El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, afirmó durante su alocución en el programa Pregunta Capriles que el ex secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, era una “ficha del gobierno de Maduro”.

“En los tiempos de mayor crisis, el señor no vino nunca a plantear una posición. El secreto ya no tiene que seguirlo manteniendo, lo invito a que exponga su posición y que pase a ser formalmente asesor del gobierno de Maduro y su cúpula”, manifestó el líder de la coalición opositora.

Capriles aseguró que no hay nada que agradecerle a Samper durante su labor en el organismo internacional.

EN

Ante el desacato de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el incumplimiento de los artículos 160 y 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que les obligan a realizar Elecciones cada cuatro años para Gobernadores y Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales en los 23 estados del país, y por no haberlo hecho en diciembre de 2016, cuando correspondía, ya que estos funcionarios fueron electos el 16 de diciembre de 2012; Súmate introdujo el pasado 20 de diciembre un Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que “ordene la convocatoria y celebración inmediata de las elecciones de Gobernadores y Gobernadoras, así como la de los Legisladores y Legisladoras de los Consejos Legislativos Estadales.”

En este recurso extraordinario, la Asociación Civil alega que los rectores del CNE además de estar en desacato del cumplimiento de los artículos 160 y 162 de la Constitución, también están violando los derechos a elegir y ser elegido, como el de participar libremente en los asuntos públicos, consagrados en los artículos 5, 6, 39, 62, 63, 70 y 293 del texto constitucional; al no haber celebrado las elecciones de Gobernadores y Legisladores Estadales en diciembre de 2016.

Agrega que al no haber convocado las elecciones regionales, el CNE está truncando los derechos de los electores a la participación libre, base de nuestra democracia participativa y protagónica y, al mismo tiempo, los obliga a ser gobernados por un funcionario por más tiempo del establecido en la Constitución, así como que éstos últimos ejerzan el cargo por más tiempo para el cual fueron electos; además de afectar a los ciudadanos que desean postularse a estos cargos de elección popular, pudiendo inclusive acortarle el período de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.

En este Amparo Constitucional, Súmate indica que por el hecho de no haber realizado las elecciones regionales en diciembre de 2016, el CNE igualmente desacata el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, que exige que no se altere la uniformidad de los períodos constitucionales.

Súmate presenta como prueba de “…que el directorio del Consejo Nacional Electoral, mantiene una conducta sistematizada, reiterativa en la violación flagrante de los preceptos constitucionales, así como las leyes electorales y otras leyes, sin distingo de causas y razones…” el anuncio de la Rectora Tibisay Lucena, el pasado 18 de octubre de 2016 de que “Las elecciones regionales fueron establecidas (por el CNE) para finales del primer semestre del 2017…” publicado en su portal web cne.gob.ve, lo cual ha ocasionado “…un daño cierto y consumado…” que califica de irreversible, “ya que el tiempo transcurrido es imposible de recuperar y en consecuencia será de imposible reparación…”

A este daño irreparable, la ONG reitera que el CNE tampoco ha dado muestras de ejecutar actividades claves para realizar estas elecciones a finales del primer semestre de 2017 porque “…a la fecha no ha cumplido con ninguna de las actividades previas a cualquier elección tales como: Jornadas de Actualización e Inscripción del Registro Electoral, determinación y publicación  de las Circunscripciones Electorales, notificación de Miembros de Organismos Electorales Subalternos, Capacitación y acreditación de los Miembros de las Juntas Electorales Regionales, Metropolitanas y Municipales; Adecuación de las sedes de los Organismos Electorales Subalternos, Catastro de Centros de Votación, Postulaciones, entre otras.”

Rectores del CNE estarían incursos en delito previsto por Ley Contra la Corrupción

En este Recurso extraordinario, Súmate advierte que luego del  anuncio comunicacional, público y notorio del pasado 18 de octubre de 2016 de que “Las elecciones regionales fueron establecidas para finales del primer semestre del 2017…” se ha producido una concesión de seis meses más al período constitucional de 4 años de los actuales 23 Gobernadores y 237 Legisladores Estadales, por lo cual los rectores del CNE podrían estar incursos en el delito previsto en el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción: “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.”.

Solicitud para que notifique al Ministerio Público investigue a Rectores del CNE

Después de haber agotado las vías administrativas, con el envío de numerosas cartas a los rectores del CNE (15 de marzo de 2016, 24 de mayo de 2016, 12 de julio de 2016 y 30 de agosto de 2016), sin que fueran respondidas o consideradas;Súmate alega que decidió acudir a la Sala Constitucional, “con un recurso extraordinario para alcanzar una tutela judicial efectiva, expedita y sin dilaciones indebidas, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución.” En este recurso extraordinario, la ONG además de solicitar la anulación del efecto de la decisión del CNE del 18 de octubre de 2016 y la convocatoria inmediata de las elecciones de Gobernadores y Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales; pide que notifique al Ministerio Público de los hechos denunciados, con el fin de que investigue y determine la responsabilidad penal de los rectores del CNE, acorde con lo dispuesto en los artículos 25 y 29 de la Constitución.

Más de un mes en espera de la decisión del TSJ

Súmate denuncia la dilación en la oportuna respuesta por parte de la Sala Constitucional del TSJ al Amparo que introdujo el pasado de 20 de diciembre de 2016, porque de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debió fijar en 4 días continuos (96 horas), luego de la presentación del recurso, que las partes expresaran sus respectivos argumentos.

La ONG hace del conocimiento público que desde la fecha de la introducción del Amparo Constitucional para que ordene al CNE convocar de inmediato las elecciones regionales, ya han transcurrido 41 días y el TSJ sigue sin pronunciarse al día de hoy (31 de enero de 2017), violando lo dispuesto en el artículo 13 de esta misma legislación: “…Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto.”  

Aunque reconoce que el pasado 10  de enero de este año (después de 21 días continuos), la Sala Constitucional dio entrada a este Amparo Constitucional designando como ponente a la Magistrado Gladys Gutiérrez, no lo hizo de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del TSJ que estipula que el Presidente de la Sala debe designar un Magistrado ponente dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada al asunto, además de que las ponencias deben ser asignadas en estricto orden de entrada.

Además, el TSJ dio prioridad a otros recursos incoados, entre ellos por el Presidente de la República (Sentencia Nº 1 del 06 de enero de 2017 de recurso introducido el 24 de diciembre de 2016 contra Ley Orgánica del Ambiente aprobada por la AN; Sentencia Nº 3 del 11 de enero de 2017 de Recurso de Interpretación del artículo 237 constitucional introducido el 6 de Enero de 2017; Sentencia Nº 4 del 19 de enero de 2017 que declara la constitucionalidad del Decreto n° 2.667 sobre el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, introducido el 17 de enero; Sentencia Nº 6 del 20 de enero de 2017, de recurso de interpretación del artículo 187.15 constitucional, introducid0 el 18 de enero) y del Jefe de la fracción parlamentaria del PSUV Héctor Rodríguez (Sentencia Nº 2 del 11 de enero de 2017 de recurso de nulidad de los Actos Parlamentarios realizados el 05 y el 09 de enero de 2017 por la AN,  introducido el 6 de Enero 2017; Sentencia Nº 7 del 26 de enero de 2017 de recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la AN del 09 de enero de 2017, sobre abandono del cargo del Presidente de la República, iintroducida el 10 de enero) y del diputado del PSUV Víctor Clark (Sentencia Nº 12 del 31 de enero de 2016 de recurso de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos, del acto en el que de la AN declaró la responsabilidad política del Presidente de la República.)

NDP

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior recibieron este martes la visita de varias organizaciones defensoras de los DDHH, donde  intercambiaron ideas y unificaron criterios para denunciar, caso por caso, las violaciones a los derechos humanos y la persecución política en Venezuela.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, encabezó la reunión en la que estuvieron presentes los directivos del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero y Gonzalo Himiob; el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Francisco Paz; la directora del Centro de Justicia y paz (Cepax), Beatriz Borges; la abogada del Foro Penal, Mariela Suárez y la ex fiscal del Ministerio Público, Sorelis García, y donde aprobaron iniciar mesas de trabajo para dar a conocer casos puntuales y procedimientos a seguir para denunciar y documentar la violaciones de derechos humanos y la persecución política en el ámbito nacional e internacional.

Borges planteó realizar una alianza de la Asamblea Nacional con la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para tratar de frenar las acciones del Gobierno y lograr que la justicia se imponga en el país. “Hay que subirle el costo político al Gobierno, determinando responsabilidades”, dijo.

“Uno de los aportes que quiere la Asamblea Nacional es sumar a las organizaciones no gubernamentales en la lucha por la justicia y la paz de Venezuela, además de levantar los casos de violaciones de derechos humanos y persecución política a la que están siendo sometidos diputados, líderes políticos y la sociedad civil en general por parte de funcionarios del Estado con nombres y apellidos en el ámbito nacional e internacional”, precisó.

El presidente de la Asamblea Nacional se refirió al caso del diputado Gilber Caro, detenido el pasado 11 de enero, y dijo que se le ha violado la inmunidad y que además el Gobierno pretende utilizar los tribunales militares para juzgarlo.

Al respecto, el director del Foro Penal Alfredo Romero recomendó “abrir un procedimiento y una investigación a los funcionarios involucrados en la detención de Gilber Caro para que la Asamblea Nacional pueda establecer responsabilidades políticas a los involucrados”.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, propuso realizar un foro abierto para presentar los casos recopilados por las ONG’S y por la dirección de Derechos Humanos de la Comisión para unificarlos y realizar un informe conjunto sobre los casos de persecución política.

NP

A partir de febrero comenzarán a funcionar en el país un sistema de tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), informó este martes el presidente, Nicolás Maduro.

“El sistema de tiendas de los Clap arranca de manera progresiva a instalarse en el cuerpo social territorial económico de la nueva economía de Venezuela, dijo el Mandatario en transmisión conjunta de radio y televisión, durante una reunión con el Consejo de Ministros número 250, desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Este nuevo sistema contará con la fortaleza de la red Mercado de Alimentos (Mercal) y los Abastos Bicentenario, con el  propósito de dirigir la economía al servicio del pueblo.

El Mandatario indicó que se ha desplegado toda una logística nacional, coordinada por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, para atender a través de los Clap a seis millones de hogares durante el mes de febrero.

AVN

La Asamblea Nacional (AN) aprobó iniciar en la Comisión Permanente de Contraloría una investigación sobre el pago de sobornos a funcionarios del Estado en la contratación de obras públicas.

Se trató del segundo punto en la agenda fijada para la sesión ordinaria de este martes, el cual contemplaba un “debate sobre las denuncias de sobornos en obras de infraestructura” de la nación.

Inició la exposición de motivos el diputado Juan Guaidó, quien aseguró que 788 millones de dólares fueron destinados a sobornos y 16 mil millones de la misma divisa norteamericana se aprobaron a 5 obras, actualmente inconclusas por Odebrecht, dinero que no puede ser utilizado en cualquier otra obra de interés para Venezuela.

“Fueron entregadas de manera directa, por convenio e interés político y no por el interés del pueblo de Venezuela”, acotó Guaidó agregando que no se trata solo de sobornos sino también de casos de sobreprecio.

Entre esas obras señaló están el segundo puente para el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco.

Acusó que la Contraloría General de la República no ha hecho ninguna investigación de estos casos y apenas “tibiamente” la Fiscalía General de la República.

Otros diputados que nutrieron el debate fueron Oscar Ronderos, Ismael García, Stalin González, José Luis Pirela quien dijo que “a esta AN la persiguen porque no quieren que investigue” y  Julio Montoya quien aseveró que “hay más de 20 mil millones de dólares en obras inconclusas en el país. La Odebrecht es solo la punta del iceberg que de cientos de funcionarios ‘rojos y verdes’ se llenaron con comisiones y que la AN debe investigar”.

Acuerdo con motivo del Día del Holocausto

Contando con la unanimidad de votos, fue aprobado el Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto “Shoa”.

Ese fue el asunto que inició el orden del día, contando con las reflexiones y testimonios del invitado Tomás Osers, miembro de la Comunidad Judía de Venezuela, además del respaldo del presidente de la AN, Julio Borges, y la diputada Marialbert Barrios.

“No podemos seguir siendo testigo de víctimas de persecución por alzar la voz y pensar distinto. A 72 años de este hecho, nuestra lucha deber ser porque nunca más un ser humano sea objeto de tal discriminación”, señaló Barrios.

El Acuerdo incluyó cuatro puntos, incluyendo sumarse a las actividades que se realicen todos los 27 de enero en conmemoración del Holocausto; promover la enseñanza de los hechos de este acontecimiento histórico y su consecuencia mediante la creación y el apoyo de programas educativos; condenar y rechazar toda práctica que vulnere los derechos humanos así como cualquiera a la vida, basada en la intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades, por razones de raza, política, etc.

Bancada del oficialismo se retiró

Una vez más la bancada parlamentaria del Gran Polo Patriótico, afín al oficialismo, decidió retirarse de la sesión convocada para este día. Su justificación es que el Parlamento continúa en desacato.

“Queremos dejar constancia de que es una sesión ilegal, que está fuera de la Constitución, y que nada de lo que acá se debata tiene validez, porque todas las actuaciones de esta AN son nulas de nulidad absoluta, como lo reza la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (…). No estamos acudiendo a las sesiones sino simplemente una representación para dejar constancia porque nosotros no nos vamos a prestar para que se siga violando la Constitución como lo está haciendo la Junta Directiva actual”, declaró el diputado William Gil.

EU

Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), expresó que hay políticos dentro de la coalición que lo critican “como si no fueran parte de ella”.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el dirigente aseguró que mientras él sea vocero “luchará por una Unidad de propósito”.

El secretario ejecutivo de la MUD expresó este martes que hay políticos que hablan de la organización política “como si no fueran parte de ella”.

“Estoy aquí porque compartí la estrategia democrática, constitucional y pacífica en común (…) Demostramos con los hechos que no sentarnos más con el gobierno hasta que cumplan, no es discurso es conducta”, agregó.

Estas declaraciones surgen  después de que Henrique Capriles planteara la reestructuración de la directiva de la MUD como organización política.

“Tiene que haber un cambio en la forma que conduce la Mesa, si quien tiene la responsabilidad de conducir la Mesa no es capaz de construir consenso ni es capaz de sentar a las partes, y que haya diálogo entre las partes, lo lógico es ponerse a un lado”, había dicho el también gobernador de Miranda para Unión Radio.

EN

“Quienes estamos aquí representamos al pueblo y la Constitución nos protege… La inmunidad parlamentaria no es un capricho nuestros, es un mecanismo de la Constitución”. Con estas palabras inició su turno al micrófono la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano (Unidad).

Así mismo rechazó la detención del diputado, Gilber Caro.

Cuestionó que el Gobierno Nacional quiera inhabilitarlos tras enviar un documento a la Contraloría General de la República. “¿Cómo lo van a hacer si nosotros no manejamos dinero público?”.

Refirió que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “pretende acusarnos de conspiradores, porque para el Gobierno, alzar la voz en protesta es conspirar”.

Por último recordó que los magistrados exprés no cuentan con constitucionalidad. “¿Cómo nos van a sancionar por elegir nuestra propia Junta Directiva?”, dijo al citar varios artículos de la Carta Magna.

La Patilla