Más de 80% de los mayores de edad quieren que se produzca el referéndum revocatorio y, además, quieren que ocurra este año. Como ya he dicho en artículos anteriores, es una cifra en crecimiento. Los estudiosos de la opinión pública coinciden en que cada día, nuevos contingentes de ciudadanos se adhieren a esta postura. Es tan extendida y poderosa esta exigencia, que puede decirse, sin titubeos, que el pueblo de Venezuela quiere el referéndum ahora mismo. El gobierno falsea la realidad cuando habla en nombre del pueblo. Por el contrario, Maduro y su gobierno son, hoy por hoy, enemigos del pueblo venezolano.
Contra el referéndum revocatorio hay algunos intereses internacionales y de sectores de la oposición venezolana: a ellos me referiré en otra ocasión. Y, aunque sorprenda al lector, es importante señalar que son numerosos los dirigentes y sectores del chavismo, miembros de los partidos que integran el llamado Gran Polo Patriótico y del PSUV, que no se oponen al referéndum por varias razones, la primera de ellas, es que reconocen que se trata de un derecho establecido en la Constitución vigente desde 1999. Pero hay más.
La otra cuestión esencial es que el referéndum es una gran solución a la crisis política, social y económica que afecta a Venezuela. Pone en manos del pueblo la decisión de si el gobierno de Maduro continúa o no. Lo que queda del chavismo obtendría así un triple beneficio: evitaría la violación abierta y descarada de un derecho constitucional; respetaría la evidente voluntad del pueblo venezolano; crearía las condiciones para inaugurar una etapa de convivencia política, donde los sectores democráticos y honestos del PSUV y de otras organizaciones de la izquierda podrían actuar con los mismos derechos y posibilidades de otras fuerzas políticas.
¿Por qué, si sus ventajas son evidentes para todos, hay un sector del gobierno que se niega a dar paso a una salida constitucional y electoral que, además, permitiría responder a la debacle económica? Porque tienen miedo de los mecanismos internacionales de justicia. Temen que la acción del Tribunal Internacional de La Haya o del Departamento de Justicia de Estados Unidos y su agencia especializada en la cuestión de las drogas y el contrabando, Drug Enforcement Administration, les alcance. Porque, y esto hay que decirlo y repetirlo con el mayor de los énfasis, los principales enemigos del pueblo venezolano, es decir, de la realización inmediata del referéndum revocatorio, son tres sectores del gobierno.
Esos tres sectores son: uno, el de las redes de militares y civiles que han participado, de forma directa o como cómplices, en el narcotráfico, incluso protegiendo las actividades de la FARC y el ELN. Dos, los señalados de la violación a los derechos humanos, que incluyen a torturadores, celadores, agentes represivos y funcionarios que han asesinado a personas durante protestas, así como a funcionarios del sistema judicial rojo que han desconocido el debido proceso y tomado medidas violatorias de los derechos de los ciudadanos, de forma consciente y sistemática. Y tres, el de psicópatas-delincuentes que forman parte del alto gobierno, en los que hay clanes familiares, conductores de programas en VTV, algunos gobernadores y alcaldes, y personas que mantienen relaciones de cooperación y complicidad con grupos terroristas del Medio Oriente.
Y es esta la realidad a la que Venezuela debe hacer frente: que un sector minoritario de la sociedad, una oligarquía de carácter criminal (porque son criminales los narcos, criminales los violadores de los derechos humanos, criminales los socios de los terroristas y criminales los que alientan la radicalización y la violencia política en Venezuela), pretenda someter el destino de 30 millones de personas, mientras el país se hunde cada día más en la pobreza, el hambre y las enfermedades.
Miguel Henrique Otero
Editorial de El Nacional
