La Sala Constitucional desconoce el control de la Asamblea Nacional sobre el manejo de las finanzas públicas. Así lo expresó el  Constitucionalista y Exparlamentario Dr. Nelson Chitty La Roche.

 
En efecto el artículo 312 ,320 y 319 de la carta magna  son muy claros,  se transcriben:

 
Artículo 312. La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo conun nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez. una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. La ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto.La ley especial do endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto.El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional,de acuerdo con la ley.

 
El artículo 320 expresa como sigue:

 
Artículo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirá a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiária y monetaria, así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de los o las firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificará los resultados esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición de cuentas.

 
El Artículo 319 expresa como sigue:

 
Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y
resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables
macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirán los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del
objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley.

El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público de supervisión bancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones que realice a la Asamblea Nacional. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerirá la discusi6n y aprobaci6n do la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances serán objeto do auditoria externas en los términos que fije la ley.

 
La Sala Constitucional arremete una vez más contra la constitucionalidad y viola además el régimen legal presupuestario indico Chitty.

 
Confirmado.com

 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela autorizó este miércoles al Banco Central a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La máxima corte, en ponencia de la presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal, Gladys Gutiérrez, indica que “el Banco Central (BCV) es una persona jurídica dotada de autonomía para el ejercicio de sus atribuciones con eficiencia”, lo cual es de “especial interés en el marco del estado de emergencia económica actualmente en vigor”.

Según la sentencia, “el control previo de la Asamblea Nacional transgrediría la autonomía constitucional del Banco Central de Venezuela”.

El pronunciamiento de la corte se dio tras un recurso de interpretación solicitado por el propio BCV.

De acuerdo con información publicada por el diario El Nacional, el BCV pidió un préstamo de 1.000 millones de dólares al Fondo Latinoamericano de Reservas”, recibiendo solo unos 400 millones, equivalentes a la reserva aportada por Venezuela al FLAR.

Ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de la operación, que supondría un pequeño oxígeno para Venezuela, cuyas reservas internacionales cerraron este martes en 11.826 millones de dólares, el nivel más bajo en casi dos décadas.

El desplome de los precios del petróleo, que provee 96% de las divisas al país, ha acentuado una recesión económica y una sequía de dólares necesarios para importar el grueso de los alimentos y medicinas que consumen los venezolanos.

En consecuencia, la escasez de productos básicos se ha disparado por encima del 80%, el FMI proyecta una inflación de 700% para 2016, y las personas están obligadas a hacer varias horas de cola para adquirir algún alimento.

Esta es el décimo octavo fallo del TSJ en contra de las competencias y actuaciones del Parlamento desde que la oposición asumió su control con una mayoría de tres quintos en enero pasado, y en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro.

A raíz de ese cúmulo de decisiones la Asamblea Nacional anunció este miércoles que denunciará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por bloquear el trabajo legislativo.

La oposición ha ventilado varias denuncias contra el gobierno en la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, respalda el referendo revocatorio que ésta impulsa contra Maduro.

Confirmado.com/ AFP