El secretario de la organización regional de Proyecto Venezuela, Amado Borjas, denunció que en el municipio Juan Antonio Sotillo de Anzoátegui los índices de criminalidad se han disparado hasta aumentar 65% en los últimos dos meses.

Indicó que las cifras de hechos delictivos incluyen asaltos a mano armada, uso de armas blancas, asesinatos y secuestros. Aseguró que son parte de la descomposición social del país.

«Las calles de Puerto La Cruz y del resto de Anzoátegui son cada vez más inseguras», puntualizó.

El dirigente del partido del sol advirtió que a medida que avance el año y se acerque a las festividades decembrinas los hechos delictivos se incrementarán.

«En una economía donde pagar un pasaje es un realero; donde los sueldos no alcanzan y donde conseguir trabajo cada vez es más difícil, entonces los crímenes son cada vez mayores. En una sociedad donde es más fácil conseguir un arma que un empleo bien remunerado, entonces el crimen se convierte en una opción», explicó.

Borjas precisó que la zona alta de Puerto La Cruz se ha convertido en una «cárcel colectiva», en referencia a que después de cierta hora los residentes de los sectores populares no pueden salir de sus casas.

Responsabilizó a Nelson Moreno, gobernador de Anzoátegui, y a los cuerpos de seguridad nacional. También denunció al ayuntamiento portocruzano por la crisis de seguridad. «Los portocruzanos y todos los anzoatiguenses no podemos dormir tranquilos por la negligencia oficial en materia de salvaguardar la vida de los ciudadanos», agregó.

Afirmó que los ciudadanos del estado Anzoátegui han tenido que «tomar la justicia en sus propias manos». Manifestó que la materialización de los linchamientos es producto de la negligencia policial.

Fuente: El Nacional   

En Caracas hay 15 mil vehículos cumpliendo funciones de taxi en líneas reconocidas o «piratas» que prestan un servicio a los ciudadanos con algunas virtudes y defectos, según cifras del Instituto Metropolitano de Transporte (Inmetra).

Este gremio -considerado por voceros de la Alcaldía Metropolitana como el más desatendido de todos- aplica tarifas a libre albedrío producto de la inflación y la crisis que en todos los aspectos se vive en el país, afirma Alicia Marturet, usuaria del servicio en reconocidas líneas de Los Palos Grandes.

Precisa que hasta mediados de octubre de 2016 los taxistas registrados cobran entre Bs 1.000 y Bs 25.000 por una carrera en la Gran Caracas. «Traslados cercanos por Chacao cuestan Bs 1.000 , pero si vas al aeropuerto de Maiquetía te cobran hasta Bs 25 mil», cuenta.

Relata que un ciudadano que hoy gane salario mínimo (Bs 22.576,73), no puede costear una carrera de largo recorrido.

Eddy Cristiani, presidenta del Inmetra, ha alertado la situación en varias oportunidades: «Los taxistas son el gremio más abandonado de todos. El Gobierno se niega a atenderlos. Nosotros prestaremos atención al gremio formal e informal», reitera.

José Luis Lombardo, presidente de la línea Plaza Venezuela, afirma por su parte que son un gremio muy desatendido y por años se han organizado por su propia cuenta. «Las tarifas son ajustadas de acuerdo a la inflación y a los aumentos salariales. Hay muchas empresas que contratan choferes y deben pagarles de acuerdo a la ley (salario mínimo más bono de alimentación). Al subir el salario mínimo nos obligan a ajustar las tarifas», señala.

Lombardo afirma que también deben competir con choferes no registrados que imponen sus propias tarifas para sobrevivir en un país donde no se consiguen repuestos, cauchos, baterías ni alimentos de la cesta básica.

«En 2016 hay profesionales, de distintas compañías cerradas, trabajando con sus vehículos propios como taxistas. Ese gremio paralelo no accede a un registro o censo estatal porque no obtiene ningún beneficio», indica.

Mientras que Marturet cree que al consolidarse un gremio formal en todo el país se pueden exigir la instalación de proveedurías, reposición de flotas a precios accesibles, créditos para reparaciones y hasta un seguro de vida sólido, a todo riesgo.

Desde el pasado 7 de octubre y hasta el próximo 7 de noviembre el Instituto Nacional de Transito Terrestre (INTT) convocó a un censo de transportistas para conocer su condición laboral, situación de la flota y las rutas que cubren. Con esta labor, solicitada por expertos en transporte desde hace más de diez años, «determinará las necesidades insatisfechas de transporte de todas las comunidades», afirmó el INTT en un comunicado oficial.

Una vez recabada la información, en el INTT prometen organizar el financiamiento de unidades, fortalecer las rutas existentes y crear nuevas según la necesidad determinada.

Al respecto, Carlos Gómez, presidente de una línea de taxis en San Bernardino, señala que es una promesa jamás cumplida. «¿Cómo van a organizar a un gremio que necesita repuestos, unidades, baterías, cauchos y demás insumos que no llegan al país?», se pregunta.

Gómez plantea que en todo caso debe darse una apertura económica, el respeto a lo privado, y el fortalecimiento de las importaciones en el sector transporte para poder mejorarlo al 100%.

En el INTT aseguran que censarán a todo tipo de transporte público urbano, suburbano y extraurbano, transporte de carga, escolar y comunal, taxis, mototaxis, «rapiditos», entre otros. «Además los interesados deben presentar sus necesidades de transporte: comunas, consejos comunales, salas de batalla, asociaciones, y en general los voceros de cualquier otra modalidad», indica el comunicado.

Resaltan que al estar registrado el transportista «tendrá acceso a proveedurías de repuestos e insumos, financiamiento de flota, seguros para sus unidades, servicio de grúas, talleres de mantenimiento, y más. Al registrarse las comunidades podrán mejorar sus condiciones de movilidad».

Lombardo y Gómez coinciden en que no se censarán porque las condiciones económicas del país no son las más óptimas para mejorar el servicio e integrarlo a corto plazo. «Todo es un negocio de alguien que busca quedarse con lo ajeno», destacan.

Fuente: El Universal