Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera han sido puestos en libertad provisional a la espera de ser juzgados en enero próximo por el supuesto pago de mil millones de dólares en sobornos a cinco directivos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVS).

Fuentes judiciales indicaron este jueves a Efe que una jueza de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, ordenó la puesta en libertad de Rincón a principios de este mismo mes y la Shiera en mayo pasado, después de que ambos permanecieran en prisión provisional durante meses tras su arresto en diciembre de 2015.

El Gobierno de EE.UU. acusa a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para supuestamente obtener lucrativos contratos con los que beneficiar a sus empresas energéticas, muchas de ellas radicadas en suelo estadounidense.

El escrito de acusación del Ejecutivo de EE.UU. menciona a cinco ejecutivos de la PDVSA, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Por estas acusaciones los venezolanos recibirán sentencia el 6 de enero de 2017, según una orden judicial a la que accedió Efe.

Mientras tanto, Rincón y Shiera permanecerán en libertad con la condición de pagar cinco millones y un millón de dólares, respectivamente, si incumplen su obligación de presentarse en la Corte del Distrito Sur de Texas para recibir sentencia o comparecer ante una citación, según las dos ordenes de libertad provisional.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes.

Además, los dos acusados no podrán ponerse en contacto entre ellos ni tratar de influir en posibles testigos del proceso.

La investigación de Estados Unidos sobre los dos acusados ha cubierto 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos judiciales.

De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de «amistad» con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE.UU. reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente aVenezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de «secuestro».

La investigación contra Rincón y Shiera, desvelada en diciembre pasado, confirmó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales de EE.UU., que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó The Wall Street Journal en octubre de 2015.
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EFE

En relación con la serie de amenazas y despidos de los trabajadores de la administración pública tras manifestar una opinión diferente al Gobierno, por el diputado Diosdado Cabello, el coordinador Nacional de Únete y de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, Servando Carbone, indicó que pareciera que es una decisión del Gobierno contra el chavismo.

“Crítico que está ocupando puestos de dirección; la amenaza va dirigida  a los trabajadores por no ser partidistas y que expresen una posición política, eso no es un delito, yo estoy inscrito en el PSUV y yo quiero revocatorio, esto es una condición que se toma ante la ineficiencia de un Estado que nos tiene quebrados en la administración pública”, sentenció el Coordinador Nacional de Únete.

Carbone, sostuvo que el sector se siente indignado porque los actores políticos tratan de separar a la mayoría del pueblo trabajador y los que están a cargo de la administración pública, por el simple hecho de expresar su descontento con la ejecución del gobierno y sumarse al llamado de convocar el referendo revocatorio.

 
“Yo en su momento apoyé el proceso revolucionario de forma responsable y humilde; durante el mandato del Presidente Hugo Chávez lo que se hizo fue crear nuevos ministerios y viceministerios, eliminando instituciones, y a raíz de esto tenemos más de dos millones de trabajadores de la administración pública de los que un millón son contratados y desinformados sobre la Ley Orgánica del Trabajo y no están calificados”, expresó Carbone en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Con información de Unión Radio. 

En esta imagen del 5 de julio de 2016, soldados marchando durante un desfile por el Día de la Independencia de Caracas en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que creará una nueva iniciativa gubernamental dirigida por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para impulsar la producción y garantizar la distribución sin incidentes de alimentos ante lo que describió como sabotaje económico de sus rivales. Eso ha provocado que algunos comparen la medida con una toma discreta de poder por parte de las fuerzas armadas, el árbitro histórico de las disputas políticas en Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

 
En esta imagen del 5 de julio de 2016, soldados marchando durante un desfile por el Día de la Independencia de Caracas en Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

La oposición venezolana ha prometido una manifestación masiva el 1 de septiembre en Caracas para exigir un reverendo revocatorio al mandato del presidente en medio de una profunda crisis política y económica que tiene a muchas personas pasando hambre y con las emociones a flor de piel, publica El Nuevo Herald.

Pero ahora la interrogante es si los militares permitirán la protesta.

“Apostamos a que será la mayor manifestación en la historia del país y las fuerzas armadas van a tener que escoger”, dijo el diputado opositor Armando Armas. “¿Están realmente del lado del pueblo y la Constitución?”

Nadie sabe con seguridad si los militares se limitarán a observar pasivamente mientras la gente llega en autobuses a Caracas para ejercer su derecho a la disensión pacífica. Pero muchos venezolanos temen que las fuerzas armadas probablemente cierren filas alrededor del gobierno y hagan su mejor esfuerzo —con bloqueos de carreteras, gas lacrimógeno e intimidación— para evitar que la concentración se convierta en una masa significativa.

Los militares tienen muchas razones para apoyar al gobernante Nicolás Maduro, como el sentido del deber, el prestigio y los beneficios de que disfrutan. Las fuerzas armadas venezolanas tienen su propio sistema de distribución de alimentos, de manera que no sufren las largas filas diarias que el resto de los ciudadanos. También tienen sus propios hospitales, que presumiblemente no enfrentan la escasez generalizada de todo, desde antibióticos, hasta agujas y gasa.

¿Deber y prestigio?

Pero algunos analistas dicen que los privilegios y el futuro de los militares está tan vinculado con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que han perdido su función primaria de defensores de la Constitución.

Los militares tienen tanto poder, y tantos intereses económicos y políticos , que “estamos viviendo como un país de cuarteles”, dijo Luis Alberto Buttó, el director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad, en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

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JIM WYSS
jwyss@miamiherald.com

El periodista y escritor LeonardoPadrón publicó un artículo de prensa este jueves en el que exhorta a toda la población venezolana a acudir a la marcha en apoyo al referéndum revocatorio que se realizará el jueves 1° de septiembre, denominada la “Toma de Caracas”.

Padrón aseguró que la convocatoria incluye a todos los sectores de la sociedad afectados por la crisis económica, social y política.

A su juicio, sería un error por parte de los asistentes y la dirigencia política asumir ese día como un escenario similar al del 11 de abril de 2002.

“Sería garrafal pensar que ese día cae el gobierno, renuncia Maduro, Tibisay fijará la fecha del revocatorio para el próximo lunes o cualquier estridencia ausente de sentido común”, escribió el comunicador.

Señaló que lo que ocurra el próximo jueves “debe involucrar a todos los habitantes de este país que, hoy por hoy, se sienten maltratados en su dignidad humana, humillados, disminuidos, agredidos, hartos, inseguros y abrumados”.

El Nacional

El exrector del Consejo NacionalElectoral (CNE), Vicente Díaz, manifestó este jueves a través de su cuenta en Twitter que la recolección del 20% del padrón electoral para la activación del referendo “debe ser nacional y no por estado”.

Asimismo, fustigó que integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) hayan manifestado que el revocatorio “está muerto”.

“El Psuv anuncia que el RR está muerto, el CNE aprobó activación del 20%. Psuv pidió que se recoja en un día, el CNE aprobó que sea en 3″, agregó.

El muerto sigue respirando. CNE aprobó hoy solicitud de MUD de activar recolección del 20% . Ojo: ese 20% debe ser nacional no por estado.

— Vicente Díaz (@VicenteDz) 25 de agosto de 2016

 

 

El muerto sigue respirando. CNE aprobó hoy solicitud de MUD de activar recolección del 20% . Ojo: ese 20% debe ser nacional no por estado.

— Vicente Díaz (@VicenteDz) 25 de agosto de 2016

 

 

 

La Asamblea Nacional aprobó extender a veinteaños las concesiones en elcampo de telecomunicaciones durante la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el marco de la sesión extraordinaria de este miércoles, la cual se suspendió por falta de quórum.

Al someterse a consideración de la plenaria el texto, la diputada Tania Díaz (GPP-Dtto. Capital) consideró que el mencionado Proyecto de Ley está viciado de nulidad por decisión del TSJ y, además, cuestionó su consideración argumentando que el informe para segunda discusión fue aprobado cuando ya había concluido el período parlamentario y sin la existencia de quórum.

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, diputado Tomás Guanipa (Zulia-Unidad), señaló que se hizo una consulta pública abierta a todos los sectores y lamentó que la diputada Díaz no haya asistido a ninguna de las reuniones a la que fue invitada.

Calificó de oprobioso el sistema de transmisión de cadenas del Gobierno Nacional y la actuación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente regulador de los medios de comunicación social.

Seguidamente se continuó la discusión y aprobación de varios artículos del proyecto de ley, oportunidad en la que el diputado Biagio Pirelli (Unidad-Yaracuy), propuso la modificación del artículo 21, que extiende la duración de las concesiones a 20 años.

Señaló que esta propuesta fue hecha luego de haber sido sometida a un amplio debate a lo largo del país con los diversos sectores vinculados a la materia.

Sometido a votación en la plenaria el Articulo 21 fue aprobado y quedó redactado de la siguiente manera: “La duración de las habilitaciones administrativas serán de veinte años, en beneficio de la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones. El plazo de la habilitación se prorrogará sin necesidad de pronunciamiento administrativo alguno siempre que el titular de la habilitación, interesado en continuar prestando los servicios, lo notificare por escrito al órgano rector con por lo menos noventa días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de la habilitación”.

El debate transcurrió hasta que el diputado Víctor Clark (GPP-Falcón) solicitó verificación del quórum, evidenciándose que no existía. Culminado el proceso de verificación se levantó la sesión.

asambleanacional.gob.ve