Un estudio de la ONG Una Ventana a la Libertad reveló que del 1° de septiembre al 1° de diciembre han ocurrido 34 situaciones irregulares en áreas de guarda y custodia de los retenes
En los últimos 3 meses se han registrado 17 muertes en los centros de detención preventiva de las comisarías de diversas regiones del país. Esa cifra se desprende del informe más reciente elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad que incluyó un estudio realizado entre el 1° de septiembre y el 1° de diciembre, en las áreas de guarda y custodia de 87 cuerpos de seguridad de los estados Miranda, Zulia, Lara, Distrito Capital, Vargas y Táchira.
Luisa Torrealba, investigadora de esa organización, destacó que de esas 17 muertes reportadas 7 ocurrieron por desnutrición porque los familiares de los detenidos no les llevaban alimentos con frecuencia y los directores de las comisarías no reciben presupuesto para costear los gastos de las comidas, debido a que los calabozos habilitados en esos recintos son para detenciones transitorias que no deberían exceder las 48 horas.
En ese período también se reportaron nueve muertes por violencia: cuatro de las víctimas fueron desmembradas, otras dos fueron blanco de disparos y una fue estrangulada. Asimismo, dentro de las celdas de los centros visitados mataron a un hombre a golpes. El agredido tenía 55 años de edad y sufría de esquizofrenia.
La investigación también da cuenta de que en los últimos 90 días se han originado 34 situaciones irregulares por las condiciones de hacinamiento en que conviven los aprehendidos.
Actualmente hay 40.000 presos que en algunos casos son reubicados en las oficinas de los organismos policiales porque hay comisarías que no disponen de celdas para mantenerlos, según Carlos Nieto, director de esa ONG.
«Ha habido nueve fugas y cuatro intentos de evasión, motines, situaciones de secuestros, que podrían controlarse con los traslados oportunos a los centros penitenciarios para descongestionar esos espacios que, en su mayoría, miden cuatro metros por tres», explicó Nieto.
Duermen de pie. Uno de los cuerpos de seguridad que ha registrado mayor número de conflictos por hacinamiento en el país es la Policía de Miranda. Su director, Elisio Guzmán, indicó que este año solicitó ante el Ministerio del Servicio Penitenciario la asignación de 214 cupos para el traslado de detenidos y solo les asignaron 65.
«Tengo presos que llevan cuatro años encarcelados en espacios de tres por tres metros. Han tenido que hacer hamacas con sus propias franelas para descansar por turnos de cuatro horas en la noche y, en el peor de los casos, duermen parados uno al lado del otro», explicó el jefe del organismo policial.
En las áreas de guarda y custodia de Poliguaicaipuro la situación es aún más crítica. De acuerdo con el estudio, hay 121 reclusos distribuidos en 3 celdas, entre ellos 2 mujeres embarazadas. Una de ellas ha tenido complicaciones en su proceso de gestación y, según su madre, necesita cuidados especiales. Solicitó una medida humanitaria para que salga en libertad al menos hasta que nazca el bebé, pero le fue negada.
Según Torrealba, más de 70% de los centros de detención preventiva que fueron objeto de estudio no cuentan con servicios de asistencia médica, tampoco dispone de infraestructuras sanitarias adecuadas ni de áreas recreativas.
De ahí que insiste en la necesidad de que a través del Ministerio del Servicio Penitenciario se generen políticas públicas para afrontar el problema de hacinamiento con la construcción de nuevas cárceles. Se requieren por lo menos 100 centros de reclusión en el país para albergar un promedio de 760 reclusos, según la experta, además de garantizar el acceso a los servicios médicos y de alimentación.
El dato. 378% de hacinamiento registran los calabozos de los cuerpos de seguridad.
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