Un grupo de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió hoy en una declaración conjunta al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que programe un calendario electoral y que libere a los “presos políticos”.

“Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”, reza el borrador del texto al que tuvo acceso Efe.

El documento indica que la suspensión de un país miembro (como pidió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para Venezuela) “es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”.

La declaración, que está previsto que se publique oficialmente esta tarde, la firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Estos países hacen parte del “grupo de los 15”, como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice pero que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Los 14 países firmantes se declaran “profundamente preocupados por la situación que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela”, y declaran su “compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”.

Prometen evaluar “con detenimiento” el informe que Almagro publicó el 14 de marzo, en el que pedía aplicar la Carta Democrática para suspender a Venezuela si no convoca elecciones en 30 días, y lo analizarán “con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización”.

Reiteran su apoyo al “diálogo y la negociación” para solucionar “los problemas” que afronta el pueblo venezolano y, por ello, hacen “un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede”.

“Y avancen -prosigue- en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas”.

Concluyen ofreciéndose a “colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales de ese país”.

“Y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios”, termina el texto.

EFE

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, inició una gira nacional para informar a los venezolanos sobre las implicaciones de aplicar la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a Venezuela.

Así lo dio  a conocer a través de cuenta oficial en la red social Twitter, en donde expresó que –a su juicio– este instrumento brinda protección a los venezolanos ante la posible “ruptura del orden constitucional”.

“Aplicar la Carta Democrática no significa intervención. Busca que en Venezuela haya elecciones (…)”.

 

 

El político aseguró que leyó y explicó lo contemplado en la Carta Democrática, a fin de que los ciudadanos estén informados.

De igual forma recordó que la Carta Democrática fue activada el 23 de junio de 2016. Además, el actual informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contiene la información consignada por el Parlamento venezolano.

Globovisión

Este 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia número 43 del juicio llevado en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por el simple hecho de haber dictado una decisión ajustada a derecho el 10 de diciembre del año 2009 fue privada de libertad, cuando el ex presidente Hugo Chávez ordenó su prisión por 30 años.

Así lo informó el integrante de la defensa de Afiuni, abogado José Amalio Graterol al enfatizar que la jueza “hoy en día se mantiene con medidas de coerción personal durante un tiempo de siete años y tres meses, lo que resulta totalmente inconstitucional”.

El abogado defensor destacó que “solo restan cinco testigos para que culmine el juicio de Afiuni, ellos son Elvis Ramírez, ex jefe de investigaciones del Sebin para aquel entonces, Julio César Rodríguez, ex inspector de tribunales del circuito judicial penal de Caracas, Veneci Blanco, ex presidenta del circuito judicial penal de área metropolitana de Caracas y Daniel Medina, ex fiscal de la causa, uno de los que entró a allanar el tribunal de la jueza sin ninguna orden y quien es hoy en día abogado de Diosdado Cabello y un ciudadano funcionario del Sebin de apellido Loyo, quien llevó a cabo el allanamiento del tribunal”.

“Solo faltan cinco testigos para que culmine uno de los juicios más largos de la historia de Venezuela que lleva ya 43 audiencias, todos los testigos han señalado que si hubo boleta de excarcelación, que no se hizo un audiencia preliminar sino un diferimiento, que no hubo ningún tipo de irregularidades en las actuaciones de la jueza Afiuni”, recordó el profesional del derecho.

Para el abogado estos cinco testigos que faltan por declarar “son contumaces, no se han presentado a tribunales porque tienen intereses personales que salvaguardar, esas personas cometieron delitos en contra de la jueza Afiuni”.
“Esperamos que el juez de la causa prescinda de estos testigos en los próximos días y haya en estos próximos meses una resolución para este juicio penal que lleva siete años y tres meses”, acotó.

José Amalio Graterol dijo que la jueza Afiuni se mantiene con medidas de coerción personal como son: no poder declarar a los medios de comunicación, no utilizar ninguna red social y presentarse periódicamente ante un tribunal.
“El caso Afiuni constituye el caso en Venezuela que marcó un antes y después de la justicia y la independencia del Poder Judicial, antes de este caso había justicia en Venezuela; después de este caso los jueces solo se dedican a perseguir, no a los delincuentes que matan al pueblo en la calle, sino a todo aquel que disienta del régimen. Los jueces son administradores de llamadas telefónicas del Poder Ejecutivo para dictar decisiones contrarias a derecho”, puntualizó José Amalio Graterol.

Nota de prensa

El diputado y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara denunció la existencia de una “mafia de la harina” que estaría detrás de la arremetida que ha emprendido el Gobierno contra el sector panadero, extorsionando a los dueños a cambio de conseguir materia prima regulada para la elaboración de pan. Esto, durante un encuentro que sostuvo este jueves con el Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.

El parlamentario explicó cómo estaría operando el entramado de corrupción alrededor de la venta de harina de trigo a las panaderías, gracias a información que, asegura, recibió de dueños de panaderías, trabajadores del sector e incluso funcionarios del Gobierno.

“El problema está esencialmente en que el Estado monopoliza el 100% de la importación de trigo, por lo tanto si no hay trigo para producir pan el primer culpable es el Estado. Como hay poco trigo y además lo ponen a precio regulado se ha creado una red de extorsión y chantaje en la cual a los panaderos les niegan el acceso a la harina a precio regulado, pero inmediatamente después les llega un militar o un funcionario del Gobierno que les dice que les pueden conseguir los sacos de harina si les pagan a ellos una cuota”, dijo, para agregar que en algunos casos incluso exigen a los comerciantes participar en sociedad del negocio.

Precisó que este mecanismo de extorsión propicia que, al momento de las inspecciones, existan diferencias entre las facturas de la harina utilizada y los precios de otros productos de venta en estos locales comerciales.

“El panadero tiene su factura al precio regulado, pero no la pagó al precio regulado, la pagó a un corrupto del Estado quien le cobró sobreprecio en una mafia de la harina. Así como existe en Venezuela la mafia de la cabilla, también existe la mafia de la harina, la mafia del pan y no está en las panaderías está en el Estado venezolano. ¿Por qué el cachito es más caro que la canilla? Porque con el cachito pueden subsidiar lo que pierden con el pan canilla. ¿Por qué los pasteles son más caros o los sándwiches son más caros que la canilla? Porque con eso subsidian lo que les obligan a hacer con precio regulado. Ellos no pueden sostener el negocio porque la pagan a precio, así como con el dólar paralelo, en harina paralela”, indicó el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

El parlamentario detalló que, con la arremetida contra el sector panadero están en riesgo miles de empleos, sólo en el Área Metropolitana de Caracas pues, “estamos hablando de 14 mil empleos que podrían perderse porque, hay que tener algo muy claro, obligar a que todas las panaderías usen la harina de trigo sólo para canilla regulada es condenarlas a la quiebra”.

Sector panadero en vilo

Para Víctor Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, se trata de una situación preocupante, pues da cuenta de la violación continuada al derecho de propiedad, que atenta contra la estabilidad de los comercios en Venezuela.

“Estamos muy preocupados por la violación sistemática al derecho de propiedad que en las últimas semanas le ha tocado al sector de las panaderías, porque el violentar permanentemente a los comercios, el ponerlos contra la pared de una inspección indebida, el violarles toda su presunción de inocencia y todo el debido proceso nos coloca en la circunstancia de ir perdiendo empresarialidad, empleos en esas panaderías y, por supuesto, tener que afrontar en algún momento el que esas panaderías cesen su actividad para siempre (…) Sin derecho de propiedad no hay garantía ciudadana”, aseguró Maldonado.

Las amenazas que ahora se ciernen sobre la industria de la panadería en el país son el último eslabón de una cadena de problemas que afronta el sector, que encarece sus productos y obstaculiza el abastecimiento del pan que cada venezolano debería tener en sus mesas.

“Esta violación a los derechos de propiedad además cargan la culpa en quien no es, los panaderos no tienen la culpa de que no haya trigo, los panaderos no tienen la culpa de la inflación, los panaderos no tienen la culpa de tener que revisar sus precios cada vez que el Gobierno unilateralmente incrementa los costos salariales entre otros, no tienen la culpa de que la economía se haya envilecido hasta los niveles que vivimos”, dijo.

Al finalizar la reunión el diputado Freddy Guevara envió un mensaje a todos los panaderos del país y aseguró que “el llamado a todos los panaderos o trabajadores de panaderías afectados a que vengan a la Asamblea Nacional, especialmente a la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional o a la Cámara de Comercio que vamos a estarlos recibiendo para darles apoyo jurídico y legal para poder defenderlos de esta atrocidad que están cometiendo contra el pueblo de Venezuela”.

Tras este encuentro entre la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la Cámara de Comercio de Caracas, el diputado Freddy Guevara adelantó que llevará la denuncia sobre la red de chantaje a las panaderías ante la Fiscalía y otras instituciones del Estado para continuar la investigación.

Nota de prensa