Sobre cada venezolano pende una amenaza: caer en las redes del llamado sistema judicial rojo, gigantesca estructura de la que el Tribunal Supremo de Justicia es solo su rostro más visible. Totalmente colonizado por el régimen de Maduro, el sistema judicial rojo vive consagrado a una doble tarea: asegurar la impunidad a los altos funcionarios, al tiempo que persigue, con exhibicionismo y frialdad sobrecogedora, a opositores y disidentes. Hay que insistir en ello: lo hace con descaro. Sin ocultar que actúa por encargo. Sin negar su condición de pieza clave de la minoría política que todavía gobierna a Venezuela.

Ha ocurrido de forma paulatina: el régimen ha ido ocupando la estructura del llamado Poder Judicial, lo que incluye al Tribunal Supremo de Justicia, hasta despojarlo de su imprescindible autonomía. Lo ha ejecutado haciendo uso de recursos extremos, como perseguir a los jueces que no se acogen a sus instrucciones. El caso de la jueza Afiuni, que ha alcanzado proyección mundial, es emblemático de un acoso que tiene un carácter sistemático: ocurre en todos los planos y posibilidades, a lo largo y ancho de la estructura judicial.

Lo que pasma de los relatos del ex fiscal Franklin Nieves no es solo la perversidad de un poder que fabrica pruebas para condenar a la cárcel y a torturas a quienes le adversan, sino también lo forzado, inverosímil y grotesco de esos montajes. Se trata, a fin de cuentas, de nuevas versiones de ese mismo descaro, que está en el meollo de la cultura judicial imperante. Los operarios de sistema judicial rojo suponen que pueden violar el debido proceso, desconocer el derecho a la defensa, actuar de forma unilateral, sin que ello tenga consecuencias. Cada juez rojo, por el hecho de serlo, es una suerte de reyezuelo con plenas potestades en su territorio. Como ha ocurrido con tantos otros reyezuelos a lo largo de la historia, creen que su dominio es imperecedero.

El sistema mal llamado judicial rojo ha sido vector fundamental en la destrucción de Venezuela. Este es un tema que debe ser debatido a fondo. Con fundamento en sus actuaciones se ha violentado el derecho al trabajo, la propiedad privada, la libertad de expresión, las libertades económicas y los derechos políticos de los ciudadanos. Con fundamento en decisiones de ese poder judicial rojo se ha violado la Constitución vigente. Se han mantenido detenidos por años a ciudadanos inocentes.

Pero hay más. Más terrible y vergonzoso: el sistema judicial rojo tortura. Hay que repetirlo: el régimen de Maduro mantiene programas de tortura física y psicológica en contra de los presos políticos. Como Stalin y como Pinochet y como Videla. Y no lo oculta. Por el contrario, quiere que esa violencia, ejercida de forma unilateral y desproporcionada, sea ventilada. Que cause pesar y miedo. Para que ella produzca escarmiento entre los luchadores sociales del país. Para que los ciudadanos no ejerzan su derecho a la protesta.

Pero todo ello, como siempre ocurre en las sociedades que han decidido que la hora del cambio ha llegado, ha terminado siendo vano: las protestas en Venezuela no paran. Hay un país levantado en contra del hambre y la enfermedad. Hay un país que reclama la realización inmediata del referéndum revocatorio. Hay un país, la inmensa mayoría, una mayoría en crecimiento, que exige la salida inmediata de Maduro. Y contra esa fuerza en movimiento, no hay juez rojo que valga. Todos esos jueces serán juzgados con nombres y apellidos por sus acciones. La historia de Venezuela será la encargada y seguro no tendrá clemencia, como ellos no la tuvieron.

Editorial de El Nacional