La dirigencia del Movimiento Sindical de Base (Mosbase) conjuntamente con un importante número de gremialistas de todo el país denunció que al menos cinco altos dirigentes sindicales fueron violentados por el gobierno, bien sea a través de grupos armados afectos o negligencia institucional para atender las denuncias. Pablo Zambrano, directivo de Mosbase y de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) contabilizó entre las agresiones heridas de bala, heridas con armas blancas, golpizas y actuaciones negligentes de organismos, tanto jurisdiccionales como de defensa de Derechos Humanos, ante quienes formularon las denuncias.

El más reciente caso fue del dirigente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y miembro de Mosbase, Eladio Mata, quien resultó herido de bala luego de intentar participar junto a Zambrano en una asamblea de trabajadores en el Hospital Clínico Universitario (HCU) el 30 de agosto. En el lugar, grupos armados dispararon contra la humanidad de Mata para impedir que anunciara a la masa laboral que hubo malos cálculos por parte de la directiva del HCU en relación a pago de beneficios laborales para los cuales el Ministerio de Salud asignó un total de 800 millones de bolívares.

Además de los disparos, Mata denunció que hubo orden de que no fuese operado por médico de guardia y que quienes atentaron contra él forman parte de la nómina del centro sanitario y devengan sueldos de cincuenta mil bolívares quincenales. Asimismo, Zambrano enumeró casos como el de Juan Crespo, directivo de Fetraharina quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Mauro Zambrano, quien fue herido con arma blanca por el mismo grupo que realizó la acción contra Eladio Mata, Iván Freites quien fue impedido de ejercer acciones sindicales y participar en los comicios electorales del gremio petrolero, y el mismo Zambrano, quien fue golpeado por personas en nómina del Hospital Clínico Universitario.

Todas las denuncias, aseveró Zambrano, serán llevadas a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Organización de Estados Americanos (OEA) Organización de Naciones Unidas (ONU) así como a las nacionales, aunque no procesen denuncias. “Consideramos que el gobierno tiene que ver con las agresiones e instituciones como Fiscalía y Defensoría también, por la inacción ante denuncias. Estamos sin instituciones, pero debemos cumplir con la denuncia porque somos gente de paz y no usamos la violencia sino lucha de ideas y en colectivo para lograr que los trabajadores tengan sus reivindicaciones”, puntualizó.

NP

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello (Monagas), exhortó a los seguidores de la oposición a exigirle “ante su ineptitud” la renuncia a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“A los opositores: Ustedes que a cada rato le exigen la renuncia al Gobierno por qué no se la exigen a quienes dirigen la MUD ante su ineptitud”, escribió el parlamentario en su cuenta en la red social Twitter.

El pasado jueves, el dirigente pesuvista achacó “a la ineptitud” de los líderes opositores los ataques que a su juicio realiza el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al gobierno de Nicolás Maduro.

“Ante la ineptitud de sus lacayos, el gobierno de Obama ataca al Pueblo venezolano. Imperio saca tus garras de esta Patria libre y soberana”, escribió Cabello.

EU

El Ministerio Público interpuso este viernes 23 de septiembre un recurso de casación contra la decisión de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas, instancia que no respondió al petitorio de realizar un nuevo juicio contra Walid Makled y otras 12 personas.

La acción fue suscrita por los fiscales, 27ª, 30º y 70º nacionales, Yemina Marcano, Tulio Mendoza y Gustavo González, respectivamente, quienes argumentaron la falta de aplicación de la norma jurídica, lo que trae como consecuencia la inmotivación de la sentencia.

Dicho recurso se presentó según lo establecido en los artículos 451 y 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es importante recordar que el 26 de octubre de 2015 el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, a través

del cual solicitó la realización de un nuevo juicio contra Walid Makled, quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por el Tribunal 20º de Juicio del área metropolitana de Caracas, tras comprobar su vinculación con el tráfico de droga y legitimación de capitales.

Asimismo, la solicitud efectuada ante la citada corte, incluyó a otras 12 personas que fueron condenadas junto a Makled.

No obstante, en agosto de este año la referida Corte de Apelaciones de Caracas decidió incrementar las penas para los involucrados del caso.

Conviene recordar que en su oportunidad, el citado juzgado de juicio de Caracas decidió absolver a Makled por los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.

El Ministerio Público inició la investigación en el año 2006 por la comisión de legitimación de capitales que involucraba un monto que asciende a más de 600 millardos de bolívares.

Asimismo, el 13 de noviembre de 2008 fue allanado el fundo El Rosario, propiedad de la familia Makled, ubicada en el sector Tocuyito del estado Carabobo, donde además de armas, decomisaron 392 kilos de cocaína.

El hoy condenado fue detenido el 19 de agosto de 2010, en Cúcuta, Colombia, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Posteriormente, fue extraditado a Venezuela el 09 de mayo de 2011.

Por este mismo caso, fueron condenados a ocho años de prisión sus hermanos Basel y Alex, así como el empleado de confianza Erick Echegaray por legitimación de capitales, quedando absueltos por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ocultamiento de armas y asociación para delinquir.

Mientras que a Abdalá Makled se le impuso un pena de seis años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de ocultamiento de arma de fuego, quedando absuelto por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Igualmente, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión el empleado José Fernando Soto por tráfico de drogas y ocultamiento de arma de fuego, siendo desestimado el delito de asociación para delinquir.

Asimismo, los trabajadores de la finca El Rosario, José Antonio Figueredo, Néstor Santo Acosta, Luis José González, Miguel Castro Menco, José Canelone, Saraid Márquez Araujo y Norbelis Carmona fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de tráfico de drogas en la participación de coautores, quedando absueltos por asociación para delinquir y ocultamiento de arma de fuego.

Nota de prensa

La ley especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales beneficiará a mas de 120 mil policías del país y sus familiares, para contribuir con la seguridad ciudadana los cuerpos policiales del país tienen que estar dotados, capacitados, formados y bien pagados. El proyecto legal será llevado a plenaria para su segunda discusión en los próximos días.

Así lo manifestó la presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano durante la consulta pública sobre la ley especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales, que en esta oportunidad se realizó en el Estado Miranda, en las instalaciones del Centro Cultural Chacao.

Destacó que después de más de 18 años el presidente Nicolás Maduro se da cuenta que es necesario establecer la seguridad social para los funcionarios policiales, precisamente cuando la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional abre el debate sobre el proyecto de  ley especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales, cumpliendo con la exigencia contemplada en la el artículo 86 de la Constitución Nacional que fue aprobada en el año 1999.

“En  este proyecto de ley que estamos llevando a consulta pública desde hace tres meses y que va ser llevado a la segunda discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional en los próximos días, se desviste el carácter político en el tema de la seguridad social.  Todos los funcionarios policiales sin excepción tiene derecho a una seguridad social, tal como lo establece la Constitución”.

Dijo que la intención es tener funcionarios policiales bien pagados, capacitados, bien dotados de equipos y sobre todo apolíticos y civiles, para que los  ciudadanos se sientan verdaderamente seguros. “Es hora que Venezuela deje de ser el país más violento del mundo y pase desde ya a ser un país seguro, con políticas seria y estructuradas en materia de seguridad ciudadana”.

Por último señaló la diputada Solórzano que han recorrido el país, que solo les faltan un par de consultas más y están esperando respuestas de algunas comunicaciones de organismos del Estado, para en los próximos días elaborar el informe para someterlo a consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional, para su aprobación.

“En virtud que el Ministerio de Justicia no ha respondido las comunicaciones enviadas por la comisión, vamos a remitirlas a través del Ministerio Público, para que nos involucremos todos. Esto no es un asunto partidista, este es un asunto país, de estado, que está por encima de los colores políticos. Se van a beneficiar con esta ley no solo los 120 mil funcionarios policiales en el país y sus  familias, sino los más  30 millones de venezolanos”.

Por su parte la coordinadora de este proyecto de ley, resalto que los aspectos más importantes es la homologación de todos los beneficios sociales  para todas las policías del país.

“Hay cuerpos policiales que carecen de un sistema de salud, un seguro de hospitalización y cirugía, para poder

enfrentar una contingencia cuando un funcionario policial es herido en servicio. Vamos a crear con esta ley el Instituto Nacional de Seguridad Social del Policía, que  va a organizar y administrar todos  los fondos recaudados para brindarle los beneficios. Además se contará con un sistema de jubilación y pensión de sobrevivientes”.

NP

El secretario de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró este viernes que las recientes declaraciones de Socorro Hernández, rectora del CNE,  son “una rectificación”.

“Pareciera una suerte de rectificación por parte de las rectores o de algún sector del oficialismo, en relación a algún punto básico que es crucial, que no tiene que ver con el ente electoral, sino con el texto de la Constitución», dijo “Chúo”.

El dirigente opositor consideró que, aunque se hayan activado 5.392 mesas electorales, no son suficientes para que todos puedan participar en esta recolección que durará solo 3 días.

“Muchas personas no podrán participar en la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades”, comentó.

Hernández informó que, de no cumplirse la recolección del 20% en al menos una de las entidades en el país, no significaría una anulación inmediata del proceso revocatorio, sino que se evaluarían las condiciones.

“El revocatorio debe realizarse”, dijo la rectora al periodista Vladimir Villegas durante su programa de televisión.

EN

Vicente Bello, quien representa a la Mesa de Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, afirmó este viernes que la organización de oposición está dispuesta a participar en la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, a pesar de las trabas impuestas por el Poder Electoral.

«A pesar de que estamos en completo desacuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, porque en nuestra opinión lo ha hecho violando la Constitución de la República», manifestó Bello.

Adelantó que la oposición denunciará a los rectores que decidieron regionalizar el proceso de recolección de 20%. Acudirán al Tribunal Supremo de Justicia, se realizarán gestiones desde la Asamblea, introducirán denuncias ante la OEA y demás organizaciones internacionales con competencias electorales.

«Eso debería de tener consecuencias sobre su capacidad para ser integrantes de este organismo, naturalmente consecuencias sobre su presencia en organismos suraméricanos electoral», dijo.

Bello criticó la segmentación del registro electoral por parroquia en el Distrito Capital y Vargas y por municipio en los estados del país.

Sobre esto, argumentó: «Dada venezolano debe expresar su manifestación de voluntad en el estado en el que está inscrito, pero adicional existe una limitación que debe hacerlo en el municipio correspondiente lo cual no forma parte de ninguna resolución del registro electoral».

Con información de Globovisión

EN