Referentes políticos, sociales y del mundo de la cultura de Argentina se congregaron ayer junto a miles de militantes a las puertas de tribunales para apoyar a la expresidenta Cristina Fernández, quien declaró en una causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante su Gobierno.
La exmandataria (2007-2015) fue citada por el juez federal Julián Ercolini, quien investiga el supuesto diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” en detrimento de las arcas del Estado y a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero en otra causa-.
A su salida de los tribunales, la exjefa de Estado aseguró sentirse víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” puesta en marcha por el actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri que, de esa forma, intenta “tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina”.
Los tribunales de la capital argentina amanecieron blindados por un fuerte operativo de seguridad tanto en el interior como en el exterior, donde era notable la presencia de unos 200 efectivos de Prefectura, Gendarmería, y de la Policía Federal y Metropolitana, la fuerza de seguridad local.
Las elevadas vallas no fueron un obstáculo para los cánticos y gritos de los cerca de 5.000 militantes que desde primera hora de la mañana se congregaron en el lugar para arropar a la exmandataria ataviados con camisetas con clásicos lemas kirchneristas y armados con tambores y banderas con los rostros de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Mientras, desde la entrada trasera de los tribunales, apoyaron a la exmandataria referentes sindicales y sociales como la presidenta de la emblemática asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, o el exmiembro de la Corte Suprema argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Raúl Zaffaroni.
El magistrado destacó en declaraciones a la prensa a la entrada del juzgado que ve un proceso “muy paralelo” entre Fernández y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ya que ambos son exmandatarios “con un grado de imagen positiva considerable” a los que se les están abriendo causas judiciales para “sacarlos del campo electoral”.
Además, estuvieron presentes varios legisladores y referentes del kirchnerismo, como el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, el exsecretario general de la Presidencia Óscar Parrilli, la exsecretaria de Cultura Teresa Parodi, el extitular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde y el exministro de Economía Axel Kicillof.
Este último, que está procesado junto a la exmandataria en un expediente por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su mandato, dijo este lunes a la prensa reunida a las puertas de tribunales que “lo de la independencia de la Justicia” en Argentina es “un verdadero chiste”.
Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, acusan a Fernández de un presunto delito de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública.
“Es un disparate mayúsculo defender que una asociación ilícita la conforma un poder Ejecutivo surgido de elecciones libres”, señaló Fernández ante la prensa que la esperaba a su salida de los tribunales, tras acudir al despacho de Ercolini, cuyas preguntas no respondió.
Además, pidió al juez la nulidad de su declaración y presentó un escrito en el que solicitó una auditoría integral de la obra pública desde 2003, cuyo monto total llegó a 107.000 millones de dólares y la mayoría, aseguró, estuvo distribuido en energía, vialidad y viviendas.
“Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública”, aseveró antes de remarcar que Ángel Calcaterra, “el primo hermano” de Macri, fue el tercer adjudicatario de obra pública durante su Gobierno, mientras que Báez figura, según dijo, en el puesto 38 de los favorecidos.
Por su parte, esta mañana el presidente dijo en declaraciones a la prensa que los ciudadanos quieren “que no haya más impunidad” y abogó porque las obras públicas no sean “nunca más” sinónimo de corrupción, al ser consultado por la citación a declarar hoy de su antecesora.
Esta es la segunda vez que la exmandataria debe declarar ante la Justicia después de que en abril pasado fuera citada por las operaciones en la venta de futuros de dólar, en la que fue procesada por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
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