Este martes, durante la Sesión Ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó, solo con los votos de los diputados la Bancada de la Unidad, un Proyecto de Acuerdo para rechazar la política de Estado de armar a colectivos paramilitares que impunemente comenten crímenes políticos. El documento establece, entre otras cosas, la designación de una Comisión Especial, integrada por 7 diputados, que deberá investigar, constatar y determinar las responsabilidades que los integrantes de estos grupos violentos tiene en la muerte, persecución y amedrentamiento de personas que protestaban en las concentraciones convocadas por el sector opositor.
La mencionada instancia, presidida por el diputado Stalin González (Miranda-Unidad) deberá, además, precisar la responsabilidad que en torno a todos estos hechos de violencia tienen el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Mayor General Gustavo Enrique González López, así como el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el Vicepresidente Tareck El Aissami, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y varios gobernadores de estado.
Al finalizar la sesión el presidente de la institución, diputado Julio Andrés Borges (Miranda-Unidad) explicó que la mencionada Comisión Especial tendrá 30 días para elaborar un detallado informe, que el mismo será sometido a consideración de la plenaria y elevado a todos los organismos internacionales relacionados con la materia de derechos humanos tales como la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, entre otras.
En el mencionado Acuerdo, además, se emplaza a la Fuerza Armada Nacional a ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución Nacional y demás leyes de la República, al Defensor del Pueblo a proteger a los ciudadanos, a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional a tramitar ante el Ministerio Público la apertura de una investigación en torno al Ministro del Interior, Justicia y Paz y los jefes del Sebin y Contrainteligencia.
«Asimismo dejamos nuestra más firme decisión de solidarizarnos con los familiares de quienes hemos querido llamar Luchadores por la Libertad, es decir, aquellos que han perdido la vida o han sido gravemente heridos por estos grupos armados», dijo Borges luego de informar que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en nuestro país, así como los familiares de las víctimas y demás expertos serán llamados a participar en esta necesaria investigación.
De los Considerandos
Cabe destacar que el Proyecto de Acuerdo para rechazar la política de Estado de armar a paramilitares o miembros de colectivos para que cometan crímenes políticos contiene 29 considerandos.
Vale mencionar que para redactar el documento se tomó en cuenta, por ejemplo, lo siguiente: 1) Que la Constitución Nacional, en su artículo 324, establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, que la Ley de Armas y Explosivos , químicos y afines deposita solo en la Fuerza Armada Nacional la seguridad de la Nación y que la Ley para el Desarme obliga al Estado a proteger la ciudadanía y a evitar que civiles se armen ilegalmente, 2) Que ha resultado «deliberada» la política de armar a civiles cuando altos dirigentes del gobierno, empezando por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reconoce que esas personas violentas actúan en defensa de la revolución y del pueblo y además anuncia que ha girado instrucciones para que el Estado venezolano adquiera 500 fusiles que le serán entregados a la misma cantidad de milicianos, 3) Que la llamada Milicia Bolivariana es un grupo al margen de la Constitución Nacional puesto que ésta reconoce solo cuatro componentes, es decir, a la Aviación, la Guardia Nacional, la Armada y el Ejército y 4) Que en la Corte Penal Internacional, la Haya y demás organismos internacionales existe el precedente del caso colombiano, país donde también surgieron grupos paramilitares que tuvieron que ser desarticulados, desarmados y penados.
El debate
Este importante tema se abordó durante el tercer punto del Orden del Día, el cual tenía el siguiente enunciado: «Debate sobre la política de Estado de armar a colectivos paramilitares para cometer crímenes políticos, en complicidad con las Fuerzas Armadas Nacionales y sobre los casos de persecución e intimidación directa contra el Parlamento Nacional y sus miembros». Es de señalar, además, que los integrantes de la Bancada de la Patria no hicieron acto de presencia durante esta reunión.
En esta oportunidad 11 diputados de la Unidad participaron en el debate. El primer derecho de palabra lo ejerció la diputada Delsa Solórzano (Miranda-Unidad). La parlamentaria dijo que en estos graves hechos de violencia, los cuales han cobrado la vida de varios venezolanos, el gobierno no podrá evadir su responsabilidad puesto que el artículo 324 constitucional es muy claro en este sentido.
«El monopolio de las armas de guerra reposa sobre el Estado venezolano, entonces como el presidente Maduro y el resto de las autoridades pretende evadir su responsabilidad en el hecho de que diversos grupos de civiles, que actúan como paramilitares, asesinas a personas inocentes, saquean, destruyen instalaciones y ellos no saben quiénes son», dijo Solórzano no sin antes precisar que el Gobierno nacional debe explicar cómo llegan esas armas a manos de esos individuos
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«No tenemos dudas, aquí hay un solo responsable de estos hechos de violencia y ese responsable es el gobierno», indicó Solórzano. Durante su intervención la parlamentaria recordó que en Panamá, Haití, República Dominicana, en Italia (con Musolinni) y Alemani (con Hitler) se registraron casos similares.
«Lamentablemente esa misma experiencia la estamos viviendo en Venezuela».
Solórzano se refirió a los señalamientos que recientemente ha realizado la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y dijo que es muy importante que sea la titular del Ministerio Público quien reconozca que ha habido exceso de violencia, que han habido unas 120 detenciones arbitrarias y que varias personas inocentes han perdido la vida en manos de los llamados colectivos.
Por su parte los diputados Julio César Reyes y Freddy Superlano intervinieron para referirse a los hechos de violencia que este lunes 24 de abril se registraron en el estado Barinas. Lamentaron que varias personas perdieran la vida y pidieron a la Fiscal general , Luisa Ortega Díaz, abrir la investigación correspondiente.
El diputado José Guerra, del Distrito Capital, indicó que ningún vocero del gobierno podrá mancillar su trayectoria y su nombre. «Mi vida y mi trayectoria hablan por sí mismo. Ustedes no tienen cómo acusarme de nada», dijo Guerra no sin antes indicar que los voceros del gobierno podrán decir lo que quieran, pero lo que realmente sucedió en El Valle es que el pueblo salió a protestar porque tiene hambre y está harto de esta terrible situación.
«General Padrino López, usted como Ministro de la Defensa tiene la obligación de desarmar a esos grupos violentos, de lo contrario es cómplice de toda esta barbarie», dijo Guerra.
Los diputados por el estado Táchira Franklin Duarte, Gaby Arellano y Juan Requesens pidieron la palabra para lamentar el fallecimiento de la joven Paola Ramírez y para indicar que tienen pruebas suficientes de que la presidenta del Consejo Legislativo y el propio gobernador de esa entidad, José Gregorio Vielma Mora tienen estrecha relación con estos grupos violentos. Aseguraron que las mencionadas pruebas serán consignadas a la brevedad ante el Ministerio Público.
Los diputados José Luis Pirela, Alexis Paparoni, Américo De Grazzia y Juan Pablo García también intervinieron para condenar los hechos, pedir la intervención de las instituciones y solidarizarse con los familiares de las víctimas. En particular el diputado De Grazzia pidió incorporar a las ONG en la investigación que emprenderá la Asamblea Nacional. La moción fue incluida en el Acuerdo. Todos concluyeron que ya no se puede hablar de «colectivos» sino de «paramilitares» evidentemente financiados, organizados y entrenados por el Gobierno nacional.
Qué es un colectivo?
Al buscar la definición de la palabra «Colectivo» encontramos que la misma se refiere a un grupo de personas que tienen intereses comunes y que se encargan de implementar estrategias de trabajo, ejecutarlas, organizarlas y administrarlas entre los integrantes de una localidad para lograr un beneficio en común.
Sin duda alguna la experiencia ha sido totalmente diferente en Venezuela, especialmente a la luz de la llamada Revolución Bolivariana. En nuestro país estos grupos son asociados a la violencia, al manejo de armas de fuego, a la intimidación, al robo y al sometimiento de grupos de personas adversas al gobierno del fallecido Presidente, Hugo Chávez Frías, y del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Según informaciones publicadas en la prensa nacional e internacional solo en Cotiza (barrio ubicado en Caracas) existe un centro de operaciones de al menos 100 grupos de colectivos. El caso se extiende a la Parroquia 23 de Enero, al oeste de la ciudad, donde operan públicamente los colectivos denominados «La Piedrita», «Alexis Vive», «Tupamaros» y «Carapaica», entre otros no menos representativos.
La existencia de estos grupos no está contemplado en el texto constitucional ni en ningún otro instrumento de ley, pero el propio presidente Hugo Chávez reconoció públicamente que éstos «eran el brazo armado de la Revolución Bolivariana». Por lo general los integrantes de estos grupos tienen ideología de izquierda y formación marxista-leninista.
En América Latina este tipo de grupos existe desde los años 60, época de la llamada Guerra Fría. En la Venezuela reciente han causado alarma y han llamado la atención dentro y fuera del país debido a que se han convertido en bandas armadas que utilizan la violencia con total impunidad. La procedencia de la ha llegado a tal magnitud que ya son considerados como paramilitares, con estructura, entrenamiento, subcultura y objetivos precisos
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Yira Yoyotte
Fotos: Arles Arcia
