La petrolera estatal PDVSA dijo el jueves que aún es muy temprano para iniciar las discusiones sobre la renovación de un contrato de arrendamiento de la refinería Isla, en Curazao, días después que el Gobierno de la isla anunciara un acuerdo preliminar con la china Guangdong Zhenrong Energy.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha operado por décadas la refinería de 335.000 barriles por día (bpd) bajo un contrato de arrendamiento, pero la empresa, que atraviesa una crisis de liquidez, ha sido renuente a invertir 1.500 millones de dólares que las autoridades exigen para renovar las instalaciones.

El Gobierno de Curazao dijo el lunes que firmó un memorándum de entendimiento con Guangdong Zhenrong para que opere e invierta unos 10.000 millones de dólares en la refinería Isla y en una serie de mejoras del muelle y terminal de almacenamiento, a partir del 2019.

“Todavía es muy temprano para iniciar una negociación para la extensión de la relación entre Curazao y PDVSA”, dijo el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, citado en un comunicado. “El compromiso y continuidad operacional en refinería Isla forma parte de la estrategia de nuestra empresa en el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

El comunicado no mencionó a la empresa china. PDVSA no respondió inmediatamente a solicitudes para ahondar en detalles. El primer ministro de Curazao, Bernard Whiteman, dijo en un video compartido el lunes en la web del Gobierno curazoleño que “lamentablemente, todos los esfuerzos del Gobierno para llegar a un nuevo contrato con Venezuela no dieron resultados positivos”.

Localizada a escasos 50 kilómetros al noroeste de Venezuela, la refinería Isla es estratégica para procesar, almacenar y despachar el petróleo venezolano, principalmente al mercado asiático.

El contrato estipula que si una de las partes no termina el convenio dos años antes de su fecha de vencimiento (31 de diciembre del 2019), este se extendería automáticamente por otros 10 años. Residentes y ecologistas llevan años denunciando que la vetusta refinería, la segunda más grande del Caribe y esencial para la economía de la isla, genera grandes daños ambientales y exigen compensar a los afectados.

Fuente: Banca y Negocio

El local de ropa en un centro comercial situado en la parroquia Candelaria no tiene ningún aviso que identifique el otro “servicio” que presta. Es conversando con las personas alineadas en una larga cola que se sabe que allí cambian el ticket alimentación por dinero en efectivo. No es gratuita la transacción: cobran 14% de comisión.

“Con ese 14% sé que me están quitando una parte importante del ingreso que gano por mi trabajo, pero necesito dinero para completar los gastos de la casa como el colegio de mi hijo y pagar la tarjeta de crédito”, contó un joven trabajador que pidió no mencionar su nombre.

A diferencia de la cola para comprar alimentos, los usuarios de este centro de canje no hablan entre sí, y una vez realizada la transacción y contar los billetes se van apresuradamente. “Da miedo porque los dueños de la tienda manejan mucha plata y aquí viene cualquier tipo de persona”, dijo una ama de casa luego de cambiar los tickets del talonario del bono de alimentación que le pagaron a su esposo.

Una secretaria que labora para un organismo del gobierno, ubicado en la parroquia caraqueña, afirmó: “Aquí es más barato. Hay otros sitios donde la comisión es de 20%”. Explicó que necesita el efectivo para pagar el condominio y otras deudas porque el dinero de un salario mínimo, que es lo que gana, no cubre los otros gastos del hogar. “Estiro lo más que puedo el ticket para comprar comida y también contar con un poco de efectivo”, agregó.

En el interior de la tienda de ropa hay tres filas de personas en las que los empleados reciben los papeles del talonario, pasan la tarjeta por el punto electrónico de venta y entregan el efectivo que está colocado en unas cajas de zapato.

El límite de dinero que da este proveedor de Candelaria es de 10.000 bolívares por operación, lo que para el portador del bono de alimentación representa  1.400 bolívares por concepto de comisión.

“Cobrar efectivo por raspar la tarjeta no es nuevo. Yo lo hago con la tarjeta de débito y el ticket desde hace dos años, pero ahora se ha generalizado y viene mucho más gente”, refirió un funcionario que pidió no revelar su identidad. Señaló que en los comercios de Catia y Petare la comisión está entre 10% y 12%, pero “hay más inseguridad”.

En el centro de Caracas, una agencia de lotería exhibe el cartel: Avance en efectivo. La encargada informó que pasan las tarjetas de débito y de crédito por lo que cobran comisiones de 15% y 20%. “Próximamente tendremos un punto para los tickets de alimentación porque cada vez más personas solicitan cambiar efectivo, sobre todo desde el último aumento del gobierno”.

En el este de Caracas, una arepera es el centro de canje y cobra una comisión de 15%. Además de dar el efectivo en físico, el comercio también realiza la transferencia del dinero raspado a la cuenta bancaria del cliente.

“Desde hace tres o cuatro años, en Valencia (Carabobo) los comercios de los árabes y los chinos dan dinero por raspar la tarjeta. Antes del último incremento del ticket cobraban 8% de comisión, ahora lo subieron a 15%”, dijo un trabajador de la zona industrial de Guacara.

El gobierno aumentó a partir del 1° de agosto el bono de alimentación de 18.585 a 42.480 bolívares mensuales, lo que supera en 19.903,28 bolívares el salario mínimo de 22.576,72 bolívares al mes, vigente desde el 1° de septiembre.

Fuente: El Nacional