Los servicios secretos franceses tienen vigiladas a «cerca de 15.000 personas» porque están en un proceso de radicalización islámica, indicó hoy el primer ministro, Manuel Valls, que advirtió de que la amenaza terrorista «es máxima» y que esta misma semana se han desbaratado al menos dos atentados.

«Todos los días los servicios secretos desbaratan atentados», subrayó en una entrevista radio-televisada por «Europe 1» e «iTélé», en la que dio cuenta de la amenaza que representa la presencia en grupos yihadistas en Siria e Irak de 700 franceses o residentes en Francia, de los cuales 275 mujeres.

Añadió que 196 franceses o residente en Francia han muerto en Siria o Irak e hizo también mención de las 1.350 personas encarceladas en Francia por vínculos terroristas.

Teniendo en cuenta esa realidad, avisó de que «habrá nuevos atentados, habrá más víctimas inocentes» y que dentro de diez años habrá que seguir luchando contra el terrorismo porque «el fundamentalismo va a continuar».

Por eso, Valls insistió en que «habrá que seguir creando puestos» en el terreno de la seguridad, «al menos 1.000 al año», y eso tendrá un costo para las arcas públicas de 2.000 a 3.000 millones de euros suplementarios.

En la misma línea, dijo que en los próximos diez años habrá que crear 10.000 plazas más en las prisiones francesas y que habrá que incrementar el peso del gasto en defensa.

«El esfuerzo de seguridad, de justicia y de defensa para Francia y para Europa (…) será colosal», concluyó.

El primer ministro socialista criticó al anterior presidente francés y candidato a las elecciones de 2017 Nicolas Sarkozy, que considera que la respuesta ante la amenaza terrorista del Gobierno actual no está adaptada y no es suficientemente contundente.

Valls consideró que Sarkozy «se equivoca» porque «es brutal en sus propuestas y divide a los franceses» precisamente cuando «dividir a los franceses es hacerles perder su capacidad de resistencia».

Cargó en particular contra la idea de encerrar en centros de retención a todas las personas fichadas por los servicios secretos, que las vigilan por sospechas de vínculos con el radicalismo islámico.

EFE

La Comunidad española de Cataluña celebra su «Diada», fiesta autonómica que tiene lugar cada 11 de septiembre y que en los últimos años divide a la sociedad entre separatistas y partidarios de mantener la unión con España.

En esta ocasión, por un lado está el Gobierno autonómico (en catalán, «la Generalitat»), que, formado por partidos que promueven la secesión, ha protagonizado los actos institucionales.

Por otro, las fuerzas constitucionalistas: el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha), el socialista PSOE, y el liberal Ciudadanos, cuyos líderes no han acudido a los tradicionales actos de la conmemoración del 11 de septiembre.

Y, por fin, la coalición izquierdista Unidos Podemos (comunistas incluidos), que es partidaria del referéndum por la secesión, aunque se declara partidaria de que la histórica comunidad siga siendo parte de España.

El acto más popular de la «Diada» es la manifestación que empieza a primera hora de la tarde y a la que por vez primera acude un «president» de la Generalitat, cargo tradicionalmente «neutral» en el día de todos los catalanes.

Su titular, Carles Puigdemont, trató de movilizar a los ciudadanos con el discurso, también habitual, que pronunció la víspera, el sábado 10, para decir que el Estado español «ha desconectado» de Cataluña.

Puigdemont sostiene que Cataluña se encuentra «al final del proceso (de independencia) y hace falta mucha serenidad para culminarlo», según declaraciones que hoy publica el diario «Ara» («Ahora», en castellano).

Las organizaciones secesionistas acuden separadas a la «Diada», por lo que cunde el temor a que no consigan la masiva participación de otros años.

Los partidos constitucionalistas, por su parte, lamentan que una celebración festiva y popular, el Día de Cataluña, haya sido, como dicen, «secuestrada» por el independentismo.

Aunque parezca una paradoja, la celebración de la «Diada» conmemora, en realidad, una derrota: la caída de Barcelona a manos de las tropa borbónicas durante la Guerra de Sucesión (1701-1713).

Este conflicto acabó con la firma del histórico Tratado de Utercht (1713) y la proclamación de Felipe V como rey de España, si bien a costa de grandes e históricas cesiones que convirtieron a Inglaterra en la nueva potencia hegemónica europea.

La Guerra de Sucesión fue un conflicto europeo que enfrentó a los partidarios del borbón Felipe de Anjou (España y Francia) con los países que apoyaban al Archiduque Carlos de Austria (dinastía de Habsburgo), mayormente Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal).

En España fue una guerra civil que enfrentó a borbónicos y austracistas, entre estos últimos buena parte de los catalanes, que resistieron hasta la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714.

EFE

El Gobierno turco ha intervenido 28 entes municipales y sustituido a sus alcaldes electos por funcionarios. Los relevados, algunos líderes de distritos de más de 80.000 habitantes, están acusados mayormente de tener vínculos con la guerrilla kurdoturca PKK, aunque también los hay señalados como simpatizantes del golpe de Estado fracasado. La acción se ha ejecutado gracias a un polémico decreto ley aprobado durante el estado de emergencia decretado tras la asonada.

La mayoría de ayuntamientos afectados están situados en el sureste de Turquía, la zona de mayoría kurda, y uno de ellos, el distrito de Çamoruk, está en Giresun, región del Mar Negro. Ayuntamientos de ciudades importantes como Hakkari o Batman, así como de distritos objeto de toques de queda durante el último año como Sur o Silvan, en Diyarbakir, han pasado a estar controlados por delegados del Gobierno. La tarea de los sustitutos ha empezado este domingo a las nueve de la mañana.

Según el periódico turco ‘Hürriyet’, 24 de los cabezas de corporación municipal expulsados del cargo están presuntamente relacionados con el PKK, un grupo terrorista según Turquía, la UE y EEUU en guerra con el estado turco. Los otros cuatro tienen supuesta relación con FETÖ, que es como el ejecutivo se refiere a la secta del predicador asentado en EEUU Fethullah Gülen, señalada como responsable del golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio.

El partido más perjudicado por la intervención es el pro kurdo Partido Democrático de las Regiones (DBP), doce de cuyos alcaldes fueron arrestados anteriormente. También se suspendieron tres alcaldes del gobernante islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y uno del Partido de Acción Nacionalista (MHP). La alcaldesa sustituida de Cizre, Leyla Imret (DBP), que en marzo de 2014 se convirtió en la alcaldesa electa más joven de la historia turca, ha acabado bajo custodia policial el mismo domingo.

Polémica

La formación hermana del DBP, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), ha calificado de «golpe» la decisión ejecutiva de relevar a sus líderes municipales. Ha recordado que estos fueron elegidos con entre el 65 y el 95 de votos. «No hay diferencia entre la mentalidad de quienes el 15 de julio bombardearon la voluntad popular – en referencia al Parlamento, atacado por los golpistas – y la de quienes usurpan el deseo del pueblo interviniendo municipios elegidos por sufragio», han criticado.

La toma de algunos municipios ha estado inmersa en polémica. Cuando el nuevo inquilino de la alcaldía de Hakkari se ha acercado a su flamante oficina para iniciar su labor, escoltado por un destacado número de policías, una protesta de trabajadores municipales y vecinos ha estallado. Hubo cuatro detenidos. Además,un corte general del suministro de internet ha afectado durante toda la mañana dominical a varias de las zonas con ayuntamientos intervenidos.

El Gobierno turco recibió el mandato para nombrar interventores municipales el uno de setiembre pasado, gracias a un decreto ley aprobado en el marco del estado de emergencia aprobado en Turquía, por tres meses, después del golpe de Estado. El AKP perseguía aprobar esta norma mucho antes de la asonada, pero la agitada polémica suscitada en el pasado por esta intención forzó a sus políticos a retirarla de un borrador de ley ómnibus que intentó sacar adelante.

El viernes pasado el nuevo ministro del Interior, Süleyman Soylu, llamó a recuperar el viejo proyecto legal. «Con la autorización del KHK [decreto ley], la administración de 28 municipios dejará de estar en manos de los terroristas de Kandil», declaró, refiriéndose a las montañas donde se basa el PKK. «Continuarán bajo la administración de personas que han absorbido la bandera en sus corazones», siguió, acusando a sus alcaldes de entregar el 80% de los salarios municipales a la guerrilla kurdoturca.

La orden de colocar bajo tutela del Estado los ayuntamientos se enmarca en la respuesta de Ankara a la amenaza terrorista que sacude Turquía. La oposición, que respaldó al ejecutivo durante el golpe sin fisuras, acusa con cada vez más ahínco a la administración liderada por Binali Yildirim de estar usando la excusa de la guerra al terror para perpetrar una «caza de brujas» masiva, de la que están siendo víctimas políticos, intelectuales, periodistas y empresarios.

ElMundo.es

Un hombre resultó herido de gravedad en Australia tras ser apuñalado varias veces por un joven que, según dijo hoy la Policía, actuó inspirado por el Estado Islámico (EI), informó la prensa local.

El acusado es Ishas Khan, de 22 años, que asaltó a un hombre de 57 años ayer por la tarde en un parque de Sydney y que hoy compareció ante un juzgado donde fue acusado con cargos de terrorismo y tentativa de asesinato, según la

televisión ABC.

«Expondremos ante el tribunal que este fue un acto inspirado por el EI, deliberado y con el resultado de una persona con heridas extremadamente serias», dijo la subjefe de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, Catherine Burns.

La víctima, que fue hospitalizada, logró refugiarse en una peluquería hasta que llegó la Policía y arrestó al asaltante, a quien también se acusa de intentar agredir a los agentes.

Según Burns, Khan era conocido por las autoridades pero no por tener vínculos con organizaciones radicales, por lo que no estaba bajo ningún tipo de vigilancia especial.

Tras el ataque el fiscal general, George Brandis, anunció dos nuevas leyes anti-terroristas que permitirán ordenar la vigilancia de jóvenes de hasta 14 años y detener ex presos por terrorismo que tras cumplir condena sean considerados un riesgo para la comunidad.

Australia elevó en 2014 a alta la alerta por terrorismo al registrar un aumento de jóvenes tentados por el extremismo islámico que se involucran en atentados en suelo australiano o que intentan salir del país para combatir en Oriente Medio.

Desde entonces las autoridades han reforzado la seguridad y han aprobado una serie de leyes antiterroristas para prevenir atentados en el país, que ha sido escenario de ataques aislados. Según Branids, desde que se elevó la alerta hace dos años las fuerzas de seguridad han prevenido otros 10 incidentes.

La Vanguardia

Con una enorme discreción, trece menores de edad se convirtieron hoy en los primeros en abandonar las filas de las FARC como parte de los compromisos de paz que esa guerrilla adquirió con el Gobierno colombiano.

Este es el primer paso para que todos los menores abandonen las filas de la guerrilla tal y como se comprometieron a hacer el pasado 15 de mayo.

Entonces, los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron un pacto para sacar a todos los menores de las filas del grupo armado y facilitar su reintegración a la vida civil.

Sin embargo, el acuerdo ha tardado mucho en entrar en vigor y solo hoy se ha iniciado un proceso en el que colaboraron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).

Con una enorme discreción, el CICR recibió a un primer grupo de ocho menores a primera hora de la mañana en una misión en que la que también había dos delegados de las organizaciones sociales que hacen parte de la mesa técnica que revisa el cumplimiento del acuerdo.

La entrega de los menores se hizo con la mayor discreción “para garantizar la reserva de la identidad”.

Por ello, no se hizo público el lugar en el que fueron recibidos ni tampoco la unidad de las FARC de la que formaban parte.

Posteriormente y con un proceso idéntico, esa guerrilla entregó a otro grupo de cinco menores al inicio de la tarde.

En este sentido, el CICR destacó que “la discreción es clave para el éxito de este tipo de misiones con fines humanitarios”, por lo que la mantendrán en las siguientes entregas de los menores.

Más tarde, los jóvenes fueron llevados a Unicef, que celebró la entrega de los menores e informó en un escueto comunicado que fueron trasladados por personal de esa organización a los lugares transitorios en los que permanecerán.

Antes verificaron que todos ellos están en un “buen estado de salud” y los llevaron a “estructuras adecuadas para que el proceso de restablecimiento de derechos que está comenzando, se desarrolle en las mejores condiciones posibles”.

Al igual que el CICR apreciaron la buena disposición de todos los sectores de la sociedad” y agradeció a los medios de comunicación que mantengan “la reserva y confidencialidad mantenida” sobre los datos y detalles de la entrega de los menores.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC, el CICR se ocupará de realizar una valoración preliminar del estado de salud física y mental de los menores de edad, verificará sus identidades y su información personal básica, antes de ser entregados a un equipo de recepción conformado por representantes de Unicef.

Esa entidad operará los lugares transitorios de acogida, donde los menores serán sometidos a una segunda valoración médica y psicológica.

Superada esa fase, los menores recibirán actividades preparatorias para su reincorporación, reparación integral e inclusión social.

Según el acuerdo alcanzado por ambas partes, a todos los menores que salgan de la guerrilla se les considerará víctimas.

Hasta el momento no existe una estimación oficial de cuántos menores de edad tienen las FARC como guerrilleros, pero en mayo pasado el jefe negociador de esa guerrilla, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, cifró en 21 los menores de 15 años que en ese momento estaban en sus campamentos.

Sin embargo, el Gobierno colombiano elevó a 170 el número de menores contabilizados en las filas de esa guerrilla.

El pasado diciembre, el Gobierno y las FARC concluyeron un acuerdo en el punto de justicia transicional en los diálogos de paz por el que se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que fue uno de los asuntos más difíciles de la negociación.

Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con “restricción de libertades” en condiciones especiales u ordinarias.

Entre esos delitos que serán castigados con penas de cárcel se encuentra el reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, por lo que quienes reclutaron a los menores hoy entregados al CICR podrían ir a prisión.

El Gobierno colombiano y las FARC rubricaron el acuerdo de paz el pasado 24 de agosto y será firmado en un acto solemne el próximo 26 de septiembre en Cartagena. Posteriormente, será sometido a consulta popular en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre.

EFE

Corea del Norte instó hoy a Estados Unidos a que reconozca al país como una potencia nuclear, una demanda que llega dos días después de que el régimen norcoreano realizase su quinta prueba atómica, la más potente hasta la fecha.

“(El presidente) Obama hace lo que puede por negar el estatus estratégico nuclear de nuestra república (el nombre oficial del país es República Popular Democrática de Corea), pero esto es igual de estúpido que intentar eclipsar el sol con la palma de la mano”, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Norte en un comunicado recogido por la agencia estatal KCNA.

El texto defiende el derecho de Corea del Norte a salvaguardar su soberanía y “derecho a vivir”, y la necesidad de responder a la amenaza y “chantaje” de Estados Unidos.

El portavoz norcoreano ensalzó la labor de los ingenieros responsables del más reciente ensayo nuclear, reprochó a Washington el no reconocer sus pruebas “más que como ‘amenazas’ o ‘provocaciones’” y aseguró que Corea del Norte continuará desarrollando su fuerza nuclear cualitativa y cuantitativamente.

Corea del Norte realizó el viernes su quinta prueba nuclear, la más potente hasta la fecha en la que aseguró haber detonado una cabeza ajustable a un misil, lo que ha generado una fuerte condena internacional y peticiones de nuevas sanciones de la ONU al país.

Los anteriores ensayos atómicos norcoreanos tuvieron lugar en 2006, 2009, 2013 y enero de este año, todos castigados con sucesivas resoluciones de la ONU que imponen fuertes sanciones comerciales al país asiático.

EFE/SPLL