Autoridades de varios países suramericanos han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos, cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado. Esas personas en tránsito llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil; después de un tiempo se desplazan a la frontera con Venezuela, país que intentan atravesar para alcanzar Colombia y luego probablemente seguir su itinerario hacia Centroamérica y quizás Estados Unidos.
La alerta fue realizada en 2014 por quien entonces dirigía la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, Gyoris Guzmán. La denuncia de Guzmán, que ahora se encuentra en España, donde ha pedido asilo, no supuso ninguna especial reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.
Según asegura, «todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que ya para esa fecha el actual vicepresidente, Tareck el Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes».
«En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha franca, sincera y acertada contra la criminalidad», lamenta Guzmán. Advierte que el régimen chavista «ni siquiera cumple con compromisos internacionales adquiridos con la ONU o con organismos regionales como Unasur y Mercosur». «Es la ausencia por completo de un Estado», sentencia.
Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbolá, el grupo radical chií de origen libanés, ya han sido relevados con anterioridad. También han trascendido operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a elementos extremistas islámicos. Ahora, queda al descubierto otro modo elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional.
Unas cuarenta personas
De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014 hubo cerca de cuarenta personas supuestamente vinculadas al extremismo islamista que, en diferentes viajes, entraron ilegalmente en Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.
Al parecer, habían llegado a Brasil a los aeropuertos internacionales de Sao Paolo y Río de Janeiro. Después de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales, hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por carretera. Una vez en Venezuela pretendían atravesar el país y entrar a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos nada más entrar en Venezuela, pero otros lo fueron a punto de pasar a territorio colombiano.
La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. «Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer ninguna vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con Daesh o franquicias de Al Qaeda», afirma Guzmán.
Las investigaciones demostraron que la ruta ya se había asentado, gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por las autoridades brasileñas). «Lo que detectamos muy posiblemente era el ensayo de una ruta, que con el tiempo podía funcionar a mayor escala, para enviar yihadistas hacia el Norteamérica, porque en Colombia no se iban a quedar», razona Guzmán.
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ABC
Por Confirmado: Gabriella Garcés
