Hace dos meses tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudieron a la vivienda de Mary Yamileth Arráiz en Guatire, estado Miranda. Los detectives no mostraron orden de allanamiento y le indicaron que los condujera al estacionamiento en donde ella alquilaba puestos a vecinos y visitantes. En la inspección los agentes señalaron una camioneta blanca y le preguntaron que quién era el propietario.
La mujer no les supo responder. Le ordenaron montarse en el vehículo, mientras que su esposo y su hijo de 19 años de edad les pedían a los funcionarios que les explicara por qué se la llevaban. Los hombres respondieron que debían saber de quién era esa camioneta y que el procedimiento no se trataba de una Operación de Liberación Humanista del Pueblo. En el camino, Arráiz no paraba de llorar y les decía a los agentes «que ella no sabía nada», que por favor no le hicieran nada y que la dejaran en libertad.
Mientras el carro avanzaba, escuchó unos disparos y siguieron.
Arráiz permaneció detenida por averiguaciones durante 24 horas en el Cicpc de Guatire.
Cuando regresó a su casa encontró los cadáveres de su esposo y de su hijo. Les habían disparado. Los agentes que actuaron en ese procedimiento, no conforme con tirotearlos, compraron un pollo en brasa, a pocos metros de la vivienda, y lo sirvieron en uno de los platos que había en la cocina. También se comieron unos garbanzos que ella había preparado.
En su desesperación acudió a la sede del Cicpc. Allí le informaron que esas muertes eran producto de un enfrentamiento. Acudió posteriormente a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para que la asesoraran, con el fin de solicitar a la Fiscalía una averiguación por homicidio. La parlamentaria Delsa Solórzano explicó: «El caso fue planteado por escrito al Ministerio Público y no hemos recibido respuesta. También acudimos a la policía científica y los detectives tampoco hablaron de lo ocurrido».
Desde el año pasado la comisión ha recibido 2855 denuncias contra funcionarios de seguridad por violaciones de derechos humanos durante procedimientos desplegados en el Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Miranda. La mayoría son agentes del Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. De esa cantidad, el 8%, es decir, 228 denuncias corresponden a robos y homicidios. Hasta ahora la mayoría de los involucrados en estos crímenes no han sido encarcelados y continúan en sus cargos.
Múltiples actividades ilícitas
La participación de funcionarios policiales y militares en crímenes se ha convertido en algo recurrente. Entre los meses de enero y febrero el Ministerio Público notificó sobre la acusación y medidas de privativa de libertad contra 53 militares, en su mayoría pertenecientes a la GNB, y otros 26 hombres de la PNB por su incursión en hechos delictivos. 60% de las imputaciones corresponden a homicidios y el resto a tráfico de drogas, robo agravado, extorsión, secuestro, falsificación de firmas, contrabando, soborno y desaparición forzosa.
El abogado Luis Izquiel, investigador en materia policial, indicó que la descomposición acelerada de los cuerpos de seguridad en el país ha incidido en el repunte de crímenes cometidos por funcionarios.
«Esto se debe a que se han flexibilizado los requisitos para el ingreso de hombres y mujeres: los aceptan con antecedentes y en algunos casos sin aprobar las pruebas psicológicas y aptitudinales para optar al cargo de oficiales», explicó el experto.
Una fuente de la Universidad Experimental de la Seguridad reveló que en virtud de que el presidente de la República anunció la incorporación de 10.000 agentes de la PNB, han permitido el ingreso de nuevos aspirantes que son reprobados en los test psicológicos y en las prácticas policiales.
La idea es cumplir con la meta establecida en lo que respecta al número de hombres, aun cuando los seleccionados no estén preparados.
A esto se le añade que son pocas las depuraciones en los cuerpos de seguridad para limpiarlas de funcionarios con vicios. De acuerdo con Izquiel, en el último año solo fueron intervenidas las policías de Chacao y de Maturín. «Estos procedimientos obedecieron a razones políticas. No hay una purga dentro de la PNB ni de la GNB, que son los organismos que lideran las cifras de crímenes», explicó Izquiel.
En 2014 Freddy Bernal fue designado presidente de la Comisión para la Reforma Policial y su función se centraba en el funcionamiento de la PNB y otros cuerpos policiales. Durante su gestión fueron intervenidas Policaracas, la Policía del municipio Tinaco, La Ceiba de Trujillo y la de Cristóbal Rojas en Miranda. Estos procedimientos no dieron resultados.
El Nacional
Por confirmado: Francys Garcìa
