Williams Dávila: Estado venezolano puede ser demandado internacionalmente si se comprueba que factores violentos son pagados por oficinas públicas

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamente del Mercosur (Parlasur), Williams Dávila (Unidad-Mérida), anunció que presentó la denuncia sobre la situación de violencia contra manifestantes pacíficos, en especial, con relación al estado Mérida.

 
Dávila informó a Parlasur de la lamentable cifra de fallecidos y cientos de heridos producto del excesos en el uso de la fuerzas del estado de forma directa o encubierta, contra los protestantes, además “alerté a la comunidad internacional del avance del gobierno en el uso de grupos paramilitares y parapoliciales, que son en algunos casos pagados en el mismo Estado, para ir violentamente contra los ciudadanos”.

 
En este sentido, el parlamentario fue enfático en señalar que “con tanto dolor, como merideño que soy, he visto como esos grupos violentos han disparado a mansalva contra un pueblo valiente y desarmado, y así se lo he mostrado a las delegaciones del Parlamento del Mercosur para que estén al tanto de lo que ocurre aquí. Rechazo por completo la acción fascista de estos mercenarios que están siendo protegidos por el gobernador del estado Mérida y es un delito de Lesa Humanidad, porque son factores que actúan como agentes del Estado, al ser pagados por oficinas públicas y el Estado puede ser demandado internacionalmente”.

Finalmente, condenó que en Venezuela y Mérida se estén violando los derechos fundamentales como es el de la vida.

Nota de Prensa

Dijo que seguirán en las calles hasta que se cumplan las peticiones

Capriles asegura que no se negocian propuestas que exige el pueblo venezolanoEl gobernador de Miranda, Henrique Capriles, indicó que ninguna de las cuatro propuestas solicitadas por el pueblo venezolano al Gobierno de Nicolás Maduro no es objeto de negociación, por lo que seguirán en las calles protestando hasta que se cumplan las peticiones.

“No es una subasta pedir respeto a la Asamblea Nacional, que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, tampoco lo es el canal humanitario para la llegada al país de comida y medicinas. Tercero, no es negociable la liberación de los presos políticos, en el que hay más de 150 privados de libertad, así como la inhabilitación que es arbitraria y anticonstitucional. Y el cuarto punto, el de elecciones, es un tema de voluntad política”, dijo durante una entrevista en programa radial.

Sobre este último punto, el también líder de la Unidad, indicó que las realización de elecciones generales no es un capricho de la oposición, sino que fue un planteamiento que propuso el Ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estuvo como mediador, al plantearle al gobierno y a la oposición la posibilidad de adelantar unas elecciones generales para solucionar la crisis política que hay en el país.

“Se puede hacer una enmienda constitucional y se convoca al pueblo venezolano para que la apruebe. Todo eso se pude hacer en 30 días e incluso, si les da la gana, lo pueden hacer en horas. Una vez aprobado esto, se convoca a un proceso electoral en el que se elegirán todos los cargos de elección popular, de hechos los diputados que no tienen ni en la mitad de su periodo, están dispuestos a que se vuelva a contar la Asamblea Nacional. El objetivo es  que se cuenten todos los cargos de elección popular como alcaldes, gobernadores, diputados de la AN, de los consejos legislativos y municipales y Presidente. Luego de solucionada la crisis política, se trabajará en solventar los problemas sociales y económicos de nuestro pueblo”, explicó.

Por último, Capriles indicó que dentro del seno del partido de gobierno hay personas que no están de acuerdo con las políticas que lleva adelante Nicolás Maduro. Puso como ejemplo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien  reconoce que hay actuaciones de los cuerpos de seguridad que están viciadas y que evidencia la violación del debido proceso.

“La Fiscal nos es de oposición, ella está vinculada al gobierno y es defensora de las causas del mismo, pero saca a relucir lo que piensan muchas personas que están del lado del gobierno, quienes aseguran que se pasaron la raya. Ella no se tapar los ojos y ese es el deber ser, mucho más cuando está en la posición que ocupa. Todo lo contrario al Defensor del Pueblo que está en complicidad y ha sido indolente ante las violaciones de los derechos humanos en el país”, concluyó.

Màs tarde

Calificó retiro de la OEA planteado por canciller como un proceso violatorio

Aseguró que los venezolanos seguirán en la calle defendiendo sus derechos, frente al autogolpe madurista.

Dijo que las calles le pertenecen a los venezolanos y mientras más represión por parte del gobierno, el pueblo ha respondido con más contundencia en la calle.

“Frente al Plan Zamora, Plan Constitución. Estamos firmes en nuestras peticiones que reiteramos todos los días y a las que les sumamos, que sean desarmados los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. No se justifica que haya civiles armados que actúan fuera de la ley y no hay ninguna actuación por parte de los órganos de justicia. Los tribunales lo que han hecho es amparar a estos grupos armados que arremeten contra quienes están alzando su voz en las calles”, dijo.

Reiteró que el Defensor del Pueblo ha sido indolente ante violaciones de los derechos humanos en el país, actuando de manera cómplice con instituciones del Gobierno nacional.

“Le recuerdo al señor Defensor que en el artículo 281 de la Constitución están establecidas sus atribuciones. Pero pareciera que se le olvidaron. Pregúntese ¿está cumpliendo con sus competencias o está defendiendo un partido político?”, expresó.

De igual forma, con respecto a la reunión convocada por el Consejo Permanente de la OEA y las declaraciones ofrecidas por la canciller de la República, dijo que la funcionaria no representa a los venezolanos, sino los intereses de Maduro y su cúpula.

“Un retiro en los términos en los que los planea esa señora de la Organización de Estados Americanos sería violatorio y ese proceso tardaría dos años para hacerse efectivo. No vamos a permitir que nos aíslen del mundo. Todas las decisiones que toma el gobierno, en detrimento de los venezolanos, nos da más razones para seguir luchando”, concluyó.

Prensa Henrique Capriles / Javier Ramírez

Amnistía Internacional (AI) denuncia la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”, según recoge el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió hoy en México.

AI recoge varios casos que muestran “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos”, explica en una entrevista con Efe la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.

Especialmente, aquellos casos en los que se afecta la integridad de las personas o se viola el debido proceso de diversas formas, demostrando que no hay independencia entre el sistema de justicia y el poder Ejecutivo.

Guevara-Rosas asegura que “es muy preocupante que las autoridades no estén tomando medidas para garantizar la protección de todos, sin distinción de sus opiniones políticas”.

La organización pretende mostrar una visión “más integral” de lo que está ocurriendo en el país caribeño, lo que cobra una mayor relevancia estos días por las protestas pacíficas que se están celebrando desde hace tres semanas.

Estas protestas cargan contra el Gobierno de Nicolás Maduro por las sentencias del Supremo que le restan competencias al Parlamento -de mayoría opositora- y piden elecciones generales y la liberación de presos políticos, entre otras demandas.

En este marco, 1.289 personas han sido detenidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía venezolana. “Sabemos que siguen en situación de detención al menos 800, no sabemos en qué condiciones” por el secretismo de la información, porque se les atribuyen delitos del fuero militar, señala Guevara-Rosas.

En este sentido, los civiles en Venezuela están siendo presentados ante tribunales militares, dado que se les acusa de delitos de este ámbito, “y se trata en muchos casos” de personas que se oponen abiertamente al régimen de Maduro”.

Amnistía considera “preocupante” el empleo “sistemático” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que depende directamente del vicepresidente y tiene como mandato “la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano”.

Este mecanismo, afirma Guevara-Rosas, “está deteniendo por motivos políticos a las personas de forma arbitraria”, sin tener facultades para ello y, en la mayoría de los casos, sin orden de detención dictada por un juez.

Entre las historias que recoge el informe en torno al SEBIN se encuentra la de la activista de Voluntad Popular Steyci Escalona y el diputado Gilber Caro, en cuyas detenciones “se violaron todos los principios del debido proceso” y ni siquiera se respetó el principio de inmunidad parlamentaria de Caro.

Otros casos, como el del concejal opositor José Vicente García, muestran cómo algunas personas continúan encarceladas incluso después de que un juez presente una orden de liberación oficial.

Además, la organización manifiesta su inquietud por si estas detenciones llevan a otras violaciones “graves” de derechos humanos, como la tortura o la desaparición, ya que han registrado casos en los que las personas detenidas quedan incomunicadas, sin poder establecer contacto con sus familias o representantes legales.

Como una de las recomendaciones, Amnistía pide al poder Ejecutivo que retire la denuncia que interpuso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepte la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que la gente pueda buscar justicia”, apunta Guevara-Rosas.

El informe, concluye la directora regional, es un llamado a que las autoridades, “en vez de reprimir a la gente, empiecen a buscar soluciones duraderas y efectivas a la crisis humanitaria que atraviesa el país” y que desencadena las violaciones a los derechos humanos.

EFE

Por Confirmado: Gabriella Garcés