En los últimos meses a 2.000 trabajadores técnicos y profesionales que laboraban a tiempo determinado en Pdvsa y las empresas contratistas, les rescindieron el contrato por razones políticas, aseguró José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
“La suspensión de los contratos de trabajo es el subterfugio que utiliza el oficialismo en la industria petrolera para amedrentar al personal fijo y contratado, con el fin de impedir el ejercicio de su derecho constitucional y democrático: el referéndum revocatorio”, añadió el dirigente.
Indicó que “en la industria hay 26.000 trabajadores contratados a tiempo determinado con la promesa de que serán incorporados a la nómina fija si son leales al gobierno”. Si los empleados no muestran la lealtad exigida, les rescinden el contrato a los que llevan más de cuatro años con esa figura, con lo que la empresa incumple la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga al empleador pasarlos a la nómina fija al año de servicio, agregó.
El sindicalista indicó que al mantener por años a un trabajador bajo contrato por tiempo determinado, Pdvsa y las contratistas fomentan la tercerización prohibida en la ley porque es una práctica con la que los patronos cometen fraude laboral.
De los 2.500 trabajadores a quienes les suprimieron el contrato de trabajo en los últimos meses, “80% fue porque apoyaron el revocatorio o no acudieron a las marchas”.
Bodas afirmó que “los gerentes y jefes rojo-rojitos de Pdvsa convocan continuamente a los trabajadores a charlas proselitistas para que manifiesten su voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter obligatorio”.
En el Metro de Caracas los empleados denunciaron que la persecución laboral la lleva a cabo el presidente del sindicato de la empresa, Edison Alvarado, que en una entrevista con TVES declaró, en agosto, que 300 trabajadores debían salir porque no estaban identificados con el chavismo.
A partir del 21 de septiembre, los primeros 12 empleados fueron despedidos porque firmaron para el revocatorio u organizaron a los trabajadores para exigir el cambio de la directiva de Sitrameca, opuesta a la celebración de las elecciones sindicales ya que su período de ejercicio vencerá el 22 de noviembre próximo.
“Luego de 28 años y 4 meses en la empresa fui despedido, y cuando estaba de reposo”, afirmó Wilson Gutiérrez, impulsor de la iniciativa de cambio en el sindicato y firmante del revocatorio. Añadió que se enteró cuando vio su foto y las de los otros 11 afectados colocadas en carteles en los accesos de la compañía, donde se informaba sobre la decisión contra ellos.
“Fuimos expuestos al escarnio público. También fue como una advertencia para el resto de los trabajadores objeto de continuas amenazas de la directiva de la empresa y lo más lamentable es que la dirigencia sindical, en lugar de defender los derechos de los trabajadores, se dedica a ser esquirol porque quiere perpetuarse en los cargos”, destacó Gutiérrez.
En las cartas de despido, la empresa de transporte masivo alega como causa de la medida que los empleados mostraron “falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo”, acusación que los afectados desmienten.
Gutiérrez resaltó que el procedimiento de despido está viciado y es ilegal porque contraviene el decreto de inamovilidad laboral del Ejecutivo. Apuntó que entre los botados están un conductor de Metrobus con 25 años de servicio y en reposo médico, por presentar una enfermedad ocupacional, y otro empleado que al momento del despido se hallaba de permiso funerario.
Los despedidos acudieron al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea.
Condicionan citas médicas
Los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada decidieron condicionar los días de permiso para ir al médico por chequeo y enfermedad con la asistencia de los trabajadores a las marchas y otros actos proselitistas del gobierno, advirtieron funcionarios que solicitaron no mencionar sus nombres.
“Cuando fui a pedir un día de permiso para hacerme exámenes urgentes, ordenados por el médico, el jefe me lo negó con el argumento de que no había participado en el operativo, como ellos llaman a las concentraciones de respaldo al gobierno”, contó un funcionario de un ministerio.
Otro trabajador narró que al personal del organismo le comunicaron que “por la asistencia a la marcha daban a cambio el día que por número de cédula les correspondía para hacer la cola en el supermercado para comprar alimentos a precio regulado”.
Fuente: El Nacional
