Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) estará en Washington (EEUU) este jueves y viernes para tratar temas que tienen que ver con la libertad de prensa con diversos interlocutores, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

 
Según un comunicado publicado hoy por la SIP, el objetivo es tratar asuntos sobre la libertad de prensa que atañen a Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Panamá y Ecuador, además de los asesinatos de periodistas en México y otros países latinoamericanos.

La delegación, de la que forman parte directivos de la SIP, pero también de algunos de sus socios, como los diarios La Estrella de Ciudad de Panamá y El Nacional de Caracas, se reunirá también con Edison Lanza, Relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También tienen previsto reunirse con funcionarios del Departamento de Estado, con asesores de congresistas de los dos partidos principales y con personas que están involucradas en la transición entre la administración del presidente, Barack Obama, y la de Donald Trump, presidente electo, dijeron a Efe fuentes de la SIP.

Las fuentes no especificaron nombres, salvo los de Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Lanza.
La delegación estará encabezada por el presidente de la SIP, Matt Sanders, responsable editorial y administrador general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City (Utah).

Le acompañarán el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, el presidente del Comité de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Silla Rota, de México, Roberto Rock, y el vicepresidente para Panamá de ese comité y presidente del grupo La Estrella y El Siglo, Eduardo Quirós.

Desde mayo pasado ambos diarios panameños están afectados por restricciones a su operación comercial impuestas por el Tesoro de EE.UU. debido a la inclusión de su propietario principal, Abdul Waked, y su conglomerado Waked International S.A. (WISA) en la llamada Lista Clinton, por supuesto blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

El 5 de enero las autoridades de EE.UU. extendieron por seis meses una autorización para que ambos diarios pudieran seguir con su operación comercial.

Anteriormente habían tenido otra licencia por seis meses previamente aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense.

También forma parte de la delegación de la SIP que estará en Washington Miguel Henrique Otero, vicepresidente regional del comité de Libertad de Prensa de la SIP para Venezuela y director de El Nacional de Caracas, y Antonieta Jurado de Otero, directora de Atodomomento.com, de Venezuela.

La SIP, con sede en Miami, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en el continente americano, de la que son miembros más de 1.300 publicaciones. EFE

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), la opositora Dennis Fernández, señaló, este miércoles, que el ente ya notificó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la desincorporación de los diputados del estado Amazonas (sur), con lo que espera que termine el «desacato».

 
«Ayer se giraron las instrucciones y las comunicaciones para que sea llevada al Tribunal Supremo de Justicia (…) firmamos los oficios donde se le notifica al TSJ la decisión que fue tomada por el plenario de la Asamblea Nacional» en la votación para desincorporar a estos diputados, indicó Fernández en entrevista con el canal privado Venevisión.

Fernández resaltó que con esta desincorporación de los parlamentarios se busca «hacer posible» que el Parlamento salga del desacato en el que fue declarado por el Supremo.

«A los ojos del Gobierno, porque estamos muy claros y convencidos de que no ha habido desacato en ningún momento, pero a los ojos del Gobierno podamos salir de ese fulano desacato», aclaró.

Fernández asegura que al Gobierno del presidente Nicolás Maduro le conviene la «tesis del desacato» porque, a su juicio, es la «excusa perfecta» para no cumplir con las decisiones que tome la Cámara.

En referencia al estatus de los diputados desincorporados, indicó que para la oposición esto es «prácticamente una destitución» ya que aún no ha habido elecciones en el estado al que pertenecen estos parlamentarios, ni una «forma de buscar la solución del problema».

«Más allá de que en la mesa de diálogo se había acordado que se iba a proceder a realizar una elección», dijo.

La Asamblea Nacional venezolana pidió el lunes que el país convoque elecciones anticipadas tras declarar el abandono del cargo de Maduro, y luego de votar a favor de desincorporar a los tres diputados de Amazonas cuya investidura fue impugnada por el TSJ.

El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, explicó que el procedimiento de votación se hacía «simplemente» para poder «darle a la Asamblea toda la fuerza que la ley tiene» para declarar el abandono de cargo de Maduro.

Sin embargo, el Supremo sostiene que el Legislativo no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.

Por su parte, Maduro aseguró ayer que no ha abandonado su cargo y, en razón de ello, juramentó un «Comando Antigolpe» para hacer frente a este «manifiesto golpista». EFE

La madrugada de este jueves fueron condenados cuatro civiles y cuatro militares por estar supuestamente implicados en el “Golpe Azul”, presunta intentona golpista realizada en febrero de 2015.

La información fue dada a conocer por el director general  del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, a través de su cuenta Twitter, en la que catalogó la medida como arbitraria.

Romero denunció que  el Tribuna segundo Accidental de Maracay habría emitido la sentencia sin evidencia alguna.

Los condenado son los civiles Pedro Maury, Jesús Salazar y Luis Colmenares; y los militares Luis Lugo, Petter Moreno, Henry Salazar, Carlos Esqueda y Ricardo Antich.
El presidente Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero de 2015  la desmantelación de un atentado golpista, el cual fue denominado como el “Golpe Azul”, ya que los involucrados eran funcionarios de la aviación venezolana.

 Con información de GV

Foto Referencial

12.40am Condenados arbitrariamemte por Trib segundo Accidental de juicio maracay presos políticos por supuesto «Golpe azul» pic.twitter.com/D1gukPcOGB

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 12 de enero de 2017

 

 

#11E Para hoy noche se espera sentencia caso denominado «Golpe Azul» 8 presos políticos (5 militares). Equipo Foro Penal Aragua en tribunal

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 11 de enero de 2017

 

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este miércoles la nulidad de la Asamblea Nacional por persistir en desacato al Poder Judicial, y por ende el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones, deberá rendir su mensaje anual ante el organismo judicial.

Sentemcia

Ante la instalación de la Asamblea Nacional y elección de una nueva Junta Directiva, el 5 de enero de 2017, estando en desacato al Poder Judicial, las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año, en la que además de la Constitución, violaron su propio Reglamento Interior y de Debates; todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional.

En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.

El TSJ ordena a los diputados y diputadas que se encuentran en omisión parlamentaria inconstitucional, en desacato a varias sentencias del Poder Judicial y en violación permanente de valores, principios y normas constitucionales, que desistan inmediatamente de tales actuaciones y ejerzan sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas.

La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos, en acatamiento, entre otras, a las sentencias Nros. 808 y 810, de fechas  2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones N° 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ.

Por último, el Máximo Tribunal hace un llamado a los diversos actores políticos de la Nación, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; toda vez que el enfrentamiento constante en todos los asuntos que les compete perjudicaría de forma ostensible al pueblo venezolano en general, sin distinción alguna, comenzando por los sectores sociales más vulnerables.

Cuando un “autoritarismo competitivo” deja de ser competitivo, no por ello deja de ser autoritario. Es decir: cuando un régimen autoritario que antes era capaz de ganar elecciones pierde esa capacidad, no por ello deja de ser un poder arrogante, sectario, prepotente. Eso es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela con el régimen: el desgobierno presidido por Nicolás Maduro (como consecuencia de sus propios errores, de su proyecto inaplicable, de su corrupción desenfrenada) no ganará más nunca una elección en Venezuela. A pesar de eso quieren seguir manejando el poder, y para ello quieren sustituir con violencia institucional y física el perdido apoyo popular.

Eso es lo que explica las desesperadas acciones del régimen perpetradas en el día de hoy miércoles 11 de enero de 2017 contra el diputado Gilber Caro y contra el gobernador Henrique Capriles: al diputado Gilber Caro le montaron un “falso positivo” para violar su inmunidad parlamentaria, para destruirlo moralmente y para privarlo ilegítimamente de su libertad; al gobernador Henrique Capriles le montaron una “olla” para inculparlo falsamente de irregularidades administrativas con la evidente intención de inhabilitarlo políticamente y eventualmente reducirlo a prisión.

 
En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde la dictadura hace “elecciones” en las que la gente vota pero no elige, por cuanto antes de las elecciones el régimen destituye a los diputados opositores e inhabilita a sus partidos y candidatos.

Esa es la realidad de Venezuela: en vez de “comando antigolpe” el régimen acelera su estrategia antidemocrática de GOLPE CONTINUADO contra la democracia, contra la Constitución y contra el pueblo, desconociendo al Parlamento, haciendo presos a diputados de oposición y hostigando a gobernadores de la Unidad Democrática.

Tras reiterar el apoyo de toda la Unidad a nuestros dirigentes Gilber Caro y Henrique Capriles, ratificamos que TODOS los partidos que integran esta alianza democrática son organizaciones DEMOCRÁTICAS que luchan por un cambio CONSTITUCIONAL, PACÍFICO Y ELECTORAL y en esa estrategia seguiremos, defendiendo a nuestro pueblo del hambre, de la falta de medicinas, denunciando la atroz inseguridad y la brutal inflación, y planteando superar este estado de cosas a través de un cambio político urgente mediante el voto popular en elecciones libres.

Mesa de la Unidad democratica

Caracas, 11 de enero de 2017