Polibolívar resguardó la integridad física de la mamá y la tía de tres menores de 8, 7 y 3 años, quienes tenían lesiones en brazos y piernas, causadas con una cuchara caliente

Supervisor Meneses confirmó información Foto: José Morales

 
Barcelona.- Funcionarios de la Policía del municipio Simón Bolívar (Polibolívar) detuvieron a dos mujeres por, presuntamente, haber quemado con una cuchara caliente a tres menores: una niña de 8 años y un par de niños de 3 y 7 años. Se trata de la madre (27 años) y la tía (35) de los pequeños.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles en la invasión Federación Campesina de Barrio Colombia de Barcelona. Extraoficialmente se conoció que los infantes tenían un mes en la ciudad, pues residían con su padre en Caracas.

Al parecer, un Tribunal de Control de Distrito Capital le quitó la custodia al hombre por presunto maltrato y se la otorgó a la madre.

La mujer de 26 años llegó a Anzoátegui y se residenció en la casa de la hermana, quien tiene un bebé de pocos meses de nacido.

Según contaron algunos vecinos de la comunidad, los niños eran sometidos continuamente a maltratos. Dijeron que en esta oportunidad fueron castigados por ingerir la leche del bebé.

Tras el hecho, habitantes de Barrio Colombia intentaron linchar a las mujeres, pero fueron custodiadas por funcionarios policiales.

Proceso

Se conoció que ambas féminas quedaron recluidas en la sede de Polibolívar, ubicada en la avenida Jorge Rodríguez. Fueron puestas a la orden de la Fiscalía N° 17 del Ministerio Público (MP). El despacho N° 23 también conoció del caso. Se espera que hoy sean presentadas ante un tribunal.

La información fue confirmada por el director de Polibolívar, supervisor agregado Jean Carlos Franco Meneses.

 
Señaló que unos transeúntes de la avenida Fuerzas Armadas notificaron a una comisión que una turba intentaba linchar a un par de mujeres. De esa forma llegaron al lugar.

Los tres pequeños fueron trasladados por los oficiales hasta el ambulatorio de Tronconal V. Los médicos de guardia les observaron quemaduras de tercer grado en los brazos y piernas.

Trascendió que el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) de Barcelona dictó una orden de resguardo para los niños, quienes fueron llevados a una casa de abrigo.

En el caso del recién nacido, se conoció que quedó bajo la custodia de la familia paterna.

Las identidades de las mujeres detenidas se reservan de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

Investigación

 
La Fiscalía N° 23 será la encargada de constatar las denuncias de mal- tratos contra los menores. Según vecinos de Barrio Colombia, las mujeres detenidas encerraba a los niños bajo llave por varios días sin suministrarles alimentos.

Emely Arenas C.

El Ministerio Público designó a la fiscal 4° del estado Aragua, Yoli Torres, para que investigue la muerte del general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y gerente de Recursos Humanos de la Corporación Eléctrica Nacional en esa jurisdicción, Luis Alberto Godoy (62), ocurrida la mañana de este jueves 28 de julio en el municipio Girardot, Maracay.

 
En ese sentido, la representante del Ministerio Público coordina las actuaciones que practican funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a fin de esclarecer el hecho y establecer las responsabilidades penales que deriven de ello.

La información preliminar arrojó que en horas de la mañana de este jueves, el militar en condición de retiro se encontraba en una lonchería, ubicada en el referido municipio, cuando fue interceptado por unos hombres armados quienes sin mediar palabras le dispararon con un arma de fuego causando su muerte en el sitio.

Inmediatamente, los sujetos huyeron del lugar a bordo de una moto.

Nota de Prensa

 
Según un reporte filtrado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un grupo de funcionarios del Ejército habría secuestrado este miércoles 27 de julio, al comerciante Luis Alberto Suescun Laguado, propietario de la Distribuidora Santo Niño de Atoche, ubicada en la Carretera Panamericana, sector Termoeléctrica de La Fría, en Táchira, reseña Ricardo Lo Dice

Treinta grandes para los verde oliva

El hecho ocurrido en el municipio García de Hevia aproximadamente a las 5 p.m., habría sido perpetrado bajo el liderazgo de tres efectivos del Ejército, identificados como el Primer Teniente, Aldo Alejandro Gutiérrez Prado, así como los tenientes William Benito Silva Montiel y Rodolfo Deymar Carrero Rojas.

De acuerdo a la información del organismo militar, los oficiales se presentaron en el lugar junto a cinco soldados del mismo componente y se llevaron secuestrado a Suescun junto a “un ciudadano identificado como José González Navarro, hacia la Carretera Panamericana vieja que conduce a la localidad de San Félix del municipio Ayacucho-Táchira y les exigieron la cantidad de 30 millones de bolívares para dejarlos en libertad, la cual debían cancelar en tres partes”, reza el texto.

En principio, el acuerdo fue aceptado por los secuestrados, quienes debían pagar la primera parte a los efectivos, el mismo 27 de julio a las 10 p.m. Sin embargo, decidieron colocar la denuncia y se acordó una “entrega controlada” para la captura de los funcionarios implicados en el delito.

A las 10 p.m., una comisión de la Brigada de Contrainteligencia Militar 33 de la entidad, salía a la distribuidora para encontrarse con los extorsionistas, quienes de acuerdo a la información, llamaron a Suescun a su celular para dar detalles de la entrega del dinero. Una vez en el lugar, hora y media más tarde, cuando los militares llegaron, en plena entrega de una parte del dinero, los funcionarios de contrainteligencia dieron la voz de alto y los detuvieron.

El vehículo utilizado para ejecutar el delito fue una camioneta Hilux Toyota del Ejército, color beige, placas EJ 5000673. Una vez hecha la detención, se notificó a la Fiscalía Militar No. 33, “quien ordenó realizar las diligencias referentes al caso”, finalizó el reporte.

Aldo Alejandro Gutiérrez Prado

William Benito Silva Montiel

Rodolfo Deymar Carrero Rojas

Fuente: LP

Fotos cortesía Ricardo Lo Dice

Tras la realización del proceso comicial que dio lugar a la elección de nuevas autoridades en el Partido Socialcristiano Copei, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estudia la reincorporación de esa organización al seno de la alianza opositora.

 
Como se recordará, en el segundo semestre de 2015 la dirección del partido Copei fue prácticamente intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a raíz de una complicada situación interna vivida por esa organización. Ante el peligro de tener en su seno a un partido intervenido por un brazo del Estado, la alianza opositora decidió suspender a Copei de su condición de integrante de la MUD hasta tanto recuperarán los socialcristianos el control de su organización, sin la tutela de una institucionalidad secuestrada por el partido de gobierno.

Ante la nueva situación surgida a raíz del proceso electoral interno de Copei, la MUD estudia los aspectos jurídicos y políticos de la situación con el propósito, si los resultados del análisis lo hacen posible, de anunciar a la brevedad posible la plena reincorporación de ese partido al marco unitario opositor.

Se estima que una decisión en ese sentido podrá ser adoptada a principios de la próxima semana.

Por considerarla una práctica intervencionista y  esclavista, propia de los regímenes totalitarios, La Causa R  repudia el reciente decreto emanada del Ministerio del Trabajo, con el cual se pretende obligar a las empresas públicas y privadas a que incorporen parte de su plantel laboral a las actividades agroproductivas del país.

El anuncio lo hizo el secretario general nacional de La Causa R, José Ignacio Guédez,  a propósito del polémico decreto dado a conocer por el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, como mecanismo para enfrentar la crisis de producción que hoy afecta al consumo de alimentos por parte de la población venezolana.

Según lo expresó el dirigente nacional, el decreto en cuestión además de constituir una regresión en cuanto a lo establecido en la legislación venezolana sobre derechos de los trabajadores, permitiría el trabajo forzoso en Venezuela, cuya institución tiene un carácter esclavista, propio de los regímenes dictatoriales y de los tiempos de la esclavitud y de la Colonia.

“Eso, simplemente es inaceptable y constituye un delito de lesa humanidad del cual tendrá que rendir cuenta el ministro Vera, y el presidente Nicolás Maduro; pero por encima de todo el “generalísimo”  Padrino López, a quien se le ha dado el poder ilegítimo de regir los destinos de la economía del país; que ha militarizado todos los sectores productivos, violando totalmente el marco jurídico y simplemente supliéndolo por una autoridad única y limitada, que a cuenta de un Estado de excepción declarado, pretenden ahora  llevarnos simplemente a un escenario dictatorial, indicó.

“Nosotros consideramos –dijo- que esta resolución es la primera consecuencia de ese militarismo que denunciamos cuando se anunciaron los nuevos poderes a Padrino López y vendrán más como este que no es otra cosa que la legalización de la esclavitud en Venezuela, cosa que solo se puede hacer en un Estado dictatorial, donde ya la vigencia de la Constitución ha cesado formalmente, producto de los estados de excepción que han venido siendo prorrogados, en menoscabo de los derechos de los venezolanos”. Dicho de otra manera –agregó- se trata de un “padrinazo inconstitucional”.

Aseguró Guédez que situaciones como la denunciada, solo tienen lugar en un país como el nuestrodonde los ministros de la economía se encuentran subordinados a la autoridad militar que, además, asume las funciones propias del Jefe del Estado, como representarlo en actos públicos de la trascendencia de exaltación de fechas patrias como la del Natalicio del Libertador.

Se refirió igualmente el secretario general de La Causa R al acoso que viene haciendo el ministro de la Defensa a las empresas productivas mientras, indica,  no muestra ningún tipo de acción contra las llamadas empresas socialistas improductivas a las cuales atribuye una gran responsabilidad en la crisis de suministro de alimentos a la población y otros hechos que ahuyentan la necesaria inversión privada requeridas para reactivación de la economía venezolana.

Asimismo, anunció José Ignacio Guédez que su representación parlamentaria insistirá, a través de sus diputados  ante la Asamblea Nacional, y como partido laborista llevará esta denuncia ante los organismos internacionales a fin de que se hagan respetar los derechos que se pretenden violar a los trabajadores venezolanos de escoger su propio tipo de actividad.

Nota de Prensa

En horas de la noche de este jueves el hijo mayor del ex diputado Freddy Bernal resultó herido por un tiro luego que asaltantes lo atacaran a la salida de su residencia en la urbanización El Paraíso, en Caracas.

La información la dio a conocer a través de la red social Twitter, en la que escribió que «en la puerta de mi residencia ubicada en el Paraíso, (CCS) cuando salía mi hijo mayor Mauricio Bernal, fue atacado».

Bernal informó en el medio social que los antisociales resultaron abatidos. Al hogar de Bernal arribó el vicepresidente Aristóbulo Istúriz para solidarizarse por lo ocurrido.

Estos son los mensajes en la red social:

1- hace 45 min aprox. en la puerta de mi residencia ubicada en el Paraiso, (CCS) cuando salía mi hijo mayor Mauricio Bernal, fue atacado.

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 29 de julio de 2016

  data-lang=»es»>

1- hace 45 min aprox. en la puerta de mi residencia ubicada en el Paraiso, (CCS) cuando salía mi hijo mayor Mauricio Bernal, fue atacado.

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 29 de julio de 2016

3- resultando abatidos dichos sujetos. Mauricio Bernal se encuentra atendido por los medicos en estos momentos. Seguiré informando.

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 29 de julio de 2016

 

En estos momentos el Vicepdte @psuvaristobulo hace acto de presencia para brindar su solidaridad revolucionaria. pic.twitter.com/mionuqZvOo

— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 29 de julio de 2016