El juez acusa a la ex familia presidencial de haber dirigido una «asociación ilícita» y de blanqueo de capitales, y les prohíbe salir del país

La ex presidenta Cristina Kirchner, a juicio por primera vez

Los problemas judiciales de Cristina Kirchner no parecen tener fin. A las puertas ya de un juicio oral y procesada en un caso de presunta corrupción, la ex presidenta argentina sumó hoy un nuevo procesamiento al ser acusada por el juez de «asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles» con la función pública. Por primera vez han sido procesados también los hijos de la líder peronista, Máximo y Florencia Kirchner. Ninguno de ellos podrá abandonar el país.

El juez Claudio Bonadio, que también ha embargado bienes a Kirchner por un valor de 130 millones de pesos (unos 8 millones de euros), considera en su fallo que la ex mandataria, sus hijos y los empresarios afines al kirchnerismo Lázaro Báez (en prisión) y Cristóbal López, entre otros, formaban parte de una asociación ilícita para delinquir. En la denominada causa «Los Sauces» (que toma el nombre de la empresa inmobiliaria de los Kirchner) la justicia investiga si los Kirchner favorecieron con contratos del Estado a los empresarios a cambio de que éstos alquilaran sus inmuebles y les pagaran sobornos. Para el magistrado, Cristina Kirchner dirigía esa «asociación ilícita». Si fuera a juicio y resultara condenada, la ex presidenta afrontaría una pena de entre tres y diez años de prisión.

Kirchner fue a declarar hace un mes por esta causa y presentó un escrito al juez en el que dijo ser objeto de una «persecución judicial y mediática que no registra antecedentes». Un día antes de su comparecencia, pasaron por los tribunales sus hijos Máximo y Florencia, accionistas también de la empresa «Los Sauces».

La inmobiliaria fue creada en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010). A su muerte, su viuda Cristina Kirchner y sus hijos quedaron a cargo de la empresa. Durante los primeros años la compañía apenas tuvo actividad. Una diputada de la oposición, Margarita Stolbizer, investigó las presuntas irregularidades en los balances contables de la empresa y acusó a los Kirchner de haber recibido dinero de los empresarios como «ilegítima contraprestación» por las concesiones de obra pública y licencias para diferentes negocios. Para la fiscalía, los fondos irregulares eran luego blanqueados por la ex familia presidencial.

Cristina Kirchner y el resto de los procesados apelarán probablemente el fallo del juez. Hace un mes, tanto ella como sus dos hijos pidieron ser sobreseídos en la causa e insistieron en que los contratos de la inmobiliaria eran «genuinos». El problema para los Kirchner estriba en que uno de los empresarios implicados, Báez, lleva un año en prisión bajo la acusación de enriquecimiento ilícito.

«Presiones políticas»

 
Para la ex mandataria, la ofensiva judicial en su contra obedece a «presiones políticas» para frenar su carrera política. Quince meses después de haber dejado el poder, Kirchner todavía conserva un fuerte respaldo en las áreas más pobres de la populosa provincia de Buenos Aires. Aunque todavía no ha dicho públicamente si se presentará a las elecciones legislativas de octubre, una condena judicial eliminaría esa posibilidad.

La líder peronista está procesada ya en otra causa de corrupción (por asociación ilícita y administración fraudulenta). A Kirchner se le acusa de haber orquestado «un plan criminal» para favorecer a la empresa de Báez, Austral Construcciones, que recibió el 78% de las licencias de obra pública otorgadas en la provincia patagónica de Santa Cruz durante la etapa kirchnerista (2003-2015). Además, Kirchner está a la espera de que el juez Bonadio le comunique cuándo deberá presentarse a su primer juicio oral por otro caso: la polémica venta de dólares a futuro decretada durante el último tramo de su mandato y que según la justicia ocasionó pérdidas millonarias al erario.

Florencia (de 26 años) y Máximo (de 40) serán procesados por primera vez. La hija de la ex mandataria ya vio cómo el juez se incautaba hace unos meses de unos cinco millones de dólares que guardaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria. Además, la justicia ordenó el bloqueo de su salario como directora de la empresa. Máximo, por su parte, goza de inmunidad parlamentaria al haber sido elegido diputado nacional en las elecciones de 2015. Dirigente de «La Cámpora» -la organización juvenil kirchnerista-, el primogénito de los Kirchner era, según la acusación, el encargado de cobrar los alquileres de la inmobiliaria a los empresarios K en su calidad de administrador de «Los Sauces».

El juez Bonadio decidió en su fallo declararse incompetente y sugirió que la causa continúe en el juzgado del magistrado Julián Ercolini, encargado del caso de presunta corrupción en la obra pública por la que la ex presidenta ya está procesada. Para Bonadio ambas causas tienen una clara conexión y deberían seguir un único proceso judicial.

EFE

Entrevista a Giovanni Sartori: «Si damos el voto a los inmigrantes impondrán la ‘sharía’ en Europa»

EFE

 
El politólogo y sociólogo italiano Giovanni Sartori, uno de los intelectuales contemporáneos de mayor relevancia a nivel internacional, ha fallecido a los 92 años, publica hoy el diario italiano Corriere della Sera, del que era columnista.

Sartori falleció ayer lunes por complicaciones respiratorias aunque la noticia fue comunicada hoy.

Nacido en Florencia el 13 de mayo de 1924, Sartori era conocido por ser uno de los pensadores más importantes de los últimos tiempos y también por ser autor de numerosos libros sobre teorías de la democracia que han sido traducidos en diversas lenguas.

Entre ellos destaca Homo Videns. La sociedad teledirigida (2002), una obra en la que el pensador italiano reflexionaba sobre el poder de la televisión en las sociedades modernas.

En los años cincuenta entró como enseñante en la Universidad de Florencia y de ahí saltó, en los setenta, a Estados Unidos, donde primero enseñó en la Universidad de Stanford, en California, y después en la de Columbia, de Nueva York.

Pronto comenzó a ser considerado una de las personalidades de mayor prestigio internacional en el ámbito del Derecho Constitucional, tanto es así que en 2005 fue reconocido con el premio Príncipe de Asturias para las Ciencias Sociales.

Diez años más tarde, en 2015, fue distinguido con el Premio FAES de la Libertad 2015 por su «firme defensa de los valores de la libertad y su importante papel internacional en el estudio de la democracia representativa».

Polemista cáustico, como le describe el diario italiano, lanzó en las columnas del Corriere della Sera términos fundamentales para el ámbito político transalpino como «Mattarellum», el nombre con el que se conoce al sistema electoral vigente entre 1994 y 2001 y que fue cambiado por el primer Gobierno de Silvio Berlusconi.

Ateo convencido, a lo largo de su vida profesional también dirigió mensajes mordaces contra la Iglesia católica y su control sobre la natalidad.

Su trayectoria fue merecedora de numerosos premios, entre ellos la medalla al mérito cultural y educativo del presidente de la República italiana, el Comendador de la Orden de la Cruz del Sur, que otorga el presidente de Brasil, y la Gran Cruz de la Orden de Bernardo O’Higgins.

Tras conocer la noticia, numerosas personalidades del mundo de la política han mostrado su pésame por la pérdida de una de las voces fundamentales del mundo contemporáneo.

El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha descrito a Sartori como un «estudioso que ha dado mapas y nombres a la política para que se encuentre a sí misma».

Por su parte, la presidenta de la Cámara de los Diputados, Laura Boldrini, se ha referido a Sartori como «un protagonista apasionado del debate cultural», mientras que su homólogo en el Senado, Pietro Grasso, ha dicho de él que fue «una voz independiente que reforzó y nutrió a la opinión pública».

Elmundo.es

Susan Rice y Erik Prince son dos nuevos nombres mencionados en relación a la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de noviembre.

La investigación sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de noviembre y las comunicaciones entre el equipo de transición del presidente Donald Trump y el gobierno ruso podría tomar giros nuevos al ser relacionados tres nombres más a la maraña de contactos y revelaciones.

Uno de ellos es el de la ex embajadora de EE.UU. ante la ONU, Susan Rice, el otro el de Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad Blackwater y hermano de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y un tercero, es Carter Page, amigo y exasesor en política exterior del presidente Trump.

Desenmascaramiento

Rice, ex asesora de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama, es señalada por reportes publicados en Fox News, Bloomberg y otros como la posible fuente que “desenmascaró” y posteriormente filtró a la prensa los nombres de los funcionarios del equipo de transición de Trump, incluyendo el de Michel Flynn, que fueron captados de manera accidental durante el monitoreo de comunicaciones a miembros de la inteligencia rusa y otros agentes extranjeros.

Flynn tuvo que renunciar, a pedido de Trump, de su cargo de asesor de Seguridad Nacional en el que fungió solo durante un mes, por mentir sobre sus contactos con el embajador ruso ante Estados Unidos, Sergey Kislyak.

La reunión secreta

Por su parte, Prince, es señalado en un reporte exclusivo del Washington Post, como el enviado no oficial de Trump a una reunión secreta que habría sostenido con una persona muy cercana a Vladimir Putin en las remotas Islas Seychelles en el Océano Índico.

El objetivo de la reunión, realizada el 11 de enero —nueve días antes de la toma de posesión de Trump— tenía el objetivo, según el Post, de tratar de persuadir al Kremlin de alejarse de Irán y Siria, probablemente a cambio de otorgar concesiones en el tema de las sanciones impuestas a Rusia por el gobierno de Obama.

La empresa Blackwater, proveedora de servicios de seguridad, estuvo involucrada en abusos de fuerza en Irak y fue vendida por Prince posteriormente.

Red de espionaje

Page, un consultor de energía que dice haber trabajado para Gazprom, la petrolera estatal rusa, fue objeto de intento de reclutamiento hace tres años por el diplomático y espía ruso, Victor Podobnyy, imputado en relación a una red de espionaje en un tribunal de Nueva York.

La red, formada por tres personas, entre ellas Podobnyy, es acusada de recolectar información sobre las posibles sanciones que EE.UU. impuso a Rusia y, datos sobre la seguridad energética y la economía estadounidense.

Según la agencia The Associated Press, los documentos de la corte incluyen la transcripción de una conversación sobre Page (identificado como «Hombre-1» en los documentos), entre Podobnyy e Igor Sporyshev, otro de los acusados.

Los nexos

En el caso de Rice, los republicanos señalaron la necesidad de investigar si la revelación de las conversaciones y los nombres fue hecha de manera deliberada para afectar políticamente al equipo de Trump y si el presidente Obama dio la orden o supo de esas intenciones.

En el caso de Prince, aunque nunca ha sido miembro del equipo de campaña o de transición de Trump, fuentes citadas por el Post lo ubican como fuerte donante de la campaña de Trump y asesor de facto en temas de inteligencia, además de ser considerado como muy cercano al estratega de Trump, Stephen Bannon.

Y sobre Page, Trump y sus allegados han sido más bien vagos para explicar cómo llegó a ponerse en contacto con la campaña.

Un portavoz de Prince dijo en un comunicado que “Erik no ha tenido ningún papel en el equipo de transición [de Trump]”, agregando que el reporte del Washington Post es “una completa invención”.

Rice no ha hecho comentarios recientes sobre el presunto desenmascaramiento, pero CBS News reportó que ella, en su papel de asesora de seguridad, algunas veces solicitó que se le revelaran los nombres incluidos en reportes secretos de inteligencia, para comprender el contexto en el que eran mencionados.

Cuando se captan conversaciones incidentales de ciudadanos estadounidenses, se supone que sus nombres deben ser “enmascarados” —o tapados en los reportes— a menos que se trate de un tema de seguridad nacional, sean parte de una investigación criminal o si se teme por la seguridad de esos ciudadanos en alguna manera.

Aunque las solicitudes de desenmascararlos no son impropias, ni inusuales, no deberían tener que ver con la política.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, indicó que los nombres de los funcionarios del equipo de Trump fueron desenmascarados durante el gobierno de Obama. Nunes aparentemente recibió esa información mencionada de parte de funcionarios de la Casa Blanca.

La historia son las filtraciones

El presidente Trump ha denunciado repetidamente en su cuenta de Twitter que Obama le intervino sus comunicaciones en la Trump Tower en Nueva York, una afirmación que ha sido desmentida por el FBI, la comunidad de inteligencia y por varios congresistas y senadores tanto republicanos como demócratas

.

También ha negado repetidamente que no tuvo conocimiento de que miembros de su equipo de campaña y transición hayan tenido reuniones con agentes rusos y que el tema de los posibles nexos es solo un «ardid».

El lunes, Trump reiteró en un tuit: «La verdadera historia resulta ser la VIGILANCIA [electrónica] y las FILTRACIONES! Encuentren a los soplones».

En cuanto a Page, éste reconoció el lunes en un comunicado que es cierto que “compartió información básica, inmaterial y disponible públicamente en documentos investigativos” con Podobnyy, pero describió la información como “nada más que unos pocos ejemplos, nada que ver con el material de sus clases”, que solía exponer como profesor de Política Exterior en la Universidad de Nueva York en 2013.

Los nexos entre el equipo cercano a Trump y Rusia siguen siendo investigados por el FBI y por al menos dos comisiones del Congreso. Hasta ahora un pedido de crear una investigación independiente han sido ignorados.

Rice, Prince y Page podrían ser llamados a testificar en cualquiera de las investigaciones.

Voa Noticias