El 2 de noviembre de 2016, el Estado recibió 274 recomendaciones de 102 países durante el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los temas más álgidos fueron los ataques a la prensa, los periodistas y la libertad de expresión (34 recomendaciones); la escasez de alimentos y medicinas (12); la existencia de presos políticos y detenciones arbitrarias (14), y la falta de independencia de los poderes y el irrespeto a las atribuciones de la Asamblea Nacional (15 recomendaciones).
Además, 20 países instaron al Estado a permitir la visita de relatores de derechos humanos, las cuales han sido negadas desde 2002. En noviembre pasado, el Estado decidió no pronunciarse sobre las recomendaciones y optó por fijar una posición en la siguiente sesión de trabajo del Examen Periódico Universal, que se llevará a cabo el jueves en Ginebra
Sin libertad de expresión
El derecho humano y la ocupación que más recomendaciones recibió el primero de noviembre pasado, en Ginebra, fueron la libertad de expresión y el periodismo. 28 países hicieron 34 exhortos al Estado para que garantice la libre expresión de ideas e información, y el ejercicio de los profesionales de la prensa.
Mariaengracia Chirinos, investigadora del Instituto Prensa y Sociedad, Capítulo Venezuela, señala con preocupación que en los cuatro meses y medio transcurridos desde la cita de Ginebra, no existen signos de rectificación e incluso el Estado ha adoptado medidas abiertamente contrarias a las recomendaciones. “De noviembre a febrero el IPYS registró 92 casos de violaciones a la libertad de expresión, vinculadas a las recomendaciones del Examen Periódico Universal. Nos preocupan las restricciones en el acceso a la información pública. No se conoce la inflación de 2016 ni 2017. No se conocen las memorias y cuentas del gabinete del año pasado. El presupuesto nacional se ha manejado con opacidad. Otro asunto preocupante es la falta de cooperación de Venezuela con los procedimientos especiales de la ONU y la no aceptación de visitas de los relatores. De mayo 2016 a enero de 2017 contamos 12 casos de persecución a las fuentes informativas por parte del Estado, principalmente del Sebin”.
Solo en lo que va de año, el gobierno venezolano eliminó la señal de CNN En Español de las cableras, deportó a tres periodistas extranjeros, llevó a la salida de circulación del diario El Impulso por falta de papel, y los medios digitales El Cambur, Aporrea y El Pitazo denunciaron que son víctimas de ataques cibernéticos. 33 reporteros fueron agredidos en febrero. “Son casos emblemáticos que han afectado la libertad de expresión y no vemos que el Estado haya tomado medidas”, advierte.
Con relación a la respuesta que dará el gobierno el próximo jueves a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, Chirinos le da al gobierno el beneficio de la duda: “Quisiéramos que el Estado atendiera el llamado que hicieron casi 30 países. Al estar la libertad de expresión entre las prioridades se demuestra la preocupación internacional por fortalecer la democracia”.
Independencia y Parlamento
El próximo jueves, el gobierno de Venezuela deberá responder a los 14 países que expresaron su preocupación por la falta de independencia de los poderes públicos, en particular del Poder Judicial. Algunos de ellos exhortaron al gobierno a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional.
En los cuatro meses transcurridos desde noviembre no ha habido ninguna señal que apunte en esa dirección, afirma la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza: “La situación ha empeorado. Las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia desde noviembre son cada vez más politizadas”. De noviembre a marzo, el TSJ dictó 21 fallos que blindan a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano en detrimento de las atribuciones del Legislativo, único que actualmente no es conducido por simpatizantes o ex militantes del Movimiento Quinta República-Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Hay sentencias que dicen que no se puede investigar la corrupción y que investigarla es un delito. El nuevo presidente del TSJ no cumple con los requisitos objetivos ni para ser magistrado. La Sala Constitucional ordena investigar penalmente a los diputados que declararon la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis. El mandatario va a la apertura del año judicial a dar las gracias a los magistrados por sus sentencias, así, abiertamente. El Sebin, dirigido por el Ejecutivo, es el que decide a quién va a excarcelar y a quien no, no lo deciden los tribunales. El CNE llama a una renovación de partidos con condiciones inconstitucionales y antidemocráticas y, además, guarda silencio sobre la convocatoria a elecciones regionales. Y en el Poder Ciudadano es grave el caso del contralor general, en cuyas declaraciones y actuaciones se evidencia su falta de autonomía y criterio técnico”.
Louza es pesimista sobre lo que dirá el gobierno a sus pares en el Consejo de Derechos Humanos el próximo jueves: “Si en 2011 no adoptó las recomendaciones que le exigían velar por la independencia de los poderes públicos, no veo porqué lo van a hacer ahora, que la situación es más grave”
Más presos políticos
Para el primero de noviembre de 2016, fecha del Examen Periódico Universal de Venezuela, el Foro Penal Venezolano reportaba la existencia de 111 presos políticos. Al 1° de marzo había 117. En esta materia el Estado recibió 14 recomendaciones, incluido varios exhortos a cesar la práctica de las detenciones arbitrarias.
El directivo del Foro Penal, Gonzalo Himiob, no duda en afirmar que la situación se mantiene igual en cuanto a la persecución de la disidencia. En su opinión, dos aspectos han empeorado en estos cuatro meses y medio: el resguardo de la salud de los presos políticos y el desacato del Servicio Bolivariano de Inteligencia de las órdenes de excarcelación de los tribunales. Al día de hoy hay 18 personas presas por motivos políticos con orden de excarcelación que siguen tras las rejas.
“El Estado no ha adoptado ningún correctivo. No se respetan las decisiones del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, ni las del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias. Desde 2014 Naciones Unidas ha reconocido cerca de 400 detenciones arbitrarias y el Estado no ha respondido, salvo en muy pocos casos que no representan la magnitud de esa realidad y esa práctica”, señala.
El 8 de marzo, el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, exigió una vez más al gobierno de Nicolás Maduro “que todos los detenidos políticos sean liberados, muchos de los cuales fueron detenidos de manera arbitraria”.
Himiob no es optimista sobre la respuesta del Estado en la sesión de adopción de las recomendaciones esta semana: “Va a ocurrir lo mismo de siempre: hará un compromiso simbólico de revisión de la situación y luego no las tomará en cuenta porque eso significaría reconocer que en el país hay persecución política y eso no lo va a aceptar el Estado”.
No hay remedios ni comida
Países como Corea, Tailandia, Bélgica, Suecia o Noruega, entre otros, coincidieron en exhortar a Venezuela a resolver la crisis de acceso a la comida y a los medicamentos, y permitir la cooperación internacional en estas materias.
El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta sostiene que al empeoramiento de la escasez de medicinas desde noviembre se suma un elemento perturbador: el gobierno autorizó a uno de los 146 laboratorios registrados en el país a importar ciertos fármacos y venderlos a precio de dólar libre. Alerta que ello restringe el acceso a los medicamentos por su alto costo, viola la regulación oficial de precios vigente y le da a un laboratorio privado el monopolio de las importaciones. “La gente no encuentra fórmulas pediátricas, antibióticos y ninguno de los medicamentos esenciales. 26 de los 34 fármacos oncológicos están agotados y el resto tiene fallas severas. No hay sustitutos. No se satisface la demanda de insumos ni materia prima para elaborarlos aquí”. El médico es escéptico sobre lo que ocurrirá el jueves: “Este gobierno ha perdido la credibilidad”.
En el plano alimentario y nutricional, Marianela Herrera, médico especializada en nutrición, considera que ni antes de noviembre ni después, el gobierno ha identificado acertadamente el problema para generar soluciones adecuadas. “La población más vulnerable: niños menores de 5 años de edad, adultos mayores y embarazadas son los más afectados y no vemos un cambio en las políticas. El problema está mal identificado y en consecuencia la política es errada. La bolsa CLAP es una medida limitada, no es balanceada en su contenido nutricional; le da lo mismo a todos sin evaluar las necesidades nutricionales de una embarazada, un anciano o un niño, y no es consistente”. Herrera trata de mantenerse neutral frente a la sesión del jueves, pero admite con desilusión que en otras ocasiones el gobierno ha dado la espalda a la adopción de las medidas necesarias. “Ojalá reaccionen”.
Fuente: El Nacional
Por Confirmado: David Gallardo
