La inmobiliaria que Banco Popular quiere crear a partir de una parte significativa de los activos inmobiliarios adjudicados que tiene en balance, y cuyas acciones repartirá proporcionalmente entre sus accionistas sin coste alguno para ellos, cotizará en Bolsa desde el mismo día de su formalización, de manera que los títulos tengan la liquidez necesaria para que sus propietarios puedan hacer lo que consideren más oportuno con ellos.

Los responsables de Banco Popular centran su actividad en estos días en ultimar los detalles aún pendientes del diseño de la operación de creación de una compañía inmobiliaria, que aún no tiene nombre, que incorporará activos inmobiliarios por un valor bruto de 6.000 millones de euros elegidos entre los activos adjudicados del banco que, por valor de 11.140 millones de euros, forman parte del balance de la entidad. Y también en conseguir las autorizaciones pertinentes de los supervisores, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, y de las autoridades del Ministerio de Economía, aunque esto último no sea preceptivo.

No existe un calendario concreto para alcanzar la última fase del proceso, pero fuentes conocedoras del mismo señalan que se quiere que sea una realidad en la primera parte del ejercicio 2017, anunciándose su puesta en marcha con la antelación suficiente para convocar una junta general de accionistas del banco, en la que se deberá aprobar la escisión de la inmobiliaria y el reparto de sus acciones entre los titulares del banco, como si se tratara de un dividendo extraordinario.

La compañía empezará a cotizar en Bolsa el mismo día de su constitución y de la entrega de las acciones a los nuevos propietarios de las mismas, y contará con unos órganos de control y de gestión de la compañía totalmente independientes del banco. En este sentido se buscará en el mercado tanto al presidente como al consejero delegado de la nueva sociedad y el consejo de la misma estará formado en su casi totalidad por independientes con formación financiera y conocimientos del sector inmobiliario.

No se descarta que algunos de los principales accionistas del banco, que también lo serán de la nueva compañía, quieran ocupar algún puesto en el consejo, dada su participación accionarial, aunque no es algo que ahora mismo esté encima de la mesa.

El banco tenía contabilizados a finales del pasado mes de junio un total de activos adjudicados valorado en 11.140 millones de euros con un nivel de provisiones que, al cierre de este ejercicio, estará situado en el entorno del 50% tras la aplicación de los resultados generados en el año y de parte de la reciente ampliación de capital de 2.500 millones de euros destinada a aumentar el nivel total de provisiones del banco. Ello quiere decir que aproximadamente la mitad de estos adjudicados (especialmente viviendas, oficinas y locales comerciales terminados y en mucha menor proporción obra en curso y poco suelo en desarrollo) se integrarán en la compañía.

El pasivo de la sociedad estará compuesto por capital, que desembolsará el banco y cederá a los nuevos accionistas; deuda subordinada que comprará Popular; y financiación externa para la que, según fuentes del mercado, existe en la actualidad una elevada demanda potencial, que se concretará en función de la remuneración del bono que se emita y de la relación existente entre capital y deuda subordinada y el resto de la financiación.

No está determinado aún el reparto del pasivo entre el capital, los instrumentos subordinados y el resto de la deuda, pero está claro que los dos primeros deben tener un peso suficiente para que la decisión de los inversores institucionales externos de financiar la inmobiliaria tenga las garantías suficientes de que la operación va a resultar rentable y segura.

La compañía no sólo contará con nuevos órganos de control y gestión sino que se dotará de personal suficiente para desarrollar la actividad que exige la creación de una de las inmobiliarias más importantes nacionales.

La escisión es la forma más eficiente financieramente y esto queda claro si se compara, por ejemplo, con la venta a un inversor mayorista, ya que para los accionistas tendrían un coste superior y equivalente a la rentabilidad exigida por dicho fondo.

Fuente: Expansión 

La promesa del presidente Nicolás Maduro de mantener vigente durante todo el año el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica se está cumpliendo. En la Gaceta Oficial extraordinaria No. 6256, del 13 de septiembre, se prorroga el instrumento jurídico identificado como el No. 2452, que tendrá una duración de 60 días. La normativa ordena y autoriza una serie de acciones económicas que podrán llevarse a cabo sin la visión ni autorización de la Asamblea Nacional ni de otro Poder Público.

José Guerra, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, afirmó que el decreto viola flagrantemente la Constitución. “La normativa acentúa el carácter estatista de la economía y la intervención del gobierno en este ámbito. El decreto se salta la disposición 314 de la carta magna cuando establece que se pueden autorizar créditos adicionales sin autorización de la Asamblea. También permite al Ejecutivo endeudarse en moneda extranjera sin pasar por el Poder Legislativo, lo que viola el artículo  150 de la Constitución”.

El texto consta de 11 artículos y 12 considerandos. El último de estos señala: “Que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la Invalidez, Inexistencia e Ineficacia Jurídica de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este Órgano Legislativo en desacato y en flagrante violación del orden público constitucional”.

El decreto determina que el Ejecutivo podrá establecer normativas excepcionales para autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén indicados en la Ley de Presupuesto; autorizar y suscribir contratos de interés público “sin el sometimiento o autorizaciones de otros Poderes Públicos”; así como levantar sanciones de carácter político contra las autoridades de los poderes públicos que puedan obstaculizar la continuidad de la aplicación de las medidas que busquen la reactivación de la economía, entre otras acciones.

A través del instrumento se ordena “decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto 2017 oportunamente, con el objetivo de evitar daños irreparables al patrimonio público, a los venezolanos y las venezolanas, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.

De acuerdo con el economista Ronald Balza, era de esperarse que el gobierno se otorgase capacidades plenas para la asignación de recursos presupuestarios. “El Ejecutivo dice que no presentará el presupuesto a la Asamblea y se reservará esa atribución, pero presentar el presupuesto a la AN es también presentarlo a todos los ciudadanos”, dijo. “El no mostrar el presupuesto generará mayor desconfianza en el ámbito internacional, pues los acreedores no podrán constatar que se estén tomando medidas para disminuir la inflación”.

Más medidas. La normativa también indica que se asignarán divisas de manera directa para adquirir productos que hayan sido establecidos como prioritarios por el Estado. “Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de estos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional”.

Como una de las medidas para apoyar la producción agrícola, el decreto ordena dictar “normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos”.

Fuente: El Nacional 

Los precios del petróleo terminaron en alza el jueves en Nueva York, al beneficiarse los productos refinados de temores sobre el aprovisionamiento de gasolina ante las dificultades para rehabilitar un importante oleoducto estadounidense dañado.

Los precios del barril de «light sweet crude» (WTI) paraso entrega en octubre, subieron 33 centavos a 43,91 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex).

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subió 74 centavos a 46,59 dólares en Londres.

«Pienso que el precio del crudo ha estado sostenido por los productos refinados, dado que la gasolina sube (…), luego de un informe sobre la reactivación del oleoducto Colonial número 1», indicó Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

Luego de una pérdida detectada el 9 de setiembre en Alabama (sur), este oleoducto, que transporta gasolina entre Texas (sur) y la costa noreste de EEUU, funciona parcialmente.

«Este oleoducto tiene una capacidad de 1,4 millones de barriles diarios y no funcionará antes de la semana próxima», precisó Lipow.

El alza estuvo sin embargo limitada por temores sobre el incremento de la oferta mundial en un mercado ya saturado.

Fuente: Globovision