Para rechazar la paralización de la recolección del 20 % y anulación del 1 % de firmas, se pronunciaron este domingo en la ciudad de Caracas, organizaciones civiles.

En representación del sector social intervino Carlos Julio Rojas, advirtiendo que en Venezuela no existe oficialismo y oposición, sino un pueblo “enardecido” por las constantes violaciones que comete el Gobierno.

 
A su juicio, el presidente Nicolás Maduro “se quitó la careta” y decidió no escuchar al 80 % de los ciudadanos que han expresado querer un mejor futuro; considera que la resistencia civil debe ser acatada por todos los sectores del país hasta que se respeten los derechos políticos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Víctor Márquez, indicó que el hilo constitucional se rompió en el momento en el que el presupuesto de las universidades fue presentado al Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como es el deber ser.

“Ahora se violenta uno de los principios fundamentales del derecho de los venezolanos que es decidir sobre el destino de sus gobernantes, a través de la convocatoria de un referendo”, añadió.

En nombre de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), tomó la palabra José Elías Torres, quien ratificó su apoyo al artículo 72 de la Constitución, que expone la revocación del mandato de cualquier funcionario; alertó que desde su gremio están dispuestos a exigirle a los tribunales regionales la revisión de su decisión para que el proceso del 20 % pueda celebrarse sin ningún inconveniente.

A su juicio, las violaciones a la Constitución liquidan el sistema democrático, “todo acto que usurpa los principios del texto constitucional es considerado nulo (…)hacemos un llamado a los trabajadores y organizaciones sindicales a incorporarse a la lucha pacífica por la defensa y rescate de la institucionalidad democrática, como garante de preservar los derechos, sociales y económicos de la familia trabajadora y del pueblo en general”.

Asimismo las organizaciones civiles aseguraron que en Venezuela el régimen se ha convertido en un sistema neo-dictatorial con un gobierno de facto que quebranta constantemente los derechos humanos.

Finalmente, exhortaron a la Fuerza Armada Nacional a conservar su lealtad pues estaban a la orden de la ciudadanía, y no dispuesta a un gobierno de turno o parcialidad política.

El Impulso

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo un llamado a respetar los derechos constitucionales en Venezuela, en relación con la suspensión del referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.

“Cada vez surge un obstáculo nuevo que impide el derecho de los venezolanos”, expresó este lunes en una entrevista a CNN en Español. Cuestionó la duración del proceso de activación del revocatorio y lo comparó con el plebiscito por la paz en Colombia, donde el proceso se realizó en 60 días.

Para él, la democracia en Venezuela fue afectada con la decisión de suspender el referéndum porque “ve que el derecho de revocar a sus mandatarios ha sido coartado”.

El Consejo Nacional Electoral decidió suspender temporalmente el revocatorio, el pasado jueves, luego de que varios tribunales regionales aceptaron supuestas irregularidades en la recolección de firmas correspondiente a 1% del padrón electoral, primer paso para la activación de este mecanismo constitucional

El Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, indicó que respalda el acuerdo sobre la restitución del orden constitucional en Venezuela, aprobado durante la sesión especial de la Asamblea Nacional, que se celebró el domingo 23 de octubre.

Durante la intervención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, en la sesión especial, un grupo entró de manera violenta al Hemiciclo: situación que generó desorden y confusión. Con relación a esto, Ramos Allup expresó: “Todo lo que sucedió ayer (domingo) en la sesión, gráfica y pone de manifiesto que si hay un severo quebrantamiento del orden constitucional, porque el panorama no está funcionando como la democracia que nuestra Constitución dice que debe existir. En el país no hay democracia”, dijo el presidente del Poder Legislativo.

Igualmente, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la suspensión del referendo revocatorio, no tomó por sorpresa a la oposición. Sin embargo, reconoció que la forma cómo sucedió no la esperaban. “Lo que no advertimos fue que la ejecución del referéndum se produjera de manera descentralizada en siete tribunales penales, en siete estados cuyos gobernadores controlan el poder  judicial”.

Audios

Unión Radio

Los 385 ingresos a la morgue de Bello Monte en octubre y las 4.703 muertes violentas ocurridas, extraoficialmente, en lo que va de año en Gran Caracas, no son un hecho fortuito, sino la marca de la violencia que somete a una ciudad por sus cuatro costados y que se escurre como un problema de salud pública, coinciden expertos.

Se trata de una situación que ha obligado al Ministerio de Interior y Justicia a replantearse el servicio de medicina forense, con lo cual aspira transferir a los hospitales la ejecución de autopsias médicas legales, una práctica  que en Caracas está reservada a la Morgue de Bello Monte y en todo el territorio nacional se realiza en 54 medicaturas adscritas al  Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

La idea de delegar el servicio de medicina legal a los centros de salud no es nueva, pero  resuena nuevamente entre el personal de los hospitales, profesionales que ubican la escasez de insumos básicos en 95%.

A inicios de octubre, Néstor Reverol, titular de Interior y Justicia, planteó la necesidad de transformar las morgues de  los hospitales para que los patólogos investiguen desde allí las muertes violentas, sin necesidad de trasladar los fallecidos a las medicaturas legales.

El planteamiento surge en un contexto de crisis sanitaria, en el que la organización Médicos por la Salud reporta fallas en 89,23%de la emergencias, dificultades operativas en 80% de las terapias intensivas e inoperatividad en 41,5% de los pabellones del sistema público.

Earle Siso, director de Salud del Distrito Capital, cuyo despacho controla los hospitales más importantes del Área Metropolitana, advierte que para materializar el proyecto es necesario equipar a los centros con cavas, mesas de autopsia y toda la instrumentación; requerimiento al cual antepone la formación de especialistas.

Explica que solo la cartera de Interior y Justicia está facultada para emitir certificados legales de defunción; ningún sanatorio podría hacerlo.  Además de designar patólogos a cada centro, el proyecto exige tender lazos entre los ministerios Público, de Salud y de Justicia.

“Hay un déficit de anatomopatólogos que se debe a las condiciones de trabajo”, afirma. Fuentes adscritas a la Sociedad de Medicina Forense precisan que el déficit supera el 60%. Aunque en noviembre de 2014, los ministerios de Salud e Interior convinieron formar 186 Médicos Integrales en el área forense, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, agrega que el personal no tiene pericia para firmar defunciones legales.

Siso además admite  fallas estructurales que mantienen paralizadas las salas de autopsias  en los hospitales, como ocurre en el Vargas, que perdió capacidad para procesar necropsias clínicas hace más de ocho años. Su director, Tirso Silva, explica que en lugar de un servicio de patología, necesario para determinar causas de muerte en enfermos, solo disponen de cavas para preservar los cuerpos.

Aporte académico

Silva asume el planteamiento de Reverol como una oportunidad para retomar las autopsias clínicas, que permiten profundizar en el manejo de algunas enfermedades y mejorar la formación académica.   Además de los asesinados, los protocolos indican que todo individuo que fallece en menos de 24 horas, sin una causa clara de muerte, requiere una necropsia.

Recientemente el personal de salud del Vargas denunció a través de videos las dificultades para conservar los cadáveres, muchos de los cuales llegan a un avanzado estado de descomposición”. Silva responde al escándalo planteando el problema: “De las dos cavas de congelación, solo una está operativa. Y de las cuatro de conservación, dos están activas”. En días pasados una comisión de Interior y Justicia acudió al lugar para hacer un diagnóstico, pero el proyecto no se ha concretado.

Dianela Parra, diputada a la Asamblea Nacional  y vicepresidente de la FMV, reitera que los hospitales no pueden investigar muertes por hechos punibles. “Es imposible eliminar las morgues, son de cumplimiento obligatorio y de compromiso internacional”, afirma.
Al igual que Lídice, en la ciudad el Pérez de León II, en Petare, fungirá de centro piloto, informó su directora Zaira Medina. “Estamos conectando un punto de agua y haciendo remodelaciones. En tres semanas  iniciaríamos las necropsias”, expuso e indicó que el personal será aportado por el Senamecf.

El diputado José Manuel Olivares, presidente de la subcomisión de Salud de la AN,  reitera que solo los forenses avalados por el Cicpc pueden hacer autopsias. “No es abrir un cadáver, son pruebas químicas, de balísticas”. A su juicio, el Gobierno intenta atomizar las cifras de muertes en un país donde el Observatorio Venezolano de Violencia reportó una tasa de 122 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2015.

El Universal

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos aseguró que la actual administración es un regimen dictatorial adecuado a los nuevos tiempos

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que, a partir del 20 de octubre,  el gobierno del presidente Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. Ese día, los tribunales penales de cinco estados sentenciaron la nulidad del proceso de recolección de firmas de 1% de las rúbricas del Registro Electoral, lo que resultó en la suspensión del proceso para activar el referéndum revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral.

Provea explicó que la administración de Maduro no es una dictadura tradicional, sino un régimen dictatorial moderno.

“Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder”, detalló el texto.

La organización recomienda a los ciudadanos exigir mediante la protesta pacífica un cambio constitucional de gobierno, al aseverar que mientras más se permita la continuidad de las acciones del Ejecutivo, este instaurará con mayor facilidad su autoritarismo.

El Nacional