El conservador Mariano Rajoy optó este jueves por la continuidad en los ministerios económicos e incorporó como canciller a un especialista de la UE, al formar en España un ejecutivo que gobernará en minoría.

El gabinete anunciado está conformado por 13 ministros, entre los que hay seis caras nuevas, cinco mujeres y muy pocos jóvenes. Deberá pilotar la continuación de la recuperación económica dentro de los estrictos límites fiscales impuestos por la Unión Europea, y la respuesta al desafío soberanista catalán.

Después de diez meses de interinidad política que se resolvieron con su investidura el sábado pasado, Rajoy mantuvo en sus puestos a los tres ministros del ramo económico: Luis de Guindos en Economía, Cristóbal Montoro en Hacienda y Fátima Báñez en Empleo.

Una decisión que los socialistas y los izquierdistas de Podemos, segunda y tercera fuerza en el Parlamento, criticaron como “continuista”, tras la política de recortes dirigida por dichos ministros entre 2011 y 2015, cuando el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.

“Van a continuar los recortes, van a continuar las políticas de sufrimiento de la mayoría social”, fustigó Rafael Mayoral, diputado de Podemos.

Con esos ministros, “Mariano Rajoy no ha hecho un gobierno para el diálogo”, lo que le augura “serias dificultades”, abundó Mario Jiménez, portavoz de la gestora que dirige interinamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Guindos tendrá como primera misión enviar a Bruselas un nuevo presupuesto para 2017, después de mandar una primera versión a mitad de octubre, cuando no había gobierno en plenas funciones.

Rajoy, de 61 años, no quiere volver a hablar de austeridad. Pero la UE le exige un ajuste de 5.500 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit pactado para 2017, 3,1% del PIB, cuando el gobierno prevé cinco décimas más.

El gabinete espera en cualquier caso que la española siga siendo una de las economías más dinámicas de la Eurozona, con un crecimiento este año del 2,9% del PIB. Al mismo tiempo preocupa el desempleo, el segundo más alto del club del euro, en un 18,9%.

En Exteriores, Rajoy sacó del cargo a José Manuel García-Margallo para fichar a Alfonso Dastis Quecedo, representante permanente de España ante la UE desde fines de 2011, cuando el líder conservador llegó al poder.

Según un cercano colaborador de Dastis consultado por la AFP, es una persona “discreta” y con “un perfil muy técnico”, en el que “Rajoy tenía una confianza absoluta en todo lo referente a la UE”.

Dastis dirigía la representación diplomática en Bruselas en el delicadísimo momento en el que España evitó, en 2012, un rescate soberano de su economía, que se quedó en rescate del sector bancario.

Una vicepresidenta con menos competencias

Entre las cinco mujeres del gobierno de Rajoy continúa Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, responsable por tanto de lidiar con las las ansias de independencia del gobierno nacionalista catalán.

En cambio dejará el cargo de portavoz, que recae ahora en el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

Otra de las novedades del gabinete es la entrada como ministra de Defensa de María Dolores de Cospedal, número dos del PP y sucesora de Pedro Morenés.

Íñigo de la Serna, actual alcalde de Santander (norte), asumirá la cartera de Fomento, tras diez meses de interinidad política que levantaron mucha preocupación en el sector, sensible a la inversión en obra pública.

Del gobierno sale también el titular de Interior Jorge Fernández Díaz, acusado de maniobrar para incriminar a independentistas catalanes. Le sucede Juan Ignacio Zoido, ex alcalde de Sevilla.

El Partido Popular cuenta con 137 diputados de los 350 del Parlamento, por lo que tendrá que buscar el apoyo de otras formaciones, como los socialistas o los liberales de Ciudadanos, para sacar adelante sus leyes y reformas.

Ciudadanos, que con sus 32 diputados respaldó el pasado sábado la investidura de Rajoy, afirma que vigilará que se cumpla con un paquete de de 150 medidas al que se comprometió el líder conservador.

En ese sentido, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en la cámara baja, dijo que ve en el gobierno recién anunciado “una nueva era política que se va a caracterizar por el diálogo permanente, la negociacion constante y la vigilancia sobre la acción de gobierno”.

Los ministros celebrarán su primer consejo el viernes, después de asumir sus cargos ante el rey Felipe VI.

AFP

Las colinas junto a la frontera de Arizona con México se sienten empinadas y con baches a medida que Paul Estrada conduce su vehículo a lo largo de la cerca mientras patrulla el área en busca de contrabandistas de drogas y de migrantes.

Al pasar junto a señales de tránsito acribilladas a balazos, el agente policial señala las partes del muro que son bajas y lamenta lo fácil que es contrabandear drogas a Arizona. En apenas un mes, Estrada y sus colegas en la frontera pudieran confrontar un nuevo reto: la marihuana legal.

En el mismo día de las elecciones presidenciales, el 8 de noviembre, cinco estados votarán para decidir si legalizan o no la marihuana con fines recreativos, entre ellos Arizona y California, los primeros dos estados fronterizos en sopesar la idea.

Si la propuesta es aprobada en Arizona, muy pronto pudiera haber tiendas de marihuana en un lugar que desde hace tiempo ha sido centro del contrabando de drogas. En ciudades como Nogales se puede ver a contrabandistas casi a diario mientras escalan la cerca fronteriza con mochilas llenas de la hierba.

«Es una batalla incesante», dijo el coronel Frank Milstead, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. «No puedo decirles que haya un día en el que no interceptemos a alguien contrabandeando alguna droga al estado».

En Arizona se ha debatido cómo responderán los cárteles a la iniciativa de legalización.

Los líderes de las agencias del orden dicen que el cambio fortalecerá los cárteles, al permitirles infiltrar el marcado legal de marihuana e impulsarlos a vender drogas más potentes. Los partidarios de la legalización argumentan que el cambio va a socavar a los cárteles al eliminar un importante sector de sus negocios.

Carlos Alfaro, subdirector de la campaña por la Proposición 205, dice que la legalización en otros estados ya ha llevado a una caída en las confiscaciones de marihuana por la Patrulla Fronteriza.

Desde el año fiscal 2011 hasta 2015, el número de confiscaciones hechas por la agencia en todo el país cayó 39%. En el sector de Tucson —que llegó a ser el corredor de contrabando más utilizado en la nación— las confiscaciones han caído 28%, de acuerdo con estadísticas de la Guardia Fronteriza.

«Ahora los cárteles tienen competencia», dijo Alfaro. «Tienen que competir con negocios legítimos en Estados Unidos con un producto que es más puro, con regulaciones sobre lo que se ofrece en los estantes y a los precios».

Las autoridades aún confiscan grandes cantidades de marihuana en Arizona. La Patrulla Fronteriza incautó casi 363.000 kilos (800.000 libras) en el último año fiscal en el estado. Otros 54.000 kilos (120.000 libras) fueron confiscados en cruces fronterizos en el sector de Tucson.

A medida que la marihuana es legalizada en más lugares, los cárteles «están buscando aumentar su participación en el mercado de otras substancias controladas, especialmente la heroína y la metanfetamina», dijo el jefe del sector de Tucson, Paul Beeson, en una declaración escrita.

Funcionarios de aduanas confiscaron más de 1.860 kilos (4.100 libras) de metanfetamina y 390 kilos (863 libras) de heroína en cruces fronterizos en el sector de Tucson en el último año fiscal. Eso es un incremento de 46% en metanfetamina y de 77% en heroína durante los últimos dos años. La cantidad de metanfetamina confiscada en lo que va del presente año fiscal ha rebasado ya el total del año pasado.

Hasta ahora, la marihuana sigue siendo la principal droga confiscada en la frontera, dijo Beeson.

En toda el área fronteriza, los cárteles contratan a vigías que se sientan en las cimas de colinas y montañas para detectar la presencia de agentes del orden. Disfrazan camiones con camuflaje en lo profundo del desierto de Arizona, despojándoles de sus interiores y llenándoles con drogas. Más recientemente, los contrabandistas han comenzado a utilizar cañones de fabricación casera para disparar grandes paquetes de marihuana a través de la frontera.

Hace unas semanas, las autoridades cercanas a la frontera encontraron un cilindro de 1,8 metros (seis pies) lleno con 50 kilos (110 libras) de marihuana tras escuchar una fuerte explosión, dijo Milstead. Los detectives concluyeron que el paquete había sido lanzado por un cañón de aire y había caído a unos 228 metros (250 yardas) de la cerca.

Además, los caminos y carreteras están llenos de retenes de la Patrulla Fronteriza, en los que los agentes buscan drogas y contrabandistas. Esos retenes seguirán allí incluso si la marihuana es legalizada en el estado.
Eso se debe a que la hierba es aún ilegal bajo la ley federal, que se impone a las regulaciones locales.

Agentes locales del orden dicen que la legalización de la marihuana presentara obstáculos, tales como automovilistas que conducen bajo sus efectos. Les preocupan las muertes en accidentes de tránsito, que dicen han aumentado en Colorado como resultado de la marihuana, y señalan que hacer arrestos por drogas será mucho más difícil porque el olor de la hierba ya no será causa probable para registrar a una persona.

Finn Selander, agente retirado de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y partidario de la legalización, concuerda con que las organizaciones delictivas pondrán su atención a otras drogas, pero dijo que la marihuana es su mayor fuente de ingresos y de todas formas la legalización va a perjudicarles.

La posibilidad de que los cárteles se dediquen a vender otra cosa es «una excusa tonta» para oponerse a la legalización de la marihuana, dice Selander.

«De eso se trata el crimen organizado, de encontrar algo que pueda vender», dijo.

AP

La sala I de la Cámara Federal penal porteña confirmó este jueves el embargo de 4.6 millones de dólares encontrados en una caja de seguridad del Banco Galicia a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta argentina, Cristina Fernández.

El embargo fue dispuesto en julio pasado por el juez federal Julián Ercolini  en el marco de la causa Hotesur, donde se investigan presuntos delitos en torno a la sociedad administradora de los hoteles de la exfamilia presidencial en el sur del país.

De acuerdo a fuentes judiciales, el  objetivo habría sido impedir que sea retirado y para afrontar un decomiso ante una eventual condena.

El dinero embargado y que permanecerá bajo la órbita judicial, es US$ 4’664,000 que se encontraban en una caja de seguridad del Banco Galicia y otros US$ 1’032,144 en una caja de ahorro del Banco Francés y US$ 53.280 en otra caja de ahorro en esa moneda de la misma entidad.

El embargo fue pedido por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques luego de trascender, a través de la diputada Margarita Stolbizer, que ese dinero había sido transferido por la expresidenta a favor de su hija luego de ser indagada por el juez Claudio Bonadio en la causa por la venta de dólares a futuro y con el supuesto fin de evitar un embargo.

Las dos cajas de seguridad -sólo una de ellas tenía los más de cuatro millones de dólares- fueron contratadas el 3 de marzo de este año, cuatro días después que Bonadio convocara a la ex presidenta a prestar declaración indagatoria.

“El direccionamiento de los embargos preventivos hacia el dinero detentado por Florencia Kirchner en el Banco Galicia aparece coherente con la referida tesis de investigación, que ubica a la nombrada dentro del engranaje societario utilizado para canalizar los fondos de origen ilícito que los empresarios beneficiados por la irregular concesión de obra pública habrían otorgado a la familia presidencial”, dijo el camarista Jorge Ballestero en el fallo firmado junto con Eduardo Farah y Eduardo Freiler, quien votó en disidencia.

La Justicia investiga  la presunta existencia de una asociación ilícita entre la familia Kirchner y empresarios como el detenido Lázaro Báez o Cristóbal López, cuyas firmas supuestamente alquilaban habitaciones de los hoteles de la ex familia presidencial en una supuesta devolución por concesiones o beneficios otorgados por el Estado.

Los camaristas, también por dos votos contra uno, rechazaron el planteo de nulidad efectuado por la defensa de la ex presidente, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi, a raíz de la obtención de la información sobre la existencia de esos movimientos de dinero, que atribuyeron a una filtración del juez Claudio Bonadio, quien originalmente tuvo a su cargo la causa Hotesur. (ECHA – Agencias)

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