Leiva dejó a dos hijos adultos y el Cicpc realizaba ayer una investigación en la zona para determinar de dónde pudo provenir la bala.