La cesta de petróleo venezolana continúa en descenso; esta semana el barril se ubicó en 37,58 dólares, una caída de 94 centavos con respecto a la semana pasada, cuando promedió 38,52 dólares el barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería.

“Reportes de amplios suministros globales contribuyeron para que los precios de los crudos terminaran en promedio a la baja durante la presente semana”, agregó el despacho.

Con el registro actual, el precio del petróleo en lo que va de año se sitúa en 33,22 dólares, 37 dólares menos del  que debería tener, según el ministro Eulogio del Pino.

El funcionario sigue apostando porque se logre un acuerdo entre los países productores y no productores, que tendrán una reunión informal la semana próxima en Argelia.

Fuente: El Nacional

“La industria petrolera venezolana, cuyos enormes ingresos alimentaron la gran mayoría de los planes gubernamentales, desde los complejos residenciales hasta la educación, ahora se encuentra en un espiral de caos. Para colmo de males el gobierno ha tenido que recurrir a Estados Unidos, su némesis, en busca de ayuda”, señala un artículo de The  New York Times.

 
Advierte que el declive de la industria petrolera es uno de los síntomas más graves de la crisis económica de Venezuela. “El petróleo representa la mitad de los ingresos del gobierno, un aporte que el presidente Hugo Chávez calificaba de ‘instrumento de desarrollo nacional’. La petrolera  invirtió sus ganancias, más de 250.000 millones de dólares desde 2001 hasta 2015, en diversos programas sociales como la importación de alimentos”.

Estados Unidos siempre ha sido un enorme mercado para el petróleo venezolano. Pero con la crisis de Pdvsa, el gobierno comenzó a importar petróleo estadounidense. Según el diario, a principios de este año Estados Unidos comenzó a enviar más de 50.000 barriles diarios de crudo liviano para que Venezuela pueda preparar su propio crudo de exportación, con lo que “el imperio” se unió al grupo de proveedores que se han vuelto vitales para mantener la industria del país.

 
La caída del bombeo se ubica en 2,4 millones de barriles diarios, una baja de 350.000 barriles con relación a la producción de 2015. Eso es casi un millón de barriles por debajo de lo que se producía en 1998, cuando Chávez asumió el poder. “Con la petrolera endeudada, dos tercios de sus exportaciones están destinadas a pagar préstamos chinos y otras deudas. Por eso, la empresa se está quedando sin recursos para pagarle a los técnicos internacionales y nacionales”.

 
“El declive se está acelerando, y seguirá ocurriendo”, declaró al NYT Lisa Viscidi, experta en energía del Inter-American Dialogue. “Las condiciones empeoran cada vez más. Hay mucho menos dinero para invertir”.

 
Los operadores externos están preocupados porque la debacle de Pdvsa podría sacudir al mercado global y afectar los ciclos de oferta. “Un colapso de Venezuela aceleraría la subida de los precios del petróleo; sería un shock total”, indicó Helima Croft, del Royal Bank of Canada: “Ese país está sufriendo una implosión”. Agregó que en este momento “no hay ningún productor de petróleo que se esté destruyendo de manera tan rápida o dramáticamente como Venezuela”.

Fuente: El Nacional

La decisión del presidente Nicolás Maduro de utilizar 5% del encaje legal de la banca –depositado en el Banco Central de Venezuela– para la inversión en planes agrícolas no fue bien recibida por algunos especialistas. Recordaron que esos recursos pertenecen a los ahorristas y forman parte del respaldo o garantía de los depósitos bancarios.

 
El economista Ronald Balza señaló que el encaje legal es un instrumento de política monetaria, que se utiliza para recoger dinero de la economía. Cuando aumenta es para retirar liquidez (billetes y monedas en circulación) y así evitar que los precios de los bienes y servicios se disparen. Cuando, por el contrario, se disminuye es para que los bancos puedan prestar más dinero.

 
“No está bien” que se obligue a los bancos a seguir prestando dinero más allá de las gavetas crediticias que ya existen y que, además, esta vez sea para financiar gastos del gobierno. “A fin de cuentas esa es plata de los ahorristas y no tiene por qué tocarse”, añadió.

 
Maduro anunció que el encaje pasaría de 21,5% a 16,5% con el objetivo de emplear estos recursos, que suman 500 millardos de bolívares, para lo que denominó inversión en desarrollo agrícola y agroindustrial. También indicó que para soportar la medida del encaje legal aprobó la emisión de certificados de depósitos no renovables del Fondo de Desarrollo Nacional y del

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y otros organismos públicos, a un plazo máximo de tres años con un interés de entre 1% y 1,5% pagaderos al vencimiento, para que puedan ser adquiridos por la banca a cambio del diferencial del encaje legal.

 
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, rechazó la medida porque con ella se están trastocando todos los mecanismos de garantía para el sistema financiero, alegó. “El encaje legal es el respaldo que tienen los bancos y esa cuota se coloca en el BCV para que no sea utilizada. Es dinero de los ahorristas no de los dueños de los bancos”.

 
El analista financiero Leonardo Buniak apuntó que la decisión hace que el perfil de riesgo del activo de los bancos cambie. El custodio de ese 5% que antes era parte del encaje también cambió. “Ya no será el BCV. En realidad no se sabe quién será el ente encargado de administrar esos recursos. Esto no es más que otra gaveta crediticia obligatoria”, afirmó.

Fuente: El Nacional

Representantes del movimiento sindical independiente denunciaron que el gobierno intensificó la persecución contra los trabajadores del sector público, para impedir que participen en la recolección de 20% de las firmas para reactivar el referéndum revocatorio.

 
“Apenas se conoció la información del Consejo Nacional Electoral, los jefes retomaron las amenazas de despido y otras sanciones para los que se atrevan a participar”, informó Serbando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores.

 
Luego de la reunión de organizaciones obreras en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el dirigente indicó que “en esta etapa del revocatorio, la persecución oficialista es mucho más abierta y descarada contra los empleados públicos”.

 
Como ejemplo señaló que el presidente de la Siderúrgica del Orinoco, Justo Noguera, reiteró que “botará a todos los trabajadores que aporten su firma para el 20%, lo que es una flagrante violación de la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que prohíben la discriminación política”, añadió Carbone.

 
Esta no es la primera vez que el directivo de Sidor lanza la advertencia. El 9 de septiembre en un acto en el portón 1 justificó los despidos de 5 trabajadores, con 10 y 30 años de servicio, por firmar. “Ellos mismos se botaron con su actitud; el que aparezca otra vez (firmando) también se va a ir, mientras yo, Justo Noguera, esté aquí”, insistió.

 
Orlando Chirino, representante de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma, informó que en Pdvsa despidieron a varios empleados del escalafón 99 por participar en el referéndum para revocar al presidente Nicolás Maduro. “Es inadmisible que apliquen el concepto de cargo de libre remoción a ciudadanos que ejercen su derecho democrático de pensar diferente”, dijo.

 
José Matute, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, destacó que “el arrepentimiento de firmar no es garantía de que los funcionarios conserven el empleo”. Tal es el caso de una delegada sindical de Amazonas forzada a retirar su rúbrica en la recolección del 1% de las firmas y que “ahora padece el acoso laboral de su superior”.

 
Los sindicalistas llamaron a los trabajadores a movilizarse para defender el revocatorio y sus derechos laborales. “Hay que ejercer todas las acciones de protesta en la calle y también en los sitios de trabajo con el paro y la huelga, para que el gobierno entienda que tiene que respetar a los trabajadores y la ciudadanía”, expresó Chirino.

 
Carbone apuntó que los casos de esta nueva oleada persecutoria en el sector público engrosan el expediente de violaciones gubernamentales de los convenios de la OIT, que será revisado en la 328ª Reunión del Consejo de Administración que se celebrará en Ginebra, Suiza, del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2016.

 
Las organizaciones obreras han reiterado la persecución laboral y el despido selectivo de personal en el sector público por el revocatorio,  como ocurrió con los 200 funcionarios del Seniat, 126 del Banco Bicentenario y 20 de Corpoelec.

Crisis en la construcción
 

Félix Maiz, directivo del Sindicato Único de la Industria de la Construcción, informó que en el país hay 600.000 trabajadores del ramo que padecen condiciones de vida críticas como consecuencia de los bajos sueldos y la caída de la actividad en los sectores público y privado. “El déficit de construcciones en manos del Estado llega a 80%”, dijo el dirigente de Sutic.

 
Llamó a las cámaras Bolivariana y Venezolana de la Construcción a reunirse a la brevedad posible para buscar soluciones, pues se requiere un aumento inmediato de salarios para incrementar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y evitar su migración a otros sectores como la economía informal.

 
El sindicalista insistió en que es necesario reactivar la industria de la construcción mediante la ejecución de nuevos proyectos para aumentar la generación de empleo del sector.

Fuente: El Nacional