El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, afirmó que la electrónica es usada como un elemento de guerra. Las declaraciones ocurren después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara tomar acciones contra el consorcio financiero Credicard

El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, denunció la existencia de una nueva modalidad de «ataques» electrónicos a la economía del país para «acelerar un proceso de desestabilización y conmoción nacional» y de los que responsabilizó a la «derecha».

«Es un problema de conspiración y usan la electrónica y la cibernética como un elemento de guerra», indicó el vicepresidente venezolano, según unas declaraciones recogidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El gobierno ha vinculado al antichavismo con una serie de vulneraciones que aseguran que sufrieron la semana pasada los sistemas de pago electrónicos provocando la falla de los puntos de venta y servicios de pago cibernéticos en el país, que, según voceros del Ejecutivo, fueron dirigidos desde Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos.

Un grupo de personas fueron «capturadas en flagrancia» y detenidos, informó el sábado el jefe de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, por ser «los autores y ejecutores de un plan de traición económica a la patria».

Estos «delitos de manejo fraudulento de plataformas» son «parte de la guerra contra la Patria», afirmó el director de los servicios de inteligencia en un mensaje en la red social Twitter.

González López indicó que las autoridades investigan «la presunta complicidad» del consorcio financiero Credicard, el mayor procesador de medios de pago en Venezuela, «en delitos contra la Patria mediante la inoperatividad de la plataforma» y aseguró que esa empresa pudo haber hecho que la plataforma electrónica dejara de funcionar a propósito.

El jefe del Sebin aseguró también que representantes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) están involucrados en este supuesto plan, aunque no reveló mayores detalles.

Por su parte, el ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, aseguró hoy que ente los pasados 1 y 3 de diciembre se registraron 16.943 ataques informáticos contra transacciones venezolanas.

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El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional indicó que la gente perdió la esperanza en Venezuela

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Simón Calzadilla, señaló que el diálogo entre gobierno y oposición está congelado por incumplimiento del gobierno en los acuerdos entre ambos sectores políticos.

“El diálogo está congelado por incumplimiento del gobierno, pero trajo como consecuencia la confiscación de referendo revocatorio y el fracaso del diálogo”, dijo este martes el parlamentario quien aseguró también que la situación del país es “cada vez más pesimista”.

De acuerdo a Calzadilla, la gente perdió la esperanza en Venezuela.

“Los venezolanos resistían en sus negocios porque tenían la confianza en un cambio político, pacífico y pronto. Sacaban de sus ahorros para mantener las pérdidas, pidieron prestado en el exterior para lograr importar, el sector privado se trajo mercancía de Colombia y de  Brasil, pero se agotó toda la mercancía y con ello la esperanza de un modelo diferente”, concluyó.

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El presidente de la Comisión de Contraloría recordó que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal consagraba el delito de nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano

Freddy Guevara, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, calificó de aberración jurídica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se declara la nulidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al considerar que dicho fallo revela la complicidad del máximo juzgado del país con la corrupción.

 
“Con esa sentencia los magistrados del TSJ demuestran que son cómplices de la corrupción que azota todos los niveles del Estado venezolano. Es lamentable e inaceptable que el máximo tribunal de la República, llamado a sancionar a los corruptos que han saqueado el erario público, sea el que avale la impunidad y siga permitiendo casos como el del contralor general de la República, que además de ocupar ilegítimamente ese cargo, es un vergonzoso ejemplo de nepotismo y corrupción”, enfatizó Guevara.

 
Igualmente rechazó que la sentencia del TSJ declare la inconstitucionalidad de la ley alegando que la materia es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República.

 
“Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que el gobierno ordena ejecutar al TSJ para intentar proteger sus privilegios, tal como ocurrió con la sentencia del caso Rafael Ramírez sobre su gestión en Pdvsa, en la cual se nos pretendía privar de nuestras competencias contraloras como Poder Legislativo. Esta sentencia es otra aberración jurídica que busca proteger a los corruptos”, recalcó.

 
Guevara recordó que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal consagraba el delito de nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano; además de establecer agravantes sobre el peculado de uso de bienes y vehículos del sector público con fines políticos o electorales.

 
“Esta reforma introduce elementos realmente importantes en el ordenamiento jurídico venezolano para la lucha contra la corrupción. Además del nepotismo y el peculado de uso, se establecen obligaciones en materia de rendición de cuentas; declaración jurada de patrimonio e intereses; cooperación eficaz para sujetos involucrados en la comisión de delitos como los testaferros; así como aumento de las penas, multas y restitución del 100% del lucro obtenido en actos de corrupción”, explicó Guevara.

 
Señaló que la sentencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.043, de fecha 1 de diciembre de 2016, constituye la mejor muestra de que la corrupción es política del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que insistió en la necesidad de que el Parlamento venezolano avance en los mecanismos constitucionales con los que cuenta para el cambio de gobierno y la restitución de la democracia y el Estado de Derecho.

“Estamos en presencia del régimen más corrupto en la historia de Venezuela, y uno de los más corruptos del hemisferio occidental. Desde la Comisión de Contraloría seguiremos avanzando en nuestras leyes, investigaciones y determinación de responsabilidades políticas, con la finalidad de dejar sentado quiénes han sido los culpables del desfalco de los últimos 18 años. Pero es igualmente necesario que ante el fracaso del diálogo y el revocatorio, la Asamblea Nacional retome la reactivación del juicio político a Nicolás Maduro y la declaratoria de abandono del cargo, ya que no es posible lograr acabar con la corrupción en Venezuela mientras este régimen siga en el poder”, declaró.

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