Cuando se observa hacia dónde se dirige el mundo en el ámbito educativo, en especial en países de América Latina, es evidente que Venezuela va en sentido contrario. “Hoy la cuestión educativa está muy determinada por la dinámica científico- tecnológica, por el dominio de los idiomas, por el uso eficiente de los recursos computacionales y por una visión más global del ciudadano, además de una cultura sustentada en el civismo y no en el patriotismo; en la pluralidad, la tolerancia y los valores democráticos”.

Tal apreciación pertenece al profesor Carlos Giménez Lizarzado, quien dice estar preocupado por la aplicación de un nuevo currículo en educación media general, a partir del inicio del nuevo ciclo académico nacional.

“Se trata de un documento que debe ser debatido porque contiene una alta carga de influencia del Gobierno”, explica y al mismo tiempo advierte que los representantes del Ejecutivo cometen el error de confundir los términos “Estado” y “Gobierno”, lo cual se refleja en el planteamiento curricular.

“Una cosa son las políticas de Estado que se encuentran establecidas incluso en la Constitución Nacional de Venezuela y otra son los programas de Gobierno, que incluyen intereses particulares o de grupo”.

En el país, según Giménez lo que prevalece son los programas de Gobierno y no existen políticas educativas de Estado. “Se tiene la idea de que el sistema educativo debe tributar al proyecto de un Gobierno y eso es un error. Una cosa es el Estado y otra el Gobierno. Responsablemente digo que no hay políticas educativas, lo que existe es una gran cantidad de programas de gobierno, porque por ejemplo, no se está evaluando qué está pasando con nuestros jóvenes, porque no existen políticas entorno a la adolescencia”.

“Hay que preguntarse ¿hacia dónde apunta esta reforma, hacia qué proyecto de país”, dice y al mismo tiempo destaca que tras revisar las reformas curriculares en Nicaragua, Bolivia y Ecuador (que son los países afines a Venezuela) notó que “andan por otra vía” y se están sometiendo incluso a estándares internacionales vinculados a la formación de jóvenes en los bachilleratos.

“Nicaragua tomó el modelo de proyecto de desarrollo humano sustentable para adaptarlo a su sistema educativo… y ninguno de los instrumentos de América Latina está asentado en el tema del ideal bolivariano, ni bajo la pretendida idea de la unión latinoamericana, ellos están educando a sus ciudadanos bajo la perspectiva del mundo actual”.

En cambio, en el planteamiento del Ministerio de Educación “lo que se observa es un afán por seguir tergiversando el pensamiento bolivariano y ponerlo a beneficio de un proyecto oficial casi particular y personalista. Seguimos pretendiendo que un expresidente fallecido siga siendo el centro de la organización epistemológica de una escuela, lo que fomenta el atraso”.

Liceos desmantelados

Lo más delicado, a juicio de Giménez, es que se plantea una reforma curricular difícil de ejecutar con la infraestructura escolar y el recurso humano que existe.

“Nuestros liceos están desmantelados desde el punto de vista de la planta física y cuentan con unos profesores desestimulados, golpeados por la situación precaria del país”.

Enfatiza que el currículo no está acorde a la realidad social, económica y cultural del personal docente, “estamos en presencia de un cambio desfasado. Además de que no impulsa las potencialidades de los estudiantes. Además asegura que la gran mayoría de los docentes desconocen el contenido del documento y tampoco fueron consultados.

Además de la fusión de materias que ahora estarán agrupadas en Áreas de Conocimiento, el nuevo diseño implica la enseñanza de otros idiomas, además del inglés y según Giménez Lizarzado, no está mal que se promueva el aprendizaje de otras “Lenguas Extranjeras” (como se denominará la nueva área de conocimiento), pero “hasta ahora no se ha evaluado el por qué del fracaso en la enseñanza del inglés, que se da durante todo el bachillerato y los estudiantes no aprenden, cuando ya se pretende implantar otro modelo que incluye otras lenguas”.

Currículo cónsono

Hoy necesitamos pensar en un currículo más cónsono con las transformaciones globales, señala el profesor autor de varios libros de una propuesta denominada “Programa de Orientación Vocacional Integral” (elaborada en 2007 y actualizada en 2015), en la que propone que el bachillerato debería llegar hasta el  tercer año y que los últimos dos años deberían convertirse en un preuniversitario vocacional.

“Creo que lo esencial es centrarse en el proyecto de vida de los jóvenes, en un contexto donde la violencia escolar está a la orden del día, al igual que el embarazo precoz y las drogas, entre otros elementos reales que se convierten en obstáculos para los docentes”.

El Impulso

A través de un comunicado, integrantes del Bloque Constitucional de Venezuela, se pronunciaron sobre la situación que actualmente mantiene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN).

El Bloque Constitucional de Venezuela considera:

-Que la Asamblea Nacional, instalada el pasado 5 de enero, está legitimada por el voto ejercido en los comicios del 6 de diciembre de 2015. Es un órgano que ejerce genuinamente la soberanía popular al hacer descansar en los diputados electos su representación.

-Que, en el ejercicio de sus funciones, la Asamblea Nacional, visto el informe presentado por una Comisión Especial que enumeró la serie de irregularidades cometidas por el Comité de Postulaciones y por la anterior composición de la Asamblea Nacional, el 14 de julio pasado dejó sin efecto la designación y juramentación, como magistrados principales, de Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez, como componentes de la Sala Constitucional, y de Fanny Márquez y Christian Zerpa, de la Sala Electoral.

-Que es la Asamblea Nacional el órgano que, según la Constitución, designa a los magistrados componentes del Tribunal Supremo de Justicia y, por otra parte, mediante el principio de la autotutela administrativa, está facultado para corregir errores cometidos en decisiones anteriores, como el evidente y grave dislate, violatorio de la Constitución y las leyes, mediante el cual se eligieron a los magistrados y a los suplentes en apresurado procedimiento que culminó el 23 de diciembre pasado.

-Que la Asamblea no destituyó a los magistrados en cuestión, sino que declaró la nulidad del procedimiento realizado para su designación y, como consecuencia, la nulidad de dicha elección. Estos supuestos magistrados nunca lo fueron, pues no llegaron a poseer legitimidad de origen. Usurparon dichas funciones, lo cual anula sus actuaciones según el artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. Sin embargo, es bueno acotar que, además de estar viciado el procedimiento de la elección de esos magistrados, ninguno de ellos llena los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para tales cargos, al extremo de ser activistas políticos, como es el caso de Calixto Ortega, o haber sido diputado de la Asamblea Nacional que lo eligió como Magistrado, que es el caso de Christian Zerpa.

-Que los directivos de la Asamblea Nacional no han incurrido en desacato, pues nunca podrá calificarse una conducta como desacato si se desobedece una orden o dispositivo evidentemente ineficaz. Lo que constituye la razón de ser del ilícito en cuestión es rebelarse en contra de un mandato legítimo, al faltar un elemento objetivo de punibilidad, es decir, la validez de ese mandato, no debe darse por cometido el delito en cuestión.

-Que, por otra parte, tampoco la Asamblea Nacional como órgano legislativo ha incurrido en desacato, sino que con base en los artículos 25 y 350 de la Constitución, ha ejercido la defensa legítima de desconocer los actos de un poder público que ignora los valores fundamentales republicanos y democráticos.

-Que la Asamblea Nacional está legitimada en forma primaria por la soberanía popular mediante el sufragio a través del cual el pueblo eligió a los diputados que la componen, mientras que la legitimación en segundo grado del Tribunal Supremo de Justicia depende de la decisión que la Asamblea Nacional tome al respecto, pues es el órgano que elige a sus magistrados. Por estas razones, mal puede el Tribunal Supremo desconocer las decisiones que tome la Asamblea Nacional sobre sus designaciones.

-Que la consecuencia de la actuación ilegal del Tribunal Supremo trae consigo que se produzca en Venezuela un régimen dictatorial sui generis, en el sentido de que el poder ilegítimo no es ejercido primariamente por el Ejecutivo Nacional, con su fuerza militar y policial, sino por el Poder Judicial que con sus decisiones “protege” al Ejecutivo en el ejercicio arbitrario del poder.

Se insta

Por todo lo antes anotado el Bloque Constitucional de Venezuela insta a la Asamblea Nacional:

A que ejerza la defensa de la Constitución de la República, en especial en lo que concierne a recuperar para los venezolanos la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y, en consecuencia, el derecho de todo ciudadano a una

justicia imparcial.

A que, con fundamento en los artículos 223, 255 y 265 de la Constitución, proceda a la apertura y sustanciación de los procedimientos disciplinarios destinados a verificar y sancionar, previa la audiencia correspondiente, las graves faltas y errores inexcusables que pudieran haber cometido los Magistrados de la Salas Constitucional y Electoral, cuyas designación no hayan sido anuladas y dejadas sin efecto.

A que, con fundamento en los artículos 138, 139 y 223 de la Constitución, proceda a investigar la responsabilidad penal y administrativa de los ciudadanos Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suarez, Fanny Márquez y Christian Zerpa, a causa de la usurpación de autoridad judicial en la que hayan incurrido, luego de haber sido notificados de la pérdida de su investidura como Magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia.

Y que, en la integración del Comité de Postulaciones Judiciales garantice la aplicación de la Constitución por encima de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 334) y, en consecuencia, haga efectivo el respeto del artículo 270 constitucional, según el cual dicho Comité ha de estar compuesto, no por diputados a quienes corresponde hacer la designación definitiva de los Magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, sino por representantes sectoriales de la sociedad venezolana, cuya participación en el procedimiento de la selección y designación de jueces, a tenor del artículo 255 de la Constitución, no puede ser disminuida ni soslayada.

El Impulso