El gobernador del estado Miranda y dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, dijo hoy que fue multado por la Contraloría por cometer supuestos delitos administrativos y señaló que con esta medida se busca allanar el camino para inhabilitarlo.

“Fuimos multados, nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene, el siguiente paso, es un recurso de reconsideración” por parte de la defensa, dijo Capriles en rueda de prensa horas después de que la Contraloría General de Venezuela informara de su “responsabilidad” en las supuestas irregularidades.

“Nosotros cumplimos todas nuestras formalidades porque estamos haciendo nuestro expediente”, explicó el gobernador que aseguró que la multa es “inaceptable” al tiempo que indicó que se trata del pago de 45.000 bolívares (unos 70 dólares) por funcionario multado.

Capriles informó el martes pasado de este proceso administrativo en su contra y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes.

El gobernador indicó que hoy le envió “a todo el cuerpo diplomático” la información sobre todo este proceso en su contra “para que informen a sus gobiernos” de una situación que califica de ilegal e inconstitucional.

“Si yo cometí una irregularidad, reitero, mándenme a los tribunales, mándenme a Fiscalía, porque aquí no hay daño patrimonial”, insistió este jueves.

El abogado del líder opositor, Rafael Chavero, dijo en la misma rueda de prensa que la decisión de multar a Capriles y a otro grupo de funcionarios de la Gobernación de Miranda fue anunciada hoy por representantes de la Contraloría de forma “oral” y que aún hay que esperar que sea publicada en los próximos cinco días hábiles.

Una vez que se haga pública esta penalización, la defensa ejercerá “los recursos pertinentes” para que se reconsidere este castigo pues, a juicio de Capriles y de su defensa, las irregularidades administrativas que le imputan “no existieron”.

“Lo grave de hoy en esta decisión es que declararon la responsabilidad administrativa del gobernador y de varios funcionarios de la Gobernación del estado Miranda”, explicó el abogado lo que significa que “en cualquier momento lo pueden inhabilitar” por cinco u ocho años.

Agregó que Venezuela tiene “una de las peores leyes de contraloría que hay en la faz de la tierra” que le permiten al contralor “decidir libremente, discrecionalmente, inhabilitar funcionarios”.

Según Chavero este proceso es una “manipulación jurídica” que tiene como fin “fabricar una responsabilidad administrativa” para mantener al gobernador contra la pared y bajo la amenaza de la inhabilitación sin que previamente se realice un proceso judicial.

Más temprano, el contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo que Capriles tiene “responsabilidad” en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más y anunció que “cuando se tome la decisión definitiva en este caso” se dirá públicamente el castigo que recaerá sobre los investigados.

Capriles explicó ayer que las supuestas irregularidades tienen que ver con la reconducción del presupuesto, “dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña”, un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios, y otros por el “ejercicio económico financiero en 2011.

EFE

El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, manifestó este jueves que la decisión del TSJ de anular las recientes decisiones del Parlamento se veía venir desde que la oposición logró la mayoría dentro del hemiciclo. Aseguró que “solo respetan la voluntad popular cuando les pertenece”.

“Apenas ganamos las elecciones el 6 de diciembre, antes de que tomaremos posesión, la anterior AN designó, violando la Constitución, a un grupo de magistrados; después, el 30-D la sala Electoral liquidó a los diputados de Amazonas, ahí se veía clarito qué se proponían hacer para desconocer la voluntad popular”, dijo el secretario general de Acción Democrática en una entrevista a Unión Radio.

Ramos Allup insistió que “el bufete judicial del gobierno” va a crear una nueva doctrina para los casos de allanamiento a la inmunidad parlamentaria los va a tratar la Sala Constitucional excusándose en el desacato del Poder Legislativo.

En cuanto a las recientes detenciones de dirigentes opositores, incluyendo a un diputado suplente, el parlamentario las calificó como “un comodín que les sirve para todo”, pues a su juicio, representan un pote de humo para tapar la crisis nacional y asimismo justificar las presuntas conspiraciones contra el gobierno.

EN

Lilian Tintori descartó este jueves los rumores de la posible fuga de su esposo y líder de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López y expresó, en cambio, que él “nunca se va a fugar de Ramo Verde ni del país”.

“Siempre vamos a dar la cara, como la ha dado Leopoldo López (…). Su lucha es por todos los venezolanos y por la liberación del país”, agregó la dirigente opositora en rueda de prensa.

Asimismo, descartó que la tolda naranja promueva un golpe de Estado por lo que aseguró que VP quiere un cambio de gobierno “de forma constitucional, pacífica y electoral”,

Tintori calificó como “cortina de humo” las recientes detenciones del Comando Antigolpe, como la del diputado Gilber Caro, para “tapar la crisis que hay en el país”.

EU

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Juan Guanipa, afirmó que la investigación administrativa que ejecuta la Contraloría General de la República contra Henrique Capriles obede a una persecución política.

Guanipa aseguró que las detenciones realizadas recientemente a dirigente de la oposición son “una escalada de persecuciones que comenzó con la llegada a la vicepresidencia de Tareck El Asissami».

“Lo quieren inhabilitar políticamente, pero una decisión e investigación administrativa no inhabilita (…) aquí se configura toda la persecución que el Gobierno está realizando contra líderes específicos”, señaló el parlamentario en una entrevista a Unión Radio.

Con relación a la detención del concejal del estado Zulia, Jorge Luis González, espetó que se trata de una “barbaridad son sentido”.

“Fue detenido ayer en la noche, iba con su hija, la familia fue a buscar a la niña, se llevaron su carro, ¿y qué van a hacer? Sembrarle cosas en el carro (…) nosotros estamos buscando planes de estabilización, donde la gente se pueda expresar por la vía electoral, el Gobierno no entiende y actúa de manera conflictiva”, dijo.

EN